En Honduras los perseguían para matarlos, en EEUU para deportarlos
KEY WEST, Florida. - Como cada día desde hace más de 5 meses, Nilsa Huete, una inmigrante hondureña de 41 años, trata de mandar una inyección de ánimo a su hija mayor en los escasos minutos que puede hablar por teléfono con ella. Nelly tiene 23 años, fue detenida por manejar sin licencia y está recluida en Broward Transitional Center, un centro de detención en Pompano Beach, Florida.
"Todo va a salir bien si Dios lo permite. Ojalá al juez se le ablande el corazón, que piense que eres madre y que necesitas estar con tus hijos", le dice antes de colgar el teléfono y romper en llanto en la cocina de su casa en Stock Island, una isla a escasos minutos de Key West, el punto más al sur de EEUU.
La historia reciente de la familia Huete conlleva una enumeración de dramas: el de la violencia de la que huyeron en su país, uno de los más peligrosos del mundo, el de enfrentarse a los peligros del camino y cruzar México para llegar a EEUU y, finalmente, el dolor de ver cómo, desde marzo, los agentes del alguacil del condado de Monroe han detenido a cinco miembros de su familia con la intención de entregarlos a Inmigración.
Dos de ellos, su hija Nelly y su hermano Marcos Antonio, llevan meses en centros de detención luchando para evitar la deportación. Otros tres miembros de su familia, su hijo Yony, su primo Osman y su sobrino Leonel, fueron detenidos en los últimos meses y estuvieron a punto de ser entregados a la Patrulla Fronteriza, pero lograron evitarlo.
"Parece que la vida está ensañada en hacernos daño a nosotros", se lamenta mientras una decena de niños de la familia, entre ellos los hijos de 3 y 5 años que Nelly dejó cuando la detuvieron, juegan en la casa ajenos a la situación.
Huyendo de la violencia de las maras
Los males de los Huete comenzaron en el año 2000 cuando, por una venganza, empezaron a matar a su familia en su ciudad natal, Choluteca. Según cuenta Nilsa, los perseguían las maras, una versión que Univision Noticias no ha podido comprobar de manera independiente.
Ese año mataron a su primo, al año siguiente a su tío y dos años después le tocó el turno a su propio padre. "Fue en ese momento, después que pasó la novena que se le hace a los difuntos en mi país, (que) yo decidí salir de ahí. Mi hermano y yo, como éramos los mayores, se suponía que nosotros éramos los próximos (...) Era lo que decían, que iban a terminar con el último, que se iban a beber la sangre de los Huete".
Tras un tiempo en la capital hondureña trabajando para enviar dinero a los cuatro hijos que tenía hasta entonces, Nilsa decidió que tenía que migrar a EEUU y comenzó una travesía de meses para cruzar México hasta llegar a la frontera con Texas. Una vez en territorio estadounidense, pasó 15 días de autobús hasta reunirse con un tío suyo que vivía en los Cayos de Florida.
Por eso, cuando en marzo de 2006 llegó a Key West, una ciudad costera de palmeras y vibrante vida nocturna a la que se accede a través de puentes interminables sobre el océano, Nilsa tenía claro el plan: reunir el dinero suficiente para mandar a Honduras y volverse a reunir con sus hijos.
En una ciudad que vive del turismo no le fue difícil encontrar empleo limpiando hoteles y posadas y juntar el dinero para comenzar a traer al resto de su familia.
Pero el camino de sus hijos y hermanos para reunirse con ella no fue fácil: en el recuento de esos viajes hay historias de secuestros y pagos de rescates, palizas en el desierto y menores refugiados en albergues antes de ser entregados a su familia.
¿En la mira de los agentes del alguacil?
Si pensaban que llegar a Key West supondría el fin de sus problemas estaban equivocados. De ser perseguidos para matarlos, pasaron a ser perseguidos para ser deportados: en los últimos meses han visto cómo cinco miembros de la familia han sido arrestados para entregarlos a las autoridades migratorias.
La primera fue su hija Nelly. Un oficial del condado la paró el 19 de marzo mientras manejaba de camino a la lavandería con la ropa sucia de sus hijos Suany, de 5 años, y Christopher, de 3. En las cámaras corporales de los agentes se puede ver cómo detienen a la joven porque los vidrios de su auto son más oscuros de lo permitido. Cuando los agentes se dan cuenta de que no tiene licencia y que es la segunda vez que la habían parado por lo mismo (en Florida los indocumentados no pueden obtener carnet de conducir), deciden llamar a la Patrulla Fronteriza.
Después le tocó el turno a Marcos Antonio Huete Hernández, hermano de Nilsa, quien fue detenido el 27 de abril después de que una mujer lo atropellara cuando iba a su trabajo en bicicleta. [El video que acompaña esta historia recoge esos momentos ].
El caso, reportado en mayo por Univision Noticias, generó conmoción a nivel nacional. Las cámaras corporales de los agentes muestran cómo uno de los oficiales le preguntó si era "ilegal" incluso antes de saber si estaba bien o si necesitaba una ambulancia. En las imágenes se ve cómo su actitud con el inmigrante contrasta con cómo se dirige a la conductora de la camioneta que lo atropelló, una estadounidense, a quien el agente trataba de tranquilizar.
Marcos Antonio Huete fue atendido en un hospital por los golpes del accidente, pero los agentes del condado que llevaron su caso fueron a buscarlo, lo hicieron volver al lugar del choque y lo entregaron a la Patrulla Fronteriza.
Poco más de un mes después del incidente con Marcos Antonio, el 10 de junio, otro hijo de Nilsa, Yony, y su primo Leonel fueron detenidos por dos horas por una patrulla cuando estaban sentados en un auto estacionado.
Según el reporte del arresto al que tuvo acceso el periódico local The Blue Paper, el motivo de la parada de tráfico fue que el carro de los jóvenes estaba aparcado "parcialmente en la calzada". Además, escribieron que decidieron llamar a la Patrulla Fronteriza para "traducir del español", aunque en las imágenes se puede ver a un cubano que estaba en el lugar de la escena ayudando con la traducción.
La versión de los jóvenes es bien distinta. Ellos aseguran que los detuvieron sin motivo: "Puro abuso de los americanos. Racistas", se le oye decir a Leonel, de 17 años, en la parte de atrás de la patrulla.
En el audio de las cámaras también se escucha cómo uno de los agentes insiste en que no se fía de los jóvenes porque "susurran mucho" y, pese a que su compañero le dice que no encontró nada en el carro, no los liberan hasta que llega la Patrulla Fronteriza y comprueba que ambos tienen solicitudes de asilo en proceso.
Este no fue el último encuentro de la familia con los agentes del condado de Monroe. El 6 de julio, un primo de Nilsa, Osman Torres Huete, de 23 años, fue detenido cuando regresaba en su auto del supermercado. En la cámara policial se ve al agente explicar que lo detuvo porque el vehículo estaba a nombre de alguien con la licencia expirada y por una luz trasera mal arreglada.
Al ver que manejaba sin licencia, el agente mandó a Osman a la cárcel en Stock Island. Dos días después de la detención y cuando estaban a punto de entregarlo a las autoridades migratorias, una abogada de Key West consiguió sacarlo de la cárcel tras demostrar que hubo un fallo administrativo en el proceso.
Pese a que su prima Nilsa había pagado 1,000 dólares de fianza para sacarlo de prisión y tenía un recibo que lo demostraba, el condado no tenía registro de ese pago por ningún lado. Por eso, pusieron en libertad a Osman, que ya se ha reincorporado a su trabajo como electricista y está a la espera de una audiencia por el caso de tráfico el próximo 13 de septiembre.
Una ciudad de inmigrantes
Con esta sucesión de detenciones a familiares, Nilsa se siente perseguida. "¿Será que están ensañados con mi familia? Imagínese. Ya van cinco casos de la misma casa", se pregunta.
Pero la oficina del alguacil insiste en que no tiene una política oficial de entrega de indocumentados y que la decisión de llamar a las agencias de control migratorio es discrecional de cada oficial.
La portavoz de prensa de la oficina del alguacil del condado de Monroe, Becky Herrin, se limitó a decir que no respondería a la solicitud de Univision Noticias que cuestionaba los criterios de los agentes para tratar estos casos y por qué, cuando se detuvo a los miembros de la familia de Nilsa, siempre se contactó a las autoridades migratorias.
La entrega de indocumentados a Inmigración en la zona ha generado controversia en Key West, que en mayo aprobó una resolución por la que se definía como una "ciudad de acogida" que depende ampliamente de la mano inmigrante y recomendaba a los agentes de la policía local no preguntar por el estatus migratorio "salvo que sea esencial para la aplicación de la ley".
Key West es solo una pequeña parte del condado de Monroe que se extiende por más de 983 millas cuadradas de islas y territorio peninsular en ambas costas de Florida. Todas las detenciones de la familia Huete se produjeron en Stock Island, una isla aledaña a Key West, que no está bajo la jurisdicción de esa ciudad.
Naja y Arnaud Girard, los editores de The Blue Paper, un pequeño medio digital de Key West, han investigado desde principios de año las entregas de indocumentados a las autoridades migratorias.
Aunque ni el condado ni la Patrulla Fronteriza ofrecen esos datos, han encontrado algunos patrones que se repiten en los registros policiales. “Naja buscó los registros de arrestos de la cárcel y, si miras a la gente y los nombres, muchos son hispanos”, explica Arnaud.
Su periódico es el único medio que ha dado seguimiento a estos casos y, según explican, la cobertura les ha costado insultos y críticas en las redes sociales de quienes consideran que los agentes del alguacil simplemente están haciendo su trabajo.
La Patrulla Fronteriza y la oficina del alguacil tampoco ofrecieron datos a Univision Noticias del número de detenciones de indocumentados en la zona durante el último año. En EEUU, los arrestos de indocumentados aumentaron en un 40% en los primeros seis meses de gobierno del presidente Trump.
Días después de llegar a la Casa Blanca, el presidente decretó que reduciría fondos federales a toda jurisdicción que se niegue a colaborar de alguna forma con los agentes de inmigración y activó la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hacer acuerdos con las policías locales para que sus agentes arresten a indocumentados y los entreguen para ser puestos en proceso de deportación acelerada o expedita.
Tras la elección de Donald Trump y con el aumento del reporte de los crímenes de odio y el rechazo a los inmigrantes, el comisionado de Key West Sam Kaufman promovió una resolución para reafirmar a la población que no se toleraría la discriminación de ningún tipo.
Kaufman también ha pedido al condado que diga claramente cuál es su política de entrega de indocumentados a Inmigración: "Decir simplemente que no hay política añade confusión y hostilidad", le dijo a Univision Noticias. "Si tú dices como líder de una oficina pública de seguridad que no tienes una política, ¿cómo podemos sentirnos seguros de si esas políticas son justas y que se están aplicando sin distinciones o discriminación?".
Y ahí es donde entran las suspicacias de Nilsa. “Desde que le ven la cara a uno y ven que somos hispanos, saben que no tenemos documentos”, afirma. Ella asegura que cuando llegó a EEUU no pidió asilo por falta de información y miedo a ser deportada. Tampoco lo hizo con los primeros miembros de su familia en llegar al país.
Ese fue el caso de su hija Nelly, que desde marzo está detenida y también el de su hermano Marcos Antonio, detenido en el centro de Krome de Miami. Su familia ha contratado abogados para tratar de evitar la deportación de ambos.
No todo son malas noticias para la familia de Nilsa. Recientemente, las autoridades le informaron a una de sus hijas pequeñas, Claudia, que le otorgaron asilo. Es la segunda de la familia, después de su nieta Suany, mientras que otros hijos y hermanos continúan en el proceso para conseguirlo.
Por el momento, además de muchos disgustos, las detenciones de los miembros de su familia les han generado una pila de facturas de más de 15,000 dólares entre fianzas, abogados y dinero para Marcos Antonio y Nelly mientras están detenidos.
Además, sin el salario de los dos trabajos que tenía Marcos Antonio lavando platos en un restaurante y pintando casas y del empleo de Nelly limpiando una pensión, cada vez es más difícil pagar las cuentas.
"Hay días que yo quisiera decir hasta aquí porque estoy mal de salud", afirma Nilsa, que sufre fuertes dolores de espalda y toma pastillas para aliviar el dolor y poder acabar la jornada laboral.
"Pero yo no me puedo tirar porque si yo me tiro qué pasaría con mi hija, qué pasaría con mis nietos, con mi hermano... Yo siento que tengo que seguir para que ellos puedan salir de donde están porque ellos no pueden regresar al país, no pueden…. Si el juez decidiera regresarme mi hija (a Honduras), sería como mandarla a la carnicería".
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