5 puntos cruciales que revisa la Corte Suprema para decidir el caso de Colorado contra la candidatura de Trump
'Escepticismo' puede ser la palabra para describir el ambiente que se vivió el jueves en la audiencia en la Corte Suprema de Justicia en la que se escucharon los argumentos en el caso de la decisión de Colorado de sacar a Donald Trump de la boleta electoral estatal en aplicación de la Enmienda 14 de la Constitución.
Varios de los análisis legales hechos tras la sesión en la que las partes presentaron sus consideraciones coinciden en decir que el tono dominante de las preguntas hechas por los magistrados da a entender que se inclinan a pensar que la Corte Suprema de Colorado no debió haber tomado esa decisión.
La Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a quienes hayan participado en una insurrección contra EEUU ejercer cargos públicos, fue usada por Colorado para justificar su decisión contra Trump por su responsabilidad en el ataque contra el Capitolio de Washington DC el 6 de enero de 2021.
La defensa de Trump se centró en que la particular forma en que está escrita la enmienda hace que no afecte al cargo de presidente y en que no prohíbe "presentarse" a un cargo público, sino "ostentarlo", además de que abre la puerta a que el Congreso apruebe una excepción por dos tercios de cada cámara.
Pero el meollo del debate legal pasó pronto a la cuestión de si un estado, haciendo uso de una providencia constitucional, puede impedir que un candidato a la presidencia (un cargo federal) se postule en su jurisdicción y si eso no implica imponer una condición adicional para aspirar al cargo, además de las establecidas en la Constitución.
Los magistrados son renuentes a adoptar decisiones que afecten procesos electorales (la última vez fue en 2000 con el caso de Al Gore contra George W. Bush) y por eso muchos analistas aseguran que las audiencias le mostraron a la corte una “vía de escape” a un problema que preferiría obviar.
En este caso, no pareció haber diferencias ideológicas entre los integrantes del tribunal, considerando que las preocupaciones de todos giraron en torno a cinco grandes áreas.
1. Lo estatal no puede prevalecer sobre lo federal
La jueza Elena Kagan, de la bancada considera liberal, calificó la cuestión de determinar si alguien participó en una insurrección como "simplemente más complicada, más controvertida y más política".
"Me parece que la cuestión que confrontas es por qué un solo estado puede decidir quién puede ser presidente de Estados Unidos", le dijo Kagan a Jason Murray, abogado de los demandantes. "¿Por qué un solo estado debería tener la capacidad para hacer esta determinación no solo para sus propios ciudadanos sino para el resto de la nación?", cuestionó.
Mientras que los jueces conservadores Samuel Alito, Brett Kavanaugh y el presidente de la corte, John Roberts, le preguntaron a Murray, sobre qué impediría que otros estados citaran la Sección 3 para apuntar a políticos que no les agradan.
Allí, Murray presentó los mismos argumentos con los que triunfó en la Corte Suprema de Colorado y sostuvo que el asalto al Capitolio fue un evento único en la historia y que los tribunales se asegurarían de que no se abuse de la disposición.
Los votantes de Colorado presentaron su reclamo bajo el código electoral estatal, “que permite a los votantes demandar por el cumplimiento de las calificaciones constitucionales federales en la etapa de acceso a las boletas” y argumentan que “los estados están facultados para hacer cumplir la Sección 3, incluso en las elecciones presidenciales”.
Roberts recordó que la Enmienda 14 buscaba garantizar el control sobre el Sur luego de su fracasada separación del país y la Guerra Civil, es decir, el nivel federal supervisando acciones estatales.
Los jueces se centraron en el posible caos legal que supondría permitir que los tribunales estatales decidan quién puede ser presidente.
2. El presidente no está incluido en la Enmienda 14
El principal argumento de Trump es que la disposición no debe aplicarse a la presidencia porque ese cargo no se menciona específicamente en la sección 3, mientras que sí lo hace con el de senador, representantes del Congreso e incluso con los electores del Colegio Electoral que certifican al presidente y vicepresidente.
Los demandantes sostienen que sería absurdo excluir a personas de todo tipo de cargos inferiores y dejar abierto el más poderoso de todos, el del presidente de la nación.
La magistrada Ketanji Brown-Jackson, la primera mujer negra nombrada en el cargo, sostuvo que la 14ª Enmienda tenía como objetivo principal garantizar que "el Sur no vuelva a levantarse", es decir, los estados.
Brown especuló que quizá los autores de la disposición presumieron que impedir que los insurrectos sirvieran como electores sería salvaguardia suficiente contra un presidente insurrecto.
Murray señaló que cuando se dio en el Congreso el debate sobre la disposición, un senador preguntó por qué la sección no se aplicaba a la presidencia y uno de sus autores señaló el lenguaje que pretendía incluir ese cargo.
Si el tribunal dictamina que la disposición no se aplica a los presidentes, podría abrir a nuevas interpretaciones otras secciones de la Constitución
3. ¿Dónde está la insurrección de Trump?
La enmienda no describe el significado de "insurrección". Simplemente, dice que quien se vea implicado en una no puede ocupar un cargo público.
Los demandantes querían centrar el caso en el 6 de enero, con la esperanza de una afirmación de la Corte Suprema de que el expresidente participó en una insurrección y amenazó la Constitución con su campaña para permanecer en el cargo después de su derrota en 2020.
Kavanaugh señaló que existe una ley federal contra la insurrección y prohíbe a los condenados ocupar cargos públicos. Pero Trump no ha sido acusado de violar esa ley.
En cambio, Trump quisiera que lo eximan de cualquier responsabilidad en la violencia de aquel día. Ambas partes parece que se quedarán con las ganas porque los magistrados no gravitaron sobre esos argumentos, más políticos que legales.
4. La salida “fácil” que da la historia a la Corte
La mejor salida para el tribunal puede estar en un caso de 1869, el caso Griffin, un hombre de Virginia que argumentó que no podía haber sido condenado por un delito porque el juez de su caso, un exconfederado, estaba descalificado para ocupar su cargo en virtud de la Sección 3.
Salmon Chase, quien entonces era el presidente del Tribunal Supremo, escuchó el caso mientras actuaba como juez de apelación y decidió que el Congreso tenía que crear un mecanismo para que la Sección 3 entrara en vigor. El Congreso lo hizo, pero la medida expiró en la década de 1940.
Los jueces preguntaron repetidamente sobre el caso de Griffin. Los abogados de Trump han argumentado que sigue siendo la única forma racional de aplicar la Sección 3.
Pero como Chase había argumentado anteriormente que la Sección 3 entró en vigor automáticamente, los demandantes aseguran que su fallo no era una buena ley
Una cosa que ha distinguido el caso es el alcance de la discusión histórica sobre los orígenes de la Sección 3, que en gran medida ha permanecido inactiva desde una amnistía del Congreso para la mayoría de los confederados en 1872.
5. Para hacer eso, el Congreso debe redactar una ley
Si el tribunal toma la ruta del caso Griffin, los jueces podrían decir que le corresponde al Congreso elaborar nuevos procedimientos para implementar la Sección 3.
Algunos juristas aseguran que ese argumento es insostenible, porque la Corte Suprema no ha requerido legislación para hacer cumplir otras partes de la Enmienda 14.
Pero en caso de que la Corte dijera que hace falta un acto del Congreso para aplicar la Sección 3, eso probablemente acabaría con cualquier intento de invocarla en el futuro previsible porque es poco probable que un Congreso tan dividido como el que existe actualmente logre ponerse de acuerdo en el corto plazo.
