¿Qué pasa si se miente en el proceso para obtener la ciudadanía estadounidense? Estas son las duras consecuencias
Una sola mentira durante el proceso de ciudadanía puede ser suficiente para iniciar un proceso de rescisión de residencia de legal permanente (green card o tarjeta verde) y lo coloquen a uno en proceso de deportación de Estados Unidos. Así de grave resulta es no decir la verdad.
“Mentir es grave cuando se pide la ciudadanía estadounidense”, advierte Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “Y tiene que ver con dos tipos de hechos. Uno, la mentira, el decir cosas que no son ciertas; otra se relaciona con la presentación de documentos fraudulentos o la entrega de testimonios falsos”.
El problema es más grave de lo que muchos piensan. “Todo lo que se declara en la solicitud para pedir la ciudadanía estadounidense (formulario N-400 de USCIS) o las evidencias que se adjuntan, te dañan si se miente. Y ese registro queda para siempre”, señala.
Hernández dice, además, que “algunas de las clásicas mentiras registradas se relacionan, por ejemplo, con la cantidad de veces que entró a Estados Unidos, si ingresó ilegalmente al país alguna vez, si tiene hijos, si ha cometido crímenes, si se ha divorciado o casado antes o esconder el estado civil (matrimonio)”.
“Si después de declarar una mentira la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) obtiene información que contradice lo que declaró durante el trámite de solicitud, entonces le negará el beneficio que está pidiendo, iniciará un proceso para que le quiten la residencia y se abre la puerta para que pierda sus derechos de permanencia y un juez ordene su deportación”, precisó.
Qué dice el reglamento de USCIS sobre mentir en la ciudadanía
En abril de 2020 la USCIS actualizó la política sobre Declaración Falsa de Ciudadanía Estadounidense para que esté acorde con una decisión precedente de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) del Departamento de Justicia en el caso conocido como Matter of Zhang.
Este caso fue decidido en junio de 2019. En resumen, la BIA sostuvo que “no es necesario que las declaraciones falsas de ciudadanía estadounidense sean hechas a sabiendas para que un extranjero resulte deportable bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)”.
A su vez, el Manual de Políticas “también aplica la decisión de BIA al reclamo falso de inadmisibilidad de ciudadanía estadounidense, ya que es prácticamente idéntico al motivo de deportabilidad”, puntualiza la agencia federal.
La norma indica que, según la ley, “un extranjero es inadmisible o deportable si se representa falsamente a sí mismo como ciudadano de Estados Unidos para cualquier propósito o beneficio bajo la ley de inmigración o bajo otra ley federal o estatal”.
Cabe señalar que el caso Matter of Zhang dejó claro que no es necesario que el gobierno “demuestre que hubo intención cuando se trata de representaciones falsas de la ciudadanía estadounidense”.
El caso Mezemr Abebe Belayneh
En junio de 2021 las autoridades federales anunciaron el arresto de un inmigrante de origen etíope bajo cargos de mentir durante el proceso de naturalización. Lo acusaron de haber participado en la persecución y tortura de opositores al gobierno de su país en la década de los años 1970.
La acusación alegó “mentiras” durante el proceso de naturalización, incluida la no divulgación de su participación en actos de violación de derechos humanos en Etiopía, según dijo en ese momento el Departamento de Justicia (DOJ).
El detenido, identificado como Mezemr Abebe Belayneh, de 65 años, estaba acusado de participar en la persecución de opositores durante la época del denominado “terror rojo de Etiopía”, una campaña de represión ejecutada entre 1977 y 1978 durante el gobierno presidido por el Consejo Administrativo Militar Provisional (DERG).
Abebe fue arrestado en Snellville (Georgia) bajo cargos penales relacionados con acusaciones de que “mintió para obtener la ciudadanía estadounidense”, señaló el DOJ. De acuerdo con la acusación, Abebe fue interrogador civil en una prisión improvisada en Dilla (Etiopía) durante un período a fines de la década de 1970.
“El acusado ordenó y participó en el severo abuso físico e interrogatorio de los presos detenidos por sus creencias políticas”, añadió la acusación. El DOJ dijo además que el inmigrante “obtuvo ilegalmente la ciudadanía estadounidense, a la que no tenía derecho, al ocultar su participación en el Terror Rojo cuando afirmó falsamente que no había perseguido a nadie por sus opiniones políticas y que nunca había cometido un delito y que no había sido arrestado”.
Miles de casos bajo la lupa por mentir en la ciudadanía
Las acusaciones de fraude en el proceso de ciudadanía no son frecuentes, “no suceden mucho, pero desde hace unos años hay una oficina en Los Ángeles que revisa miles de casos”, dice el abogado de inmigración Álex Gálvez, quien ejerce en California.
En diciembre de 2018 Univision Noticias reportó que la USCIS estaba contratando decenas de abogados para ampliar la oficina que revisa expedientes que supuestamente han obtenido la ciudadanía estadounidense de manera fraudulenta, todo ello en el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del entonces presidente Donald Trump.
Una vez localizados, los extranjeros naturalizados cuyos expedientes evidencian sospecha que hubo mentiras en el proceso de naturalización, reciben una Notificación de Comparecencia (NTA) ante un juez de inmigración donde enfrentarán un proceso para quitarles (rescindir) la ciudadanía. En otras ocasiones son arrestados, como sucedió con Abebe.
En los casos sospechosos, las evidencias por USCIS son enviadas al DOJ, cuyos abogados determinarán si proceden a eliminar las ciudadanías por medio de un juicio civil. En algunos casos, estas personas podrían recibir cargos criminales por fraude.
Gálvez recordó que en el formulario N-400, que se utiliza para pedir la ciudadanía estadounidense, "hay preguntas relacionadas con la participación en actos de tortura o violación de los derechos humanos. Si la persona no dice la verdad y la mentira luego es descubierta, puede enfrentar cargos criminales e incluso un proceso para rescindirle la ciudadanía estadounidense”.
“Por lo general este tipo de investigaciones que concluyen con un arresto arrancan tras una denuncia. O cuando cae una red de fraude. En este caso, todas las ciudadanías otorgadas por el agente involucrado en la investigación quedan en duda y son revisadas por las autoridades federales”, dijo.
La oficina de revisiones sigue operando
Gálvez señaló que la oficina de ‘desnaturalizaciones’ de USCIS en Los Ángeles “sigue funcionando”.
El programa de revisión de expedientes de naturalización fue creado en 2009 enfocado en la persecución de aquellos individuos que, se sabe o se sospecha, han participado en persecución, crímenes de guerra, genocidio, tortura, ejecuciones extrajudiciales, mutilación genital femenina y/o el uso o reclutamiento de niños soldados, señala el gobierno.
El DOJ insta al público que tenga información sobre violadores de derechos humanos en Estados Unidos “que se comuniquen con las fuerzas del orden a través de la línea de información de HSI 1(866) 347-2423 y los denuncien”.
Cabe señalar que en septiembre de 2018 el DOJ llevó a cabo el operativo ‘Janus’, que puso bajo sospecha alrededor de 315,000 ciudadanías por naturalización luego de que se determinó que las huellas digitales de esos casos no existían en la base de datos central.
Las autoridades sospecharon que algunos de esos cientos de miles de casos podrían estar relacionados con procesos hechos con la intención explícita de evitar revelar antecedentes criminales que hubiesen frenado tales ciudadanías.
El DOJ explicó en aquella ocasión que la operación se basó en un dictamen de un juez de Nueva Jersey, quien ordenó la “revocación de la ciudadanía estadounidense por naturalización al inmigrante indio Basljunder Singh, alias ‘Davinder’”.
Singh, originario de India, llegó al aeropuerto internacional de San Francisco el 25 de septiembre de 1991 sin ningún documento de viaje o prueba de identidad. El individuo, según explicaron las autoridades, dijo que se llamaba Davinder Singh. Una vez procesado fue puesto en proceso de deportación, pero no se presentó a su audiencia de inmigración y un juez emitió una orden de deportación en ausencia el 7 de enero de 1992. Cuatro semanas después, el 6 de febrero de 1992, Singh presentó una solicitud de asilo bajo el nombre de Baljinder Singh. En el documento afirmó ser un indio que ingresó a Estados Unidos sin inspección.
Singh abandonó esa solicitud después de que se casó con una ciudadana estadounidense que presentó una solicitud de residencia en su nombre. El individuo se naturalizó bajo el nombre de Baljinder Singh el 28 de julio de 2006, y desde entonces había residido en Nueva Jersey hasta que fue arrestado.
Gálvez recuerda que, en todos los casos en los que se pide un beneficio de inmigración, “el consejo es no mentir” para que, en el futuro en caso de una investigación, “no se arriesgue a perder el derecho de permanencia en Estados Unidos”.
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