Ley SB4 de Texas: cómo una corte inferior puede dejar sin efecto una decisión de la Corte Suprema
Los recientes fallos judiciales sobre la ley SB4 de Texas, que castiga severamente la entrada indocumentada al estado fronterizo con duras penas de cárcel y autoriza a las policías locales arrestar a extranjeros bajo sospecha de cruzar la frontera entre puertos fronterizos, genera confusión e incredulidad por la aparente contradicción entre fallos y la rapidez en los que se han producido.
“Ha sido un lleve y trae muy técnico”, dice Ángel Leal, un abogado constitucionalista que además ejerce derecho migratorio en Miami, Florida. “La Corte Suprema primero detuvo su implementación, menos de 24 horas después emitió una segunda opinión autorizando su entrada en vigor y nueve horas más tarde un panel de mociones de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito anuló la sentencia de inconstitucionalidad emitida anteriormente por una corte federal de distrito y convocó a una audiencia, este miércoles, para revisar a fondo los alegatos tanto del estado de Texas como del gobierno federal”.
Leal advierte que la suspensión de la entrada en vigor de la SB4 ordenada por el tribunal inferior se trata de una decisión de carácter temporal administrativo y que el primer panel de la Corte de Apelaciones "no tocó el mérito de la demanda".
Por ese motivo, agrega, la decisión de anoche del panel de mociones de la Corte de Apelaciones interviene y determina “escuchar los problemas constitucionales de la ley” en una audiencia donde los abogados de ambas partes en la disputa entregan sus argumentos.
La segunda decisión emitida por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito dijo Leal, dejó sin efecto el primer fallo emitido por una corte de distrito que en su momento había declarado inconstitucional la SB4, lo que dio margen al estado de Texas a acudir a la Corte de Apelaciones basada en Nueva Orleans pasa desafiar el veredicto, revertir la sentencia y poner en vigor la SB4.
A la pregunta sobre el papel de la Corte Suprema en esta batalla, Leal dijo que el máximo tribunal de justicia deja abierta la puerta para “determinar por mérito legal y no por procedimiento administrativo. El objetivo es desarrollar el litigio completo” hasta agotar el debido proceso.
Cómo entender la disputa
A la pregunta respecto a qué fue lo ocurrido entre el lunes y el martes en la Corte Suprema, la respuesta no es fácil. “Los magistrados, obvia y abismalmente están divididos”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miani, Florida, y que trabajó más de 15 años como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.
Precisó que el segundo fallo, que autorizó la entrada en vigor de la SB4, permitió a la policía “detener, arrestar, encarcelar y deportar a los inmigrantes indocumentados sospechosos de haber cruzado la frontera a Texas sin autorización, incluso a aquellos que tienen casos de asilo pendientes” y que el gobierno federal nos dejó entrar para que defendieran sus derechos de permanencia en los tribunales de inmigración.
En resumen, la SB4 permite a las autoridades locales -de hecho, a cualquier policía de Texas- arrestar a los inmigrantes indocumentados por entrada ilegal al país. También autoriza a los jueces estatales emitir órdenes de deportación contra los inmigrantes deportándolos a México.
Sánchez-Roig señala que en la disputa jurídica “Texas ha argumentado que tiene derecho a tomar acción por lo que las autoridades del estado califican de una crisis en la frontera”. Pero que sobre este tema “los magistrados, como es característico, no explicaron su decisión” cuando permitieron que la polèlica ley entrada en vigior,
A juicio de la exfiscal, los dos fallos de la Corte Suprema parecen una “confabulación” que pone “patas arriba un siglo de ley dándole al gobierno federal el control de la aplicación de la ley de inmigración”, precedente ratificado tras la decisiópn sobre la ley SB1070 de Arizona y en junio del año pasado respecto a las priortidades de deportación del gobierno del presidente Joe Biden.
Resumen de la batalla en tribunales
El caso de la SB4 es parte de una lucha legal y política “mucho más amplia sobre la inmigración entre Texas, los republicanos nacionales y la administración de Biden”, dice Sáncghez-Roig.
Incluso, agrega, hay que mencionar “un enfrentamiento fronterizo en el que funcionarios de Texas negaron el acceso de la Patrulla Fronteriza a la frontera”.
La guerra comenzó cuando un juez de primera instancia determinó que la ley migratoria de Texas probablemente violaba la Constitución al suplantar la autoridad del gobierno federal sobre la aplicación de la ley de inmigración. Texas apeló la determinación ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, i stancia que emitió una orden de suspensión administrativa del tribunal inferior permitiendo entonces que la ley entrara en vigor.
Lo que vino después ya es conocido por todos. Al respecto, Sánchez-Roig cita los comentarios de Biden, de los jueces disidentes de la Corte Suprema y de organizaciones quienes advierten del peligro de la toma de decisiones que le quiten al gobierno federal el control sobre la implementación de la ley federal de inmigración.
La Casa Blanca dijo que no estaba de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema en el caso. “La ley no sólo haría que las comunidades de Texas sean menos seguras, sino que también supondrá una carga para las fuerzas del orden y sembrará caos y confusión en nuestra frontera sur”.
A su vez, la jueza Coney Barrett señaló en una opinión concurrente a la que se unió el juez Brett M. Kavanaugh, que el caso se encuentra en una “postura procesal muy inusual” porque la Corte Suprema normalmente no revisa las suspensiones “administrativas” emitidas por los tribunales inferiores. Y agrega que “actualmente el 5º Circuito está decidiendo si emite una “suspensión pendiente de apelación” que normalmente es revisada por el tribunal superior”.
La jueza Sonia Sotomayor, por su parte, en el segundo fallo del máximo tribunal de justicia que autorizó la entrada en vigor de la SB4, dijo en un voto disidente al que se unió la jueza Ketanji Brown Jackson, que la decisión mayoritaria invita a “mayor caos y crisis en la aplicación de la ley de inmigración” y dio “luz verde” a una ley que un tribunal inferior ya consideró probablemente inconstitucional.
“Esta ley perturbará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación de la ley, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y monitorear amenazas inminentes a la seguridad y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o trata”, advirtió.
La jueza Elena Kagan tampoco se quedó atrás en sus comentarios. En una opinión disidente separada, criticó a la mayoría por poner demasiado énfasis en el procedimiento del 5º Circuito en lugar del efecto, lo que permitiría que la ley estatal afectara la política federal de inmigración. Llamar suspensión administrativa a una suspensión pendiente de apelación “no debería significar la diferencia entre respetar y revocar una ley de inmigración establecida desde hace mucho tiempo”.
Kagan señaló además que “la entrada y expulsión de no ciudadanos en particular, son asuntos que durante mucho tiempo se consideraron competencia especial del Gobierno Federal”. E indicó que los expertos legales expresaron que la SB4 podrá volver a presentarse ante la Corte Suprema en cuestión de semanas de cualquier manera una vez que el 5º Circuito decida nuevamente si se debe dejar pasar la ley”.
La visión de Kagan se cumplñió nueve horas más tarde con la decisión de un segundo panel de moción de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito que anulí la decisión de la corte federal de distrito y con ello detuvo la implementación de la SB4.
“No creo que la Corte Suprema resucite la SB4 sabiendo el caos que va a causar. Eso traería un caos total al mundo de las leyes de inmigración”, advirtió Sánchez-Roig.
