Drama personal y colectivo: cómo un empresario salvadoreño y sus empleados pueden perderlo todo cuando se queden sin TPS
Para los clientes del restaurante Jazmín de comida tex-mex en Gaithersburg, Maryland, puede ser un día como cualquier otro. Piden guacamole, aguardan sus tacos. Seguramente pocos suponen lo que pasa del otro lado del mostrador entre quienes les atienden.
Los habituales, la mayoría de ellos estadounidenses, saludan con una sonrisa al entrar. Policías, oficinistas o mecánicos de los talleres que rodean el local, llenan el restaurante situado en el cruce de dos carreteras al norte de Washington DC, a tan solo una hora en auto de la Casa Blanca, el lugar en donde se tomó una decisión que promete alterarle el futuro a Germán Benítez, dueño del local, y a algunos de sus empleados.
Benítez, de 43 años, es uno de los cerca de 195,000 salvadoreños que corren el riesgo de ser deportados cuando caduque su estatus de protección temporal (TPS),en septiembre de 2019. Benítez sabe que después de esa fecha, su vida, la de sus hijos y la de sus empleados puede cambiar de manera drástica con el anuncio de esta semana del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que presagia que al vencer su TPS perderá automáticamente su permiso de trabajo y su residencia.
En Estados Unidos, más de 22 mil salvadoreños con TPS trabajan, como Benítez, en restaurantes y servicios de comida. El área de Washington DC, que incluye partes de Maryland y el norte de Virginia tiene una de las mayores concentraciones de ciudadanos de ese país, junto con California y Texas.
Detrás de la construcción, la hostelería es el sector que más ocupa a salvadoreños con TPS, de acuerdo a un estudio del Centro por los Estudios de Migración.
Tanto es así que, entre otras voces reconocidas, hizo eco la del famoso chef español José Andrés que defendió a los "duros trabajadores salvadoreños" que llevan adelante "nuestras granjas, nuestros restaurantes, nuestros negocios y hospitales".
El dilema del empresario
Benítez lleva 24 años en EEUU y está dispuesto a todo para retener a sus empleados hispanos, sobre todo porque dice haber tenido bastantes dificultades para entrenar a jóvenes estadounidenses para los mismos puestos.
“(Los estadounidenses) ven el trabajo como algo temporal, no lo toman en serio”, dijo a Univisión Noticias.
Tres de los nueve empleados de Benítez son salvadoreños y comparten la misma precariedad del resto de sus compatriotas que gozan de estatus de protección temporal. Uno de ellos lleva siete años trabajando en este restaurante y está casado con hijos pequeños.
“Nosotros vamos a luchar. Si tuviera que gastar dinero para protegerlos lo haría, si ellos no tienen para pagar un abogado, lo haría yo”, dice Benítez, pensando en la posibilidad de que sus empleados queden indocumentados en 2019, igual que él, y por tanto ambos pierdan la posibilidad de seguir con su vida en este país.
"Prefiero cerrar el negocio que despedirlo", dice refiriéndose específicamente a ese empleado que lo acompaña desde hace siete años y a quien considera uno de sus mejores trabajadores.
A nivel personal, lo que más le preocupa son sus hijos de 15 y 9 años. “Si me quedo aquí, mis hijos en el futuro serán profesionales. Me voy a asegurar de ello. Pero si nos deportan, ¿quién va a pagar sus estudios?”, se pregunta visiblemente conmovido y agrega: “Si me los llevo a El Salvador, pueden caer en mano de las pandillas”.
"Mejor que hamburguesa con papas"
El restaurante de Benítez es modesto pero exitoso. Los clientes dicen que los tres restaurantes anteriores que ocuparon este mismo local tuvieron que cerrar. El Jazmín lleva funcionando desde 2010 y al mediodía se ven filas de clientes esperando para ordenar.
Al fondo del restaurante, un hombre ocupa una mesa y come un plato de carne con frijoles. Tiene las manos manchadas de aceite de motor y la mirada absorta. Se llama Rodolfo Cardoza, tiene 48 años y nació en Managua, Nicaragua, pero dice sentir profunda empatía con los salvadoreños y su dilema migratorio.
Cardoza es cliente asiduo de Jazmín porque aunque "la comida no es como el país de uno (…) es mejor que comer hamburguesas con papas”. Está casado con una estadounidense y trabaja como soldador en un negocio de mantenimiento de camiones cercano al restaurante.
El hombre reprueba la retórica antiinmigrante de Donald Trump -que asegura sentir a flor de piel, considerando que los ciudadanos de Nicaragua también vieron el cierre del TPS que protegía a unos 2,500 de ellos desde 1,999- pero no cree que todo lo que dice pueda ser 'en serio'.
“El gobierno está haciendo esto para atemorizar a la gente, para tenernos sometidos. Creo que no les conviene sacar a todo este montón de gente”, dice.
Hace un gesto con su cabeza para apuntar a la cocina y dice: “El 80% de los que trabajan aquí en talleres mecánicos y en landscaping (jardinería) son hispanos. Mire dentro de este comedor, del restaurante. No hay ningún estadounidense. Son todos hispanos”.
“La mano de obra latina es la que levanta a este país. A un hispano le pagan 10 dólares la hora, pero para el mismo trabajo a un americano le pagan 35 o 40”, opina Cardoza
Trumpistas solidarios
No todos los clientes habituales de Jazmín dimensionan hasta qué punto las políticas impulsadas por Trump afectan a las personas con las que comparten su día a día. Hay quienes ni siquiera suponen que el restaurante en el que almuerzan a diario podría cerrar, o que en 2019 la persona que les sirve desde hace siete años sus fajitas podría ser deportada.
“No creo que lleguemos a eso”, dice Robert, un cliente que prefirió no revelar su apellido y que se afirma como votante de Trump que apoya la construcción de un muro fronterizo. Robert almuerza todos los miércoles en el negocio de Benítez.
“Trump es un hombre de negocios. Está usando a estas personas como moneda de cambio en su negociación por el muro. Mira lo que está haciendo con los dreamers”, dice este pequeño empresario dueño de un negocio de herramientas de clientela mayoritariamente hispana.
Se refiere a la postura tomada por el presidente de negociar con los demócratas una 'solución' para aquellos que llegaron a EEUU indocumentados cuando eran menores de edad que están protegidos
por el programa DACA a cambio de conseguir los fondos para levantar un muro en la frontera con México y endurecer el control.
“Nuestro país necesita la seguridad de un muro en la frontera sur que debe ir de la mano de cualquier acuerdo sobre DACA", opina Robert.
Robert, como muchos otros, baraja la idea de que Trump utilice a los inmigrantes protegidos por TPS como lo hace con los dreamers que -al igual que Cardoza- ve con cierto escepticismo los planes de deportación masiva del gobierno republicano.
“Es imposible deportar a 200,000 personas”, agrega en la misma línea su socio Mike Dorsey, mientras saca una calculadora de su bolsillo para estimar el número de autobuses que haría falta para deportar a los salvadoreños que potencialmente deberían salir del país tras el fin del TPS, si no logran resolver su situación por otra vía.
Ambos reconocen que esta decisión del gobierno sobre finalizar la protección a inmigrantes salvadoreños quita el sueño de Benítez, de sus empleados y del futuro de sus hijos y el negocio, que es su fuente de ingresos.
El de Benítez es tan solo un caso, apenas una fotografía de la dramática mezcla de precario presente e incierto futuro en la que desde el lunes están inmersos decenas de miles de salvadoreños.
