Trump mezcla estrategia militar y desinformación al enfrentar 37 cargos federales
Estrategas militares suelen decir que, en una guerra, el ataque puede ser la mejor forma de defensa. Y, esta semana, el expresidente Donald Trump dejó claro que no solo conoce este dicho, sino que utilizará esta táctica al hablar de los 37 cargos federales formulados en su contra. Trump enfrenta a la justicia por supuestamente haber mantenido documentos confidenciales del gobierno estadounidense en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras dejar la Casa Blanca.
Quienes acompañaron a Trump cuando asistió al juzgado federal de Miami el pasado martes 13 de junio –evento transmitido en directo por varias cadenas de televisión de Estados Unidos–, vieron que la estrategia de atacar a oponentes para protegerse de los comentarios críticos sobre el caso entró en acción muy pronto.
En los pocos minutos que tuvo delante de los micrófonos, mientras Trump estaba en la audiencia, la abogada y vocera del expresidente, Alina Habba, dijo que el Poder Judicial está politizado y que se promueve una persecución al hoy precandidato republicano a la Casa Blanca. Recordó la situación de opositores en Venezuela y Cuba y sugirió que Estados Unidos va por mal camino.
En seguida, Habba nombró al presidente Joe Biden y a la familia Clinton con la intención de promover la idea de que ellos también habían mantenido documentos secretos en sus casas y oficinas sin que la justicia hubiera actuado como lo hace ahora. Para ella, esto sería prueba de la forma desigual con la que jueces y fiscales tratan a los políticos republicanos y demócratas.
Más tarde, desde Nueva Jersey, Trump se sumó a la estrategia. Dijo que Biden, cuando era vicepresidente, no tenía autoridad para desclasificar documentos del gobierno y que aun así lo hizo. Después afirmó que la exsenadora, ex primera dama y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, almacenó cantidades masivas de información clasificada y sensible de forma ilícita, sin que los fiscales o jueces de EEUU se ocuparan de ello.
Las dos afirmaciones son falsas, explicaron los verificadores de elDetector, de Univision Noticias, y varias otras iniciativas de fact-checking que trabajan en Estados Unidos. Los vicepresidentes de Estados Unidos sí tienen autoridad para desclasificar documentos desde diciembre de 2009. Y es verdad que Hillary Clinton usó un servidor de email privado para escribir correos que contenían información delicada; pero mientras ella puso todas las facilidades para ser investigada, Trump tomó acciones para ocultar los documentos, insistiendo en negarse a devolverlos, según registraron los fiscales del proceso.
Sin embargo, a la militancia de extrema derecha le importan poco los datos y la historia. El trumpismo obedeció a Habba y al expresidente y saltó a las redes para amplificar la estrategia de defensa por medio de ataques.
Una publicación hecha por Trump en su red social, Truth Social, por ejemplo, acusaba a Biden de tener 1,850 cajas (de documentos supuestamente confidenciales) en la Universidad de Delaware, así como en Chinatown de Washington DC. Y, de mano de hashtags y de medios de comunicación que se asocian al trumpismo, la información (falsa) apareció en Instagram, Twitter y Facebook –incluso en español.
El hecho de que las cajas realmente existan, pero que sean relativas al tiempo de Biden como senador ha sido totalmente ignorado. Hasta el momento de escribir esta columna, ninguna de las publicaciones analizadas había sido etiquetada como engañosa con base en los chequeos publicados.
Pero más allá del ataque político de Trump a Biden y a Clinton, hay otro punto muy preocupante en esta estrategia. La táctica del expresidente apuesta al descrédito de la justicia como un todo. Y esto –sí– puede tener un impacto grande y mucho más difícil de ser contrarrestado.
El 8 de enero de este año, miles de manifestantes invadieron el Congreso, el Palacio de Gobierno y también la Suprema Corte de Brasil. Habían pasado meses escuchando al entonces mandatario Jair Bolsonaro y sus seguidores atacar a la justicia y a varios de los ministros y jueces de forma individual. Eran personas que habían creído en el partidismo de los juzgados (supuestamente en favor del hoy presidente Luiz Inácio Lula da Silva) y que se rebelaban en contra de esa situación.
El 6 de enero de 2021, manifestantes asaltaron el Capitolio, en Washington DC, creyendo en las alegaciones de fraude electoral promovidas por Trump y sus partidarios. Si el expresidente adopta ahora el ataque a la justicia estadounidense como un todo, puede que volvamos a ver escenas horribles como las de aquel día. Pero, esta vez, no contra el Poder Legislativo, sino el Judicial.
Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa.
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