¿Por qué Puerto Rico es tan vulnerable cuando pasa un huracán?

Cinco años después de que el huracán María causara estragos en Puerto Rico, el huracán Fiona mató al menos a cuatro personas, provocó inundaciones generalizadas y dejó a cientos de miles de residentes sin agua ni electricidad.

María causó grandes daños a la red eléctrica de Puerto Rico en 2017 que dejó a muchos residentes sin electricidad durante meses. Los esfuerzos de reconstrucción se han visto obstaculizados por desafíos técnicos, políticos y financieros.

Carlos A. Suárez y Fernando Tormos-Aponte son sociólogos que estudian la política latinoamericana y la justicia ambiental.

En este artículo publicado por The Conversation explican algunos de los factores que han obstaculizado los esfuerzos para recuperarse de María y prepararse para las tormentas posteriores en esta isla con una población de 3,2 millones de personas.

Las promesas incumplidas de la privatización

Por Carlos A. Suárez Carrasquillo*

En menos de un siglo, el sistema eléctrico de Puerto Rico ha dado completado un círculo desde el suministro privado de energía eléctrica a un esfuerzo liderado por el estado para democratizar el acceso a la energía, y luego de regreso a una asociación público-privada con un fuerte espíritu neoliberal.

Y sin embargo, los puertorriqueños aún enfrentan desafíos diarios para obtener servicios de electricidad asequibles y eficientes.

Cuando se creó el sistema de energía eléctrica de la isla a fines del siglo XIX, las empresas privadas inicialmente producían y vendían electricidad.

Durante la era del New Deal, en la década de 1930, el gobierno asumió ese papel. La gente llegó a ver la energía eléctrica como un patrimonio, un derecho de nacimiento, que el gobierno proporcionaría, a veces subsidiando los precios para los residentes de bajos ingresos.

En la década de 1940, Puerto Rico lanzó Operation Bootstrap, un programa de industrialización rápida que buscaba atraer inversiones extranjeras en industrias como la textil y la petroquímica.

Un elemento importante fue la electricidad confiable y barata, provista por el estado a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, una corporación pública conocida en inglés como la Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA).

Muchos intereses confluyeron en torno a PREPA, incluidos los de funcionarios electos, sindicatos, importadores de petróleo y, lo más importante, el público puertorriqueño. El mecenazgo y la política partidaria a menudo influyeron en las decisiones financieras, de empleo y de contratación de servicios.

PREPA asumió una deuda significativa, a menudo a pedido de los políticos. Por ejemplo, en 2011, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, impulsó una ley para que la empresa obtuviera una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento para reducir las facturas de energía antes de las elecciones de 2012.

El gobernador Alejandro García Padilla y la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico impusieron políticas de austeridad en 2012-2017 que los gobernadores posteriores mantuvieron. Esto dejó a la compañía con recursos limitados para prepararse para el huracán María, en 2017, o hacer reparaciones después.

En 2021, el gobierno de Puerto Rico y la junta de control financiero privatizaron el suministro de energía en la isla. PREPA siguió generando electricidad, pero LUMA Energy, un consorcio estadounidense-canadiense, recibió un contrato de 15 años para la distribución..

LUMA está en el centro de muchas controversias. Se ha resistido a reconocer al sindicato más grande y poderoso de Puerto Rico como representante exclusivo de sus empleados.

Las facturas mensuales de electricidad de muchos consumidores han aumentado significativamente. Se suponía que LUMA mejoraría la red de Puerto Rico, con miles de millones de dólares en apoyo federal, pero los cortes de luz han continuado. Los críticos han denunciado secretismo y corrupción en la compañía.

Sindicatos, grupos ambientalistas y académicos han ofrecido alternativas integrales, como Queremos Sol, una propuesta para instalar energía solar distribuida en toda la isla, de cara a reducir la dependencia de Puerto Rico de los combustibles fósiles y lo que ven como una gestión privada incompetente.

Pero los cambios requeridos para enfrentar la crisis energética de Puerto Rico son inherentemente políticos. Ponerlos en marcha requeriría el apoyo de Junta de Supervisión y Administración Financiera, y los políticos locales. Creo que el público tendrá que movilizarse y protestar para convencer a las autoridades de que la vieja PREPA y ahora LUMA son organizaciones anticuadas incapaces de colmar las necesidades actuales de la isla.

¿A quién le llega la ayuda para desastres?

Por Fernando Tormos-Aponte*

La ayuda por desastre ha tardado en llegar a Puerto Rico. Cinco años después del huracán María, el gobierno federal sigue canalizando fondos para reconstruir y fortalecer la infraestructura energética de la isla. Pero solo unos pocos de los multimillonarios proyectos que se han planificado han sido aprobados, si quiera parcialmente.

Además de con la privatización del sistema de energía, los residentes también han tenido que enfretar obstáculos burocráticos y el uso de los recursos destinados al desastre para obtener ganancias políticas.

Las evaluaciones de daños después de María fueron estimaciones aproximadas porque la tormenta fue muy destructiva. El gobierno federal finalmente calculó el daño total provocado en Puerto Rico y las Islas Vírgenes en $90,000 millones.

Ahora, el huracán Fiona ha causado también severos daños, lo que requerirá inversiones incluso más importantes. Ninguna administración pública tiene suficientes recursos sobre el terreno en Puerto Rico para realizar tal evaluación, y mucho menos para reaccionar rápidamente ante el desastre.

Los políticos locales a menudo están ansiosos por hacerse con responsabilidades con tal de asegurar financiación.

Sin embargo, las inversiones en preparación para desastres, como mejorar la red eléctrica, tienen menos impacto en la percepción pública del desempeño del gobierno que los fondos de recuperación que se desembolsan poco después de que ocurre un desastre.

Espero que el gobierno del presidente Joe Biden busque formas de responder más rápido y de manera más sustantiva al huracán Fiona que la administración de Donald Trump después del huracán María. Y no necesariamente por compasión.

Los presidentes tienden a utilizar los recursos de desastres para obtener una ventaja electoral, recompensar a los partidarios y presentarse como eficaces administradores de desastres. Y por lo general son más vulnerables en años electorales.

María golpeó a Puerto Rico durante el primer año en el cargo de Trump. Los votantes puertorriqueños se inclinan por los demócratas cuando se mudan a EEUU (son ciudadanos pero el archipiélago no emite votos electorales), por lo que es probable que el expresidente no percibiera a los puertorriqueños como importantes para su elección.

La administración Trump realizó esfuerzos deliberados para retrasar el desembolso de la ayuda para la recuperación del huracán María y negó el costo real del desastre.

El caso de Biden es diferente. El presidente se basó más en el apoyo de las minorías para su victoria electoral de 2020 y el huracán Fiona llegó solo dos meses antes de las elecciones intermedias de 2022.

Una respuesta eficaz le ofrece a Biden la oportunidad de demostrar que es un administrador de desastres capaz y de paso, atraer votos, para el bando demócrata en noviembre.

Sin embargo, incluso si la administración de Biden está mejor organizada y es más receptiva, las comunidades marginadas a menudo se ven obstaculizadas por cargas administrativas cuando intentan acceder a los recursos del gobierno.

Por ejemplo, entrevisté a alcaldes de Puerto Rico que emitieron contratos a proveedores locales para atender necesidades urgentes después de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) prometiera su reembolso. Hasta el día de hoy, FEMA no ha pagado y los alcaldes temen que los vendedores locales no quieran hacer más negocios con sus municipalidades.

Identificar y solicitar subvenciones del gobierno federal es un proceso complejo y tedioso que requiere capacitación. El acceso a esa formación es desigual y las barreras del idioma a menudo impiden que algunas comunidades busquen subvenciones.

Después del huracán María, pocas comunidades puertorriqueñas tenían los recursos y el apoyo necesarios para hacer frente a estas barreras.

En mi opinión, en la respuesta a Fiona, los gobiernos deben dar prioridad a las comunidades marginadas para evitar reproducir las desigualdades que marcaron los esfuerzos de recuperación tras el huracán María. Los políticos deben exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes tienen la tarea de distribuir la ayuda, al mismo tiempo que se atienen a los mismos estándares.

*Carlos A. Suárez Carrasquillo es profesor de Centro de Estudios Latinoamericanos de la Univesidad de Florida.
*Fernando Tormos-Aponte es profesor asistente de Sociología de la Universidad de Pittsburgh.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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