Caso Ayotzinapa: a nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes los familiares reclaman el escaso avance en investigación
Al cumplirse el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sus familiares y activistas han reclamado duramente las trabas militares que dificultan el desarrollo de la investigación.
Compañeros de escuelas rurales de Iguala y los padres de los estudiantes desaparecidos protestaron el lunes frente a las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia, en la Ciudad de México, donde exigieron la entrega por parte del Ejército de documentos cruciales, según dijeron, para avanzar en la resolución del caso de los 43 jóvenes.
Estas actas darían información acerca de la presencia de militares encubiertos en el momento de los hechos, sobre el paradero de 17 de ellos aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero y del monitoreo constante por parte del Ejército de los movimientos de los estudiantes durante ese día.
Los padres de los desaparecidos se reunieron el pasado miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien hicieron el mismo reclamo. Pero el mandatario dijo que toda la documentación del Ejército ha sido entregada y está en manos de los investigadores del caso.
Caso Ayotzinapa: protestas para exigir más celeridad en la investigación
Desde el pasado jueves, los familiares de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero instalaron un plantón frente a la entrada 1 del Campo Militar 1 en Naucalpan, donde se concentra la información de todos los batallones del país.
Este lunes participaron en una protesta frente a la sede del CNI que derivó en disturbios. Cientos de manifestantes, algunos con los rostros cubiertos, lanzaron petardos y bombas incendiarias caseras, pintaron grafitis y realizaron algunos destrozos en la entrada.
Más temprano los padres y madres de los 43 desaparecidos habían asistido a un foro junto a activistas y exintegrantes de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se reiteraron los cuestionamientos al proceso de investigación y las quejas sobre las trabas de las fuerzas militares para entregar información clave del caso.
Carlos Beristain, exintegrante del grupo de expertos, quien afirmó que en nueve años se han “tocado muchas verdades”, sostuvo que “se necesita la voluntad” de las autoridades para tener acceso a archivos clave e información de personas vinculadas al crimen organizado y del aparato del Estado que conocieron de los hechos ocurridos en el 2014.
El grupo experto denunció, poco antes de cesar las labores en julio pasado, que el Ejército mexicano aportó datos falsos, movió documentación para evitar su rastreo y ocultó evidencias.
A las críticas se sumó Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes, quien manifestó preocupación por la decisión de un juez de llevar adelante una acción que presentaron los abogados de algunos de los militares detenidos por presuntas irregularidades en el proceso.
Rosales negó que a los militares detenidos se les hayan dictado cargos por la desaparición de los estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa y afirmó que los procesos que enfrentan es por la “colusión con el grupo delictivo de Guerreros Unidos”, que es señalado de participar en la desaparición de los 43 jóvenes junto con elementos de corporaciones de seguridad locales y estatales.
Los detenidos por los 43 estudiantes desaparecidos
Por el caso, han sido detenidos una docena de militares y el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso el año pasado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
Entre los militares detenidos, están el general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.
En agosto del año pasado, el jefe de la comisión gubernamental que investiga el caso, Alejandro Encinas, presentó un informe que fue cuestionado por el grupo de expertos alegando que sus pruebas tenían “inconsistencias” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron, lo que complicaba la verificación de las evidencias.
El caso de Ayotzinapa se convirtió en un símbolo en un país con más de 110,000 desaparecidos y donde todavía imperan altos niveles de impunidad, corrupción y violencia.
Con información de AP y EFE.
