Cómo la crisis de migrantes en la frontera se agrava por un sistema colapsado que el Congreso aprobó hace décadas
Mientras los republicanos insisten en hacer creer que el problema de la inmigración indocumentada se origina en la frontera, la Casa Blanca defiende la recuperación del debido proceso migratorio. Los asesores del presidente Joe Biden confían que las mismas leyes aprobadas por el Congreso desde el año 1963 tienen suficiente capacidad de respuesta para lidiar con el problema, pero todo indica que la crisis, en vez de menguar, aumentará con el paso de las semanas.
El complejo sistema migratorio construido en Estados Unidos, y el conjunto de causas que provocaron la crisis, sumado a la inacción del Congreso y la polarización de ambos partidos, crearon las condiciones para una tormenta perfecta. Y mientras en Washington DC buscan respuestas, en la frontera sur se siguen acumulando miles de miles de personas que salen de sus países por distintas razones, muchos para entrar ilegalmente al país en busca de trabajo.
Pero los que vienen para pedir asilo no saben qué hacer porque nada garantiza que sus reclamos de asilo serán escuchados, procesados y aprobados.
Los que pagan de $8,000 a $12,000 a un coyote, si los arrestan y deportan, lo vuelven a intentar una, dos y hasta tres veces en un círculo vicioso que puede significar la muerte.
Cuando Donald Trump se lanzó a la conquista de la Casa Blanca, en 2015, utilizó el tema migratorio como plataforma para justificar un discurso antiinmigrante cargado de odio. Dijo de los mexicanos, refiriéndose a la totalidad de los extranjeros con y sin documentos de estadía legal, que eran unos criminales, traficantes de drogas y violadores. Y después de ganar la elección, en noviembre de 2016, siguió utilizando el mismo discurso para pedir dinero y financiar la construcción del muro a lo largo de la frontera, y poner en marcha su cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’.
“Grandes secciones de MURO ya se han construido”, escribió Trump el 31 de enero de 2019 en su cuenta de Twitter, que en enero de este año fue suspendida por haberla utilizado para incitar a sus partidarios el asalto del Capitolio con el objetivo de evitar la certificación del triunfo del entonces candidato, el demócrata Joe Biden.
“La renovación de las VALLAS existentes también es una parte muy importante del plan para finalmente, después de muchas décadas, asegurar adecuadamente nuestra frontera. ¡El Muro se está haciendo de una manera u otra!”, agregó.
Ocultando datos
Trump construyó un discurso ocultando y/o desvirtuando datos. Tanto en 2019 como ahora se niega a reconocer que la implementación de su política migratoria implicó desconocer leyes y acuerdos judiciales que garantizan el trato que el gobierno debe dar a los extranjeros que llegan a la frontera en busca de asilo, un recurso legal disponible aprobado por el Congreso. Tampoco contó con la aprobación mayoritaria de su partido, que controló la Cámara de Representantes y el Senado durante parte de su mandato
Biden, por el contrario, apostó por deshacer la ‘tolerancia cero’ y restablecer el viejo sistema. Pero ahora miles de personas golpeadas por los problemas crónicos de pobreza, violencia, corrupción, falta de trabajo, cambio climático y el azote de la pandemia dejan todo para dirigir sus pasos hacia el sur de Estados Unidos en busca de asilo, aunque ninguna de las razones que traen consigo justifiquen legalmente sus reclamos.
“La crisis de ahora (en la frontera) no es peor que antes”, dice Joe García, un excongresista demócrata por el estado de Florida. “Parte del error es que el gobierno anterior desconoció mucho de lo que hizo Obama para solucionarla. Ahora no sólo hay que enmendar y reparar los daños, sino aumentar la capacidad de respuesta”.
El comienzo de la crisis
Si bien Barack Obama batalló por encontrar soluciones al problema de la frontera, la respuesta fue tardía. En 2013 un grupo de investigadores de la Universidad de California advirtió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que el éxodo de centroamericanos estaba creciendo a pasos agigantados. La Casa Blanca fue advertida, pero la respuesta no fue inmediata. En julio de 2014, 15 meses más tarde de la advertencia y cuando la Patrulla Fronteriza había detenido -en lo que iba del año fiscal-, más de 46,000 Menores No Acompañados (UAC) e igual número de Unidades Familiares e inmigrantes adultos solos, fue que el mandatario se refirió al problema como una ‘crisis’.
Ahora, siete meses después de la Toma de Posesión de Biden, la misma crisis que remeció las últimas dos presidencias sigue dividiendo al país. Por una parte, los republicanos comparan los números obtenidos por Trump dentro de una narrativa negativa para resaltar los supuestos logros del republicano y achacar la crisis al demócrata, sabiendo que la crisis no se originó en la frontera. Y la Casa Blanca, mientras tanto, invierte tiempo y recursos intentando explicar su política migratoria y, al mismo tiempo, el éxodo, un flujo constante de personas que no cede a pesar de las medidas disuasivas implementadas a partir del 20 de enero.
Cabe destacar que el número de arrestos o aprehensiones incluye la cifra de inadmisibles, extranjeros que fueron detenidos y expulsados de manera acelerada. Por ejemplo, en el Año Fiscal 2019 la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) reporta haber arrestado 977,509 personas. De ellos 126,001 eran inadmisibles (bajo la Ley de Inmigración por haber cometido crímenes, habían sido deportados previamente o constituían una amenaza a la seguridad pública y nacional de EEUU). Y los 851,508 restantes hay que dividirlos entre:
Las medidas de Biden
Entre las medidas de disuasión activadas por el gobierno de Biden para recuperar el debido proceso migratorio y responder a la crisis de acuerdo con la ley vigente, se incluyen:
A su vez, el gobierno justifica su política migratoria indicando que, desde el 20 de enero y tras en retiro de la mayoría de las órdenes ejecutivas de Trump -y memorandos emitidos en los cuatro años anteriores, que en total sumaron más de 400- se han restablecido, entre otras, las siguientes políticas migratorias:
- ‘Catch and release’. Data de los años 90. Dice que los inmigrantes que llegan a la frontera en busca de asilo, carecen de antecedentes criminales, demuestran miedo creíble y no son prioridad de deportación, califican para esperar en libertad la resolución de sus casos en la Corte de inmigración.
- Acuerdo Judicial Flores de 1997. Los menores de edad no pueden permanecer más de 72 horas en poder de la Patrulla Fronteriza (CBP) no más de 20 días bajo el cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS). Deben ser entregados a familiares o titulares y esteran en libertad la resolución de sus casos en la Corte de Inmigración (EOIR).
- Asilo. Recurso legal disponible autorizado por el Congreso en 1980.
- Ley TVPRA de 2008. Sobre prevención de tráfico humano. Prohíbe al gobierno privar de libertad a menores de edad en cárceles o instalaciones federales y ordena protegerlos, respetar sus derechos y/o permitir acceso a defensa legal.
- Alternativas de detención. Aquellos que no están en la lista de prioridades de deportación tienen derecho a solicitar libertad bajo fianza o grillete electrónico mientras continúan sus casos de deportación.
Atasco histórico
La restauración de la política migratoria, sin embargo, se topa con un sistema colapsado. Los poco más de 520,000 casos acumulados en la Corte de Inmigración (EOIR) a finales de 2016 (el último año de gobierno de Obama), el número de casos aumentó a más de 1,2 millones a principios del 2021, mientras el promedio de resolución de expedientes se elevó a más de 3 años de espera.
El gobierno ha tomado medidas para acelerar procesos y descongestionar los tribunales de inmigración, pero debido a la crisis en la frontera y el cumplimiento de leyes y memorandos judiciales (vigentes y aprobados por el Congreso), pareciera que la situación no cambia, ni mejora.
Entre las modificaciones hechas hasta ahora, se cuentan:
- Devolución del poder discrecional a los jueces de inmigración para cerrar casos de deportación;
- ICE reactiva la discreción fiscal que permite cerrar casos de deportación de inmigrantes de baja prioridad de deportación;
- Nuevas prioridades de deportación enfocadas en aquellos extranjeros con cargos criminales graves;
- Disminución de operativos de arresto y deportación, y priorizar las detenciones solo en aquellos casos que representan una amenaza grave a la seguridad nacional y pública de Estados Unidos;
- Anulación de regla que obligaba a la Corte de Inmigración revisar la totalidad de fallos favorables de asilo.
“Todo se ha vuelto lento en los últimos años, pero ahora vemos que el gobierno tiene interés en corregir errores. El punto es que cada vez más personas de distintos países están huyendo y vienen a Estados Unidos buscando asilo, pero tenemos una ley (de inmigración) prehistórica que el Congreso debe modernizar y no lo hace. Y una Corte de Inmigración con una cola gigantesca de casos”, indicó.
Capacidad de arresto
El tema de la frontera es complejo y la manera en cómo se presentan los datos puede generar confusión a unos y beneficiar a otros que no necesariamente los divulgan de la manera adecuada, pero que batallan por construir una narrativa negativa de la realidad.
De acuerdo con los datos del CBP, en lo que va del Año Fiscal 2021 (1 de octubre del 2020 al 30 de junio de 2021), en la frontera con México han sido detenidos 1,119,204 extranjeros indocumentados, la cifra más alta desde 2006 (durante el gobierno de George W. Bush) cuando fueron arrestadas 1,089,092 personas. Es decir, hace 15 años.
Dos gobernadores republicanos, Ron De Santis (Florida) y Greg Abbott (Texas), fieles defensores del discurso antiinmigrante de Trump antes, durante y después de su presidencia, muestran la cifra de detenidos como el centro de la crisis y del debate migratorio, pero no mencionan, por ejemplo, el porcentaje de efectividad del gobierno de Biden en su capacidad de respuesta para detener el cruce indocumentado, ni la efectividad que tuvo Trump entre los años fiscales 2017 y 2021.
El 17 de julio De Santis publicó en su cuenta de la red social Twitter el siguiente mensaje: “El desastre en nuestra frontera es el resultado directo de que la Administración Biden puso fin a las políticas fronterizas de Trump que frenaron la inmigración ilegal, la afluencia de drogas y el tráfico de personas.”
El mismo día, Abbott escribió: “Los agentes del orden de Texas y Florida están trabajando las 24 horas del día para asegurar la frontera. Gracias, @GovRonDeSantis, por enviar recursos.
Juntos, mantendremos a nuestras comunidades a salvo de los carteles y los traficantes de personas que se benefician de la crisis fronteriza de Biden”.
En un segundo tuit, el mismo día, Abbott dijo: “El número de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera es el más alto en 20 años. Los demócratas de Texas están haciendo imposible proporcionar los fondos necesarios a nivel local para responder a esta crisis. Es hora de que regresen al trabajo y hagan su trabajo”.
Dos días más tarde, el 19 de julio, Abbott escribió: “Más de un millón de migrantes han sido detenidos en la frontera desde que Biden-Harris asumió el cargo. Los demócratas deben regresar a Austin para asegurarse de que las fuerzas del orden tengan los fondos que necesitan para enfrentar este desafío sin precedentes”.
Las estrategias de ambos gobernadores dejan dudas. Por una parte, no se trata de la cifra más alta en 20 años, sino en 15 años de acuerdo con los datos del CBP. Y la baja registrada en el Año Fiscal 2020 no está claro si obedeció a las políticas implementadas por Trump o se debió el cierre de la frontera por la pandemia del coronavirus.
Por otra parte, en el Año Fiscal 2019 hubo 977,509 detenidos en la frontera sur frente a los 521,090 arrestos registrados en el 2008, un aumento del 87.5%. La proyección, por tanto, indica que, sin la pandemia desatada en marzo de 2020, el número de detenidos hubiese superado las detenciones registradas en lo que va del año fiscal 2021 (una proyección estimada de 1.8 millones de arrestos en base al porcentaje de incremento entre 2018 y 2019).
El tema de la droga
Un argumento que ha utilizado Trump, antes, durante y después de su presidencia, es que a través de la frontera sur el país está siendo inundado de drogas que matan a miles de estadounidenses. Y ha hecho referencia, en particular, a drogas duras como la heroína, la cocaína y las metanfetaminas. Aunque es cierto, como lo dijo un artículo del diario The New York Times publicado en enero de 2019, que la mayoría de las drogas que llegan al país entran por la frontera sur, la propia DEA (Agencia Antidrigas de EEUU) ha sostenido que drogas como la heroína entran en vehículos que cruzan la frontera de manera legal, no por las áreas donde Trump erigió partes del muro fronterizo.
Datos de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) publicados en 2019 muestran, además, que la mayor parte de la droga que se decomisó en la frontera (exceptuando la marihuana, que ya es legal en varios estados del país) entre los años fiscales 2014 y 2018 ingresó por los puertos de entrada y no por la frontera ‘abierta’, como señalaron (y siguen señalando) los republicanos y el exmandatario.
El cruce ilegal
En enero de 2019 Univision Noticias reportó que, después de una larga discusión sobre los indicadores utilizados por el gobierno de Trump para tener una idea de cuál es la situación real en la frontera, en 2016 se comenzó a utilizar una nueva y más precisa metodología de medición, que fue recogida en un Reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las métricas de seguridad fronteriza publicado en mayo de 2018.
Según el informe, el número de cruces no detectados había caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur. De 851,000 en el Año Fiscal 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el Año Fiscal 2016.
Tres años más tarde, en el Informe del Año Fiscal 2020 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el último de la presidencia de Trump, el ministerio estimó que, de acuerdo con los datos disponibles sobre entradas ilegales exitosas entre los años 2017 y 2018 experimentaron un incremento. Y que la efectividad por encima del 95% en la capacidad de detención registrada entre los años 2006 y 2016 ( de más de 1 millón a menos de 56,000 por año al final del gobierno de Obama), se estaba revirtiendo.
De acuerdo con el reporte, la metodología utilizada para estimar el ingreso indocumentado exitoso mostró un aumento entre 2017 y 2018, los dos primeros años del gobierno de Trump, de al menos 11 puntos porcentuales con respecto a 2016.
No hay datos todavía en cuanto a las estimaciones de cruces ilegales exitosos durante el Año Fiscal 2020, y los datos del Año Fiscal 2021 se conocerán hasta el 2022. Pero la proyección apunta a que los números aumentaron durante el gobierno anterior a pesar de la vigencia de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, datos que los republicanos y Trump no mencionan en sus ataques a la política migratoria de Biden.
Las deportaciones
En materia de deportaciones ni Trump, ni quienes defienden su política migratoria, tampoco tienen razón. El exmandatario no pudo igualar o superar la marca dejada por el primer gobierno Obama-Biden (2009-2013). De acuerdo con datos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el número de deportaciones entre los años fiscales 2009 y 2012 fueron:
Los deportados durante el gobierno de Trump (2017-2021):
De acuerdo con las cifras, Trump deportó un 40.6% menos que Obama en sus primeros 4 años. Es decir, Trump expulsó un promedio diario de 649 inmigrantes (27 cada hora) frente a 1,094 diarios registrado durante el primer gobierno Obama-Biden (45.5 cada hora).
La mentira como arma política
En agosto de 2017 el diario The New York Times, al referirse a las mentiras de Trump apenas siete meses después de llegar a la Casa Blanca, dijo que “los políticos mienten para agrandarse, pulir sus trayectorias y cubrir sus fechorías, incluyendo sus amoríos”. Y citó a dos exmandatarios, Lyndon Johnson (por citar información falsa para justificar la guerra en Vietnam) y Bill Clinton (envuelto en escándalos de infidelidad).
Sin embargo, agregó, Trump “parece haber llevado lo que la escritora Hannah Arendt alguna vez llamó ‘el conflicto entre la verdad y la política’ a un nivel totalmente nuevo, cosa en la que concuerdan historiadores y asesores de ambos partidos políticos”.
Tres años y medio después, el 23 de enero de este año, el diario The Washington Post reportó que Trump desató sus falsedades con “creciente frecuencia y ferocidad”, y que al final de su mandato difundió “frenéticamente teorías locas de que la pandemia de coronavirus desaparecería ‘como un milagro’ y que le habían “robado las elecciones”, argumento que sigue utilizando. Y que la principal plataforma utilizada para difundir su mensaje fue a través de su cuenta en la red social Twitter.
Seguidamente, el periódico afirmó que el recuento final de la presidencia de Trump era de: 30,573 afirmaciones falsas o engañosas, y casi la mitad en su último año.
Mentir funciona
¿Por qué hacer afirmaciones falsas? ¿Por qué seguir usando el mismo discurso migratorio de siempre? ¿Por qué todavía millones de votantes siguen atentos escuchando este tipo de discurso?
“Donald Trump le ha apostado toda su carrera política a su base electoral”, dice Roberto Uzurieta, director de los programas de América Latina y Campañas Políticas de la Universidad George Washington.
“Le funcionó en la elección primaria y en la general de hace cuatro años, cuando fue electo presidente de Estados Unidos. A pesar de haber perdido la de medio período (los demócratas tomaron el control de la Cámara de Representantes) y el año pasado la reelección (le ganó Biden), Trump le sigue apostando a su base, al igual que apostarle a los antivacunas” (contra el covid-19), señaló.
En las elecciones del 3 de noviembre del 2020 Trump obtuvo 74.2 millones de votos (de electores que apoyan la política antiinmigrante de ‘tolerancia cero’) frente a los 81.2 millones de Biden (de votantes que apoyan una solución humana para el problema de los 11 millones de indocumentados por medio de una reforma aprobada por el Congreso). Si el expresidente decide lanzarse para los comicios del 2024, su equipo de campaña deberá sopesar si el discurso antiinmigrante tendrá el mismo efecto sin una cuenta en una red social como Twitter o Facebook que lo difunda.
El periodista José Fernando López colaboró con este reportaje.
