Abbott dice que acabará con los violadores para defender la ley antiaborto a toda costa: esto le responden
El gobernador de Texas, Greg Abbott, no cree que la ley antiaborto (la SB8) que entró en vigor la semana pasada —y que prohíbe el procedimiento después de que se detecte latido— necesite incluir excepciones para aquellos casos en los que las mujeres queden embarazadas como consecuencia de una violación sexual o un incesto. Este martes, consultado por periodistas sobre el tema, propuso una solución que ha sido duramente criticada.
"Dejemos algo claro: la violación es un delito", dijo Abbott en la rueda de prensa. "Texas trabajará incansablemente para asegurarse de que saquemos a todos los violadores de las calles de Texas al buscarlos, arrestarlos, llevarlos ante la justicia".
Abbott insistió en que seis semanas es tiempo suficiente para que una víctima sepa que está en estado y pueda decidir si poner fin al embarazo o no. "¿Por qué forzar a una víctima de violación sexual o incesto a llevar el embarazo a término?", le preguntó un reportero. "No lo exige para nada (...) porque obviamente les da al menos seis semanas para que la persona pueda llevar a cabo el aborto", respondió Abbott.
Según la plataforma de datos Statista, para 2019 Texas era el estado del país con mayor número de violaciones reportadas, 14,824 en total. La cifra seguro tiene un subregistro, pues no todas las víctimas denuncian a sus agresores. A pesar de esos números, Texas — con el apoyo de la Corte Suprema y del gobernador— dio luz verde a una de las leyes antiaborto más restrictivas del país, que prohíbe el procedimiento en todos los casos a partir de la sexta semana, un tiempo en el que muchas mujeres no saben que están embarazadas. Además, permite que cualquier persona pueda denunciar a quien crea que está motivando a una mujer a recurrir al aborto o a los médicos que los realicen. A cambio, les ofrece recompensas de 10,000 dólares por cada caso reportado.
Ya la ley había recibido fuertes críticas de parte de las organizaciones que defienden los derechos de la mujer, e incluso del propio presidente Joe Biden y del Departamento de Justicia, que ya ha prometido desafiarla desde el nivel federal, con una ley de 1994, la Freedom of Access to Clinic Entrances Act (Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas, FACE), que prohíbe obstruir físicamente el paso o intimidar a una persona que quiera acceder a servicios de salud reproductiva.
Los comentarios del gobernador Greg Abbott solo empeoraron la condena a una ley que fue aprobada en su mayoría por hombres desde distintos niveles de poder.
"Pone en peligro a cualquier persona"
La representante Alexandria Ocasio-Cortez reaccionó al anuncio de Abbott el mismo martes en su cuenta de Twitter: "Es triste que en 2021 tenga que explicarle a un gobernador republicano que primero, seis semanas de embarazo es igual a un retraso de dos semanas en el período; segundo, que las menstruaciones pueden retrasarse siempre, ya sea por estrés, por la dieta, etc; tercero, que la mayoría de las personas conocen a sus violadores. Pero los republicanos quieren tener más control sobre tu cuerpo que el que tú misma tienes".
En otro trino, Ocasio-Cortez se refirió a la ley al asegurar que "una agresión sexual es un abuso de poder para intentar controlar el cuerpo de otra persona. Las leyes que no te permiten decidir también son un abuso de poder para intentar controlar en masa los cuerpos de las personas". Para ella, haber dado un golpe a la decisión Roe Vs. Wade, que en 1973 despenalizó el aborto en Estados Unidos, "pone en peligro a cualquier persona que menstrúe en Estados Unidos, a cualquiera que quiera tener sexo y a cualquiera que dé valor a su derecho constitucional de la privacidad".
Para ella, las palabras del gobernador "provienen de una profunda ignorancia, una ignorancia que está haciendo daño a mucha gente alrededor del país", dijo en una entrevista en la televisora CNN.
La senadora demócrata Kirsten Gillibrand reclamó que el derecho al aborto "no debe estar en manos de hombres como Abbott, a quien no le importa la difícil situación en la que está colocando a las sobrevivientes". Ella sugiere expandir las protecciones al aborto a nivel federal al aprobar la Ley de Protección de la Salud de las Mujeres.
El político texano Julián Castro, quien fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano y alcalde de San Antonio, dijo que el gobernador "está mintiendo". Reiteró que a las seis semanas muchas mujeres desconocen que están en estado y que con la ley, las niñas y mujeres abusadas "serán forzadas a llevar a término sus embarazos o, de lo contrario, enfrentarán demandas civiles por realizarse un aborto".
El representante estatal demócrata Gene Wu, opuesto a la ley, también cuestionó la frase del gobernador: "Un momento. ¿El gobernador Abbott tenía una solución para acabar con todas las violaciones sexuales y se quedó sin hacer nada hasta ahora?". Agrega: "Quizás el gobernador debió haber eliminado la violación y el incesto antes de aprobar una ley contra el aborto que no tiene excepciones para la violación y el incesto", escribió.
En 2019, en Texas había unas nueve millones de mujeres en edad reproductiva. Para la gran mayoría de ellas, ahora, con la ley en vigor, la clínica de aborto más cercana está en estados que también tienen políticas restrictivas al aborto, como Louisiana, donde las pacientes ya batallan con restricciones y donde son pocas las clínicas que realizan el procedimiento (solo 4 para 2017). Esas barreras —y requisitos como cumplir con dos visitas médicas— podrían hacer que algunas personas que viajen desde Texas tengan que ir incluso a otro estado para poder recibir atención médica.
Los médicos y especialistas de la salud han explicado en reiteradas ocasiones que prohibir el aborto no mejora la situación para las mujeres, pues muchas de ellas —las más afectadas, aquellas con menos recursos— buscarán realizarse el procedimiento en lugares no autorizados. "Las leyes restrictivas van asociadas a tasas elevadas de abortos peligrosos", alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un estudio dado a conocer en 2017. Entre 2010 y 2014, la organización registró 25 millones de abortos peligrosos al año en todo el mundo. Alertó de que las complicaciones de un aborto mal practicado constituyen una de las principales causas de muerte materna como consecuencia de hemorragias, lesiones vaginales, cervicales, uterinas e infecciones durante el procedimiento.
"Para prevenir embarazos involuntarios y abortos peligrosos, los países deben formular políticas propicias y adquirir compromisos financieros con el fin de proporcionar una educación integral en materia de sexualidad; un amplio abanico de métodos anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos de urgencia; asesoramiento en materia de planificación familiar; y acceso a un aborto sin riesgos y legal", concluyó entonces la OMS.
Ve también:
