La masacre de Camargo: una de las peores matanzas de migrantes en México por la que sentenciaron a 11 expolicías
La justicia llegó tres años después para las familias de los 17 migrantes y dos mexicanos que fueron asesinados cruelmente por 11 expolicías mexicanos en la frontera de México con Estados Unidos. El martes pasado un juez dictó una sentencia de 50 años en prisión para los responsables.
Los expolicías del estado fronterizo de Tamaulipas fueron considerados culpables en septiembre de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia. En suma, estos delitos equivaldrían a penas entre los 969 y 975 años de prisión, sin embargo, el Código Penal de Tamaulipas establece como pena máxima 50 años de prisión y esa fue la que recibieron.
“Las personas asesinadas eran personas que tenían sueños de superación, de ayudar económicamente a sus familias y con el solo hecho de pisar tierra mexicana adquieren todos los derechos como cualquier ciudadano (…) (No por su estatus migratorio) puede justificarse que sean asesinados”, dijo Patricio Lugo, juez del caso, al momento de establecer la pena.
Una masacre cometida por las autoridades locales
Han pasado más de mil días desde el 22 de enero de 2021, cuando tres camionetas de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas y tres camionetas del Grupo de Operaciones Especiales de esa entidad persiguieron a dos vehículos en donde viajaban 17 personas migrantes y dos mexicanos (presuntos coyotes), para detenerlos en un punto cercano a la frontera con Texas.
En la comunidad de Santa Anita, en el municipio de Camargo, los 16 guatemaltecos, un hondureño y dos mexicanos fueron torturados y asesinados por los policías estatales.
“A algunos les dieron el tiro de gracia, les prendieron fuego y luego manipularon la escena del crimen y desaparecieron parte de la evidencia, buscando simular un evento distinto y evadir su responsabilidad”, dice la Fundación para la Justicia, que acompaña a los familiares de las víctimas en este caso que recibió el nombre de Masacre de Camargo.
Los agentes responsables de la masacre pertenecían a un grupo de élite, inicialmente declararon que habían encontrado los cuerpos calcinados.
Los expolicías querían hacer creer que se había tratado de un acto perpetrado por miembros del narcotráfico debido a que Camargo es una zona de disputas entre el cartel del Noreste, surgido de Los Zetas, que controla parte de Nuevo León, y el del Golfo, que por décadas ha actuado en Tamaulipas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en sus primeras declaraciones los expolícias dijeron que los migrantes “fueron sustraídos de un inmueble por miembros de un grupo del crimen organizado que opera en esa entidad federativa”, por lo que ellos iniciaron la persecución.
Este podía ser un escenario creíble ya que los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos son blanco de agresiones, secuestros y asesinatos por parte de criminales. Por otro lado, organizaciones civiles han denunciado números casos de extorsiones por parte de autoridades.
De la mano de la ola de violencia y con un sistema judicial desbordado de casos, han repuntado los niveles de impunidad y la mayoría de los asesinatos quedan sin castigo. Este es uno de los pocos casos en los que se ha conseguido detener y llevar ante la justicia a los responsables.
Inició una investigación en contra de los expolicías
Tras darse a conocer la Masacre de Camargo en los medios de comunicación y al encontrar contradicciones en las versiones difundidas por las autoridades del estado, la CNDH pidió iniciar una investigación.
La fiscalía estatal comenzó una investigación por homicidio: determinaron que la muerte de las víctimas había sido provocada por proyectiles de arma de fuego, pero en el lugar no hallaron casquillos percutados.
Días después comenzaron a surgir los testimonios de otros migrantes sobrevivientes a la masacre. Tanto las víctimas mortales como los sobrevivientes viajaban en un grupo grande, casi todos salieron de la misma comunidad en Comitancillo, Guatemala, informó en 2021 el entonces alcalde, Héctor Lopez Ramírez.
De acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes, recabados por la autoridad de Comitancillo, el grupo de migrantes llevaba viajando en territorio mexicano desde el 12 de enero de 2021. El 22 de enero, cuando continuaba su ruta, una de las camionetas donde viajaba parte del grupo se descompuso en Camargo.
Algunos de los migrantes que siguieron la ruta alcanzaron a escuchar la balacera y otros más recibieron llamadas telefónicas de sus familiares en el grupo que había quedado rezagado en los que las víctimas pedían ayuda y suplicaban por su vida.
“Andaba clamando por su vida porque ella estaba viendo la muerte de sus compañeros y en eso escucharon balaceras y ahí se perdió la llamada y nunca más volvieron a contactar con sus familias”, contó el alcalde López Ramírez sobre el testimonio de una de las víctimas.
Los testigos fueron protegidos por las autoridades guatemaltecas, que informaron que ya se encontraban en Estados Unidos, pero que participarían en las indagatorias de las autoridades mexicanas.
Cómo resolvieron el caso
Pasaron más de dos años de investigación, se recabaron pruebas y se tomó en cuenta el testimonio de los testigos, sin embargo la resolución de este caso fue posible gracias a que uno de los 12 policías involucrados en el caso decidió cooperar y narró a las autoridades cómo sucedieron los hechos realmente.
Dijo que fueron los mismos uniformados los que les dispararon a los migrantes para luego prenderles fuego. Por su colaboración, el expolicía no recibió la misma condena que el resto de sus compañeros y solo fue acusado con el cargo de abuso de autoridad y recibió una condena de 19 años en prisión.
La Fundación para la Justicia dice que “las familias de las víctimas de la masacre reconocen un fallo justo. Sin embargo, no alivia el dolor de la pérdida de sus seres queridos ni quita la tristeza en sus rostros”.
Las familias pasaron días en los que nadie les daba información certera sobre el paradero de sus familiares y después tuvieron que someterse al largo proceso de la identificación de restos humanos, lo cual llevó varias semanas hasta que finalmente las autoridades guatemaltecas publicaron la lista de las víctimas.
Las identidades difundidas por las autoridades son: Santa Cristina García Pérez, Dora Amelia López Rafael, Paola Damaris Zacarías Gabriel, Óscar Velásquez Ramírez, Edgar López y López, Adán Coronado Marroquín, Marvin Alberto Tomás Tomás, Élfego Roliberto Miranda Díaz, Osmar Neftalí Miranda Baltazar, Robelson Elías Tomás Isidro, Anderson Marco Antulio Pablo, Rivaldo Danilo Jiménez Ramírez e Iván Gudiel Pablo Tomás.
Los abogados de las víctimas de la Fundación para la Justicia han insistido en que la masacre de Camargo demostró la grave situación de violencia que vive México y los vínculos de grupos delictivos con los cuerpos de seguridad pública.
También hicieron énfasis en que la reparación del daño nunca podrá ser suficiente para las familias de las víctimas.
“Muchas de ellas se quedaron sin el sustento para sus hijos, sin alternativas de vida en un país golpeado por la violencia, la pobreza, y una crisis política y social sin precedentes. La sentencia tampoco ha podido resolver su pregunta constante: ¿por qué los mataron?”, se preguntó.
En Tamaulipas han tenido lugar, por lo menos, cinco de las masacres ocurridas en los últimos años en México en contra de personas migrantes, “sin que se investigue con la debida diligencia y con un enfoque de macrocriminalidad la relación entre autoridades y las redes criminales que persisten al día de hoy”, reclama Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en un comunicado.
Esta falta de investigación y acciones diligentes han permitido que sigan ocurriendo crímenes atroces como los de 72 de personas migrantes de San Fernando en 2010, el hallazgo de fosas clandestinas con los restos de 195 personas en 2011, el hallazgo de 49 torsos en Cadereyta en 2012 y la ejecución de 13 personas migrantes en Güemez en 2014.
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