Demandas del gobierno mexicano contra industria de las armas chocan con una ley por la que votó a favor el embajador de EEUU en México
En julio de 2005 el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que concedía inmunidad a los productores y vendedores de armas frente a demandas de víctimas.
Fue una de las victorias más celebradas por la poderosa Asociación del Rifle de Estados Unidos en medio de una avalancha de costosos litigios contra la industria.
El entonces senador demócrata Ken Salazar, que estrenaba escaño en el Congreso por Colorado, se unió a 51 republicanos y votó por la controversial legislación conocida por las siglas PLCAA (Ley de la Protección de Comercio Legal de Armas). Otros nueve demócratas hicieron lo mismo.
“Las armas son productos legales, como mi camioneta Ford Ranger 1994”, dijo entonces Salazar. “Si alguien usa mi Ford Ranger en una actividad criminal, no creo que la Ford debe ser responsabilizada”, agregó.
Aunque sin usar la misma analogía, el gobierno mexicano prácticamente plantea en dos demandas presentadas ante cortes federales de Estados Unidos que, si Salazar le presta la llave de su camioneta a una persona que sospecha que la va a usar para atropellar a otros, tiene que evitarlo o responder ante la ley.
“Cualquier persona razonable sabe que, si alguien está comprando tres, cinco, diez, y tengo un caso donde fueron 80 armas en una sola compra, no lo están haciendo para ellos mismos. Las están comprando para pasarlas de contrabando”, explicó a Univision Jonathan Lowy, abogado que representa a México en los litigios de Estados Unidos.
La situación pasaría inadvertida si no fuera porque Salazar dejó de ser senador y ahora es embajador ante el país demandante.
El presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo a Univision que no ha encontrado ninguna oposición del embajador a las pretensiones legales de México contra los fabricantes y vendedores de armas. Pero Timothy Sloan quien fue agregado de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en México mencionó el voto a favor de la PLCAA en una entrevista en la que se quejó de la indiferencia de Salazar hacia el trabajo de la agencia.
Una de las prioridades del gobierno mexicano en su relación con Estados Unidos es que se reconozca que la venta de armas de uso militar a los carteles en tiendas de ese país es un eslabón clave para romper la cadena perversa del narcotráfico.
Durante varios meses Univision Investiga siguió el rastro de armamentos que fueron vendidos en Estados Unidos y terminaron en manos del crimen organizado en México.
La batalla legal entre ambos países es parte de ese ciclo: por un lado están los armeros que aseguran que siguen los procedimientos de verificación indicados por la ATF y por el otro el gobierno mexicano que considera que algunos, no todos los vendedores, se "hacen los ciegos" y venden armamento militar sofisticado a sabiendas de que caerá en manos de los narcotraficantes.
Desde la narrativa mexicana el crimen organizado está en capacidad de mantener su poder de exterminio e intimidación gracias a las armas que compra cómodamente en Estados Unidos. Son alrededor de 200,000 al año de las cuales más del 70 por ciento son halladas en escenas de crímenes.
Una de las demandas presentada en Boston contra los principales fabricantes de armas de Estados Unidos por 10,000 millones de dólares fue desestimada en septiembre pasado por un juez federal invocando la ley de 2005.
La misma ley ha sido citada como argumento principal de defensa en una segunda demanda del gobierno mexicano, esta vez contra cinco tiendas de armas de Arizona. México apeló la decisión del juez de Boston. El proceso de Arizona está pendiente.
Frustración
Cuando Salazar se posesionó como embajador en septiembre de 2021, Timothy Sloan era agregado de la ATF en la misma sede diplomática.
En una extensa entrevista con Univision Investiga Sloan dijo que le causó frustración haberse enterado del respaldo de Salazar a la industria de las armas en el Congreso. También le preocupaba una actitud de indiferencia del embajador hacia la oficina de ATF en México, agregó.
“Nunca habló ni tuvo una reunión con ATF”, dijo Sloan. “No creo que sepa quién soy yo. No creo que sepa si yo me fui ni cuándo”, agregó.
Univision Investiga buscó una respuesta de Salazar y envió un cuestionario al embajador. El vocero de la embajada J.J. Harder respondió en un correo electrónico: “Analicé con mi jefe, como dije. No estamos planeando pasarle su correo al embajador”.
Mónica Romero del equipo investigativo de Univision le consultó al presidente Andrés Manuel López Obrador en una reciente conferencia de prensa si consideraba un inconveniente trabajar con un embajador que respaldó una legislación que hoy se ha convertido en un impedimento para las demandas de México.
López Obrador respondió que no conocía el antecedente de la votación en 2005, pero salió en defensa de Salazar.
“Las denuncias que hemos presentado nosotros en este gobierno no han sido rechazadas por el gobierno del presidente Biden”, dijo el mandatario. “Y ese gobierno está representado aquí por Ken Salazar y él nunca ha expresado estar en contra de nuestra postura”, agregó.
Enviamos un cuestionario a la portavoz de ATF Kristina Mastropasqua quien nos dijo que la entidad no comenta “pronunciamientos hechos por otros” en referencia a las declaraciones de Sloan, pero agregó que “ATF comparte el profundo compromiso del embajador Salazar de reducir el contrabando de armas de fuego y la violencia en México y Estados Unidos”.
En cuanto a la relación de trabajo de ATF con las autoridades mexicanes agregó que es “excelente y productiva”.
México vs. vendedores
En octubre de 2022 el gobierno de México acusó civilmente a cinco tiendas de armas de Arizona. El escrito sostuvo que el estado fronterizo es el epicentro de la compra de armamentos de los carteles. Las armerías demandadas son: Diamondback Shooting Sports, Inc.; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC, The Hub; Ammo A-Z, LLC y Sprague’s Sports, Inc.
En un lenguaje fuerte que describe a los acusados como cómplices que prefirieron la “ceguera voluntaria” a rechazar las rentables transacciones con emisarios de los narcos, la demanda sostiene que lo vendedores sabían que:
· Las armas compradas por los clientes sospechosos estaban destinadas a los carteles
· Los rifles de uso militar son las armas favoritas de los narcotraficantes
· La mayoría de los clientes que hicieron compras múltiples y reiteradas de armas de tipo militar, eran prestanombres
La demanda detalla con nombres y fechas varios encausamientos criminales contra prestanombres y contrabandistas que utilizaron las armerías acusadas.
Además de la “negligencia” en las ventas, el gobierno mexicano argumenta que las tiendas violaron la ley mexicana del contrabando de armas, incurrieron en publicidad engañosa y utilizaron el servicio postal de Estados Unidos para el envío de las armas.
“La actual violencia de los carteles en México está alimentada por los rifles de asalto suplidos por inescrupulosos vendedores de la frontera como los demandados”, afirma la demanda.
Armeros responden
En un memorial de 54 páginas los abogados de las armerías rechazaron cada una de las acusaciones civiles. Según ellos, México no tiene fundamento para presentar el caso por cuanto no es posible atribuir a sus clientes el origen del daño causado por las armas “cuando es el resultado de acciones independientes de terceros”.
La ley PLCAA, respaldada por Salazar, también fue esgrimida como uno de los argumentos más contundentes para que el juez rechace la demanda.
“Bajo la PLCAA, los vendedores con licencia federal tienen una amplia inmunidad contra demandas que aleguen daños que ‘resulten del mal uso ilegal o criminal de un arma por una tercera persona’”, afirma el memorando.
Los armeros le recordaron al gobierno mexicano que los intentos en el pasado de culpar a la industria de las armas de fuego por el uso criminal de sus productos han sido infructuosos judicialmente. Sostuvieron que hay numerosos casos presentados por demandantes de Estados Unidos que han sido desestimados con fundamento en la PLCAA.
El memorando toca un tema incómodo para el gobierno de México al afirmar que al mostrarse “incapaz de controlar la violencia de los carteles dentro de sus propias fronteras” presenta demandas para “echarle la culpa” a los productores y vendedores de armas.
Cuando un arma comprada en Estados Unidos cruza la frontera y no es parte de una importación lícita, en México comienza un recorrido completamente ilegal.
Si se consideran las cifras del gobierno mexicano que indican que cada año un total de más de 140 mil armas enviadas de contrabando desde Estados Unidos llegan a manos de organizaciones criminales, el porcentaje de armamento decomisado en ese trayecto es muy bajo.
A la pregunta de Univision de que está haciendo en ese sentido el gobierno mexicano, Alejandro Celorio, consultor jurídico de la cancillería de ese país, explicó que "reforzando las aduanas".
“Tenemos la culpa de los dos lados”, anotó el abogado penalista de Los Ángeles, Humberto Díaz. “De un lado tenemos hasta cierta parte una tolerancia al crimen organizado [en México] y de este lado tenemos una tolerancia sobre el uso y el abuso de las armas de fuego. Y por desgracia en México se están contando estas dos cosas y están sucediendo los eventos que estamos viendo’, agregó.
En su respuesta a Univision la ATF dijo que el trabajo cercano entre esta agencia y las autoridades mexicanas ha permitido aumentar el número de investigaciones orientadas a establecer el origen de las armas. Entre 2017 y 2022 las solicitudes del gobierno de México de trazabilidad de las armas se duplicaron, asegura la ATF.
El abogado Díaz dijo que no se siente optimista con el futuro de las demandas de México.
“Creo que al gobierno de México se le va a dificultar bastante el prevalecer en esos casos civiles”, afirmó. “Ellos [los vendedores] siempre van a decir estamos vendiendo armas de fuego, estamos acatando la ley no estamos haciendo nada ilegalmente”.
Sin embargo, agregó, la perspectiva de una demanda multimillonaria podría funcionar como un mensaje persuasivo para que las armerías presten más atención a los controles de venta de armas de asalto.
“Posiblemente eso los haga pensar dos veces antes de seguir vendiendo estas armas”, dijo Díaz. "Pero por desgracia, el dinero, las ganancias para ellos son bastante jugosas”.
Contribuyeron con este reportaje Margarita Rabín, Verónica Guzmán y Fernanda Valdivia
