Cómo (y por qué) el Partido Republicano y una popular película te están engañando sobre los niños inmigrantes

A principios de 2023, la economía estadounidense mostraba signos de recuperación tras una pandemia que mató a millones de estadounidenses. El presidente Joe Biden había logrado que partes clave de su programa fueran aprobadas por el Congreso durante sus dos primeros años en el cargo, incluido un celebrado paquete de 1.2 billones de dólares que pretendía reconstruir las deterioradas infraestructuras del país y proporcionar un estímulo económico masivo. Parecía que todo marcharía bien.

Pero luego, en febrero, The New York Times publicó un reportaje ‘Alone and Exploited’ (Solos y explotados) en el que se descubría el uso generalizado de mano de obra infantil inmigrante por parte de empresas estadounidenses.

La investigación también descubrió que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU (HHS, por sus siglas en inglés), no pudo contactar por teléfono a 85,000 niños que cruzaron la frontera sin acompañantes y fueron entregados a la custodia de familias de acogida, algo que los funcionarios federales han negado.

Los republicanos del Capitolio aprovecharon el momento para pedir audiencias públicas y acusar al gobierno de Biden de dejar que 85,000 niños desaparecieran en un mundo de trabajo infantil y tráfico sexual.

"Si votan en contra de esto, están apoyando la violación de niños", dijo el representante Andy Ogles, republicano de Tennessee, durante una rueda de prensa. "Si Biden veta esto, estará apoyando la violación de menores. Tenemos 85,000 niños en este país en paradero desconocido".

El éxito de taquilla de ‘Sound of Freedom’, una película ampliamente desacreditada que se basaba en las teorías conspirativas de QAnon sobre el tráfico sexual de menores, avivó el furor al respecto en los medios de comunicación de derechas y en las redes sociales.

"Aunque el HHS comprueba el estado de todos los menores llamándoles un mes después de que empiecen a vivir con sus familias de acogida, los datos obtenidos por The Times mostraron que en los últimos dos años, la agencia no pudo contactar con más de 85,000 niños. En total, la agencia perdió el contacto inmediato con un tercio de los niños inmigrantes", señala el informe del diario.

En marzo, el secretario del HHS, Xavier Becerra, dijo al Congreso que la cifra de 85,000 era incorrecta y engañosa porque su d epartamento no es responsable del seguimiento de los niños después de que abandonan su custodia. Básicamente, la política de Estados Unidos es no hacer seguimiento.

"El Congreso nos ha otorgado ciertas competencias. Nuestras competencias terminan esencialmente en el momento en que encontramos un patrocinador adecuado para colocar al niño. Intentamos hacer un seguimiento, pero ni el niño ni el patrocinador están realmente obligados a hacer un seguimiento con nosotros", dijo Becerra ante una audiencia del comité de la Cámara de Representantes de EEUU.

Todas estas audiencias culminaron en una rueda de prensa ante el Capitolio en septiembre, en la que Chris Smith, republicano y representante de Nueva Jersey, presentó la Ley de Salvaguarda de Menores No Acompañados en Peligro y en Riesgo de Explotación o SECURE Act de 2023, una propuesta de medida que exigiría al gobierno de Biden localizar a los 85,000 menores no acompañados desaparecidos.

"La administración de Biden debe rendir cuentas por sus fallidas políticas de fronteras abiertas que han puesto a decenas de miles de niños en grave peligro y en gran riesgo de muerte, explotación sexual infantil y abuso", dijo Smith.

El Centro para la Integridad Pública (Center for Public Integrity) se puso en contacto con Smith y con algunos de los 30 copatrocinadores republicanos de su proyecto de ley, entre ellos tres latinos: Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, ambos de Florida, y Tony Gonzales, de Texas. Nadie ha respondido.

Un portavoz del HHS no quiso aclarar a The Center for Public Integrity la cifra de 85,000 niños citada en el artículo de The New York Times, respondió que la ORR "llegó a más del 80% de los hogares en 2022" durante las llamadas de seguimiento realizadas después de que los niños no acompañados abandonaran la custodia federal para vivir en hogares de patrocinadores o de acogida.

Jennifer Nagda, directora de programas del Young Center for Immigrant Children's Rights de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, calificó el proyecto de ley de Smith de "falso" y añadió que no aborda ninguno de los problemas que hacen que estos niños sean vulnerables a la explotación.

"Sugerir que los niños inmigrantes que no responden a las llamadas telefónicas de funcionarios desconocidos en los 30 días siguientes a su liberación de la custodia federal han 'desaparecido' es hacer una evaluación demasiado simplista de la compleja realidad de los niños supervivientes de traumas", dijo Nagda.

Más de 600,000 menores no acompañados han sido procesados por la ORR desde que el Congreso aprobó las leyes que rigen la oficina en 2002, según muestran los datos del HHS. Las leyes se actualizaron en 2008 en virtud de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata (TVPRA por sus siglas en inglés).

El congresista Smith fue copatrocinador de la TVPRA, y esa actualización concreta esboza los requisitos actuales del gobierno de que cada niño debe "ser colocado a la brevedad en el entorno menos restrictivo en el mejor interés del niño". La ley no exige que el HHS realice un seguimiento de los menores no acompañados después de ser liberados de la custodia federal.

Robert Carey, quien se desempeñó como director de ORR de 2015 a 2017, dijo que cuando el Congreso tomó la decisión en 2002 de trasladar el cuidado de los niños no acompañados de los Servicios de Inmigración y Naturalización (un predecesor del Departamento de Seguridad Nacional) al HHS, fue porque quería que estos niños estuvieran bajo el cuidado de una agencia de servicios sociales, no de las fuerzas del orden.

Pero desde la medida, la ORR ha seguido una política para notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 24 horas antes y 24 horas después de la liberación de todos los menores no acompañados, incluido el nombre y la dirección actual del patrocinador, según el sitio web del HHS.

En 2017, la información de los patrocinadores de menores no acompañados se utilizó para otros fines, y esto, dijo Carey, tuvo un efecto desalentador en la voluntad de los patrocinadores y hogares de acogida, ya que podrían ser indocumentados temerosos de presentarse o responder a las llamadas telefónicas del gobierno.

"Tenemos al Congreso pidiendo respuestas sobre muchas de estas cuestiones, incluida la pérdida de niños, y el hecho es que el Congreso es quien realmente ordena estas cosas", dijo Carey.

Los republicanos se alían con Hollywood

El día de su estreno, el 4 de julio, la película ‘Sounds of Freedom’, un thriller cristiano sobre el tráfico sexual infantil producido por el activista de derecha, recaudó 14 millones de dólares en taquilla.

La película, financiada en parte por el público y producida por Angel Studios, una empresa independiente de medios de comunicación de Utah fundada en 2021, ocupó el primer puesto ese día, superando a ‘Indiana Jones y el dial del destino’, ‘Spider-Man: A través del universo arácnido’, ‘Transformers: El origen de las bestias’ y ‘Elemental’ de Pixar.

Desde entonces, las ventas totales han ascendido a 184 millones de dólares en EEUU.

"Ese es el milagro: que en un mundo de mentiras y ataques, la verdad se abra paso, ocupe el primer lugar y muchas vidas se salven gracias a esto. Porque en tiempos de mentiras universales, decía Orwell, decir la verdad constituye un acto revolucionario", declaró Verástegui a ACI Prensa, publicación española de la Agencia Católica de Noticias, poco después del estreno.

Además del éxito entre los principales espectadores cristianos, la película ha sido acogida por los teóricos de la conspiración QAnon, que creen que una cábala de políticos y famosos adoradores de Satán se dedican a la pederastia y al tráfico de seres humanos mientras extraen la sangre de niños maltratados.

El argumento de ‘Sounds of Freedom’ se centra en Tim Ballard, un exagente federal estadounidense que se embarca en una misión de rescate en Colombia para liberar a las víctimas del tráfico de menores. Ballard es un antiguo director general de Operation Underground Railroad (OUR), una organización contra el tráfico sexual.

Ballard dimitió de OUR el 22 de junio en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada, según dice Vice News. Una semana antes del estreno de la película, la OUR publicó en su sitio web: "Sound of Freedom: Basada en una historia real (Excepto las partes que no lo son)".

"La película muestra a niños en contenedores de transporte. Es importante señalar que Hollywood se tomó una licencia creativa a la hora de retratar las diferentes formas en que se puede traficar con niños. Aunque existen casos en los que los niños son transportados en diversos vehículos, la mayor parte de la trata se produce a través de un proceso manipulador de preparación", se leía en la publicación que posteriormente la OUR eliminó.

El Center Public Integrity realizó varios intentos para contactar al personal de la OUR, pero no tuvo éxito.

El expresidente Donald Trump organizó una proyección de la película en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, y elogió la película, calificándola de "increíble". El entonces presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, y el legislador Smith, principal promotor de la Ley SECURE, organizaron una proyección de la película en el Capitolio a finales de julio.

Esa misma semana, Smith anunció que estaba trabajando en una ley en colaboración con Verástegui y Roger Severinoe, el derechista de Heritage Foundation, un grupo conservador que apoya políticas para obstaculizar el acceso al aborto y promover la discriminación contra las comunidades LGBTQ.

Un Congreso dividido

La Ley SECURE de 2023 exigiría al HHS y al Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) presentar informes conjuntos cada 60 días sobre sus esfuerzos para encontrar e investigar cualquier sospecha de tráfico de personas relacionada con los 85,000 menores no acompañados que cruzaron la frontera sur de EEUU y que fueron liberados de la custodia federal y con los que se ha perdido el contacto.

"Estos niños aparecen no acompañados, más de 300,000 en los últimos años. ¿Dónde están?" preguntó Ballard durante la rueda de prensa de septiembre para promover el proyecto de ley.

"Ochenta y cinco mil, según el HHS, que los tuvo en un momento dado, desaparecieron en el vientre del país que consume más material de explotación que cualquier otro país del planeta", añadió. "Esto debería horrorizar a todos los estadounidenses".

Jennifer Podkul, vicepresidenta de Kids in Need of Defense (KIND), calificó la cifra de 85,000 de "información alarmista" y señaló que proporcionar representación legal a estos niños es la mejor manera de garantizar que los menores no acompañados no se pierdan o caigan en el olvido.

KIND es la mayor organización no gubernamental estadounidense que presta servicios jurídicos y aboga por la protección de los menores no acompañados.

"En general, que la gente se preocupe por la protección de los niños es algo positivo y espero que estas audiencias eleven el debate más allá de esta ridícula retórica partidista sobre la inmigración", dijo Podkul.

Smith y otros defensores de la Ley SECURE culpan a la falta de seguridad fronteriza de la reciente afluencia de menores no acompañados. Pero los niños latinoamericanos han emigrado solos a EEUU durante más de 100 años, según Ivón Padilla-Rodríguez, investigadora y galardonada historiadora de la inmigración en la Universidad de Illinois Chicago.

A través de su investigación, Padilla-Rodríguez ha documentado la llegada de niños de México a EEUU desde finales del siglo XIX, cuando el país experimentaba una migración a gran escala desde lugares de todo el mundo a pesar de la legislación excluyente que pretendía impedir la entrada de inmigrantes.

"Entre estos inmigrantes había niños", explica Padilla-Rodríguez. "Acabaron trabajando en lugares tan diversos como ferrocarriles, minas, fábricas, servicio doméstico y agricultura siendo menores".

La investigación del Times de febrero y otros artículos de prensa recientes cubrieron el uso ilegal de mano de obra infantil inmigrante por parte de múltiples industrias, incluyendo ejemplos de niños de 12 años trabajando en fábricas de automóviles, niños de 15 años empaquetando cajas de cereales y cientos de menores limpiando plantas de procesamiento de carne con productos químicos peligrosos.

Pero, según Podkul, de KIND, para cambiar la larga historia de explotación laboral de los niños inmigrantes en EEUU sería necesario un enfoque enérgico de todo el gobierno.

Las lagunas generalizadas en los servicios jurídicos y sociales para estos niños en su proceso de inmigración y transición a nuevas comunidades, la falta de seguridad económica, las barreras lingüísticas y la escasez de mano de obra estadounidense son solo algunos de los factores subyacentes que contribuyen a la explotación laboral de los menores no acompañados en EEUU, según Podkul.

El retroceso de las protecciones estatales contra el trabajo infantil y la escasez de fondos del Departamento de Trabajo para hacer cumplir las normas sobre trabajo infantil también son culpables, añade Podkul.

En febrero, la Casa Blanca anunció una iniciativa de nueve pasos para prevenir el trabajo infantil y proteger a los niños inmigrantes. La iniciativa, dirigida por el HHS, incluía el intercambio de información con el Departamento de Trabajo, el aumento de las multas a los empleadores que utilizan ilegalmente mano de obra infantil y la ampliación de los servicios posteriores a la puesta en libertad.

Pero a pesar de la atención bipartidista a la explotación de los niños inmigrantes, hay poco apoyo entre ambos partidos para establecer protocolos de protección duraderos.

Más de 20 proyectos de ley presentados este año en la Cámara de Representantes mencionan a los menores no acompañados. La mayoría están estancados en los comités y tienen pocos partidarios. Y los dos proyectos de ley que reciben más apoyo están divididos por líneas partidistas.

La "Ley de Ciudadanía Estadounidense" que pretende "proporcionar un camino ganado hacia la ciudadanía, abordar las causas profundas de la migración... y reformar el sistema de visados para inmigrantes", se presentó en mayo con 114 demócratas y ningún republicano como copatrocinador. Del otro lado la Ley SECURE de 2023 de Smith cuenta con 30 copatrocinadores, todos republicanos.

Las cosas son un diferente en el Senado, donde los legisladores están considerando al menos una docena de proyectos de ley relacionados con los menores no acompañados. Entre ellos se encuentra la Ley de Prevención de la Explotación Laboral Infantil, presentada por los senadores Cory Booker, demócrata de Nueva Jersey, Josh Hawley, republicano de Misuri, Michael Bennet, demócrata de Colorado, y Lisa Murkowski, republicana de Alaska. La propuesta de ley crearía un tribunal de menores para los atender a los niños no acompañados.

"La explotación infantil en nuestro país es impresionante y vergonzosa y verdaderamente extraordinaria cuando se piensa que esto es los Estados Unidos de América", dijo Booker durante una audiencia del comité sobre los niños migrantes no acompañados el 25 de octubre, un día antes de presentar su proyecto de ley bipartidista. "Esto debería horrorizar a todo el mundo. Pero dado lo que sabemos, no debería sorprendernos".

* Kristian Hernández es reportero senior de The Center for Public Integrity. Es un periodista galardonado, mexicano-estadounidense de primera generación con más de una década de experiencia cubriendo temas de inmigración y justicia penal.

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