"Biden destruyó a la isla cuando nos quitó la 936": detectamos este y otros datos engañosos en el anuncio de la campaña de Trump sobre Puerto Rico
Un anuncio publicitario en español sobre Puerto Rico, que difunde la campaña de Donald Trump desde el 22 de septiembre pasado, lanza varias afirmaciones sobre la gestión de su gobierno de los recursos de alivio para la isla tras los huracanes Irma y María y sobre su economía. Hace, además, una alusión directa a su competidor Joe Biden. Las afirmaciones del contenido de esa publicidad son engañosas y obvian el contexto.
“Por 47 años Joe Biden y los demócratas ignoraron a Puerto Rico”, comienza el locutor el anuncio, que se titula “Reconstruyendo”. Una imagen muestra a Biden sonriente frente a Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico entre 2013 y 2017.
“Gracias al presidente Trump, estamos reconstruyendo Puerto Rico con inversiones históricas”, continúa el aviso publicitario. “$42 mil millones en alivio, $12,804 millones para reconstruir nuestras escuelas y red eléctrica. Más trabajos y devolviendo las farmacéuticas a la isla”
La página oficial de la campaña de Donald Trump dice que el anuncio se transmite en televisoras de Florida –el estado con más población boricua en Estados Unidos-, además de en sitios digitales clave y en medios escogidos de Puerto Rico.
Según un estudio del Censo de Estados Unidos, la población de puertorriqueños en el Estados Unidos continental creció un tercio, en 2018, el año que siguió a los huracanes, El mismo informe dice que la mitad de quienes migraron a Estados Unidos se fueron al sur y un tercio de ellos lo hicieron, en concreto, a Florida, precisamente. La población de Puerto Rico disminuyó en 4.4% ese mismo año, y se quedó en 3,195,000 habitantes.
Es a los boricuas residentes en el Estados Unidos continental a quienes los candidatos a la presidencia dirigen sus mensajes: son los que sí pueden votar. Puerto Rico es oficialmente un Estado Libre Asociado de Estados Unidos desde 1952, y es parte de su territorio desde 1898, pero los puertorriqueños que viven en la isla no tienen por ley el derecho de elegir al presidente, aun cuando tienen la nacionalidad estadounidense.
Las cifras oficiales más recientes sobre la población de Puerto Rico dentro de isla y en Estados Unidos son de hace dos años o un año. Los números más actualizados del Censo de Estados Unidos, que son de 2019, indican que la población de puertorriqueños que vive en todo el país sigue superando al número de habitantes de la isla: son más de 5 millones. El Pew Research Center analizó datos del Censo de 2017 y encontró que los boricuas residentes en Estados Unidos representaban hasta ese año casi el 10% de toda su población.
Para hacer la verificación de este anuncio de la campaña de Donald Trump, desmenuzamos por tramos sus datos y afirmaciones.
“Por 47 años Joe Biden y los demócratas ignoraron a Puerto Rico”
El presidente Donald Trump se ha referido en otras ocasiones a esos 47 años de la trayectoria de su competidor demócrata, para decir que “no ha hecho nada”. Lo dijo directamente a Biden en el debate presidencial, el 29 de septiembre: “En 47 años no has hecho nada”. Y también afirmó, esa misma noche: “Lo voy a decir, Joe. He hecho más en 47 meses, he hecho más de lo que tú has hecho en 47 años”. Entonces se habían cumplido 44 meses de la toma de posesión de Donald Trump como presidente, el 20 de enero de 2017. (Corría entonces el mes 45 y no el 47).
También habló Trump de los 47 años de trayectoria de Biden en una rueda de prensa del 7 de septiembre, cuando iba a cumplirse su mes 44 en la Casa Blanca: “[Biden] Pasó 47 años mandando los empleos estadounidenses a China, a México, a otros países, mientras recolectaba millones de dólares en campaña y grandes contribuciones de los comités de acción política [PAC por sus siglas en inglés] provenientes de corporaciones globales que se hicieron ricas mientras empobrecían a los trabajadores estadounidenses”.
Pero en el anuncio que nos ocupa en esta verificación no está claro qué quieren decir exactamente los creadores de su mensaje cuando declaran que “por 47 años Joe Biden y los demócratas ignoraron a Puerto Rico”. Enviamos un email para preguntarlo al equipo de campaña del presidente Trump. Hasta ahora no han respondido.
Según su biografía, Joe Biden sí ocupó cargos públicos durante 47 años, entre 1970 y 2017. Su carrera política comenzó como funcionario del consejo del condado de New Castle, en Delaware, donde estuvo entre 1970 y 1972. Luego quedó electo como senador por Delaware en 1972 y comenzó sus funciones en 1973. Ocupó su asiento en el senado hasta 2009, cuando entró en la vicepresidencia de Estados Unidos. Biden fue vicepresidente entre 2009 y 2017.
Los dos últimos cargos son los que tienen alcance nacional, con posibles influencias en territorios como Puerto Rico.
En el listado de las leyes que Joe Biden patrocinó o copatrocinó mientras fue senador no hay ninguna que mencione directamente a la isla. En el Senado, Biden presidió el Comité Judicial y el Comité de Relaciones Internacionales, según la biografía oficial publicada en los archivos del Congreso de Estados Unidos.
Como vicepresidente, Biden hizo trabajos sobre todo de política internacional, convocó sesiones del gabinete, dirigió trabajos entre agencias federales y trabajó con el Congreso en temas de economía, violencia con armas, violencia contra las mujeres y el cáncer, dicen los registros del paso de Barak Obama por la Casa Blanca.
En junio de 2016, el último año del gobierno que lideraron Obama y Biden, el Congreso aprobó la ley PROMESA para Puerto Rico, y Obama la promulgó. Esta ley creó la Junta de Supervisión Fiscal, con siete miembros que designa el presidente de Estados Unidos y uno que nombra el gobernador o la gobernadora de Puerto Rico, que supervisan las finanzas de la isla. Obama visitó Puerto Rico en 2011, un año antes de las elecciones en las que quedaría reelegido.
Las funciones de Biden en cargos públicos no evidencian que haya ignorado a Puerto Rico. Y la imposición de la administración Obama de la Junta de Supervisión Fiscal, con una mayoría de miembros que toma decisiones en nombre el gobierno federal, fue más bien una medida intervencionista en la isla.
"Biden destruyó a la isla cuando nos quitó la 936"
Si volvemos al listado de las leyes que Joe Biden patrocinó o copatrocinó mientras fue senador, no encontramos la Small Business Job Protection Act de 1996 (la ley de Protección del Trabajo del Pequeño Negocio) que eliminó la sección 936 del Código Tributario de Estados Unidos y con ello los incentivos fiscales que tenían las industrias extranjeras que operaban en Puerto Rico. Esa es la sección a la que se refiere el anuncio.
El 14 de mayo de 1996, el representante republicano Bill Archer introdujo el texto en el Congreso, que luego pasó por el Senado el 9 de julio de ese año, con una aprobación que lo devolvió a la Cámara de Representantes para correcciones, y después el 2 de agosto. En ambas ocasiones el texto quedó aprobado, la primera votación con 74 votos a favor y 24 en contra, y la segunda, con 72 a 26. Entre los síes estuvo el voto del entonces senador por Delaware, Joe Biden, y también hubo votos republicanos.
El presidente demócrata Bill Clinton promulgó la Small Business Job Protection Act el 20 de agosto de 1996. La ley preveía una eliminación gradual de la sección 936 del Código Tributario durante un periodo de 10 años, hasta 2006. Biden fue electo vicepresidente en 2008 y juró el cargo en 2009.
Desde 1976, la sección 936 daba exenciones fiscales a los ingresos que las corporaciones extranjeras generaban mientras operaban en su territorio.
Estos incentivos dejaron en Puerto Rico una “era de operaciones intensivas de capital y conocimiento en los rubros de la electrónica, dispositivos médicos y farmacéuticas”, escribió en un artículo académico el economista José Caraballo-Cueto, profesor asociado de estadísticas y finanzas de la Universidad de Puerto Rico.
"Al momento de reportar sus ganancias a Estados Unidos no tenían que pagar impuestos. Eso era muy atractivo, porque también, a través de mecanismos contables, [las corporaciones] reportaban ingresos que estaban haciendo fuera de Puerto Rico como que eran [dentro] de Puerto Rico, para evadir el pago de impuestos", explica Caraballo-Cueto vía telefónica.
Según los datos publicados en la investigación de este economista, “en la cúspide de la bonanza de 936, la manufactura en la isla representó el 42% del PIB, creó más del 30% de los depósitos en el sistema bancario de la isla y generó de forma directa 17% del total de los empleos”. La remoción de la sección 936, continúa, “puso las bases para la peor depresión de Puerto Rico en 100 años”, que comenzó en 2006, el último año de la vigencia de la 936.
“El gobierno federal quitó el motor económico, uno de sus principales motores y no se sustituyó por nada”, explicó Caraballo-Cueto al teléfono. “Sobre todo para poder insertar la economía en la globalización fue muy difícil, pues la economía era prácticamente dependiente de ese sector manufacturero. Una vez se quita ese acuerdo de paraíso fiscal que había sobre Puerto Rico, parten muchas empresas colapsa la economía y luego de ese colapso no se generan los ingresos fiscales que necesita el gobierno y empieza entonces el problema de deuda”, prosiguió.
Y eso ocurrió, asegura, porque la economía de la isla es tan dependiente de Estados Unidos por su estatus territorial, “que no se le permite crecer mediante otras vías”.
“Gracias al presidente Trump, estamos reconstruyendo Puerto Rico con inversiones históricas. $42 mil millones en alivio, $12,804 millones para reconstruir nuestras escuelas y red eléctrica”
Los fondos federales de alivio para Puerto Rico están, en efecto, asignados, pero solo una parte de ese dinero se ha desembolsado. La proporción entre lo asignado y lo desembolsado varía en las fuentes federales y las fuentes locales, y también cambia según si se revisan los fondos globales o aquellos que son específicos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (en inglés abreviado como FEMA).
Si vamos a las fuentes federales, encontramos inconsistencias e imprecisiones en el anuncio de Trump, aunque hay una cifra parecida. En los datos del Recovery Support Function Leadership Group, registrados en el sitio de FEMA, que incluyen fondos de 39 agencias federales asignados a Puerto Rico, sí hay más de $46 mil millones ($46,014,564,783) de fondos federales que el Congreso de Estados Unidos aprobó y asignó ( allocated es el término en inglés) a la isla. De este dinero, más de $25 mil millones ($25,601,945,015) están ya comprometidos, lo cual significa que las agencias federales designaron los destinatarios de esos recursos ( obligated es el término en inglés y en Puerto Rico les llaman obligados). Pero solo se han desembolsado ( outlayed) cerca de $17 mil millones ($16,958,293,856); es decir, ese es el dinero que ha llegado a los programas correspondientes.
Esto significa que de los poco más $46 mil millones asignados por leyes bipartidistas del Congreso –no es obra única del Ejecutivo- a varios tipos de agencias, solo se han pagado esos casi $17 mil millones.
Estas cifras están actualizadas al 31 de agosto de 2020 (al momento de hacer esta verificación).
Pero si en la misma página seleccionamos solo los fondos de FEMA para la reconstrucción después de Irma y María, el dinero asignado ( allocated) y comprometido ( obligated) es de $17,722,330,764 y se han desembolsado $13,978,520,062.
En las fuentes locales, dentro de Puerto Rico, hay otros datos. Las cifras de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) –una oficina pública local que, según su presentación, tiene la función de garantizar “que el Gobierno de Puerto Rico implemente de manera eficiente, eficaz y transparente los esfuerzos de recuperación y reconstrucción”- están actualizadas al 12 de octubre de 2020 (las que revisamos al momento de hacer esta nota). Indican que los fondos federales totales asignados para la recuperación de Puerto Rico -como el primer renglón que mencionamos más arriba- son $61,962,294,134; los obligados son $37,547,849,967 y los que se han desembolsado son $16,924,942,570.
El dinero que esta oficina administra directamente en Puerto Rico es el de los fondos de FEMA para los programas de asistencia pública, aclara la directora de Comunicaciones de COR3, Karixia Ortiz Serrano, en un correo electrónico. De esos recursos, hay asignados y comprometidos más de 19 mil millones de dólares ($19,210,743,733) y se han desembolsado $4,354,951,467.
En las fuentes locales, los números también son distintos de lo que dice el anuncio de la campaña de Trump.
En 2019 se hizo público en la prensa estadounidense que el presidente Trump consideraba que se estaba destinando “demasiado dinero en ayudas” a Puerto Rico. En marzo, dijo a senadores republicanos, en una reunión a puerta cerrada, que la ayuda que recibía la isla era “muy desproporcionada en comparación con la que han recibido Texas, Florida y otros” territorios.
En agosto de ese año, el Washington Post difundió que el gobierno de Trump pondría nuevas restricciones a fondos de $8 mil 300 millones en “proyectos de vivienda e infraestructura, para prepararlos para futuros desastres naturales”. Puerto Rico estaba inmersa en una crisis política y en multitudinarias protestas que desembocaron en la renuncia del entonces gobernador, Ricardo Roselló. En enero de 2020, cuando a la isla la impactaban una seguidilla de sismos, el mismo periódico informaba que el gobierno de Trump impondría “varios nuevos requerimientos” para la entrega de esos fondos, entre ellos, que el nuevo gobierno de Puerto Rico entregara más facultades de supervisión a la Junta de Control Fiscal “para recibir el dinero de ciertos proyectos federales”.
El 18 de septiembre pasado, en plena campaña electoral, a poco menos de dos meses de los comicios presidenciales, la Casa Blanca informó que FEMA otorgaría “casi $13 mil millones para ayudar a reconstruir el sistema de red eléctrica y estimular la recuperación del sistema educativo del territorio”. De ese dinero, dice el comunicado del gobierno, $11 mil 600 millones son de participación federal.
Esos “casi $13 mil millones” son los $12,804 millones a los que se refiere el anuncio de la campaña de Trump que aquí verificamos y que en una de sus imágenes muestra un titular del periódico puertorriqueño El Vocero. El reporte de ese periódico, del 19 de septiembre, hace la cuenta total: atribuye a voceros de FEMA que $10,510 millones de esos fondos se asignan a “la reparación de la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica y otros $2,294 millones para la restauración de escuelas”.
El artículo de El Vocero acota, sin embargo, que el dinero no llegará de inmediato: “A preguntas de la prensa, los funcionarios reconocieron que este dinero no estará disponible de inmediato pues FEMA requiere de procesos que han mantenido detenidas el resto de las reparaciones luego del huracán María. Además, se requiere que el gobierno local cumpla con el pago de estos fondos, pues FEMA trabaja mediante reembolsos”.
Karixia Ortiz Serrano, la directora de Comunicaciones de COR3, confirmó en el correo electrónico la aprobación de los $12,804 millones y que todavía la Autoridad de Energía Eléctrica y el Departamento de Educación de Puerto Rico “tendrán que desarrollar un plan de trabajo y realizar los procesos necesarios para comenzar las obras. Una vez inicien los trabajos podrán requerir solicitudes de adelanto de dinero o solicitar el reembolso de los fondos invertidos”.
Justamente el 25 de septiembre pasado, la Oficina del Inspector General del gobierno de Estados Unidos publicó una investigación en la que habló de las demoras de FEMA en la entrega de productos básicos a Puerto Rico durante la emergencia de María. El informe dice que FEMA hizo “un mal manejo de la distribución de productos en respuesta a los huracanes Irma y María en Puerto Rico”. El 98% de esos productos eran agua y comida, según el documento. “FEMA perdió la visibilidad de cerca de 38% de sus embarcaciones a Puerto Rico, con un valor estimado de $257 millones. Los productos entregados con éxito a Puerto Rico tomaron un promedio de 69 días para llegar a sus destinos finales”, concluye.
“Más trabajos”
Según la Oficina de Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos, en enero de 2017, cuando Donald Trump se juramentó en el cargo como presidente de Estados Unidos, la tasa de desempleo en Puerto Rico era de 11.8%. En enero del año siguiente había bajado a 10.5%; en el mismo mes de 2019, a 8.6%; y en enero de 2020 había variado a 8.9%. La tasa de desempleo disponible más reciente en estas estadísticas es de febrero, de 8.8%.
Es cierto que, observando estas cifras, el desempleo en Puerto Rico ha bajado durante los años de la presidencia de Trump. Y el número de personas empleadas en la isla, indican esos números, se ha mantenido más o menos estable en el mismo periodo evaluado, entre las 989,877 personas en enero de 2017 y las 956,078 en febrero de 2020.
Otro comunicado de la Casa Blanca del 18 de septiembre apunta que “el mercado laboral en Puerto Rico se recuperó rápidamente, con el desempleo en la isla llegando a un mínimo histórico de 7.5% en julio de 2019”. La cifra coincide con las de la Oficina de Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos.
Pedimos al economista y profesor de finanzas y estadísticas de la Universidad de Puerto Rico, José Caraballo-Cueto, que explique la bajada en el desempleo esos años en Puerto Rico. Caraballo-Cueto es, además, experto en censos, pues es director del único Centro de Información Censal de Puerto Rico.
Dice que la caída del último año “se debe exclusivamente al factor de la reconstrucción que tomó lugar en Puerto Rico después del huracán María”. Y sobre los descensos en los índices del desempleo registrados entre enero de 2017 y febrero de 2020, explica: “Antes del huracán María, no había una política económica federal que tuviera un impacto particular sobre el empleo. En ese sentido, sería pura coincidencia cualquier movimiento que hay hacia abajo o hacia arriba [de las cifras] con la presidencia de Trump, si no tomó ninguna política en particular dirigida a Puerto Rico. La reconstrucción es la única que se ha tomado durante su presidencia”.
Pero, además, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico presenta los números de reclamaciones del seguro por desempleo del Departamento de Recursos Humanos del gobierno de Puerto Rico, entre marzo de 2017 y agosto de 2020. Los datos indican varios aumentos en las solicitudes de esta protección –y, por tanto, de gente desempleada-, más visibles en 2017 y en 2020, en medio de la pandemia de coronavirus.
En marzo de 2017 las solicitudes fueron 2,026, pero hubo picos en julio de 14,924, en noviembre (dos meses después de María) de 25,049 y en diciembre de 23,340. En enero de 2018, las reclamaciones cayeron a 11,517. Hasta febrero de 2020, los números de solicitudes mantuvieron una cierta estabilidad, en un rango entre las 5 mil y las 8 mil, pero desde el inicio de la pandemia en marzo se dispararon, a 68,057 ese mes y a un récord de 152,396 en abril. A partir de mayo comenzaron a bajar y en agosto llegaron a las 15,278 reclamaciones.
“Devolviendo las farmacéuticas a la isla”
Sí ha habido movimientos de congresistas republicanos y funcionarios del gobierno de Trump en esa dirección, pero todavía no se han traducido en políticas concretas. Esto está sujeto a las leyes que se aprueben en el Congreso.
La eliminación de la sección 936 del Código Tributario con la ley que promulgó Bill Clinton en 1996 tuvo un impacto directo en las multinacionales farmacéuticas que operaban en Puerto Rico. Los incentivos fiscales de esa sección los beneficiaba, como explicamos arriba. Muchas de esas compañías se fueron entonces a países de Asia y a Irlanda, que según la Administración de Alimentos y Medicamentos de (FDA en inglés) sigue siendo el segundo proveedor de medicamentos de Estados Unidos.
Puerto Rico sigue siendo el primero y produce más productos farmacéuticos que cualquier de sus estados, según este estudio de la FDA.
En agosto de 2020, una delegación del gobierno federal, que encabezó el contralmirante Peter Brown, representante especial de la presidencia para la reconstrucción de Puerto Rico, recorrió varias fábricas farmacéuticas en la isla.
EFE reseñó que Jennifer Storipan, la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico dijo que el objetivo de la visita de la delegación del gobierno de Trump “es proporcionar a los Estados Unidos ‘una cadena de suministro estable en un esfuerzo por reducir la dependencia de nuestra nación de una cadena de suministro extranjera".
Peter Navarro, asesor de la Casa Blanca para la manufactura, estaba en la delegación del gobierno de Trump. El 20 de agosto tuiteó que los representantes federales estaban en Puerto Rico para “traer la manufactura farmacéutica de vuelta a Estados Unidos”.
Todavía con los contagios y muertes por coronavirus en aumento, el 6 de agosto pasado el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para asegurar que el suministro de medicamentos esenciales provengan de la producción nacional. La isla ha sido una potencia mundial en producción de medicamentos y dispositivos médicos.
Sin embargo, harán falta leyes para repotenciar su industria farmacéutica. En el Congreso hay varios proyectos de ley que lo facilitarían, pero una en concreto manifiesta ese propósito. La patrocinan la comisionada residente en Washington, Jennifer González-Colón y el senador Marco Rubio. Ambos son del Partido Republicano, pero el proyecto también tiene apoyo de congresistas demócratas. Es el proyecto de ley de la Medical Manufacturing, Economic Development, and Sustainability Act of 2020, MMED Act of 2020, que facilita la manufactura médica en zonas con crisis económicas de Estados Unidos, con incentivos para invitar a “las empresas que actualmente producen equipos médicos y farmacéuticos en el extranjero a trasladarse a EE.UU.”
Ese es el proyecto de ley que apoya el gobierno de Puerto Rico. Es lo que respondieron en una declaración, por correo electrónico, cuando lo preguntamos a la oficina de Departamento de Comercio y Desarrollo Económico. “Puerto Rico tiene una ventaja sustancial sobre las otras zonas [del territorio estadounidense] que se podrían beneficiar porque tiene la infraestructura disponible al momento, al igual que los recursos humanos disponibles inmediatamente para recibir nueva manufactura farmacéutica”, agregaron.
Según el registro del Congreso, el proyecto de ley está todavía en la Cámara de Representantes desde el 7 de septiembre y desde entonces no ha habido más movimientos hacia su aprobación.
Los datos del Departamento de Comercio y Desarrollo Económico de Puerto Rico, que solicitamos a su oficina de prensa para esta verificación, indican que, a 2019, había todavía 52 plantas farmacéuticas de compañías multinacionales en toda la isla, “al menos 12 de las 20” principales compañías farmacéuticas principales del mundo. Esta industria, según esta información, representaba ese año el 16.3% del PIB y empleaba a 153,977 personas. El estudio de la FDA muestra que en 2016 la industria farmacéutica de Puerto Rico alimentaba el PIB de la isla en casi el doble, el 30%.
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