Hay más de 30 muertos: 6 claves sobre el caos en las cárceles de Ecuador que llevó a declarar una emergencia nacional
Ante una serie de hechos violentos en Ecuador que iniciaron el pasado fin de semana con una masacre carcelaria, una huelga de hambre en 13 cárceles, el asesinato del alcalde de la tercera mayor ciudad del país y continuó este martes con varios ataques, el gobierno recurrió de nuevo a la declaratoria de estado de excepción.
El país sudamericano, que lleva inmerso más de dos años en un repunte de la violencia y de los crímenes, volvió a sufrir una cadena de ataques que incrementan la principal preocupación de los ecuatorianos: la inseguridad.
Ecuador afronta la más grave crisis de inseguridad y violencia en su historia, que se desató en 2021 en las principales cárceles del país y que autoridades han atribuido a la disputa de grupos de delincuencia organizada que operan dentro y fuera de las prisiones.
En un intento por contener la violencia, el gobierno ha firmado varios decretos de estado de excepción, donde se registran constantemente ataques armados, secuestros, homicidios cometidos por mercenarios, robos y extorsiones. El último fue firmado este martes.
Estas son las claves que explican cómo inició la reciente ola de violencia y cómo ha crecido hasta ocasionar una declaratoria de emergencia:
Cómo comenzó la violencia del pasado fin de semana
El pasado sábado se registró un enfrentamiento en una cárcel de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, considerada la más grande y peligrosa del país. En el incidente se han contabilizado al menos 31 muertos y 14 heridos.
El enfrentamiento armado rebasó el control de los guardias penitenciarios y llevó a las autoridades a movilizar al interior de las cárceles a unos 2,700 efectivos, entre policías y militares.
Durante el operativo, en uno de los pabellones donde se encuentran los reclusos de las bandas organizadas, se decomisaron nueve fusiles, un lanzagranadas, cuatro pistolas, dos revólver y 1,000 municiones para fusil calibre 5.56 mm.
La situación se complicó el lunes, cuando los reos de 13 prisiones estatales se declararon en huelga de hambre y retuvieron a guardias penitenciarios en cinco cárceles para exigir mejores condiciones de reclusión.
Los agentes de control carcelario fueron retenidos en las provincias de Cotopaxi, Azuay, Cañar, El Oro y Napo. Sin embargo, para este martes por la noche, todos los guardias habían sido liberados.
Cuál es el estado de las cárceles en Ecuador
La Penitenciaría del Litoral, donde sucedió el enfrentamiento del fin de semana, está ubicada en el interior de un complejo de prisiones en Guayaquil, la ciudad que registra los mayores índices de violencia y asesinatos en el país, según las autoridades.
En un intento por reducir la violencia, las autoridades han distribuido a los presos en los pabellones de acuerdo con su pertenencia a las bandas criminales, pero ello ha sido insuficiente para disminuir el nivel de confrontación.
En general, las 53 cárceles que tiene Ecuador cuentan con capacidad para albergar a 27,775 presos en total. No obstante, hay una sobrepoblación carcelaria de 3,604 reclusos, según el último censo.
De acuerdo con la información del último censo penitenciario, que terminó hace unos seis meses, un 33% de los presos destacó que la cantidad de alimentos que les ofrecen es suficiente, un 48% se quejó de que el suministro agua potable no es permanente y un 65% reprochó que los servicios higiénicos son malos o regulares.
Las cárceles no son el único escenario de la violencia
El domingo, la tensión en el país se acumuló luego de que el alcalde de la ciudad ecuatoriana de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado a balazos cuando visitaba una populosa zona de ese puerto.
El asesinato se produjo cuando el alcalde visitaba una obra en el barrio 15 de septiembre. Intriago, abogado y líder político de 38 años, pertenecía al movimiento local denominado Mejor Ciudad. Fue reelegido recientemente en sus funciones, que asumió en mayo de este año. Era casado y tenía dos hijos.
Pero el caso de Intriago no es el único, en mayo, Luis Chonillo, alcalde de Durán en la provincia de Guayas, fue víctima de un atentado, pero sobrevivió y actualmente ejerce sus funciones bajo protección policial. En esa misma provincia, el alcalde de Daule, Wilson Cañizares, denunció este mes que recibe amenazas desde la penitenciaría del Litoral, por lo que se le ha asignado protección de la policía.
En enero, Javier Pincay, candidato a alcalde de Portoviejo, en la provincia de Manabí, resultó gravemente herido tras sufrir un atentado, del cual se recuperó luego de semanas de permanecer en estado crítico.
Incendios, saqueos y enfrentamientos
Paralelamente, en la ciudad de Esmeraldas, a 182 kilómetros al noroeste de la capital, se registró una ola de violencia que incluyó también un enfrentamiento entre internos de la cárcel estatal que hay en esa provincia costera, una explosión de una bomba incendiaria ante el edificio regional de la Fiscalía, que dejó un herido, un incendio de un autobús y de tres vehículos particulares por parte de desconocidos. Las actividades escolares fueron suspendidas por las autoridades.
Adicional, unidades militares desactivaron explosivos dejados en diversas gasolineras de Esmeraldas, una de las más violentas del país, y donde en abril un grupo armado de desconocidos acribilló a pescadores y compradores de un puerto artesanal, dejando un saldo de nueve muertos y varios heridos.
En la ciudad portuaria de Guayaquil, a 270 kilómetros al suroeste, desconocidos incendiaron un autobús y protagonizaron saqueos en establecimientos comerciales de la populosa barriada de la Trinitaria, al sur de la ciudad.
Declaración de dos estados de emergencia
Para hacer frente este repunte de la violencia, el gobierno declaró el este lunes un primer estado de excepción por 60 días en las provincias de Los Ríos y Manabí. Esta última es donde fue asesinado Agustín Intriago.
Con la excepción, se reduce el derecho a la reunión, información y otras libertades.
En un segundo estado de excepción, decretado por el presidente este martes, con enfoque especial para el sistema penitenciario.
“Se registró la ruptura de la alianza delictiva que mantenían los grupos de delincuencia organizada Lobos y Tiguerones, lo que llevó a que estos grupos se mantienen en una actitud hostil desencadenando enfrentamientos”, recoge el decreto presidencial, en donde además se reconoce que “la falta de equipamiento y armamento de la policía y el poder de fuego de las personas privadas de libertad constituye una vulnerabilidad y un peligro para nuestros servidores”.
A qué se debe esta ola de violencia en Ecuador
De acuerdo con datos publicados por el gobierno en un informe policial, se achaca la situación de violencia a la ruptura de una alianza entre grupos criminales.
Dentro de la cárcel, los presos disponen de armas blancas, armas de fuego de corto y largo alcance, de artefactos explosivos e incluso granadas, según el reporte policial citado en el decreto.
De ahí, que el gobierno ordenara el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para intentar recobrar el control interno.
Los Lobos, de acuerdo con informes policiales, operan en las provincias costeras y ciudades portuarias en estrecha relación con el grupo mexicano Jalisco Nueva Generación, al que también sirve la banda de los Tiguerones que controlan especialmente la provincia de Esmeraldas, limítrofe con Colombia, donde operan junto a grupos de narcotraficantes de ese país.
