Hermano del presidente Petro estuvo involucrado en una oferta de amnistía a cambio de dinero a un acusado de narcotráfico que afrontaba extradición a EEUU, según abogado
Por unos 100 mil dólares el hermano del presidente de Colombia Gustavo Petro ofreció a un empresario colombiano acusado de narcotráfico en la Florida un programa de amnistía que impediría su extradición a Estados Unidos, según lo reveló el abogado del empresario en documento judicial presentado en una corte federal de Tampa, Florida.
El abogado Richard Díaz, quien reconoció a Univision inexactitudes en el documento preparado por él, explicó que su cliente Carlos Eduardo Restrepo Osorio rechazó la propuesta y prefirió entregarse a la justicia estadounidense.
“Juan Fernando Petro, el hermano del actual presidente colombiano, le ofreció al señor Restrepo una oportunidad para ingresar a un programa legítimo de amnistía para colombianos que han servido a los intereses del gobierno lo que habría asegurado la no extradición de Restrepo a cualquier país del mundo, incluido Estados Unidos”, afirmó Díaz en el memorando presentado el pasado 27 de octubre. “Precio de la etiqueta: 400m pesos (cerca de un USD1m)”, agregó.
Tras una llamada de Univision Investiga para conocer detalles del papel que jugó Juan Fernando Petro, Díaz rectificó el contenido de su escrito. Dijo que su cliente no recibió la propuesta directamente del hermano del presidente sino de una tercera persona que no identificó.
Al señalarle que la conversión de pesos colombianos a dólares en su escrito estaba equivocada, el abogado admitió que se trataba de un error de su parte y que la suma correcta no era un millón de dólares sino 100,000 dólares.
Díaz dijo que no sabía si la tercera persona que presuntamente intermedió en nombre de José Fernando Petro había solicitado el dinero como honorarios o como un pago por debajo de la mesa.
Juan Fernando Petro respondió a Univision que no conoce a Restrepo y que nunca se reunió con él ni con ningún extraditable, aunque no descartó que otra persona hubiera pedido dinero en su nombre sin su autorización.
“No tengo ni idea de que se trata y quién es ese señor Eduardo Restrepo”, escribió Juan Fernando Petro en un correo de WhatsApp. En un mensaje de voz pidió al abogado que identifique a la tercera persona que habría solicitado el dinero.
“Nunca me he hablado con un narco, nunca me he sentado en un salón privado a hablar con abogados de narcos”, agregó.
Restrepo se declaró culpable en julio pasado de cargos de narcotráfico. La audiencia de imposición de sentencia convocada para realizarse ayer en la corte federal de Tampa fue postergada.
Díaz sostuvo en el documento que su cliente también consideró esconderse en Venezuela contando con la colaboración de su amigo Armando Benedetti, entonces embajador de Colombia en ese país. El abogado aclaró a Univision que Benedetti no hizo el ofrecimiento, solo fue una de las opciones que Restrepo tuvo en cuenta antes de entregarse a las autoridades de Estados Unidos.
La compañía aérea de Restrepo, Sociedad Aérea de Ibagué Sadi, no es ajena a la familia Petro. La campaña presidencial del mandatario alquiló aviones de la empresa durante las dos vueltas electorales de 2022, según documentos a los cuales tuvo acceso Univision a través de una petición al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia.
De acuerdo con la respuesta del CNE los servicios prestados por Sadi en ambas jornadas electorales a la campaña de la Coalición Pacto Histórico, suman unos 800 mil dólares.
La cooperación de Restrepo con el gobierno de Estados Unidos originó especulaciones en Colombia de que el empresario estaría entregando información sobre las finanzas de la campaña presidencial de Petro que han sido motivo de escrutinio oficial y periodístico.
Hace dos meses el equipo de defensa de Restrepo en Colombia informó en un comunicado que “no es cierto como lo señalan los medios que el señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio cuente con un acuerdo de colaboración con agentes del FBI y de la DEA en el que se investiguen dineros ingresados a la campaña presidencial “Petro Presidente”.
Bajo investigación
Juan Fernando Petro está bajo investigación de la fiscalía de Colombia luego de que medios de comunicación revelaron que presuntamente había recibido beneficios de políticos condenados por corrupción y narcotraficantes a cambio de su incorporación a un acuerdo de “paz total” que su hermano aprobaría como presidente.
Los ofrecimientos los habría hecho como miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.
El escándalo, revelado inicialmente por el periodista Ricardo Calderón de Caracol Televisión, se conoció como “El pacto de La Picota”, en referencia a una cárcel de Bogotá en la que están recluidos narcotraficantes extraditables y políticos condenados por corrupción y vínculos con el paramilitarismo.
De acuerdo con la denuncia, en abril de 2022 Juan Fernando Petro visitó por lo menos a 10 de estos políticos y exfuncionarios a quien les ofreció una reforma judicial para reducir sus penas bajo la figura del “perdón social”.
Restrepo no estuvo preso en Colombia ya que decidió entregarse a las autoridades de Estados Unidos.
El presidente Petro tomó distancia de su hermano y en marzo de este año pidió que fuese investigado en relación con los supuestos ofrecimientos.
“Mi gobierno no otorgará beneficios criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios”, dijo Petro.
La fiscalía colombiana no ha informado de los resultados de la investigación.
De acuerdo con Díaz, su cliente se entregó voluntariamente y desde entonces empezó a cooperar con la fiscalía estadounidense lo que le permitió continuar en libertad.
Restrepo, de 40 años, fue acusado de participar en el trasiego de 446 kilos de cocaína desde Bogotá a la Isla de Providencia, un territorio insular colombiano en el Caribe. Los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2021. La droga iba camuflada en tapabocas contra el COVID en un avión Beechcraft King Air C90 con matrícula estadounidense N-722KR operado por la empresa de Restrepo.
Dos caras
Los documentos de la corte federal de Tampa muestran dos caras disímiles de Carlos Eduardo Restrepo. Su abogado lo presenta como un joven piloto emprendedor que, atormentado por una mala situación económica de su empresa y después de un prolongado dilema con su conciencia, aceptó la propuesta de un narcotraficante -no identificado- de transportar la droga a Providencia.
Según el abogado de Miami, la empresa Sadi atravesaba por “una bancarrota funcional” producto de la pandemia. Los abogados de Restrepo en Bogotá habían asegurado en el comunicado de prensa de septiembre pasado que su cliente dejó de ser propietario de la compañía desde enero 2019 y no ocupaba ningún cargo de administración.
Como ejemplo de su rechazo a cualquier actividad ilegal, Díaz afirma que Restrepo se negó a vender un avión a un narcotraficante que quería usarlo para el transporte de drogas. El documento de Díaz se conoce como memorando de sentencia y es un recuento de acciones positivas del acusado que busca la reducción de las condenas señaladas por la ley.
Para los fiscales, Restrepo fue el jefe y cerebro indiscutible de la operación de narcotráfico. Según ellos el empresario se ingenió la operación desde dos años antes de ser acusado, al percatarse de la falta de vigilancia del aeropuerto de Providencia durante un viaje a la isla.
En esa ocasión le comentó a su compañero de colegio el capitán de la policía Isaac Aguilar García que “era un buen lugar para traer alguna cosa a través del aeropuerto”, afirma el informe de sentencia de la fiscalía radicado el pasado 24 de octubre.
A la pregunta de si podría inferirse de ese comentario que Restrepo tenía vínculos previos con el narcotráfico, Díaz lo negó rotundamente.
“Era su primera vez”, aseguró el abogado.
Aguilar respondió a Restrepo que tenía un colega que “estaba a cargo de la seguridad del aeropuerto y podría dejar pasar cargamentos sin inspección”, afirma la fiscalía.
En febrero de 2021, Restrepo consiguió un suplidor de la cocaína y un operador que se encargaría de llevar la droga de Providencia a Honduras, agrega el documento. Ninguno de los dos es identificado.
Dos meses después le pagó al mayor de la policía William Alexander Castro Olaya y al patrullero Juan Guillermo López Campanella para que llevaran la cocaína a un depósito del aeropuerto ejecutivo de Guaymaral, al norte de Bogotá, continúa el reporte.
La fiscalía sostiene que Restrepo le pagó a Aguilar para que preparara el arribo de la cocaína en el aeropuerto de Providencia y contrató al piloto Juan Camilo Cadena Botero y al mecánico Harold Darío Rivera Toledo para el vuelo de más de dos horas desde Bogotá a la isla.
La aeronave salió de Guaymaral en una supuesta misión humanitaria. La droga iba camuflada con máscaras de protección contra el COVID en 28 cajas.
A su llegada al aeropuerto El Embrujo de Providencia, el piloto Cadena le dijo a un oficial de la policía que se presentó para una inspección de rutina que las cajas contenían suministros médicos por lo que no se requería una revisión completa. Pero el oficial insistió pese a que el capitán Aguilar lo llamó por teléfono y le ordenó que suspendiera la diligencia.
“El oficial se negó y colgó la llamada. Aguilar García procedió a enviar múltiples textos [mensajes] al oficial rogándole que liberara el cargamento”, afirma el documento de la fiscalía. El oficial no es identificado.
La inspección resultó en el hallazgo de la cocaína y 102 millones 750 mil pesos en efectivo, unos 27,700 dólares, según el cálculo de la fiscalía.
Cooperador de la policía
Díaz, de origen cubano americano, fue abogado del empresario colombiano Alex Saab, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero de la corrupción en Venezuela y señalado como un operador del presidente Nicolás Maduro.
En su memorando Díaz sostuvo que “Gustavo Petri (sic) es el primer presidente de extrema izquierda que Colombia ha visto en los últimos cincuenta años” y que su cliente es víctima del nuevo “régimen presidencial”. Enseguida, como parte del ensañamiento del régimen contra Restrepo, cita las medidas que la fiscalía colombiana ha tomado contra el empresario y sus bienes. En Colombia es de público conocimiento la profunda división entre Petro y el fiscal general Francisco Barbosa.
Entre los atenuantes pedidos, Díaz cita la cooperación de Restrepo con autoridades colombianas en operaciones de erradicación de coca y la persecución de comandantes de la guerrilla. Según su escrito, la policía y el ejército de Colombia le pidieron a Restrepo “usar su acceso a los helicópteros y aeronaves de Sadi, algunos dotados con un equipo visual más sofisticado que los disponibles para las autoridades en esos momentos”.
La fiscalía abrió tres causas diferentes contra los involucrados en el envío de la droga a Providencia. Una solamente contra Restrepo; otra contra el piloto Cadena, el capitán de la policía Aguilar y Rivera, mecánico, y una tercera contra los oficiales Castro y López.
Cadena, Aguilar y Rivera se declararon culpables de cargos de narcotráfico en la corte Federal de Tampa. Rivera, quien se presentó como un humilde ayudante de carga semianalfabeto en una carta enviada al juez, fue condenado a 10 años de prisión. Castro y López afrontan pedidos de extradición.
