EEUU pone fin a tres años del Título 42, pero ahora los migrantes enfrentan nuevas restricciones en la frontera
Tres años después de haber sido activada por la pandemia del coronavirus, el gobierno de Joe Biden puso fin a la vigencia del Título 42, una vieja política de seguridad sanitaria que no solo ayudó a detener la propagación del coronavirus, sino que también frenó la entrada al país de inmigrantes indocumentados.
Se estima que más de 2.2 millones de extranjeros se vieron afectados en estos tres años. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes sostienen que, en muchos casos, la expulsión expedita los condujo a situaciones de mayor peligro cuando tenían una razón válida para pedir asilo.
La controvertida regla otorgó poderes extraordinarios a los agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) para, en uso de su discrecionalidad, decidieran en el momento de las detenciones:
- Expulsarlos o devolverlos a México de manera acelerada;
- Deportarlos bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA); y
- Procesarlos y referir probables casos de asilo cuando los extranjeros manifestaran miedo creíble, para que un juez de inmigración decidiera su futuro en el país.
El martes, dos días antes del levantamiento de la cuestionada política, Biden dijo que su gobierno se preparaba para un incremento significativo en la llegada de inmigrantes. "Está por verse. Será caótico por un tiempo", indicó a periodistas poco después de sostener una conversación vía Zoom con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Desde este viernes las restricciones cambian y las nuevas reglas exigen a los inmigrantes utilizar nuevos caminos legales para entrar a EEUU:
- A través de un parole humanitario (si se trata de extranjeros provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela).
- Por medio de la reunificación familiar (si son inmigrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras) una vez aprobado un trámite (el formulario I-130).
- A través de la aplicación CBP One, donde se obtiene una cita para presentarse en un puerto fronterizo.
- Haber pedido asilo en el país por el que transitaron antes de llegar a la frontera con EEUU.
Todo extranjero que llegue a la frontera sin cumplir con estos requisitos, será detenido y deportado de manera expedita bajo la figura de otra vieja regla, el Título 8, e incluso ser sancionado con hasta 5 años fuera sin poder ingresar legalmente a Estados Unidos.
“Si alguien llega a nuestra frontera sur después de la medianoche (de este jueves) se presumirá que no es elegible para asilo y estará sujeto a consecuencias más severas por ingreso ilegal, incluida una prohibición mínima de cinco años de reingreso y posible procesamiento penal”, precisó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
“La transición al procesamiento del Título 8 será rápida e inmediata. Hemos aumentado 24,000 agentes y oficiales de la Patrulla Fronteriza, y miles de tropas, contratistas y más de mil oficiales de asilo y jueces (de inmigración) para llevar a cabo esto”, dijo Makorkas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves en la tarde.
El funcionario dijo que el departamento bajo su mando está “consciente” de los desafíos que probablemente se enfrentarán en los próximos días y semanas, “y estamos listos para enfrentarlos”.
Mayorkas dijo que “ya estamos viendo un alto número de encuentros (con inmigrantes) en ciertos sectores” de la frontera con México.
Cómo funcionó la frontera hasta este jueves con el Título 42
En la mayoría de los casos los extranjeros hallados o detenidos fueron deportados de manera expedita, según datos de la CBP. Y en cuanto a los casos referidos a los tribunales de inmigración, quienes no representaron una amenaza a la seguridad pública, nacional o fronteriza fueron colocados en el Programa Alternativas de Detención (ATD) para que aguardaran en libertad la resolución de sus casos de asilo referidos a los jueces de inmigración.
En agosto del año pasado, un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, mencionó que unos 300,000 inmigrantes se encontraban siendo monitoreados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia que supervisa el programa de libertad condicional. Pero no todos los liberados han ganado sus casos. La mayoría, según el TRAC, pierden los juicios, entre otras causas, por no contar con asesoría legal.
Las críticas, sin embargo, no solo se enfocan en los procedimientos de expulsión y uso de la discrecionalidad de los agentes federales, sino en los cambios a los procedimientos dentro del debido proceso migratorio al no permitir que todas las personas pidan asilo en o a través de puertos fronterizos, como señala la ley, y sean los jueces de inmigración -y no agentes federales fronterizos- quienes decidan sus futuros en Estados Unidos. A partir de ahora han que hacerlo a través de un patrocinador, una petición familiar o una aplicación por medio de un dispositivo móvil.
AILA recuerda promesa de campaña de Biden
En enero, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) le recordó al presidente Biden que, durante su campaña en 2020, se pronunció “en contra de las políticas de su predecesor declarando que ‘los desafíos que enfrentamos no se resolverán con una emergencia nacional constitucionalmente dudosa para construir un muro, separando familias o negando asilo a personas que huyen de la persecución y la violencia’”.
También advirtió que los planes para prohibir el tránsito de inmigrantes que huyen de sus países en busca de asilo constituyan una “inadmisible y potencialmente mortal” política fronteriza basada en prohibiciones y nuevas regulaciones, así como la puesta en vigor de la Regla del 3er País de Asilo (señala que, si una persona cruzó por un tercer país antes de llegar a EEUU, debe pedir asilo en esa nación. Si se lo niegan, entonces puede pedirlo en la frontera. De lo contrario, será expulsado de inmediato).
La asociación, que agrupa a unos 17,000 abogados en todo el país, puntualizó que “esto es cierto independientemente de si su entrada es por un puerto de entrada designado o no, así como el estatus que tiene el solicitante de asilo”, en referencia a los indocumentados. Y añadió que la ley federal solo permite circunstancias muy limitadas cuándo el gobierno puede limitar este derecho de acceso al asilo”.
La entidad también teme que las nuevas regulaciones que reemplazan al Título 42 dificulten el acceso de los inmigrantes a “ un derecho pleno y justo procedimiento para determinar una solicitud de asilo o protección temporal equivalente, y que el solicitante de asilo no verá amenazada su vida o su libertad a causa de un motivo protegido”.
Dudas respecto a la bondad del programa
Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes aplauden la cancelación del Título 42, pero coinciden en que las nuevas regulaciones anunciadas por el gobierno no garantizan el respeto al debido proceso migratorio.
“Si bien estamos de acuerdo con el fin del Título 42, debemos asegurarnos de que estamos implementando un plan que sea bueno para quienes buscan seguridad en los Estados Unidos y quienes intentan ayudarlos”, dijo Joan Rosenhauer, director ejecutivo del Servicio Jesuita a Refugiados de Estados Unidos (JRS/EEUU).
“Nuestro enfoque permanece en aquellos que intentan solicitar asilo de acuerdo con nuestras leyes, ayudándolos en el siguiente paso de su viaje hacia la seguridad”, indicó.
El JRS/EEUU advierte que las nuevas normas temporales de asilo anunciadas por el gobierno interpretan de manera diferente la política de asilo aprobada por el Congreso. “Estamos viendo una afluencia de personas que necesitan ayuda y puede ser abrumador”, dijo María Torres, directora de Programas Nacionales del JRS/EEUU. “Siendo realistas, vemos personas que han arriesgado sus vidas para venir aquí y muchos no tienen nada más que una manta, si eso. La situación para muchos aquí es terrible”.
Las organizaciones exigen al gobierno apoyar políticas que “reconozcan la dignidad inherente de quienes buscan protección en Estados Unidos y que el gobierno priorice la implementación de un sistema de asilo justo y humano, de acuerdo con los valores establecidos desde hace mucho tiempo en nuestro país y enmarcados en el debido proceso.
“Hay que ver cómo funciona”
Abogados de inmigración consultados por Univision Noticias o están seguros del éxito que tendrán las nuevas políticas migratorias de Biden en la frontera. Tampoco respecto al resguardo del debido proceso migratorio.
“Si las medidas funcionan como deben de funcionar, como fueron escritas, entonces no deberían dañar el debido proceso. Pero para asegurarlo debemos esperar a que entren en funcionamiento. Mientras, seremos testigos si son buenas o no, con el riesgo que muchos casos se vean afectados y enfrenten deportaciones aceleradas”, previene José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida.
Si bien Guerrero confía en que la expansión de la cobertura del CBP One descongestione la frontera, advierte que la nueva meta de 1,000 citas diarias ofrecidas “la cantidad es mínima considerando que en el lado mexicano hay más de 170 mil personas aguardando y la cifra seguirá creciendo”.
A la pregunta si los procesos anunciados serán efectivos, dijo que “los procesos hasta ahora son ordenados. Hay un parol (perdón) humanitario, otro basado en familia (por medio de reunificación) y una aplicación móvil ( CBP One). El problema se generará cuando uno de estos nuevos programas o todos no funcionen como está escrito y el fallo no le oportunidades de asilo a las personas que huyen de sus países”.
En cuanto a quienes no tienen patrocinador o familiar ciudadano o residente legal en Estados Unidos y viene en busca de asilo y se presenta en la frontera, Guerrero dijo que esa persona tiene que ser puesta en una entrevista de miedo creíble y, si no la pasa, todavía tiene derecho a ir ante un juez de inmigración”.
Las deportaciones serán más expeditas
Para otros, como Ezequiel Hernández, quien ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Noticias Univision, quienes tengan un patrocinador y logren entrar por vía aérea a Estados Unidos, tendrán dos años para pedir asilo. El punto es que cuando lleguen a la corte, quizás el juez diga que no hay miedo creíble y pierdan su caso. Entonces recibirán una orden de deportación, a menos que legalicen sus permanencias por cualquier otra vía legal disponible”.
Hernández confirma que, definitivamente, “hay una dinámica que va a cambiar” en la frontera y nada será igual que antes de la entrada en vigor del Título 42 en los primeros meses de 2020.
“Habrá más deportaciones por política o más negaciones de asilo porque debido a los nuevos programas y quizás menos gente será atendida en la frontera. Por otra parte, el gobierno asegura que habrá más agentes procesando casos en la frontera y más jueces para hacer deportaciones expeditas. Por eso, creo que todo cambiará.
Sin embargo y a pesar del optimismo mostrado hasta ahora por el gobierno, Hernández teme que, por tratarse de nuevos planes con poca experiencia, “habrá problemas” que lamentablemente afectarán casos en los que probablemente exista una causa real de asilo, pero la imperfección de los pocesos hará que sean desestimados y se activen procesos de deportación acelerados.
“Si todos están bien entrenados, no debería haber problemas. Pero tenemos que comenzar con algo. Y si la gente logra entrar y les dan cita en un tribunal de inmigración, será para dentro de unos siete meses aproximadamente. Y deben entender que preparar un caso de asilo en Phoenix cuesta entre $6,000 y $12,000 incluyendo la representación en Corte. Cuando uno habla esto con los clientes, entran en pánico y dicen que no tienen evidencia ni dinero para justificar un reclamo de asilo y pagar un abogado”.
Hernández agregó que en este tipo de escenario se da como consecuencia una orden de deportación, la apelación si hay recursos y el enforzamiento de esa orden por parte de ICE. “Un proceso doloroso que pone fin al sueño americano”, dice.
‘Título 42 light’
Ángel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida, dice que las nuevas reglas temporales de asilo de Biden que reemplazan al Título 42 “si afectan al debido proceso migratorio” aprobado por el Congreso y que estuvo vigente hasta marzo de 2020, antes del cierre de las fronteras y de la pandemia del COVID-19.
En cuanto a la efectividad de las nuevas reglas temporales, advierte que ayudarán al gobierno a deportar un mayor número de extranjeros que no cumplan con las nuevas reglamentaciones que, a su vez, dan a los agentes fronterizos más herramientas para proceder a la deportación expedita de extranjeros,
Leal explicó que la regla provisional de asilo de mayo de 2022 permite a los agentes de asilo del servicio de inmigración (USCIS) llevarlas a cabo en tres días o menos “y en caso de aprobar un asilo hacerlo en un plazo entre e 21 a 45 días. Y si no autorizan el asilo en ese tiempo, referir a la Corte de Inmigración el caso para que sea revisado en un corto período. El punto es que en esos plazos la mayoría de no podrá conseguir ayuda ni conseguir pruebas o evidencias que justifiquen el pedido de asilo”.
Ante este escenario, Leal teme que muchos casos serán negados por fata de preparación y representación legal”. Y que la Regla del 3er País Seguro publicada en febrero en el Registro Federal, que entra en vigor el 11 de mayo (día en que se elimina el título 42), permitirá al gobernó descalificar automáticamente a todas aquellas personas que pidan asilo, pero cruzaron por un tercer país antes de llegar a Estados Unidos. Eso significa que miles de inmigrantes ya no tendrán capacidad de pedir la protección del gobierno porque no lo hicieron en otro país previamente”.
Leal dice además que “si no existe un temor creíble, evidencias, situaciones extremas, no hay un patrocinador o un familiar que lo pida y tampoco califica ara un programa vigente a través de la aplicación CBP One y no pidió asilo por un tercer país, quedara deshabilitado”.
El nuevo programa temporal del gobierno para la frontera "no es otra cosa que un Título 42 light", indicó.
“La combinación de estas especificaciones, creo que va a crear una situación, en la mayoría de los casos de asilo, de solicitudes negadas que enfrentarán deportaciones aceleradas bajo el Título 8 de la INA con castigos de 5 años sin poder entrar legalmente a Estados Unidos”, remarcó.
Los centros regionales
Además de los programas humanitarios con patrocinador y peticiones familiares, la aplicación CBP One y la Política del 3er País Seguro, Biden prepara la instalación de Centros Regionales de Procesamiento en América Latina (Colombia y Guatemala, por ahora) que “ayuden a identificar a las personas con necesidades de protección y brinden información y asistencia de procesamiento para acceder a vías legales a los Estados Unidos y otros países”, explica un informe del Migration Policy Institute (MPI).
Estos centros, agrega, están diseñados para aliviar la presión en una frontera que es testigo de flujos hemisféricos cada vez mayores, en un momento en que el gobierno restringirá parte del acceso al asilo y se volverá mucho más consistente en devolver (expulsar) a algunos posibles migrantes a sus países de origen.
El MPI también dice que estos centros “están diseñados para eliminar a los contrabandistas de la ecuación al brindarles a las personas acceso a protección y vías legales antes en su viaje de migración y, finalmente, antes de que crucen las fronteras internacionales”.
Pero la pregunta que muchos se hacen es “¿cómo funcionarán? Por ahora no hay respuestas. “Están en un embrión”, dice Hernández. “Lo sabremos cuando arranquen las operaciones. Habrá que esperar”.
