Cargos penales y sanciones más severas: avanza proyecto de ley que busca castigar las protestas ilegales en Arizona
Los legisladores de Arizona están considerando aumentar las penas para las personas arrestadas en las protestas, una medida que ha generado la oposición de grupos de derechos civiles preocupados por lo que esto pueda ocasionar cuando la policía considera que los mensajes no son beneficiosos para ellos.
La propuesta aprobada el lunes por un comité estatal de la Cámara de Representantes se encuentra entre varios proyectos de ley que avanzan en la Legislatura, actualmente controlada por los republicanos, y surge luego de las manifestaciones contra la brutalidad policial del 2020.
A los críticos les preocupa que las medidas sean aplicadas selectivamente por policías y fiscales, y desalienten a las personas de ejercer su derecho de protesta de la Primera Enmienda.
En el documento se menciona el caso de 15 personas que fueron arrestadas por la policía de Phoenix en una protesta de octubre y acusadas por los fiscales del condado de Maricopa de delitos de pandillas, que conllevan severas penas de prisión. Los cargos fueron desestimados bajo presión la semana pasada, informó Arizona Family.
La legislación HB2309, pone "el poder en manos de la policía y los fiscales para atacar el discurso que encuentran objetable", dijo a Arizona Family Marilyn Rodríguez, una cabildera que representa a la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU).
Reunión violenta o desordenada
El proyecto de ley crearía un nuevo delito llamado "reunión violenta o desordenada", que daría lugar a sanciones penales mucho más severas para las personas que trabajan juntas para causar lesiones o daños a la propiedad durante una protesta que la policía declare como una reunión ilegal.
Daño criminal, el bloqueo de carreteras, apuntar con un puntero láser a un oficial, el daño criminal, molestias públicas y otros delitos se convertirían en delitos graves. Agredir a un oficial de policía se consideraría automáticamente agresión agravada, con una pena de cárcel mínima de seis meses sin la capacidad de un juez para acortarla.
El proyecto de ley también prohibiría a cualquier persona arrestada en una manifestación de este tipo recibir beneficios públicos o trabajar para agencias gubernamentales, pero el patrocinador el representante republicano John Kavanaghdijo que eliminará esa disposición.
Kavanagh, un exoficial de policía, argumentó que la medida en realidad apoya la libertad de expresión al disuadir a quienes tienen objetivos violentos de interrumpir las protestas pacíficas. "No veo cómo la gente inocente se verá atrapada en esto", dijo Kavanagh.
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