EEUU no puede detener crisis migratoria a menos que cuente con apoyo de otros países, destaca informe
La solución al problema migratorio que vive Estados Unidos en la frontera sur desde al menos el 2013 no depende únicamente de la política que dicte el gobernante en turno, la oposición o los estados que se oponen a las reglas que dicta la Casa Blanca para administrar el uso de la ley federal de inmigración.
Cada vez, la gestión del problema de la inmigración indocumentada “requiere más de la cooperación de otros países”, sobre todo de aquellos de donde se está generando la inmigración irregular a Estados Unidos, señala in informe publicano por el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).
Incluso, añade, tampoco las políticas que están aprobando y poniendo en vigor algunos estados gobernados por republicanos, como Texas con la SB4, que castiga severamente la inmigración ilegal y ordena deportaciones inmediatas (aunque por ahora se encuentra detenida por los tribunales de justicia), el éxito no solo descansa en implementación, sino en la colaboración de México para recibir a los que ese estado regrese o deporte.
Y el gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha advertido que se negará a aceptar devoluciones de indocumentados por parte de Texas, postura que dificulta el éxito de la política antiinmigrante respaldada por el gobernador republicano Greg Abbott, un abierto defensor de la `política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.
La Cancillería mexicana ha señalado que el país tiene un “derecho legítimo a proteger los derechos de sus nacionales en Estados Unidos y a determinar sus propias políticas con respecto a la entrada a su territorio”, resaltaron los autores del estudio, los investigadores Muzaffar Chishti y Colleen Putzel-Kavanaugh.
Guerra de posturas
Por una parte, el gobierno de Joe Biden ha dejado en claro que seguirá defendiendo el debido proceso migratorio aprobado por el Congreso, pero ha advertido que, en caso de aumentar la crisis en la frontera con México, baraja planes para cerrar la frontera si el cruce irregular diario pasa de los 5,000.
También ha advertido que endurecerá los requisitos de asilo para desestimar prontamente casos frívolos y aumentará la deportación de aquellas personas que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos.
Además, Biden pide al Congreso fondos de emergencia para aumentar la capacidad de respuesta de su gobierno en la contratación de agentes federales y la creación de al menos 100 tribunales de inmigración.
Por otro lado, los republicanos insisten en un cierre inmediato de la frontera para detener la inmigración indocumentada, ejecutar las órdenes de deportación emitidas y poner fin a la captura y liberación (catch and release) de extranjeros en la frontera sur. Y Trump, el virtual nominado republicano a la presidencia en las elecciones de noviembre, ha prometido que, de regresar a la Casa Blanca, cerrará la frontera, llevará a cabo redadas masivas y deportará a millones de indocumentados desde el primer día.
Ambos planes incluyen deportaciones, uno a menor escala que el otro, pero ninguno ha mencionado o asegurado por ahora que contará con el beneplácito de México o de los países donde se genera la mayor parte de la inmigración que alimenta una crisis que ya dura más de 11 años y no muestra señales que vaya a disminuir.
México, país clave
Tanto Chishti como Putzel-Kavanaugh sostienen que, más que cualquier otro país, México puede mejorar –o socavar– la política migratoria estadounidense sobre control fronterizo. Y que otros países de Centro y Sudamérica, pueden “crear o eliminar trampolines para que los posibles inmigrantes de otros lugares se acerquen a la frontera de Estados Unidos, impactando no sólo a Estados Unidos sino también a otros países de tránsito”.
También señalan que los migrantes que transitan por el hemisferio occidental “han puesto a prueba los sistemas humanitarios y de inmigración, especialmente porque estos sistemas, en la mayoría de los países latinoamericanos, son mucho más incipientes y frágiles que el de Estados Unidos, donde a pesar de contar con mayores recursos que los demás, ha visto cómo se reduce su capacidad de respuesta para revertir un problema que no da tregua al gobierno de Biden y alimenta cada día la postura republicana sobre el tema.
En cuanto a la migración mexicana a Estados Unidos, que si bien ya no representa la mayoría de los 10.5 millones de indocumentados que viven en el país, el informe publicado por el MPI indica que “representaron la mayoría de los cruces irregulares hasta la década de 2010”, pero que la cooperación formal en materia de gestión migratoria entre las dos naciones “comenzó en serio recién en 2007 con la Iniciativa Mérida, un programa multifacético destinado a abordar el aumento del tráfico de drogas a través de México hasta la frontera sur de Estados Unidos”.
“La iniciativa incluyó capacitación y apoyo tecnológico proporcionados por Estados Unidos para la aplicación de la ley de inmigración en México, con el fin de reforzar su frontera sur con Guatemala y evitar que los narcotraficantes y otros actores ilícitos ingresen a México en primer lugar”, explica.
Pero en 2014, cuando el entonces gobierno de Barack Obama reconoció por primera vez la crisis migratoria en la frontera sur, que había sido advertida un año antes, “México utilizó fondos de la Iniciativa Mérida para implementar el Programa Frontera Sur para aumentar dramáticamente la vigilancia en su frontera con Guatemala, establecer puntos de control en todo el país, monitorear el uso de los ferrocarriles por parte de los migrantes (particularmente las famosas líneas de La Bestia utilizadas a menudo por los centroamericanos), y aumentar su capacidad de deportación”.
El reporte detalla que el gobierno mexicano combinó estos esfuerzos de aplicación de la ley con inversiones para reforzar su sistema de asilo y crear oportunidades “para una inmigración ordenada a través del trabajo y otras vías legales”. Y que bajo el Programa Frontera Sur, México aumentó las detenciones de los centroamericanos, ayudando en última instancia a los intereses estadounidenses, aunque los críticos también alegaron abusos a los derechos humanos por parte de funcionarios mexicanos.
El cambio durante Trump
Bajo el gobierno de Trump el panorama sufrió un cambio. Las relaciones EEUU-México se volvieron diferentes y entre 2018 y 2019, “el aumento de la migración no autorizada desde Centroamérica desafió los sistemas de inmigración mexicanos y estadounidenses por igual”.
Fue así que, bajo la amenaza de aranceles, “el gobierno mexicano acordó en 2019 cooperar con los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, más comúnmente conocido como Permanecer en México), un esfuerzo estadounidense bajo el cual ciertos migrantes que buscaban asilo en Estados Unidos tenían que esperar en México hasta que determinación de su caso judicial” en tribunales estadounidenses.
“Este fue el primer acuerdo formal en el que México aceptó el retorno de migrantes no mexicanos desde Estados Unidos y marcó un punto de inflexión en la cooperación fronteriza entre Estados Unidos y México”, escribieron los autores. Y precisaron que entre 2019 y 2022, cuando se puso fin al MPP, más de 81,000 personas se inscribieron en el programa, que fue duramente criticado por sus defensores por carecer del debido proceso y obligar a los migrantes a esperar en zonas a menudo peligrosas del norte de México sin acceso a las necesidades básicas.
Ahora que Trump busca nuevamente llegar a la Casa Blanca, ha prometido imponer nuevamente su política de tolerancia cero, pero cpn más restricciones, un aumento considerable de detenciones y encarcelamiento de extranjeros y aumento de las deportaciones, incluidos los indocumentados que llevan tiempo en el país, algunos durante décadas.
Pero el estudio deja sobre la mesa un serio problema todavía no resuelto en los planes anunciados: “No todos los migrantes expulsables de Estados Unidos pueden ser enviados a México”. Y que la capacidad de deportar efectivamente a los inmigrantes que se encuentren violando las leyes estadounidenses o que no puedan establecer una base legal para quedarse, es fundamental para el sistema de aplicación de la ley.
A su vez, el no deportar a estas personas “puede actuar como un factor de atracción para una mayor migración irregular y crear complicaciones operativas y retrasos para las agencias de inmigración. Sin embargo, las expulsiones requieren el consentimiento del país de origen del migrante, que debe confirmar la nacionalidad del individuo, emitir un documento de viaje y aceptar su regreso físico”, precisaron.
Por último, Chishti y Putzel-Kavanaugh mencionan que la cooperación de México y el resto de países del hemisferio occidental en el manejo de la crisis migratoria dependerá de los esfuerzos conjuntos con Estados Unidos para revertir las causas que la genera, como la pobreza, la falta de oportunidades, el aumento de la inversión para la generación de empleos y el combate a la corrupción y la violencia, entre otros. Todos estos factores, si bien recientemente fueron mencionados por López Obrador, el presidente Biden, durante una entrevista exclusiva a Univision Noticias, recordó que se trata de los planteamientos que su gobierno hizo en la Cumbre de Los Ángeles de 2021.
