El futuro de DACA tras el reciente fallo judicial: qué viene ahora y qué recomiendan expertos a los 'dreamers'
La resolución de cuál será el futuro de los 'dreamers' se prolongará por lo menos otros dos años tras el reciente fallo de un juez federal de Texas que, por segunda vez, declaró que el programa DACA es ilegal pero permitió a sus titulares seguir renovando sus amparos de deportación.
Si bien los 'dreamers' no tienen garantizado aún un estatus de permanencia definitiva en Estados Unidos, tras el dictamen, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, dijo que ese ministerio no procederá a deportar a 'los soñadores'. Por el contrario, garantizó que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS en inglés) seguirá procesando renovaciones de DACA y permisos de trabajo.
Según la agencia, que opera bajo el mando del DHS, poco más de 586,000 'dreamers' están actualmente protegidos por DACA. Unas 85,000 solicitudes de 'soñadores' que nunca se habían inscrito en el programa permanecen en espera por una orden emitida por el juez Andrew S.Hanen a mediados de 2021.
Qué sucederá ahora con DACA
“Por tratarse de un segundo fallo que revisó el nuevo programa de 2022 y no el programa original de 2012 tiene que haber una nueva apelación ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito en Nueva Orleans”, dice José Guerrero, abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
El año pasado, la Corte de apelaciones del 5º Circuito, en respuesta a una apelación del gobierno y organizaciones al fallo del 2021 del juez Hanen, devolvió el caso al tribunal inferior para que revisara el nuevo DACA activado por el gobierno de Joe Biden.
En el dictamen del miércoles, Hanen escribió que el nuevo DACA “no es materialmente diferente” del anterior emitido en 2012 por el entonces presidente Barack Obama. “Sufre los mismos impedimentos legales", precisó.
Qué alegan los estados demandantes
El grupo de estados demandantes —integrado por Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Texas y West Virginia— alega que DACA (el programa original de 2012) es ilegal porque el gobierno cambió partes de la Ley de Inmigración (INA) sin la aprobación el Congreso. También alegan que DACA violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al hacer los cambios sin publicarlos previamente en el Registro Federal.
En el primer fallo de 2021, Hanen señaló que el gobierno de Obama ofreció una autorización de empleo (EAD) y protección contra la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados, situación que viola la APA porque no pasó por la reglamentación requerida de notificación y comentario.
Ahora Hanen, si bien reconoce simpatizar con los 'dreamers', señala que el tribunal que preside se ha mostrado escéptico durante mucho tiempo sobre la legalidad del programa en ausencia de una acción del Congreso. Es decir, insiste en que el cambio de una parte o partes de la Ley de Inmigración, como otorgar ciertos beneficios a indocumentados, es una tarea que corresponde al Legislativo y no al Ejecutivo.
Además de proteger de la deportación a jóvenes indocumentados que están en Estados Unidos desde antes del 15 de junio de 2007, DACA les otorga un permiso temporal de empleo renovable cada dos años.
Qué se sabe de la nueva apelación
Tras el dictamen, Thomas Saenz, presidente del Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense (MALDEF en inglés), dijo que continuarán defendiendo DACA, un programa "legal y muy necesario, en su revisión en tribunales superiores”.
Por su parte, Mayorkas dijo que, como encargado de la promulgación de la regla final del nuevo DACA el año pasado y como exdirector de USCIS que, en 2012, dirigió el desarrollo y la implementación de DACA, está "profundamente decepcionado por el fallo y especialmente calificado para decir que el DHS cree que DACA es legal y constitucional”.
La organización católica CLINIC, una de las mayores organizaciones de ayuda a inmigrantes a nivel nacional, dijo que “es probable que el gobierno federal apele la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito y, en última instancia, ante la Corte Suprema”, proceso que llevará varios meses, incluso un par de años.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) pidió al gobierno de Biden “defender vigorosamente DACA en los tribunales superiores y trabajar incansablemente con el Congreso para aprobar una reforma migratoria integral que aborde las necesidades de los 'dreamers' y la comunidad inmigrante en general”.
A su vez, el senador demócrata Bob Menéndez (Nueva Jersey), dijo que “por ahora esto no afecta la capacidad de los actuales beneficiarios de DACA de renovar su estatus. Sin embargo, insto a la administración Biden a emprender todas las acciones administrativas para proteger a los 'dreamers', incluida la creación de una nueva opción de libertad condicional, y a no escatimar recursos para apelar esta decisión” ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito.
Qué deben hacer por ahora los 'dreamers'
El programa, de acuerdo con el fallo del juez Hanen del miércoles pasado, permanecerá vigente por los siguientes dos años mientras continúa la batalla en las cortes.
La FWD.US, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica —entre ellos Facebook, LinkedIn, Google y Dropbox—, recomienda a los 'dreamers' protegidos por el programa que mantengan al día las renovaciones de sus amparos de deportación y permisos de trabajo.
United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de 'dreamers' del país, reiteró el llamado a los cerca de 600,000 dreamers protegidos por DACA a reinscribirse si sus amparos de deportación o autorizaciones de empleo vencieran en los próximos 150 días.
La organización tiene publicado en su sitio web un enlace con instrucciones sobre cómo pedir la renovación del programa ante USCIS.
UWD advierte que aquellos 'dreamers' que tienen problemas con sus renovaciones o dudas a causa de errores cometidos que los puedan hacer deportables o no cumplir con los requisitos del programa buscar consejo legal antes de entrar en contacto con la USCIS.
El costo de la reinscripción es de $495, que incluye el formulario I-765 ($410 Autorización de Empleo) y toma de huellas biométricas ($85).
“USCIS puede renunciar a la recopilación de ciertos datos biométricos a su discreción”, recordó UWD.
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