Trump intenta de nuevo separar familias en la frontera: ICE pide a madres entregar sus hijos por el coronavirus

“Fuimos hace poco llamadas, pero para poner, para dar nuestra autorización que nuestros hijos salieran de aquí para los patrocinadores y nosotras siguiéramos detenidas como madres de familia”, cuenta Magdalena, cuyo nombre es otro y pidió no revelarlo por temor a represalias por parte del gobierno. “¿Y qué madre va a desear o anhelar separarse de sus hijos?”, pregunta, con la voz entrecortada.

Magdalena es una de las casi 70 madres inmigrantes con hijos menores de edad detenidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el South Texas Family Residential Center ubicado en Dilley, sur de San Antonio (Texas). Ella y su hija, Emilia, que también pidió mantener bajo reserva su identidad, llevan más de 290 días privadas de libertad luego de pedir asilo en la frontera.

La reunión a la cual asistió y donde le pidieron que firmara “unos papeles” para que entregara a su hija y librarla de un posible contagio de coronavirus, se llevó a cabo a mediados de mayo. Encuentros similares se registraron simultáneamente en otros dos centros, Karnes County Residential Center (Texas) y Berks Family Residential Center (Pennsylvania). El país se encontraba sumido en plena pandemia de covid-19, los contagios se propagaban, hospitales reportaban ingresos récord de pacientes y las autoridades, a diario, informaban de muertes debido al mortal virus para el que todavía no existe cura.

“Nos presentaron un documento para que firmemos y demos autorización para que ellos se fueran con los patrocinadores y nosotros quedar aquí detenidas”, agrega la mujer, todavía con la angustia de aquel día. “Nosotras, como madres, nos sentimos impotentes ver a nuestros niños sin respuesta cuando nos preguntan por qué estamos aquí”.

Las únicas razones que explican el encierro son el haber escapado de su país ante amenazas de muerte y la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump en la frontera. Los tres centros de ICE bajo la lupa operan con licencias que excluyen funciones de ‘detención’ para evitar demandas por violaciones al Acuerdo Judicial Flores de 1997.

Las inmigrantes y sus hijos permanecen detenidos porque no pasaron la entrevista de miedo creíble y demandaron a la agencia bajo el argumento que no se respetaron sus derechos. Mientras el caso no se resuelva en este intrincado proceso judicial, seguirán en un limbo al tiempo que la pandemia avanza descontrolada por los estados del sur.

La ‘reunión’

La reunión mencionada por Magdalena ocurrió el 15 de mayo y fueron convocadas unas 300 madres solicitantes de asilo con hijos menores de edad, confirmó ICE a Univision Noticias. Pero no a todas les hicieron la misma oferta. En cada una de estas cárceles las dividieron en tres grupos y a cada uno le plantearon una solución distinta para escapar de la pandemia.

Defensores legales que los representan detallan pormenores de aquel encuentro que hasta ahora no se conocían todos los detalles. “Lo que pasó a mediados de mayo causó mucho miedo, mucho terror, mucha ansiedad para las mamás y también para los niños”, dice Stephany Álvarez-Jones, abogada del Proyecto Dilley, una organización sin fines de lucro que desde 2015 brinda servicio probono a las madres detenidas en ese centro.

“Lo que hemos escuchado es que los niños no se encontraban ahí cuando inmigración estaba hablando con las mamás. Pero claro, después ellos hablaron con sus mamás y ellas les contaron lo que pasó. Y el terror que hasta hoy en día tienen esos niños, de pensar de que quizás ‘me van a separar de mi mamá’ es increíble”.

Álvarez-Jones dice que las madres “han expresado que los niños todavía preguntan: ‘Mami, ¿qué va a pasar? ¿Me van a enviar a otra parte?’ Están esperando que cualquier día les van a hacer esa pregunta de nuevo. Y para responder a eso, nosotros pensamos que una pregunta a una mamá que está detenida en un centro de detención, donde están en más riesgo de contagiarse del coronavirus, eso es una pregunta imposible”.

“Se está utilizando esta situación (la pandemia) para forzar a familias tomar la opción de separarse, o también para forzar a familias decir que no aguanto más, me quiero regresar a mi país. Es algo que nunca debería ocurrirle a una familia” que huye de su país y llega a Estados Unidos en busca de asilo.

De acuerdo con datos proporcionados por las madres afectadas, el 15 de mayo las separaron en tres grupos. A uno les dijeron que entregaran a sus hijos y que ellas seguirían detenidas; a otro, que los entregaran y ellas serían deportadas; y, al tercero, que los entregaran y ellas serían enviadas a otros centros de detención.

“No convocaron a los abogados para que estemos presentes”, protestó Álvarez-Jones.

Eterno “suspenso”

“Sí, nos hicieron esa pregunta”, afirma Teresa, cuyo nombre es otro y también, al igual que Magdalena, lleva meses detenida junto a su hijo, en Dilley. “Esa vez nos reunieron los oficiales de inmigración para ver si podíamos entregar a nuestros niños, pero es algo que no es tan fácil de decidir”, narra al otro lado del teléfono. “No estaría yo dispuesta a entregar a mi hijo. Y cuando él escuchó, al igual que los otros niños, muchos lloraron ese día. Ellos no quieren irse sin nosotras”.

La inmigrante de origen hondureño, que lleva más de 230 días privada de libertad, cuenta que tuvo que huir de su país porque allá “tuve un problema similar, me lo querían quitar” (a su pequeño de 7 años; no explicó los motivos). “Venir acá y que me lo quiten es injusto. Realmente no creo poder entregarlo, es lo único que yo tengo en la vida. No tengo mamá, no tengo papá y para mí él es mi todo. No estaría dispuesta a entregárselo a nadie”.

Teresa añade que “cada día que pasa, gracias a Dios no tenemos ningún síntoma del coronavirus, pero sí me da mucho temor que se me vaya a enfermar mi niño o siento que, de enfermarme yo y llego a ponerme mal, quién va a ver por él. Me daría miedo que, porque yo estoy enferma, me lo quiten y después no saber nada de él por mucho tiempo y él se pondría desesperado. Él nunca ha estado separado de mi”.

La inmigrante hondureña explica que las internas de Dilley viven en un eterno “suspenso” de que en cualquier momento nuevamente los agentes de ICE las llamen y traten de separarlas de sus pequeños. “O decirnos que firmemos ese papel. Mi hijo se pone mal… Ese día (el 15 de mayo) no comió, lloró toda la tarde y desde entonces no se me despega. Donde, si estoy en el mueble, él está conmigo en el mueble; si estoy en la mesa, está en mis piernas. Él no quiere, él llora mucho, él dice que, si me van a dejar aquí, pues se queda conmigo, que no quiere separarse de mí”, añade con la voz temblorosa.

El centro de detención Dilley es el más grande en su tipo con capacidad para 2,400 personas. Desde que comenzó la pandemia, en marzo, se ha llenado varias veces y luego la mayoría de los internos han sido liberados, excepto Magdalena, Teresa, sus hijos y otros inmigrantes que forman parte de una demanda entablada bajo el argumento que sus casos de asilo no fueron procesados adecuadamente y perdieron la entrevista de miedo creíble. Mientras dure el proceso, no pueden ser deportados y sus liberaciones dependen de la discreción de ICE.

La reunión, según ICE

ICE confirma las reuniones celebradas el 15 de mayo en los tres centros familiares de detención y asegura que “no está separando a las familias”.

En un correo electrónico enviado a la redacción de Univision Noticias, explica que el 24 de abril un tribunal de distrito le ordenó “que hiciera todo lo posible para liberar de manera rápida y segura a los menores extranjeros que tiene bajo custodia y que no son un riesgo de fuga o un peligro a sí mismos u otras personas”.

Añade que “el tribunal (corte del distrito central de California presidida por la jueza Dolly Gee) reconoció que los padres, no el gobierno, deberían decidir si el menor debiese ser entregado a un patrocinador”. Y que, para cumplir con esta orden, “se requirió que ICE verificara con cada uno de los menores (y sus padres) bajo custodia en los Centros Familiares de Detención (FRC) para hacer determinaciones individuales de libertad condicional con respecto a esos menores”.

Un funcionario de la agencia dijo que “para cumplir con la fecha límite ordenada por la corte, el 15 de mayo, ICE volvió a entrevistar a casi 300 personas en los FRC utilizando un formulario desarrollado hace casi tres años para cumplir con otra orden del mismo tribunal”.

E indicó que “este formulario, que ha estado circulando recientemente en los medios de comunicación, se presentó a la corte el 1 de diciembre de 2017 y desde entonces ha estado disponible como parte del registro público de la corte”.

El papel para separar

De acuerdo con la explicación de ICE, el proceso implementado el 15 de mayo “no es nuevo” y fue puesto en funcionamiento en junio de 2018.

Una publicación en la página web de la agencia indica que el formulario presentado a las madres inmigrantes “no es más que una hoja de trabajo interna utilizada para documentar las respuestas a las preguntas relacionadas con la libertad condicional”. Y que algunos agentes “pidieron a las madres de Dilley que escribieran sus iniciales o firmasen la parte inferior de cada página para verificar que en realidad eran sus respuestas”.

ICE indica que las órdenes emitidas por los tribunales “se aplican sólo a los menores extranjeros y no a sus padres”, y que la libertad condicional “se puede denegar en función del riesgo de fuga o peligro para sí mismo u otros”. Además, advierte, “el tribunal reconoció que ICE no necesita liberar a menores extranjeros cuyos padres renuncian a su opción ordenada por el tribunal de ser entregados a un patrocinador” y que esta opción algunos medios la informaron "incorrectamente como un cambio en la política.

A su vez, dijo que es falso que se estén separando familias. “ICE simplemente ha estado realizando una revisión de libertad condicional de conformidad con la ley, la práctica existente y la orden del tribunal”. Los abogados de las detenidas alegan que el documento está escrito en inglés y que sus clientes no hablan ni entienden el idioma.

Pero en sus explicaciones la agencia no menciona un programa de separaciones forzadas de familias que el gobierno ejecutó secretamente por lo menos desde abril de 2017 y del que se tuvo detalles recién hasta el 26 de junio de 2018, cuando un juez federal de San Diego, Dana Sabraw, prohibió a las autoridades de inmigración arrebatarles a sus hijos a padres indocumentados a quienes presentó cargos criminales por entrar sin autorización al país, una falta de carácter civil.

En enero de 2019 un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), reveló que el sistema federal para evaluar las separaciones forzadas es muy poco preciso y recalcó que dicha estrategia empezó antes de que se anunciara públicamente en mayo del 2018. Según la investigación, el número de menores separados forzosamente fue mucho mayor del reconocido por el gobierno en un principio, que era de 2,652. El informe habla de ‘miles’.

A la fecha todavía no existe un número exacto de separaciones forzadas y tampoco reunificaciones.

El último fallo

El pasado 26 de junio, dos años después del dictamen emitido por el juez Sabraw, el tribunal del Distrito Central de California ordenó a ICE poner en libertad a la totalidad de menores que forman parte de una demanda colectiva que se encuentran detenidos en el centro familiar de Dilley. El fallo responde a una disputa que exige al gobierno respetar el Acuerdo Judicial Flores de 1997 (FSA), además de prevenir que los menores inmigrantes se contagien de covid-19 en centros que no han garantizado los cuidados necesarios para evitar la propagación de la enfermedad.

La orden detalla que, “aunque se han realizado progresos”, el tribunal “no está sorprendido” de que el covid-19 haya llegado a las instalaciones de los centros familiares de ICE y de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, dependiente del Departamento de Salud y Recursos Humanos -HHS-), como previamente “lo habían advertido los profesionales de la salud”.

Al momento del dictamen en el centro Karney se habían reportado 11 casos positivos de covid-19 entre las familias y ninguno en Dilley. Pero la jueza Gee advierte los dos centros ubicados en las afueras de San Antonio se encuentran en uno de los condados con mayor registro de nuevos casos en el Estado, situación que evidencia que ambas, y el ubicado en Berks (Pennsylvania), se asemejan a una ‘casa en llamas’ que exige actuar de inmediato.

Gee escribió que los demandantes identificaron problemas, errores y omisiones cometidos tanto por ICE como la ORR, entre ellos demoras injustificadas para liberar a menores como lo determina en Acuerdo Flores, atrasos, conclusiones erróneas, determinaciones incompletas, inexactitudes en los procesos de libertad condicional y, sobre todo, “falta de implementación de mejores prácticas de salud públicas en los centros” para prevenir contagios.

Ante esta cadena de fallos, el tribunal ordenó a ICE liberar a los menores que forman parte de la demanda de acción de clase (unos 144) antes del 17 de julio, sea con patrocinadores adecuados disponibles con el consentimiento de sus tutores o padres adultos; o
liberar a los menores con sus tutores o padres si ICE ejerce su discreción para liberarlos y con ello protegerlos de un eventual contagio de covid-19.

Qué respondió ICE

Seis días después del fallo de la jueza Gee, ICE dijo a Univision Noticias que estaba “revisando” la orden en el marco del litigio sobre el Acuerdo Flores.

La agencia indicó que “no mantiene la custodia de Menores No Acompañados” (UAC) que forman parte de la demanda ventilada por el tribunal, “pero tiene bajo custodia a unidades familiares (menores y sus padres o tutores legales)” en los que denomina “centros residenciales familiares”.

“Las determinaciones de custodia de ICE se llevan a cabo de conformidad con sus autorizaciones estatutarias y reguladoras, y de conformidad con las políticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las decisiones vinculantes de ICE de los tribunales federales”, incluyendo al tribunal presidido por la jueza Gee, dijo una fuente de la agencia.

Añadió que “las unidades familiares que se encuentran bajo custodia de ICE en un centro residencial familiar y que pasan una entrevista inicial de miedo creíble generalmente son liberadas en menos de 20 días. Quienes permanecen más allá de ese tiempo son aquellas unidades familiares que no pasan la entrevista de miedo o temor creíble y son puestos en proceso de deportación”, precisa.

Simultáneamente, The Associated Press reportó el mismo día, citando documentos enviados por el gobierno al tribunal de presidido por la jueza Gee, que las conclusiones del fallo eran “insuficientes” para demostrar las afirmaciones de las familias de que ICE no está haciendo lo suficiente para controlar la propagación del coronavirus, aun cuando se han presentado casos confirmados de covid-19 en dos de tres centros de detención de familias, Karnes City y Berks.

Los testimonios de las internas en Dilley, sin embargo, desvirtúan la negativa de la agencia. “Día a día nos levantamos todos las mañanas esperando que sea una buena noticia, preguntándonos cuándo será el día que podamos salir de aquí”, dice Magdalena. “Nos levantamos a esperar en el cuarto (dormitorio) la hora del almuerzo. Nos volvemos a venir para el cuarto. Hay lugares de recreación, podemos estar un momento afuera, pero últimamente hay tanta gente contagiada que da mucho temor estar afuera. Entonces me mantengo dentro del cuarto con mi hijo”.

Cuenta además que “en el Centro sí hay oficiales contagiados. Nos dan una hoja cada vez que hay un empleado contagiado, pero la hoja no la modifican, solamente le cambian la fecha y no sabemos qué oficial es, si es un varón o de qué complejo es. Estamos nosotros aquí como en angustia, no sabemos realmente quién es el contagiado. Tenemos que cuidarnos de todo el mundo que se nos acerca”.

Situación crítica

Los abogados que representan a las familias detenidas en Dilley conocen los miedos que se viven en el centro. “La situación de coronavirus está bien mal”, dice Álvarez-Jones. “La jueza Gee dijo que estos son el ejemplo de una ‘casa en llamas’ porque ya sabemos que el coronavirus ha llegado a al menos dos (Karnes City y Berks). Y en el centro de Dilley ya sabemos que hay cinco empleados que han tenido resultados positivos de coronavirus”.

Además, Dilley y Karnes se encuentran en un área “donde están surgiendo demasiado los casos (nuevos) de coronavirus”, subrayó. Esta situación apunta a dos escenarios. “Primero que todo, significa que vamos a seguir viendo casos de coronavirus en los centros de detención, entre sus empleados”.

El segundo es “cuándo va a ocurrir la primera vez que una familia detenida en Dilley salga positivo de coronavirus. Eso ya ocurrió en Karnes donde hay 11 niños y adultos que tienen covid-19”, indicó.

La abogada precisó, además, según la orden emitida por la jueza Gee, la existencia de otro problema claramente identificado. “Que las cosas más básicas que usted y yo tenemos que hacer para protegernos del coronavirus, (como es) la separación, mantener la distancia, lavarnos las manos, siempre tener las mascarillas (puestas), si nos sentimos mal hacernos un examen, esas cosas básicas que hemos establecido durante estos meses de pandemia no están ocurriendo en los centros de detención. Eso no es una realidad para las familias que están detenidas y están siendo expuestas al coronavirus. Entonces la situación está muy grave”.

Parecido al 2018

La pandemia no es lo único que atemoriza a las familias detenidas en Dilley. “Yo no quiero que me separen de mi hijo”, implora Magdalena. “Ese es uno de los riesgos que voy corriendo, que me separen de él”. Y aunque no hay evidencias claras de que el gobierno esté utilizando la pandemia como excusa para separarlos, como ocurrió en 2018, todo indica que existe una intención oculta de alcanzar el mismo resultado que hace dos años, a pesar de que existe una orden judicial que prohíbe al gobierno emplear este tipo de estrategias como parte de su política migratoria de ‘tolerancia cero’.

“Esto es un poco diferente de lo que pasó en el 2018 porque lo que está haciendo ICE en este momento está creando una ficción”, dice Álvarez-Jones. “En el 2018 no había una ficción. Cada mamá o papá inmigrante que llegaba a Estados Unidos les arrebataban los niños de los brazos”. Ahora, en cambio, “ICE está tratando de crear la ficción de que hay opción, que la madre puede escoger la separación, pero una mamá también puede escoger quedarse detenida con su hijo. Pero como ya sabemos, eso no es una opción, es exactamente una ficción porque, ¿cómo una mamá va a decidir separarse de su hijo sin saber cuándo lo verá de nuevo? ¿O cómo es posible que una mamá tenga que decidir que se tiene que mantener aquí con su niño detenidos en un lugar que no es el adecuado donde debe estar un niño?”, señala.

“Ellos están creando de nuevo este sistema de separación familiar durante la pandemia de coronavirus”, precisa Álvarez-Jones.

Tras la crisis de la frontera en 2014, cuando más de 68,000 menores -y una cifra similar de adultos llegaron a la frontera en busca de asilo-, el entonces gobierno de Barack Obama activó los centros familiares de detención de familias de ICE en Dilley, Karnes City y Berks como herramienta de disuasión para que otros padres no iniciaran el viaje a Estados Unidos en busca de refugio.

El gobierno de Trump mantiene la misma estrategia, pero con mayor severidad y ya utilizó durante un tiempo la herramienta de las separaciones forzadas.

A mediados de 2018 los departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS) admitieron las separaciones de niños de sus padres en la frontera (entre el 5 de mayo y el 20 de junio de ese año) afectando a por lo menos 2,654 menores. Pero de acuerdo con informes posteriores, las separaciones comenzaron varios meses antes y el número de afectados es mucho mayor que la cifra entregada por el gobierno.

Terror en la frontera

En mayo de 2019, once meses después del término de las separaciones forzadas, a la redacción de Univision Noticias llegó un primer grupo de cartas escritas de puño y letra por Menores No Acompañados (UAC) y niños que venían acompañados por familiares quienes se entregaron a la Patrulla Fronteriza, pidieron asilo y fueron separados por el gobierno.

Los testimonios, inéditos hasta ese momento, mostraron una verdad desgarradora: desde recién nacidos hasta adolescentes eran tratados con crueldad, siendo que se trataba de víctimas que huían de la pobreza, miseria y violencia en sus países de origen, situación que los llevó a escapar para salvar sus vidas.

Hasta entonces era imposible -y lo sigue siendo- hablar con ellos cara a cara, preguntarles cómo ocurrieron las separaciones, cómo están, por qué vinieron y qué esperan. Tanto la Oficina de Inmigración y Protección Fronteriza (CBP) como el HHS no permiten el acceso a las instalaciones donde se encuentran. El proceso migratorio bajo el que han sido puestos no es transparente, ni tampoco hay chances de supervisiones independientes.

Univision Noticias publicó un libro digital que recopila artículos, documentos y testimonios de puño y letra de niños que llegaron solos o fueron separados de sus familiares en la frontera, documentos que evidencian cómo el gobierno fabricó una crisis cuyo objetivo fue desalentar a miles de migrantes que venían en busca de asilo. Descarga ahora tu ejemplar aquí.

Esta vez a las familias no les están presentando cargos criminales por entrada ilegal al país, pero de acuerdo con los testimonios de los detenidos y los documentos ventilados en el tribunal presidido por la jueza Gee, vuelven a “utilizar el miedo”, esta vez desatado por la pandemia, para que las madres entreguen a sus pequeños a las autoridades y ellas sean deportadas.

“Pero no pueden hacerlo porque están protegidas por decisión de las cortes”, aseveró Álvarez-Jones. ICE, a su vez, puntualiza que no procede a liberarlas porque no pasaron la entrevista de miedo o temor creíble.

Las madres, por su parte, reiteran que demandaron al gobierno porque se cometieron “abusos” a sus derechos en el inicio de sus procesos que derivaron en una respuesta negativa a sus pedidos de asilo en la frontera con México.

El gobierno de Trump podría mantener a los padres de menores indocumentados retenidos en los centros familiares de detención y liberar a sus hijos, y de esa manera cumplir la orden de la jueza Gee, reportó la agencia Efe el miércoles.