Los fiascos del Grupo Aval en EEUU: así lidió el poderoso conglomerado colombiano con una condena por narcolavado y otra por corrupción
En agosto pasado el gobierno de Estados Unidos impuso una multa de 80 millones de dólares al Grupo Aval de Colombia por el pago de sobornos a funcionarios públicos de ese país en complicidad con la multinacional Odebrecht.
La firma Corficolombiana de la organización que fundó Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los banqueros más ricos de América Latina, se acogió a un acuerdo de encausamiento criminal diferido por violar la ley estadounidense contra la corrupción internacional, según un documento radicado en la corte federal de Maryland.
Mediante este acuerdo la fiscalía podría hacer efectivos los cargos en caso de que la firma financiera incurra en las mismas conductas de las que se declaró culpable o incumpla una serie de correctivos en los próximos tres años.
La decisión de Washington no trascendió en Estados Unidos más allá de las publicaciones especializadas y el consabido comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
Pero no ocurrió lo mismo hace 34 años, cuando un banco de la organización de Sarmiento Angulo fue acusado junto con Pablo Escobar y otros líderes del Cartel de Medellín de una gigantesca operación de lavado de dinero.
Ese 30 de marzo de 1989 los corresponsales en Washington atiborraron la sala de prensa del Departamento de Justicia donde los esperaban el fiscal general Dick Thornbugh, el director del FBI William S. Session y el jefe de la DEA John Lawn para explicar los detalles de lo que se bautizó como la operación Polar Cap.
Frente a un mapa cruzado por flechas que conectaban el flujo de oro y dinero entre Colombia, Panamá, Estados Unidos, Uruguat e Inglaterra, el fiscal explicó cómo las oficinas del Banco de Occidente de Panamá y la principal en Colombia se prestaron para lavar unos 412 millones de dólares del narcotráfico.
“Es fácilmente la operación más grande para ocultar los orígenes del dinero de la droga jamás descubierta por agente federales”, dijo Thornbugh.
En la misma imputación fueron acusados Pablo Escobar, su primo Gustavo Gaviria, Jorge Luis Ochoa Vásquez y otros cabecillas del Cartel de Medellín que en esos momentos patrocinaba una brutal campaña terrorista contra el gobierno de Colombia para forzar la supresión de la extradición de nacionales.
Justo un día antes del anuncio de la operación en Washington, sicarios del cartel habían asesinado a Héctor Giraldo Gálvez el apoderado de la familia Cano en la investigación por el magnicidio del director del diario El Espectador Guillermo Cano.
El conglomerado de Sarmiento Angulo aceptó la culpabilidad del banco y entregó, a título de confiscación, cinco millones de dólares, la sanción más alta que había impuesto Estados Unidos hasta entonces en la historia contra el lavado de activos.
La condena de 1989 no fue citada en 2023 como agravante en la decisión de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) que sancionó al Grupo Aval el pasado 11 de agosto por el pago de sobornos.
Tampoco impidió que Sarmiento Angulo tocara la campana de la Bolsa de Nueva York en septiembre de 2014 como señal de ingreso de su grupo al reino bursátil de Estados Unidos.
Teóricamente la aprobación de una compañía en la bolsa pasa por un riguroso proceso de auditoría de la SEC. El banco sobrevivió y hoy continúa siendo uno de los negocios insignias del Grupo Aval.
¿Cuánto sabían?
La imputación criminal de la corte de Atlanta no dejó dudas de que altos directivos del banco sabían lo que estaba pasando y que no se trataba de una actividad circunscrita a los gerentes de la sucursal en Panamá, como lo alegaba el grupo.
Según la acusación, los gerentes de Panamá actuaron con “la autorización de altos funcionarios de la corporación pariente coacusada, el Banco de Occidente (Cali) S.A”.
El banco estuvo durante 13 años (1972 a 1986) bajo la dirección de Guillermo Sarmiento Angulo, hermano del magnate.
En una conversación grabada por la DEA en 1989, el colombiano Eduardo Martínez Romero, alias Mamaburra, identificado como ministro de finanzas del Cartel de Medellín, se ufanó de haber usado el Banco de Occidente para blanquear dinero en los 10 años previos.
Al describir la conducta de la gerente de la sucursal panameña del Banco de Occidente, Carmen Clara García de Paredes, la fiscalía aseguró que ayudó a lavar dinero de la venta de cocaína y marihuana en Estados Unidos “con la autorización de sus superiores en el Banco de Occidente (Cali) y en el Banco de Occidente Panamá”.
La acusación no explicó en qué se basaba esta afirmación, pero años después se conocieron las transcripciones judiciales de una conversación captada en video entre Martínez Romero y el agente de la DEA John Featherly que posaba como un acaudalado financista experto en blanqueo de capitales.
En un lujoso hotel de Aruba, a principios de marzo de 1989, Featherly le preguntó a Martínez si sus contactos en el Banco de Occidente eran lo “suficientemente altos” como para poner en marcha la operación sin inconvenientes.
“No hay problema para nada. El banco entiende esto, y es su función, y para eso fue que se abrió”, respondió Martínez según las transcripciones obtenidas por la periodista Ann Woolner para su libro “Washed in Gold”.
Un ex agente federal que participó en la operación y que pidió mantenerse en el anonimato dijo a Univision Investiga que el masivo movimiento de dinero tendría que haber llamado la atención de los altos ejecutivos y propietarios del banco.
“No es posible que los dueños de un banco no hayan visto los volúmenes de fondos que estaban pasando porque ese dinero seguía para adelante”, dijo el agente retirado al referirse a los más de 400 millones que blanqueó la institución financiera. “Entonces ellos tenían que saber que el único negocio que te podía dar esas cantidades era el negocio de la droga”, agregó.
Esa misma percepción fue plasmada en su libro por Woolner al recordar las palabras de un banquero que participó en un debate de la Asociación Bancaria de Panamá para discutir si recomendaban el cierre de la sucursal en el Istmo.
Según Woolner, varios argumentaban que hubiera sido imposible enviar a la institución financiera de los colombianos 412 millones de dólares en dinero de drogas sin el conocimiento de sus dueños.
“Es un banco tan pequeño y semejante cosa tan grande que pasó, es difícil pensar en algo diferente”, fueron las palabras del banquero no identificado por la periodista.
El Banco de Occidente de Panamá era la sucursal más rentable de las 10 instituciones financieras con representación en el istmo, según un estudio de la época del analista Carlos Caballero Argáez. Los depósitos reportados por esa oficina en 1985 sumaban 98 millones de dólares.
En menos de dos años los narcos lavaron cuatro veces esa cantidad a través de la modesta sucursal, según los documentos de Polar Cap, pero la operación no llamó la atención a los propietarios del banco.
Woolner reveló en su libro que la exgerente del banco sugirió en una “frase críptica” que no era posible que los dueños hubieran ignorado movimientos de semejantes cuantías.
Paralelamente a la acción penal, el gobierno de Estados Unidos abrió un caso civil de confiscación de bienes contra las oficinas del Banco de Occidente en Colombia, Panamá y contra el Banco de Occidente International Ltd, en Montserrate, territorio británico de ultramar en el Caribe.
El presumido
Para los agentes federales que participaron en la investigación el nivel de penetración del cartel en el Banco de Occidente era indiscutible. Fue una situación que conocieron de primera mano al ser testigos del trato preferencial que recibía Martínez Romero en las oficinas del banco en Panamá, recuerda el exagente que habló con Univision.
“La familiaridad entre Clara [García], el gerente y Martínez era grande”, explicó el ex agente federal a Univision Investiga .
Para esa época Martínez era el principal operador financiero de Gerardo “Kiko” Moncada, cabecilla del Cartel de Medellín y socio de Pablo Escobar. Moncada, quien fue asesinado en 1992 dentro de la Cárcel La Catedral por órdenes de Escobar fue otro de los imputados en la causa contra Martínez y el Banco de Occidente en la corte de Atlanta.
Los datos de los antecedentes de Martínez son fragmentarios. En la audiencia de notificación de cargos dijo que tenía un título en mercadeo. Algunas crónicas de la época lo identifican como contador y otras como economista y hacendado en Colombia. Una fuente que conoció a su familia le dijo a Univision que el lavador del cartel había ocupado un cargo de nivel medio en el Banco de Occidente en Colombia.
El exagente que habló con Univision describió a Martínez como una persona carismática y un poco arrogante. Pensaba que “se la sabía todas”, indicó.
Por uno de sus comentarios presumidos la DEA se enteró de la existencia de una gigantesca operación de lavado conocida como La Mina y que fue el comienzo del fin del negocio del colombiano. Según los documentos judiciales Martínez se quejó de la lentitud de sus nuevos socios, agentes encubiertos de la DEA, para blanquear el dinero en el Banco de Occidente y puso como ejemplo la eficiencia de La Mina.
No le faltaba razón. Las transferencias encubiertas de la DEA debían pasar por un parsimonioso trámite burocrático de una o dos semanas mientras que La Mina producía resultado en cuestión de días.
En la DEA el proceso de lavado se había dilatado más de lo normal debido a que los agentes e informantes estaban abrumados con la cantidad de dinero en efectivo que recibían de cartel en las calles de Estados Unidos y que podía llegar hasta un millón de dólares a la semana.
La primera reunión encubierta con Martínez se transformó en un hito probatorio de la investigación, segun el ex agente entrevistado por Univision.
“Fue ahí que confirmamos que el dinero venía de la de venta de drogas”, explicó el exagente.
La acusación por lavado contra el Banco de Occidente se remonta a hechos que ocurrieron a partir de 1987. El presidente del banco en la sede principal de Cali era en ese momento Francisco Castro Zawadski, quien había reemplazado al hermano de Sarmiento Angulo.
Castro ni los hermanos Sarmiento Angulo son mencionados en la imputación de 1989.
La Mina, operada por un grupo de joyeros israelíes y el empresario argentino Raúl Vivas, se convirtió en un caso de estudio de la criminalidad financiera. Según se lo comentó Martínez a los agentes encubiertos los joyeros importaban oro a Estados Unidos de Uruguay en cantidades infladas para justificar giros al exterior de millones de dólares.
Esas transferencias que pasaban por el Banco de Occidente no eran más que el producto de la venta de cocaína y marihuana del cartel en Nueva York y Los Ángeles. Solo en 1988 una de las joyerías involucradas recibió 316 millones de dólares.
En una de las conversaciones grabadas Martínez se ufanó de haber
utilizado el mecanismo de La Mina para lavar 28 millones de dólares en tan solo 45 días.
A sus espaldas
Los dos descalabros de la organización de Sarmiento Angulo en Estados Unidos guardan ciertas similitudes en su manejo interno. En ambos casos los dueños del grupo económico se presentaron como víctimas argumentando que todo había ocurrido a sus espaldas, y en los dos descargaron la responsabilidad en funcionarios subalternos.
El dedo acusador apuntó a José Elías Melo, ex presidente de Corficolombiana como el único cómplice con la corrupcion de Odebrecht.
En el caso del de narcolavado del Banco de Occidente le echaron la culpa a la gerente de operaciones de la sucursal de Panamá Carmen Clara García de Paredes y al gerente general de la misma sede William Guarín Pulecio.
García y Guarín fueron acusados de lavado de dinero en la corte federal de Atlanta, Georgia, junto con los bancos y los cabecillas del cartel. La justicia panameña los sobreseyó y Estados Unidos no pidió su extradición.
El 13 de agosto de 1992 el juez del caso desestimó los cargos en contra de los dos exdirectivos a peticion de la fiscalía de Atlanta, según el historial del expediente
Guarín declinó hablar con Univision. García no respondió llamadas ni un correo electrónico.
“Estos empleados fueron corrompidos por la gente de narcotráfico”, dijo el abogado de Banco de Occidente Bill Richey en la corte de Atlanta, haciendo eco a un comunicado publicado en Colombia por el conglomerado financiero.
“Si acaso hemos sido víctimas inadvertidas en el trámite de fondos que pueden haber tenido vinculación con actividades ilícitas… esto se ha dado sin nuestro conocimiento”, aseguró el Banco de Occidente en el comunicado publicado por el diario El Tiempo.
El mismo periódico, que hoy es propiedad de Sarmiento Angulo, publicó un comunicado casi en los mismos términos 34 años después a raíz de la sanción de la SEC y el encausamiento diferido.
“Las resoluciones del DOJ [Departamento de Justicia] y de la SEC no contienen ninguna acusación de conocimiento o intención corrupta contra ningún funcionario, director o accionista del Grupo Aval, ni ningún funcionario, director o accionista de Corficolombiana, distinto al exejecutivo de Corficolombiana”.
La noticia sobre las medidas de Washington fue reportada por El Tiempo con el titular “Justicia de Estados Unidos deja libre de investigaciones a Grupo Aval”.
La asociación bancaria panameña recomendó mantener abierto el Banco de Occidente en medio de la crisis política por la que atravesaba el país bajo el régimen del general Manuel Antonio Noriega. El gobierno de Estados Unidos acusaba a Noriega de haber convertido el istmo en un refugio seguro de narcotraficantes colombianos.
Gracias a una intensa ofensiva legal y de cabildeo, la organización de Sarmiento Angulo logró uno de sus principales objetivos de control de daños: excluir de la acusación en Washington a la oficina principal del banco en Colombia. El cierre del banco, fundado en Cali en 1965, hubiera sido un golpe catastrófico para el sistema financiero del país. Sarmiento Angulo era entonces el constructor de vivienda número uno de Colombia y su grupo el mayor financiador de operaciones inmobiliarias.
Presidente cabildero
El Banco de Occidente se declaró culpable el 14 de agosto de 1989 en una audiencia presidida por el juez William O’Kelley de la corte federal de Atlanta. El acuerdo de culpabilidad había pasado por la revisión del Departamento de Justicia, un procedimiento reservado para los casos de interés especial.
Luego se sabría la razón. Tras bastidores, Sarmiento Angulo había desplegado una afanosa campaña de cabildeo al más alto nivel. Según The New York Times, antes de que el conglomerado colombiano se declarara culpable, el entonces presidente Virgilio Barco, en una visita a Washington, pidió al presidente George Bush que el banco no fuera sancionado porque “no estaba bajo control de los capos de la droga”. El entonces ministro de Hacienda, Luis Fernando Alarcón, también había presionado en Washington, según el Times.
Woolner, la autora del libro escribió que en un momento dado la audiencia judicial “empezó a sonar como si el acusado y no la fiscalía estuvieran librando la guerra contra las drogas”.
Richey, el abogado defensor, insistió en la importancia de conservar buenos bancos colombianos como Occidente para promover el comercio legítimo y criticó a los fiscales por no haberse tomado el trabajo de indagar por la buena reputación del banco en Colombia.
“Quiero enfatizar de la manera más enérgica que este banco y su junta directiva y sus dueños no tienen absolutamente nada que ver con el señor [Pablo] Escobar”, dijo Richey.
El juez O’Kelley se mostró a favor del abogado de Harvard. Dijo que Occidente “no era una organización bancaria establecida con el propósito de violar la ley, sino que era una operación bancaria legítima, en la cual, algunos de sus empleados cayeron en actividades criminales”.
El grupo de Sarmiento Angulo logró salir con escasas cicatrices reputacionales de esta crisis esgrimiendo una estrategia que también le funcionaría en el siguiente descalabro: contratación de abogados de primera línea; campañas de cabildeo al más alto nivel; manejo a presión de los medios de comunicación en Colombia, y la aplicación a rajatabla de un principio muy extendido en el mundo judicial de Estados Unidos de que es mejor un arreglo incómodo que un juicio bochornoso.
Sarmiento, de 90 años, ocupa el puesto 352 en la lista de Forbes de los más ricos del mundo con 7,000 millones de dólares de patrimonio. La organización, manejada principalmente por su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, controla una buena parte del sistema bancario de Centro América, el de Colombia, los fondos de pensiones y una de las firmas constructoras más grandes de ese país.
Martínez canta
Por un error de cálculo el gobierno de Estados Unidos citó a la rueda de prensa en Washington para anunciar la operación Polar Cap el mismo día en que uno de los agentes de la DEA infiltrado en el Banco de Occidente debía arrestar a Martínez en Panamá.
El agente César Díaz había citado al colombiano en la sede de la sucursal del banco en la capital panameña con el pretexto de entregarle un dinero en efectivo. Pero los trámites para conseguir el apoyo de la detención por parte la Guardia Nacional de Noriega atrasaron la llegada del agente a su cita.
Esa mañana Martínez se había trasladado a la sucursal del Banco Ganadero donde también era conocido. Su hermano Edgar Enrique fue gerente de una sucursal de ese banco en Colombia durante casi toda la década de los ochenta. Edgar es un político de la costa colombiana que ha sido dos veces gobernador del departamento de Sucre, la más reciente de 2016 a 2019.
El encuentro entre el agente y Martínez no se logró. La fuente cercana a la familia de Martínez explicó a Univision que el colombiano huyó por tierra a la frontera selvática de Panamá con Colombia donde fue rescatado.
Meses después, a sus 35 años, fue arrestado en Colombia y extraditado a Estados Unidos.
Había amasado una fortuna, según la fuente. Tenía una extensa finca en el departamento de Sucre y apartamentos en Medellín.
Por la importancia de la Operación Polar Cap, de la que poco se informaba en Colombia, pero sobre todo por el reciente asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán atribuido a Pablo Escobar, la noticia del anuncio de que el gobierno de Colombia estaba dispuesto a extraditarlo, llegó a la primera página de la edición del Times del 23 de agosto de 1989.
En esos días el desafío del Cartel de Medellín a la extradición encolerizaba a Washington a punto que el presidente Barco había declinado cordialmente la oferta del gobierno de Estados Unidos de enviar tropas a Colombia.
Martínez se declaró culpable en agosto de 1990 de facilitar al Cartel de Medellín el lavado de 1,200 millones de dólares. Al poco tiempo empezó a cooperar con los fiscales. Sabía que la fiscalía tenía una extensa videoteca de conversaciones que lo incriminaban. Y las pruebas continuaban llegando. Durante la invasión a Panamá (1989-1990), soldados estadounidenses ingresaron a las oficinas del Banco del Occidente y se llevaron los papeles que encontraron.
El acusado también debía saber que el gobierno gringo había recrudecido el tono de la guerra verbal contra el narcotráfico. Bush lanzó la idea de aplicar la pena de muerte a los narcotraficantes.
En 1991 Martínez fue condenado a seis años de prisión y a 50 mil dólares de multa. No se conoce la información que entregó a los fiscales como parte de su acuerdo de cooperación ni las acusaciones que se derivaron de la misma. Una persona familiarizada con su caso dijo que “cooperó como un salvaje”.
Su sentencia contrastó abismalmente con la de Vivas, el empresario argentino identificado como cerebro de La Mina. Rivas fue condenado a 505 años de prisión por conspiración para el lavado de dinero tras someterse a un juicio en el Distrito Central de California. Dos de los joyeros acusados alegaron en el juicio que ellos pensaban que el dinero que recibían para blanquear venía de la CIA, lo cual fue rechazado por la fiscalía.
Luego de salir libre Martínez volvió a chocar con la ley. En 2004 fue acusado de cargos de narcotráfico en Miami. Esta vez se entregó en Panamá a través del polémico intermediario de narcos el fotógrafo de modelos Baruch Vega quien trabajaba con el apoyo de la DEA y el FBI. Una vez más volvió a cooperar y logró una reducción de la pena en 2011. Salió libre en diciembre de 2013.
Tenía 61 años. Lo más reciente que se sabe de su paradero es una noticia de 2019 de un medio colombiano que informaba que un sacerdote que se había lanzado a la alcaldía de la población de Tolú, departamento de Sucre, fue grabado diciendo que su campaña sería financiada por Eduardo Martínez Romero, el contador condenado en Estados Unidos.
La operación Polar Cap también salpicó a bancos de Estados Unidos. La sede del Continental Bank de Nueva York, que manejaba cuentas corresponsales del Banco de Occidente, fue allanada por los agentes federales. La Mina utilizó el Chase Manhattan Bank y el Bank of New York, según documentos de la corte.
Con el paso de los meses buena parte de Polar Cap empezó a derretirse. Se detectó que muchas de las cuentas congeladas pertenecían a clientes legítimos cuyos depósitos habían resultado contaminados por utilizar casas de cambio involucradas en el mercado negro de divisas. La mayoría de las cuentas, unas 450, fueron descongeladas. Una de ellas con 73 dólares de saldo pertenecía al escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza quien, al conocer la orden de congelamiento, anunció que en adelante pondría sus ahorros en una alcancía de barro.
Común denominador
Tanto el entuerto del Grupo Aval de 1989 como en el actual emerge la figura de Néstor Humberto Martínez Neira, un conocido abogado colombiano con una larga carrera de relevos entre el sector público y el privado y quien llegó a ser fiscal general de Colombia.
En 1989, cuando el Banco de Occidente se declaró culpable de lavado, Martínez Neira era el superintendente de bancos de Colombia. La Superintendencia Bancaria no tomó ninguna medida contra el grupo financiero a raíz de la sanción sin precedentes en Estados Unidos.
En respuesta a un cuestionario de Univision Investiga, Martínez Neira explicó que la entidad a su cargo no procedió dado que la fiscalía estadounidense desestimó los cargos contra el banco en Colombia. Esa decisión, sin embargo, se tomó cuatro meses después de la acusación. En el interín no hubo ninguna acción de la entidad.
Martínez Neira agregó que “eran tiempos en los que no existía cooperación entre las agencias de supervisión, al punto que la Superintendencia Bancaria no podía practicar visitas a las filiales panameñas”.
Hay un antecedente que demuestra lo contrario. Su predecesor, el superintendente Germán Tabares Cardona visitó oficialmente en 1984 la sucursal en Panamá de un banco bajo investigación en Bogotá. Según lo registró el periodista Alberto Donadío en su libro ¿Por qué cayó Jaime Michelsen?. Tabares se presentó en las oficinas del Banco de Colombia en Panamá para recaudar información de una operación de autopréstamos orquestada por Michelsen, el dueño del banco. Eso ocurrió cinco años antes de que Martínez Neira llegara la máxima posición de la superintendencia. El exfuncionario dijo que no tenía ninguna relación con el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo previa a su cargo como superintendente.
