Crecen las amenazas a la seguridad electoral en EEUU, sin que el Congreso ayude a frenarlas

En medio de la temporada de elecciones, funcionarios electorales estatales están frustrados porque el Congreso no ha asignado el dinero federal del que dependen para ayudar a cubrir los costos de proteger sus sistemas contra ataques cibernéticos, actualizar equipos y capacitar al personal.

La larga lista de desafíos que enfrentan es bastante larga de cara a las elecciones en Estados Unidos este 2024, incluidos posibles ataques cibernéticos perpetrados por gobiernos extranjeros, bandas criminales de 'ransomware' que atacan sistemas informáticos y la persistencia de información errónea sobre los comicios que ha socavado la confianza pública.

La Secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, dijo que era “desmoralizante y decepcionante” que el gobierno federal no se haya comprometido a invertir en las presidenciales de este año. "Estamos gestionando elecciones federales que son la base para determinar quién tiene el poder a nivel federal y tratando de gestionar muchos riesgos y desafíos diferentes que sólo han aumentado en los últimos años", dijo Benson, quien es demócrata. "Nos hace sentir como si estuviéramos solos", se quejó.

Desde las elecciones de 2016 y la decisión del gobierno federal de agregar los sistemas de votación del país a su lista de infraestructura crítica, el Congreso ha enviado $995 millones a los estados para la administración electoral y las necesidades de seguridad.

En Colorado, el dinero se ha utilizado para desarrollar un sistema para que los votantes hagan seguimiento a sus boletas y para el financiamiento de la capacitación de los funcionarios electorales. En Florida, el dinero fue a aumentar la seguridad del sistema de registro de votantes del estado. En otros lugares, se ha utilizado para reemplazar máquinas de votación y agregar personal de ciberseguridad.

La mayor parte de esa cantidad se asignó antes de las elecciones de 2020, cuando los estados se apresuraron a reforzar las defensas de ciberseguridad, y ya se agotó. En 2020 fue necesario gastar $400 millones adicionales en costos electorales relacionados con la pandemia.

La última parte de la financiación relacionada con las elecciones fueron $75 millones aprobados por el Congreso en diciembre de 2022. Las asignaciones estatales oscilaron entre $5.8 millones para California y $1 millón para Nevada.

“Solamente las elecciones en Los Ángeles cuestan $75 millones”, dijo Kathy Boockvar, exdirectora de elecciones de Pennsylvania. “No creo que los funcionarios electorales hayan estado esperando $400 millones. Esperaban $75 millones y no está claro siquiera si eso llegará”, afirmó.

Disputas presupuestarias en el Congreso

Las negociaciones sobre el presupuesto federal se han visto envueltas en disputas partidistas, mientras las agencias gubernamentales operan en su mayoría con niveles de gasto aprobados para 2023. El Congreso solo ha podido aprobar planes de financiación temporales, que cubren unos pocos meses a la vez. La próxima fecha límite es el 1 de marzo, cuando expira el plan de financiación temporal más reciente para algunos departamentos y, una semana después, para otros. El gobierno se enfrenta a un posible 'cierre' parcial si no se aprueban nuevos fondos.

Incluso si se llega a un acuerdo, no hay garantía de que habrá dinero nuevo para las elecciones. El año pasado, los republicanos de la Cámara de Representantes catalogaron las subvenciones para seguridad electoral como “gastos superfluos” y no asignaron dinero para ello en su propuesta de gasto. En cambio, se han centrado en una legislación que prohibiría a las organizaciones privadas proporcionar dinero a las oficinas electorales.

“Los estadounidenses merecen tener confianza en nuestras elecciones, lo que significa que las elecciones deben estar libres de influencia privada indebida”, dijo en una audiencia reciente el representante federal Bryan Steil, un republicano de Wisconsin que preside el Comité de Administración de la Cámara.

Se está negociando una propuesta del Senado de $75 millones de dólares para la seguridad electoral como parte del paquete de gastos final.

“La administración de elecciones libres y justas es un trabajo que dura todo el año y requiere planificación y recursos; y los funcionarios electorales en la primera línea de nuestra democracia necesitan un flujo constante de financiación para poder hacer cosas como reemplazar equipos obsoletos, fortalecer la ciberseguridad y mantenerse al día con nueva tecnología”, dijo en un comunicado la senadora estadounidense Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota.

Decisiones difíciles

En Carolina del Norte, los funcionarios electorales estatales han tenido que tomar algunas decisiones difíciles ya que las necesidades han superado los fondos estatal y federal.

La Junta Electoral de ese estado ha reducido su personal de ciberseguridad en un empleado y se ha visto obligada a recortar en otras áreas para satisfacer algunas de las necesidades de seguridad electoral, dijo Karen Brinson Bell, directora ejecutiva de la agencia. Un equipo de seis empleados que había estado manejando datos electorales se redujo a un solo puesto de tiempo completo y solo otra persona ayuda a tiempo parcial. Algunos puestos eliminados fueron financiados con subvenciones federales que ya no están disponibles.

“Todos los esfuerzos que hemos realizado en materia de ciberseguridad provienen de fondos federales y, sin ese financiamiento continuo y sin nuevos fondos a través de la Legislatura (de Carolina del Norte), es difícil mantener una postura cibernética sólida”, dijo Brinson Bell.

Durante su reciente reunión, la Asociación Nacional de Secretarios de Estado aprobó una resolución pidiendo al Congreso que proporcione suficiente dinero para ayudar a los funcionarios a abordar las amenazas a la ciberseguridad.

El secretario de Estado de Virginia Occidental, Mac Warner, un republicano, dijo que no apoya el dinero federal para las elecciones porque “normalmente viene con condiciones”. El secretario de Estado de Mississippi, Michael Watson, también republicano, dijo que agradecería la asistencia federal para las necesidades de ciberseguridad si hubiera flexibilidad sobre cómo los estados la gastan.

Kim Wyman, exsecretaria de Estado de Washington, dijo que los funcionarios federales deberían prestar atención a las lecciones de las elecciones de 2000, cuando algunas oficinas electorales estaban bien financiadas y otras no. Dijo que la 'Ley Ayuda a Estados Unidos a Votar' de 2002 aprobada por el Congreso después de la confusión electoral en Florida buscó atajar la situación al dar $3,200 millones a los estados. Ahora se necesita una inversión similar, afirmó.

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