La violencia que EEUU exporta a México: un padre de los 43 de Ayotzinapa pide que no se vendan armas a su país
“Me llamo Antonio, soy el padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Mi hijo desapareció hace 40 meses. Por favor, no envíen más armas a México. Estoy buscando a mi hijo. No son solo 43, son miles”.
Esas fueron las palabras desgarradoras de Antonio Tizapa ante un foro de representantes de la industria de defensa estadounidense en Washington el pasado jueves. Su hijo Jorge desapareció en Iguala, en el estado de Guerrero, en el suroeste de México el 26 de septiembre de 2014.
Antonio Tizapa vio crecer a su hijo a distancia ya que, para poder mantener a su familia, emigró a Nueva York, donde lleva años trabajando de plomero. Pero la semana pasada tomó un bus nocturno a Washington para hacerse oír ante numerosas empresas fabricantes de armas, que le dejaron apenas un minuto para expresarse, en una reunión convocada por el Departamento de Estado.
A lo largo de los últimos tres años, Tizapa ha participado en múltiples protestas, huelgas de hambre y hasta maratones para denunciar a las autoridades mexicanas por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero desde hace poco, su discurso ha ido cambiando. Ahora también señala del dedo a Estados Unidos por permitir que legalmente se exporten armas que se usan para cometer crímenes en México.
Los 43 estudiantes desaparecidos
Aunque el caso siga abierto, a día de hoy se ha establecido que los policías municipales de Iguala participaron en los hechos que dejaron seis muertos y un estudiante en estado vegetativo, además de 43 desaparecidos.
Esto lo indica el comité de expertos independientes encargado de investigar la desaparición de los 43 jóvenes, conocido como GIEI, en un informe hecho público en abril de 2016. Y los propios abogados del Centro PRODH, quienes representan a los familiares de las víctimas, aseguraron a Univision Noticias que los policías municipales de Iguala dispararon contra los estudiantes.
“Hay 22 policías municipales acusados de homicidio y lesiones graves por esos hechos”, dijo a Univision Noticias, Luis Eliud Tapia Olivares, uno de los abogados en el caso, citando el expediente. “Y hay dos estudiantes heridos que sobrevivieron a los disparos. A uno de ellos le dispararon en la mano directamente policías municipales de Iguala”, agregó el experto.
En un inventario de armas de la Secretaría de Defensa Nacional de México (SEDENA) encontradas en el arsenal de la policía municipal de Iguala, la ciudad en la que desaparecieron los jóvenes, figuran 19 rifles de modelo AR6530 de la marca Colt, una empresa estadounidense establecida en el estado de Connecticut.
Ya en diciembre de 2014, una investigación realizada por el diario alemán Die Tageszeitung y retomada por la revista mexicana Proceso, había reportado que las autoridades del estado de Guerrero decomisaron armas alemanas, italianas y estadounidenses a la policía municipal de Iguala, incluyendo varios rifles AR15 de la marca Colt, un modelo parecido al AR6530, como parte de la investigación inicial.
Un negocio legal
Aunque el tráfico ilegal de armas de EEUU también es una realidad, en este caso John Lindsay-Poland, coordinador del proyecto para Frenar Las Armas de EEUU a México (Stop US Arms to Mexico), estima que los fusiles Colt llegaron desde Estados Unidos a México por vías legales.
En una conversación con Univision Noticias, el activista explicó la ruta habitual que toman las armas vendidas a México.
“La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) de México compra las armas. El Departamento de Estado se encarga de emitir la licencia a la compañía que exporta. SEDENA importa el armamento y lo vende a la policía estatal, quien se encarga de venderlo a la policía municipal”.
El problema surge cuando las armas estadounidenses se exportan a estados con un historial de violaciones a los derechos humanos y una alta penetración del crimen organizado como es el estado de Guerrero. Esta “falta de control sobre el usuario final de esas armas” es lo que le hace decir al activista Lindsay-Poland que “Estados Unidos es responsable por permitir que armas letales hayan llegado a la policía en Guerrero”.
El problema ha alcanzado niveles preocupantes. Según un nuevo informe de Center for American Progress (CAP), un centro de pensamiento vinculado al Partido Demócrata, entre 2014 y 2016, más de 33, 000 armas estadounidenses, la mayoría armas largas, fueron confiscadas en investigaciones criminales en México.
En el 2017, Estados Unidos exportó armas y explosivos a México por un valor de 45 millones de dólares, cuatro veces más que a cualquier otro país de la región. Con más de 29,000 homicidios cometidos, el 2017 fue también el año más violento de México en los últimos 20 años.
Según Eugenio Weigend, coautor del informe del CAP, el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego saltó del 15% en 1997 al 66% en 2017. Además, datos del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, (ATF) indican que entre 2011 y 2016 un 70% de las armas aprehendidas en investigaciones criminales en México fueron compradas por un distribuidor legal de armas en los Estados Unidos.
Activistas de ambos lados de la frontera culpan a la industria armamentista de Estados Unidos por apoyar la llamada “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el Presidente Felipe Calderón y mantenida por Enrique Peña Nieto, que ha tenido miles de víctimas.
Y todo indica que la situación puede empeorar, ya que el año pasado México aprobó una nueva ley de seguridad que amplía el papel de las fuerzas militares en la seguridad pública.
Mientras tanto, Antonio Tizapa lo tiene claro: “No solo son 43, son miles que han sido asesinados por el gobierno y el crimen organizado. Que el gobierno de EEUU deje de vender armas a México. Nos están matando”.
Pero a pesar de la frustración que conlleva buscar a su hijo durante 40 meses, no pierde la esperanza de que Jorge esté todavía vivo.
“Quiero guardar este número de teléfono”, dice en voz baja señalando a su celular, “porque mi hijo lo tiene”.
