Cómo la Corte Suprema puede arruinar o salvar la defensa de Trump: su inmunidad presidencial
La Corte Suprema tiene ante sí, tras la consulta del fiscal especial Jack Smith, un asunto trascendental para el futuro del expresidente Donald Trump, la cuestión de su inmunidad presidencial, su principal argumento de defensa ante los cargos que enfrenta por delitos cometidos supuestamente durante su mandato.
Al acudir directamente a la Corte Suprema, Smith trata de impedir que Trump retrase a través de un prologado proceso de apelación el proceso que preside la jueza federal Tanya Chutkan, quien rechazó la moción del expresidente de desestimar la demanda penal en su contra con base en la supuesta inmunidad presidencial.
La Corte Suprema respondió casi inmediatamente que estudiaría de forma urgente si admite a trámite la petición de Smith. También resolvió dar a Trump hasta el día 20 de diciembre para que se pronuncie. Esto no quiere decir necesariamente que va a decidir sobre el fondo del asunto de la inmunidad presidencial.
La Corte Suprema y la "inmunidad presidencial" de Trump
En su fallo, Chutkan dictaminó que el caso contra Trump no puede ser desestimado porque la presidencia no otorga al titular el “derecho divino de los reyes a evadir la misma responsabilidad criminal que rige a sus conciudadanos” reafirmando el principio del estado de derecho estadounidense de que ningún ciudadano está por encima de la ley.
En caso de decidir examinar el fondo del asunto, la Corte Suprema fallará sobre el asunto de la "inmunidad presidencial", un aspecto sobre el que la ley no dice nada y que nunca antes se ha examinado, ya que Trump es el primer expresidente en los 247 años de historia de Estados Unidos como nación independiente en enfrentar cargos penales.
Y si fallara a favor de Trump, crearía un precedente que daría al traste no solo con el juicio federal por interferencia electoral, sino también con el caso seguido contra el expresidente en Georgia, e impediría juzgarlo por cualquier otro delito que haya cometido durante sus años en la Casa Blanca.
Por qué el fiscal especial consultó a la Corte Suprema
Smith pidió el lunes a la Corte Suprema que considere la cuestión de si un presidente es “absolutamente inmune” a ser procesado en un tribunal federal por delitos cometidos mientras estaba en el cargo.
Busca que el alto tribunal deje sentado su criterio sobre el que ha venido a ser uno de los argumentos de los abogados de Trump en contra del proceso que preside la jueza Chutkan y en el que su cliente es acusado de conspirar para defraudar a EEUU y obstruir un procedimiento oficial, entre otros cargos, en sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en las que fue derrotado por Joe Biden.
Chutkan desestimó la petición de la defensa del expresidente, abriendo la puerta a un largo procedimiento de apelación que podría posponer la celebración del juicio hasta después de las elecciones.
De hecho, los abogados de Trump apelaron la decisión y pidieron suspender todos los procedimientos del caso hasta que el tribunal de apelaciones tomara su decisión, pudiendo potencialmente retrasar la fecha prevista para inicio del juicio en marzo de 2024.
Horas después de recibir la petición de Smith, la Corte Suprema acordó estudiar de forma expedita si la consideraba y ordenar a Trump que respondiera a los argumentos en un plazo de ocho días.
Esta no es la primera vez que el polémico expresidente invoca la supuesta “inmunidad presidencial”, algo que ya alegó sin éxito en los múltiples casos civiles que buscan responsabilizarlo por los disturbios del 6 de enero y el caso de difamación civil presentado por la escritora E. Jean Carroll después de que Trump la atacara por acusarlo de agresión sexual.
Los precedentes legales sobre la "inmunidad presidencial"
El Departamento de Justicia trabaja con el principio de que el presidente de Estados Unidos no puede ser acusado penalmente mientras está en el cargo, ya que tal evento "socavaría de manera inadmisible la capacidad del Poder Ejecutivo", lo que da al presidente una inmunidad temporal de hecho.
En la decisión Nixon v. Fitzgerald de 1982, por una demanda presentada contra el expresidente Richard Nixon por un contratista militar que alegaba haber perdido sus contratos por acciones tomadas cuando este era presidente, la corte decidió que Nixon no podía ser responsabilizado en casos civiles por acciones llevadas a cabo como parte de sus deberes oficiales.
A pesar de este precedente, la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia dictaminó recientemente que los casos civiles contra Trump por incitar los disturbios del 6 de enero si pueden avanzar, porque los supuestos esfuerzos de Trump para anular las elecciones y alentar la violencia de sus partidarios no formaban parte de sus deberes oficiales.
En 2020, la Corte Suprema falló contra de la supuesta inmunidad presidencial alegada por Trump, pero fuera del ámbito penal.
En esa ocasión, en la decisión del caso Trump v. Vance relacionada con la entrega de las declaraciones de impuestos de Trump en el caso de los pagos ilegales para comprar el silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, la Corte Suprema concluyó en 2020 que Trump, quien aún era presidente, estaba obligado a cumplir con una citación de un gran jurado para entregar tales declaraciones de impuestos a los fiscales.
“Ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal”, escribió el presidente John Roberts.
Qué dicen las partes en el caso EEUU vs Trump
Para los abogados de Trump, la única manera de castigar a un presidente es a través del proceso de impeachment y destitución, iniciado en el Poder Legislativo. Según la teoría de Trump, el precedente de Nixon v. Fitzgerald para casos civiles, debe ser aplicado también en procesos penales.
Según Trump, la acusación penal de un expresidente por actos cometidos durante su mandato viola la separación de poderes, y el juicio político y la condena por parte del Senado constituyen el “método exclusivo de proceder contra un presidente por crímenes cometidos en el cargo”.
Sin embargo, para Smith, el texto, la estructura y la historia de la Constitución no respaldan el argumento de la “inmunidad penal” del presidente y el argumento de Trump de que el impeachment y el juicio en el Senado constituyen la única forma de responsabilizar a los presidentes “colapsa bajo la aplicación del sentido común”.
El fiscal especial señaló el ejemplo del indulto otorgado por el entonces presidente Gerald Ford al presidente Richard Nixon por todos los delitos contra Estados Unidos cometidos por él o los que pudo haber cometido o en los que participó en ejercicio del cargo.
“Cualesquiera que sean las inmunidades que pueda disfrutar un presidente en ejercicio, Estados Unidos sólo tiene un jefe ejecutivo a la vez, y ese puesto no confiere un pase vitalicio para salir libre de la cárcel”, argumentaron los fiscales. " Los expresidentes no disfrutan de condiciones especiales en su responsabilidad penal federal".
Para Kristy Parker, Genevieve Nadeadu y Cameron Kistler, expertos legales de la organización no partidista Protect Democracy, la misma Corte Suprema ha rechazado el argumento de la inmunidad.
En un escrito sobre los alegatos de Trump, los expertos alegan que en 1974 la Corte Suprema afirmó que los funcionarios gubernamentales pueden ser procesados penalmente. En la decisión O’Shea v. Littleton, sobre un caso de discriminación racial por parte de funcionarios del gobierno de Illinois, la corte dijo que "la doctrina de la inmunidad oficial no llega al punto de inmunizar contra una conducta criminal proscrita por una ley del Congreso".
Los expertos dicen además en la decisión Trump v. Vance de 2020, la Corte Suprema aceptó la inexistencia de la inmunidad penal del presidente cuando dijo que “los grandes jurados estatales son libres de investigar a un presidente en ejercicio con miras a presentar cargos contra él una vez finalizado su mandato”.
