Colombiagate: un escándalo de sobornos en Italia con conexión en Miami
Una firma de abogados de Miami está en el radar de un sonado caso criminal en Italia que involucra al exprimer ministro de ese país Massimo D’Alema y otras siete personas en la tentativa de pago de sobornos a funcionarios colombianos a cambio de la aprobación de un contrato por más de cuatro mil millones de dólares para el suministro de aeronaves y embarcaciones militares.
La fiscalía italiana investiga el papel que habría jugado en esa trama el abogado italoamericano Umberto Claudio Bonavita de la firma Robert Allen Law de Miami, según documentos judiciales conocidos por Univision Investiga y que han sido ampliamente difundidos por medios italianos.
El estudio jurídico Robert Allen Law de Miami es mencionado en una orden de inspección de la fiscalía de Nápoles de oficinas y computadores de algunos de los sospechosos a principios de 2023.
Según la orden, las comisiones pactadas sumaban 80 millones de euros, cantidad que “se dividiría concretamente entre la parte colombiana y la italiana a través del estudio de abogados estadounidense Robert Allen Law con sede en Miami”.
Los implicados “ofrecieron y en todo caso prometieron” a “la parte colombiana” una “contraprestación ilícita […] por la cantidad de 40 millones de euros […] y pagadera en forma oculta”, afirma el documento.
La “parte colombiana” estaba conformada por altos funcionarios públicos y un intermediario que luego fue identificado como excombatiente paramilitar condenado por homicidios colectivos.
El multimillonario contrato entre Italia y Colombia para la adquisición de 24 aviones M346, dos submarinos y dos fragatas a las empresas Leonardo y Fincantieri, las dos más grandes del sector de defensa y construcción de embarcaciones en Italia, no se concretó debido a un desacuerdo entre las partes en el pago de las comisiones, según los documentos.
De acuerdo con la orden de la fiscalía napolitana, el abogado Bonavita habría participado en los preparativos para la repartición de las comisiones junto con Gherardo Gardo, contador y consultor privado del exprimer ministro. Gardo también está bajo investigación.
Bonavita y Gardo participaron en “la preparación y firma de contratos de simulación y justificación formal de la transacción financiera”, agrega el documento firmado por los fiscales Vincenzo Piscitielli y Silvio Palvia.
De acuerdo con el programa satírico de la televisión italiana Striscia la Notizia que compartió documentos y videos con Univision Investiga, Gardo es un colaborador cercano de D’Alema.
Los registros públicos de la Florida muestran que Gardo y Bonavita comparten la gerencia de tres corporaciones de Miami, una de ellas dedicada a la consultoría financiera y manejo de fortunas.
Bonavita, de 49 años, es un abogado de Fordham University School of Law de Nueva York, especializado en consultoría para la compraventa de yates de lujo y litigios de navegación civil. Tiene residencia en Miami.
Algunos medios italianos sostienen que Bonavita tenía línea directa con el primer ministro D’Alema. La afirmación se basa en un mensaje de Whatsapp en el que el exprimer ministro le imparte instrucciones a Bonavita.
La llamada clave
Los investigadores italianos pusieron en el mapa el nombre del bufete de Miami luego de conocer una grabación de una conversación telefónica en la que el exprimer ministro D’Alema explica que las “compensaciones” del negocio serían distribuidas por el bufete Robertt Allen Law.
“Nos hemos comprometido nosotros y también Robert Allen, la firma estadounidense, que toda compensación cualquiera que sea el motivo por el cual sea recibida, se dividirá al 50 por ciento con la parte colombiana”, dice D’Alema en la grabación revelada por el periódico La Verità.
D’Alema agrega “al final estamos convencidos de que recibiremos 80 millones de euros”. Los investigadores de la fiscalía napolitana suponen que esa suma corresponde al dos por ciento del total del contrato.
Al otro lado de la línea telefónica estaba un colombiano que se presentó como emisario del gobierno de su país para el contrato multimillonario. Se trata de Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, exlíder paramilitar condenado a 30 años de prisión en Colombia por complicidad en múltiples asesinatos y desapariciones.
La pena fue reducida a ocho años al acogerse a un régimen especial de colaboración con la justicia.
D’Alema, quien fue primer ministro de Italia de 1998 a 2000 y hoy preside el Partido Comunista italiano, respondió al diario Corriere de la Sera que su papel en este negocio fue transparente.
“Tengo una firma consultora. Me interesa también ayudar a compañías italianas en el exterior. Pero yo no soy un negociador, yo no negocio, no recaudo comisiones”, aseguró D’Alema.
Bonavita no respondió llamadas ni correos electrónicos de Univision Investiga a sus oficinas en Miami. Gardo tampoco devolvió llamadas hechas a Studio Gardo, su oficina en Cento, una población al norte de Italia, ni mensajes enviados a su correo de Linkedin.
Robert Allen, fundador de la firma, no aparece como sujeto de la investigación en los documentos judiciales conocidos por Univision.
Aunque el contrato entre las empresas italianas y el gobierno de Colombia no se concretó, la fiscalía napolitana asumió la investigación por el delito de corrupción internacional agravada con tentáculos en Italia, Colombia y Estados Unidos.
En el proceso de intermediación entre el gobierno de Colombia e Italia también participaron los italianos Emanuele Caruso y Francesco Amato, quienes se presentaron como consultores internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
La oficina de prensa del Ministerio respondió a Univision Investiga que Caruso ni Amato han sido contratados por la entidad ni se encontraron contratos con ninguno de los dos en los registros que cubren gastos de funcionamiento y representación de 2018 a 2022 en las misiones diplomáticas y consulares de Italia.
El portafolio de Bonavita
Bonavita y Gardo compartían sociedades en Miami desde 2011. Ambos figuran como gerentes de Wey LLC, una firma especializada en consultoría de negocios, manejo de fortunas y cumplimiento de leyes tributarias “bajo el mayor nivel de confidencialidad”, según su portal en internet.
Fundada en 2011, la empresa tiene sedes en Miami, Dubái y Singapur. Gardo es el presidente ejecutivo, según su perfil de Linkedin. El contador cita como domicilio una casa en Key Biscayne, Florida.
La dirección oficial de Wey LLC coincide con la de Robert Allen Law en Miami, el bufete del cual es socio Bonavita.
La periodista Lodovica Bulian reveló los primeros indicios de la conexión del escándalo italiano con Miami.
El abogado de Miami y el contador de Italia también aparecen asociados en una firma de responsabilidad limitada (LLC) que lleva el nombre del famoso tren de lujo de la India Maharajas Express. Fue creada en 2017 y tiene sede en Miami.
Ambos socios figuraron como gerentes de Pondarosa Holdings LLC con una existencia fugaz de cinco días. Fue creada el 27 de diciembre de 2016 y disuelta el primero de enero del año siguiente.
En Pondarosa Holdings LLC también se registró como gerente la esposa de Bonavita, Danielle Costanzo, directora de mercadeo de Robert Allen Law. Danielle es hija de John Costanzo, un veterano exagente de la DEA que fue agregado en la embajada de Estados Unidos en Roma. Luego ocupó la segunda posición más importante en la división de Miami.
En su currículo informa que es el presidente fundador de Ebco International, una firma registrada por su yerno Bonavita y especializada en la recaudación de información de inteligencia para la protección de las empresas.
Bonavita ha sido agente registrador de sociedades de otro hijo de Costanzo, John Costanzo, junior, también agente de la DEA.
Costanzo junior afronta un juicio en Nueva York desde mayo de 2022 por aceptar sobornos de un investigador privado, exagente de la DEA, a cambio de información confidencial de la agencia.
Manuel Recio, el investigador, usaba la información para compartirla con clientes sospechosos de narcotráfico, alega la fiscalía. Al menos dos de los sobornos se pagaron a través de un familiar cercano a Costanzo junior, según el encausamiento. La acusación no identifica al familiar. Costanzo junior se declaró no culpable.
Empresarios y un convicto
Bautizada por los medios como el Colombiagate, la pesquisa ha comprometido a empresarios italianos del más alto nivel. Policías de la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales (DIGOS) allanaron las oficinas y el domicilio en Roma de Alessandro Profumo, presidente ejecutivo (CEO) de Leonardo, la principal empresa de defensa aeroespacial y seguridad de Italia que vendería los aviones de combate a Colombia.
El gobierno italiano tiene participación en la compañía de 52,000 empleados. Leonardo cuenta con una filial en Pensilvania, Leonardo US Corporation. En 2020, el Ejército de Estados Unidos suscribió un contrato de 500 millones de dólares con la firma para producir un sistema de miras térmicas para armamento.
Los agentes policiales italianos también registraron la casa de Giuseppe Giordo, director general de la división naval militar de Financantieri, el mayor astillero del país. Giordo fue suspendido tras conocerse las medidas del ministerio público.
“Mi cliente está absolutamente tranquilo porque estamos en presencia de una desafiante invención jurídica”, dijo al Corriere della Sera, Cesare Placanica, el abogado de Giordo.
Se sospecha que D’Alema participó en el esquema como intermediario informal entre los ejecutivos de las empresas proveedoras de los equipos y personas que se presentaban como emisarios del gobierno de Colombia.
En Colombia causó sorpresa que uno de los protagonistas del esquema fuese Fierro, alias Don Antonio, excapitán del ejército de Colombia quien fue cabecilla regional de las temidas Autodefensas de Colombia (AUC), una organización armada de ultraderecha designada como terrorista por el gobierno de Estados Unidos.
Fierro fue condenado en Colombia por la muerte, tortura y desaparición de decenas de personas en su posición de comandante del Frente José Pablo Díaz de las Autodefensas del Bloque Norte.
Al acogerse a un régimen especial de amnistía conocido como Justicia y Paz, logró una condena de solo ochos años, aunque estuvo a punto de perder las prerrogativas a causa de su injustificada demora en pedir perdón a las víctimas como lo requerían los postulados de esa jurisdicción, según lo reportó el diario colombiano El Espectador.
Los documentos de la pesquisa italiana describen el papel de Don Antonio como jefe del Grupo de Trabajo para la Presentación de Oportunidades en Colombia, una organización desconocida en ese país. No fue posible contactar a Fierro en Colombia ni en Italia.
“Yo no chequeé el currículo vitae de mi interlocutor. A mí me dijeron que era un senador”, respondió D’Alema cuando los periodistas del Corriere le preguntaron si estaba al tanto de los antecedentes de Don Antonio.
En una entrevista exclusiva con el periodista Alessio Giannone de Striscia la Notizia, Caruso explicó que estaba en Bogotá cuando se enteró de la licitación del gobierno colombiano.
Después de un intento fallido para conectarse con las empresas que podrían suministrar los equipos, Leonardo y Fincantieri, logró una entrevista con D’Alema. Según Caruso, el exprimer ministro le pidió que se reuniera con la firma Robert Allen de Miami.
De acuerdo con el decreto de justificación de la inspección de las residencias y oficinas de los involucrados, las promesas de las comisiones se hicieron presuntamente a Marta Lucía Ramírez, entonces canciller y vicepresidenta de Colombia; a Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, que se presentaban como delegados de la Comisión II del Senado de Colombia y al paramilitar alias Don Antonio.
En un comunicado de prensa Ramírez dijo que durante la administración anterior no tuvo “competencia o responsabilidad frente a la adquisición de aviones ni equipos militares” ni sostuvo reuniones con empresas del sector de seguridad y defensa.
