El caso de la mujer latina arrestada por cometer una equivocación en Texas podría acabar con abusos de autoridad a nivel nacional
La Corte Suprema escucha este miércoles los argumentos orales en un caso que podría restringir la habilidad de funcionarios electos para usar la justicia para atacar a sus enemigos políticos violando sus derechos constitucionales.
Se trata del caso de Sylvia González, una profesional de las comunicaciones latina retirada y miembro del concejo municipal de la ciudad de Castle Hills en Texas, quien fue arrestada por llevar en su portafolios unos documentos relacionados con una petición de censura que ella misma había iniciado contra el administrador municipal de la ciudad, Ryan Rapelye.
Arrestada por cometer un error administrativo
La equivocación fue descubierta cuando después de una sesión en el concejo el alcalde, JR Treviño, le pidió a Gonzalez los documentos de la petición.
González, quien creía que ya los había entregado, encontró finalmente los documentos entre sus papeles de trabajo. "Probablemente los recogiste por error", le dijo el alcalde, según un relato de los hechos en el sitio web de la organización legal sin fines de lucro Institute for Justice (IJ), que representa a González.
Pero el asunto no terminó allí.
Después de una investigación, que según el IJ fue “realizada por un amigo del jefe de policía de la ciudad”, González fue arrestada por violar una ley que tipifica como delito “ocultar o de otro modo perjudicar la disponibilidad de un registro gubernamental”.
Según el IJ, la petición contra Rapelye no le había caído bien a las autoridades de Castle Hills, “cuyos intereses estaban bien representados por el administrador de la ciudad”.
El IJ alega que el arresto fue parte de una campaña de intimidación contra la mujer, que comenzó con la acusación de que no había prestado juramento adecuadamente para su cargo como comisionada, reemplazándola con la misma persona a la que había vencido en las elecciones. Poco después, González fue reintegrada al concejo por un juez local.
Los cargos por el arresto de González fueron retirados cuando el fiscal del condado declinó procesarla.
Pero poco después, un grupo de ciudadanos alineados con el alcalde presentaron una demanda alegando que González era incompetente para ocupar su cargo, la cual fue ganada por la comisionada.
Pero según IJ “el trauma del arresto y de ver su fotografía policial publicada en los medios locales” junto con el problema de tener que enfrentar “decenas de miles de dólares en facturas legales”, la llevaron a abandonar la vida pública.
Sylvia González
demanda a sus acusadores
Sin embargo, González, quien fue la primera mujer hispana en convertirse en miembro del concejo municipal de Castle Hills, no se quedó de manos cruzadas.
En septiembre de 2020, representada por el IJ, González inició una demanda federal contra la ciudad, el alcalde, el administrador y el investigador en el caso por la violación de su derecho a la libertad de expresión, que según ella había sido violado por su arresto, y responsabilizar a los funcionarios de la ciudad por sus acciones.
González ganó la demanda en primera instancia, pero un panel de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito anuló el fallo sosteniendo que la “inmunidad calificada” protegía a los funcionarios de la ciudad de cualquier responsabilidad por el arresto.
La inmunidad calificada es una doctrina legal constitucional que protege a funcionarios gubernamentales de responsabilidad cuando violan los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Inicialmente, la doctrina había sido instituida para proteger a oficiales de policía que cometían excesos, actuando de buena fe y con causa probable, pero se ha expandido a un punto en que es invocada para proteger a cualquier funcionario cuando viola las leyes.
Según el Fondo de Defensa Legal (FDL) de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, “la inmunidad calificada debe ser abolida porque permite a las fuerzas del orden, así como a otros funcionarios gubernamentales, violar repetidamente y sin consecuencias los derechos constitucionales de las personas”.
De acuerdo un estudio del IJ de más de 5,500 apelaciones federales de inmunidad calificada “sólo el 23% de ellas involucran a policías acusados de fuerza excesiva” mientras que una gran cantidad de ellas estaban relacionados con demandas de libertad de expresión, generalmente violada por represalias premeditadas por discursos desfavorables u otras actividades protegidas por la ley”.
El 13 de octubre de 2023, la Corte Suprema decidió escuchar el caso de Sylvia González (González v. Treviño) y revisar si el Quinto Circuito falló correctamente al ponerse del lado de las autoridades de Castle Hills en el tema de la inmunidad calificada, abriendo la posibilidad de llegar a un fallo que podría poner fin a abusos de autoridad cometidos bajo el amparo de esa doctrina.
