Nadie está por encima de la ley, pero tus adversarios políticos tampoco están por debajo
Donald Trump se convirtió esta semana en el primer presidente en la historia de los Estados Unidos de América en recibir una acusación formal de cargos.
Con esto, la reacción de figuras demócratas extasiadas no se hizo esperar. La congresista Rashida Tlaib (MI-12) declaró “Hoy, la ley por fin ha atrapado a Donald Trump.”
El congresista Joaquin Castro (TX-20) incluso felicitó al fiscal Alvin Bragg “el fiscal del distrito de Manhattan ha demostrado un gran coraje”
Mientras tanto, la representante demócrata Ilhan Omar (MN-5) actualizó su historia de Instagram con un enlace al informe de noticias y su propio pie de foto, llamando la acusación formal de cargos a Trump "un milagro de Ramadán."
Es decir, los legisladores demócratas, abierta y directamente han celebrado, no una sentencia, sino una acusación formal de cargos.
Hábilmente, además de los eufóricos festejos, los demócratas han hecho uso predominante de la promoción de un principio jurídico real. Nadie está por encima de la ley. ¿El problema? Están politizando este principio, mientras eliminan la presunción de inocencia e invalidan el racional escepticismo que muchos poseen en torno a este caso.
En un país con Estado de derecho, en el que absolutamente todos los ciudadanos están sometidos al orden jurídico, nadie está por encima de la ley ni puede evadir responsabilidad por posibles infracciones en sus actos.
Los conservadores en Estados Unidos de América, quienes siempre han sido defensores de una república garante de la igualdad ante la ley donde impere el orden constitucional, lo comprenden muy bien.
Sin embargo, los demócratas parecen no comprender este principio correctamente. Así como nadie está por encima de la ley, nadie está por debajo.
Los progresistas han de comprender que quienes tenemos sospechas con el caso Trump, no las tenemos porque creamos que Trump debería estar por encima de la ley, sino porque creemos en el principio de igualdad jurídica.
Es la igualdad jurídica y la presunción de inocencia lo que puede garantizar un proceso justo y el real imperio de la ley. Sin embargo, la politización de los hechos ha dejado en evidencia a muchos líderes demócratas, entre ellos Nancy Pelosi cuando escribió: “todo el mundo tiene derecho a un juicio para demostrar su inocencia.”
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En nuestro sistema de justicia nadie está obligado a probar su inocencia, dado que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es la figura demandante la responsable de evidenciar la culpabilidad del acusado.
Nadie está por encima de la ley. Esperemos que nadie esté por debajo de ella tampoco. Sin embargo, sobran razones para creer que quizá exista una motivación política de por medio en el caso Trump.
Empecemos por el fiscal acusador Alvin Bragg. ¿Quién es? Un progresista financiado por los principales músculos económicos del Partido Demócrata y los movimientos progresistas, quienes a su vez, tienen como principal donante a George Soros.
Adicionalmente, en noviembre 2020, hace casi tres años, cuando aún no era fiscal, pero aspiraba al cargo, Alvin Bragg decía abiertamente que el caso contra Trump tenía los cargos listos.
El fiscal acusador prometía ir tras Trump, incluso antes de ser fiscal y conocer los hechos concretos e información determinante. Para Alvin Bragg eres culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Nadie está por encima de la ley, eso está claro. Pero ¿prometería una persona que aspira a ser fiscal perseguir a cualquier otro individuo si este no se tratase de Donald Trump? ¿Al final, de que es acusado Donald Trump?
De la manera más simple posible se puede referir lo siguiente: el caso gira en torno a la afirmación de que el expresidente supuestamente intentó encubrir una infracción de la financiación de su campaña electoral, de la que nunca fue acusado por fiscales federales.
La falsificación de documentos comerciales, de ser cierto en el caso Trump, representa un delito menor. Sin embargo, le han presentado a Donald Trump 34 cargos de delitos mayores, dado que, de acuerdo al fiscal, dichos delitos menores fueron desarrollados con el objetivo de encubrir otros delitos, que cabe resaltar, no han sido referidos aún.
Es decir, treinta y cuatro cargos apilados, vinculados a un delito no declarado, para fabricar cargos de delito grave no mencionado.
Esto viene de un fiscal que no acostumbra elevar delitos menores a mayores, sino lo contrario. Alvin Bragg degradó el 52% de los delitos mayores a delitos menores.
Ahora, para que tengan una idea, las infracciones de declaraciones de gastos de campaña son comunes. El año pasado, por ejemplo, Hillary Clinton resolvió discretamente lo que también era una ‘infracción de financiación de campaña’ por declarar la financiación de Dossier Steele como servicios jurídicos. ¿Qué sucedió? Pagó una multa y nunca fue detenida.
Esto parece ser un caso débil porque centra su acusación en el testimonio de un testigo mentiroso. Los precedentes muestran que en otros casos similares, los acusados han sido declarados inocentes o tuvieron una resolución discreta a través de una multa.
Y muy importante recordar, el propio predecesor de Bragg, y otros fiscales federales, se negaron a presentar este caso contra Trump durante seis años.
Nunca pondría mis manos en el fuego por un político, como dicen coloquialmente, pero evaluando los hechos conocidos del caso, sobran razones para ser escépticos.
Nadie está por encima de la ley. Para vivir en una sociedad justa y libre los individuos han de asumir la responsabilidad de sus actos.Sin embargo, no convirtamos un principio jurídico en un eslogan político que busca eliminar la presunción de inocencia de sus enemigos políticos, y la igualdad jurídica.
Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.
