Informe revela temores de que niños migrantes terminen en manos de traficantes
El informe de una investigación legislativa a la que tuvo acceso la agencia de noticias The Associated Press reveló que las demoras del gobierno federal en la implementación de reformas anunciadas en 2016, durante el último año del gobierno de Barack Obama, están abriendo la posibilidad de que los niños migrantes que llegan a la frontera EEUU-México queden en manos de traficantes de personas.
En abril de 2016 de desató una oleada de críticas sobre las autoridades después que el gobierno revocara las políticas de bienestar infantil que protegían a los menores no acompañados que huían de la violencia en Centroamérica.
Varios legisladores dijeron el jueves en Washington DC que las agencias encargadas de velar por el cuidado de menores migrantes aún no han determinado quién se encargará de ellos en Estados Unidos mientras sus casos de asilo sean resueltos.
En 2008 el Congreso aprobó la ley William Willbeforce de Reautorización para la Protección de Víctimas de Tráfico de Personas (TVPRA), que no permite que menores inmigrantes indocumentados que viajen solos sean deportados de inmediato como ocurre con los mexicanos y los canadienses cuando son detenidos por la Patrulla Fronteriza.
La ley exige que sean entregados al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) para ser procesados en los tribunales de inmigración y que sea un juez quien decida sus futuros en Estados Ungidos.
La crisis de 2014
A comienzos de junio de 2014 y tras la detención de unos 46,000 niños indocumentados solos en la frontera por agentes de la Patrulla Fronteriza en lo que iba del año fiscal, el presidente Barack Obama reconoció la existencia de una crisis sin precedentes.
La mayoría de los inmigrantes de la oleada provenían del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), quienes huían de sus países a causa de la violencia y la pobreza.
Un estudio de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de 2015, reveló que en 2009 el gobierno de Estados Unidos detuvo a 4,049 niños solos sin papeles en la frontera. En 2011 la cifra saltó a 10,443, se duplicó a 21,537 en 2013.
En 2014 la cantidad de detenidos pasó de los 69,000, al igual que el número de unidades familiares (niños acompañados por un adulto). En 2016 el gobierno anunció cambios al programa como parte de un esfuerzo para contener el flujo de migrantes.
Larga espera
Desde el estallido de la crisis el gobierno estadounidense ha ubicado a más de 180,000 menores con padres u otros responsables adultos a lo largo y ancho del país. Los menores van a la escuela al tiempo de avanzan sus procesos migratorios, muchos de ellos estancados debido a la acumulación de más de 700,000 expedientes en las cortes de inmigración.
La investigación en manos del Senado halló que en 2016 “más de una veintena de menores no acompañados fueron derivados a hogares donde sufrieron abusos sexuales, no recibieron alimentación o fueron forzados a trabajar”.
Agrega que los adultos que se hicieron cargo del cuidado de los menores no fueron “sometidos a revisiones exhaustivas, eran poco comunes las inspecciones a los hogares y las autoridades en ocasiones no se enteraban de que los adultos habían acogido a otros niños, un posible indicio de tráfico humano”.
El HHS, indica, ha usado sus limitados recursos para tratar de ayudar a niños en riesgo que necesitan protección adicional. Y el año pasado el departamento ofreció ubicar a un tercio de los menores sin acompañante, según la Subcomisión Permanente de Investigaciones de la Cámara Alta.
A pesar de ello, organizaciones y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes han denunciado que es muy difícil saber la cantidad exacta de menores que son vulnerables, en parte porque muchos de los migrantes citados para una revisión posterior desaparecen y además, los adultos pueden rehusar ser visitados, reportó la AP.
Bajo la lupa
Tras los cambios del 2016, Human Rights Watch junto a otras organizaciones de derechos humanos, exigieron al gobierno que pusiera fin a la política de deportaciones que en ese momento estaba separando a familias que huyen de la violencia en sus países y llegaban a la frontera de Estados Unidos en busca de asilo.
“Nos preocupa la práctica de poner a las familias centroamericanas en proceso de deportación expedita”, dijo en ese momento a Univision Noticias Clara Long, investigadora principal para Estados Unidos de HRW. “Y también el que pongan a las familias en centros de detención privados por largo tiempo”.
“Casi el 70% de las mujeres que han huido y huyen intentaron encontrar protección en sus países antes de huir hacia Estados Unidos”, uno de los cruces más peligrosos en el que arriesgan sus vidas y nada garantiza que serán admitidos si son arrestados por las autoridades federales de inmigración, dice Elizabeth Kennedy, una investigadora de la Universidad de California que advirtió la crisis en 2013 a las Naciones Unidas.
Kennedy y las organizaciones que demandaron al gobierno de Obama en 2016, exigen que las autoridades federales traten a los niños y mujeres que piden asilo “con el debido respeto a los derechos humanos”.
A pesar de los esfuerzos, dos años después y bajo el gobierno de Donald Trump, la situación en la frontera ha empeorado. El lunes, el fiscal general Jeff Sessions ordenó el envió a la frontera de fiscales y jueces de inmigración para “que resuelvan los casos que puedan surgir” de inmigrantes que siguen llegando en busca de asilo.
A mediados de abril, la Casa Blanca publicó en el Registro Federal un memorando que pone fin a la política del “catch and reléase” (capturar y liberar), un paso más de la dura política migratoria de Trump que tiene como objetivo aumentar las detenciones de indocumentados y acelerar las deportaciones. También contempla la búsqueda de instalaciones militares para detener a indocumentados mientras se procesan sus casos de asilo.
El endurecimiento de la política migratoria desde que Trump llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017, no cambia las leyes vigentes. “Los migrantes que llegan a la frontera tienen el derecho de solicitar el asilo”, advierte Bárbara Hines, profesora retirada de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas en Austin. Pero con más limitaciones que durante los tiempos de Barack Obama.
