Comunidades Seguras, el programa de deportaciones que canceló Obama y Trump quiere revivir

La fuerza de deportación que ha mencionado el presidente electo Donald Trump desde noviembre del año pasado para expulsar a millones de indocumentados, forma parte de un polémico programa que el magnate presentó el 31 de agosto en Phoenix, Arizona, cuando mostró su política migratoria. Pero no se tata de algo nuevo. El proyecto original fue creado por el gobierno de George W. Bush y cancelado más tarde por Barack Obama debido a una ola de criticas por la falta de transparencia.

Trump ha reiterado que, de ganar la elección en noviembre y relevar a Obama en la Casa Blanca, impulsará una política de “cero tolerancia” para los delincuentes extranjeros. Y ha mencionado que el blanco inmediato serán “ dos millones de inmigrantes criminales” más todos aquellos que se quedaron en el país más allá del término de sus visas, que de acuerdo con un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del 2013, sería el 40% del total de la población indocumentada, estimada en 11.1 millones.

¿Cómo lo hará? ¿Qué departamento (ministerio) del gobierno tiene o tendrá la capacidad de ejecutar un programa que deporte entre 2 y 6 millones de indocumentados? Trump mencionó, entre las herramientas (pero sin citarla con nombre y apellido), el programa Comunidades Seguras que Obama eliminó en 2014 luego de seis años de duras criticas y 375,031 deportados, según datos del DHS.

Cómo funciona

Comunidades Seguras operó entre 2008 y 2014. La Oficina de Inmigración y Control de Aduana (ICE) confirma que en los seis años de operación fueron deportados 375,031 indocumentados con antecedentes criminales.
El programa consistía en una poderosa base de datos manejada por el DHS que permitía a los agentes del orden público locales (policías municipales y estatales) establecer el estatus migratorio de cada persona detenida al momento del arresto.

Si la prueba biométrica mostraba que la persona no tenía estatus legal de permanencia, era colocada de inmediato en la lista de sujetos deportables. Lo mismo sucedía con individuos que tenían algún tipo de delito o antecedente criminal.

Los deportables eran entregados a ICE, instancia que abría un proceso de deportación. La colaboración entre el DHS y los estados se hacía por medio de acuerdos directos con las distintas agencias de policía, convirtiendo de esa forma a las fuerzas locales del orden público en agentes del servicio de inmigración.

Cabe destacar que la presencia indocumentada en Estados Unidos es una falta de carácter civil no criminal.

“Vendido como algo grande”

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes reiteran que entre seis a siete de cada 10 deportados por el gobierno de Obama no tenía antecedentes criminales que constituyan una amenaza a la seguridad nacional, y que Comunidades Seguras fue responsable de este error.

“El programa fue vendido como algo grande y el nombre estaba bonito, pero arriba del 70% de las personas deportadas por este sistema no tenían antecedentes criminales”, dice Artemio Arreola, director ejecutivo de la Coalición por los Derechos Humanos de Illinois. “Y fue este el motivo por el cual Obama se vio obligado a revisarlo y cambiarlo”.

Arreola dijo que la implementación de Comunidades Seguras generó tal clima de desconfianza entre las policías y la comunidad inmigrante, “que las propias agencias echaron pie atrás para preservar lo que habían conseguido durante años de trabajo”.

“Comunidades Seguras creó un problema serio de confianza en las autoridades. Al hacer a la policía agentes de la migra, la gente ya no llamaba para reportar crímenes, porque si lo hacía le iban a pedir papeles. Y si no los tenían, pues entonces los deportaban”, explicó el activista.

La crisis

En junio de 2011 Comunidades Seguras operaba en 42 estados pero no todas las agencias de policía en cada estado habían suscrito acuerdos con el DHS, solo unas cuántas. Simultáneamente, Illinois, Nueva York y Massachusetts lo abandonaron el plan argumentando serios defectos, que llevaron al inspector general del DHS a iniciar una revisión para determinar la amplitud con la que ICE utilizaba Comunidades Seguras para localizar y deportar a los inmigrantes considerados delincuentes peligrosos.

La agencia aseguró que invertiría esfuerzos en capacitar a los agentes de policías locales, y con ello responder a las preocupaciones sobre el rompimiento de la confianza de la comunidad con las autoridades del orden público, en particular los indocumentados que temen ser detenidos y deportados si denuncian un crimen o piden la protección de las autoridades.

Las respuestas de la Administración Obama no fueron suficientes y las deserciones continuaron. Según ICE, entre 2009 y 2011 Comunidades Seguras fichó a aproximadamente 11,000 inmigrantes que habían sido acusados o condenados por crímenes violentos u otras ofensas serias (crímenes de nivel 1), mientras que otros 100,000 casos los individuos fueron acusados o condenados por crímenes de nivel 2 ó 3.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un informe que ICE no había provisto un análisis diferenciado de los niveles 2 y 3, y que el rango de delitos que entra dentro de cada una de estas categorías era significativamente amplio en términos de gravedad. Esto, aseguró, afectó a cientos de personas ya expulsadas.

El organismo también denunció en 2011 que los residentes legales permanentes y otros no ciudadanos que tienen un estatus migratorio válido, por lo general eran transferidos a la custodia del ICE luego de haber cumplido una sentencia penal, dado que la mayoría de delitos que resultan en una condena de privación de libertad potencialmente constituyen una causal de deportación y pueden requerir detención obligatoria.

Cambio de estrategia

Las criticas al gobierno de Obama crecieron y obligaron al DHS a cambiar de rumbo. El jefe de la seguridad nacional Jeh Johnson anunció en noviembre del 2014 la cancelación de Comunidades Seguras y la puesta en vigor del Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP), que opera teniendo en cuenta la lista de prioridades de deportación contenidas en la Acción Ejecutiva de ese año.

El PEP permite al DHS que trabaje con agencias del cumplimiento de la ley a nivel estatal y local para tomar custodia de los individuos que presentan una amenaza a la seguridad pública antes que estos individuos sean liberados en nuestras comunidades, dijo ICE a Univision Noticias.

Las prioridades de deportación son:

• Prioridad 1: a quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o publica (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
• Prioridad 2: a personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).
• Prioridad 3: personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;
• Prioridad 4: a inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.

A pesar del cambio, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes no confían en la nueva herramienta. Siguen estando preocupados de que inmigrantes detenidos por una simple infracción de tránsito y les tomen huellas digitales, terminen siendo entregados a ICE para ser deportados.
Miedos a flor de piel

El PEP no olvida los miedos provocados por Comunidades seguras. Tampoco ayuda el alto número de deportados durante el gobierno de Obama que ya pasa de los 2.7 millones de deportaciones. De ellos, en promedio el 47% no tenía antecedentes criminales.

“Tenemos un sabor agridulce en el paladar”, dijo Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Movimiento Latino USA de Los Angeles, en California. “El porcentaje de gente buena expulsada sigue siendo alto. No se han cumplido las expectativas que se anunciaron en el 2008. Seguimos igual, con muchos deportados y sin reforma migratoria”.

Además de reactivar Comunidades Seguras, Trump citó el Programa 287(g), que sirvió de prámbulo y que permitió al gobierno federal, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, hacer acuerdos con las policías locales para darles a los agentes poderes extraordinarios y que pudieran detener a extranjeros indocumentados.

En el décimo punto de su programa, el empresario neoyorquino dijo que en su gobierno el resto de los ilegales, aquellos que no tengan antecedentes criminales, tendrán que salir a sus países de origen para conseguir una visa.
Una idea similar sugirió en 2012 el entonces candidato presidencial republicano Mitt Romney, al proponer un plan de “autodeportaciones”.

De acuerdo con la ley, si un indocumentado sale del país sin permiso le cae encima la denominada Ley del Castigo, que sanciona hasta con 10 años fuera al inmigrante y después debe gestionar un perdón a través del consulado para regresar.

Otro impedimento son las “causas de inadmisibilidad”, recordó Ezequiel Hernández, un abogado que ejerce la ley de inmigración en Phoenix, Arizona. Entre las causas que prohíben el ingreso están, por ejemplo, el haber vivido indocumentado en Estados Unidos o haber tenido un proceso de deportación por presencia no autorizada.

(Nota: Una versión inicial de esta hustoria se publicó a principios de septiembre, tras el discurso que Donald Trump pronunció en Phoenix, Arizona, donde dio a conocer su política inmigratoria).