Acusan a un médico de realizar 500 cirugías experimentales sin aval de los pacientes
El Órgano de Control Interno (OCI) del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de México (INNN), el más importante de la especialidad de ese país, determinó que un médico y exdirector del instituto llevó a cabo 500 cirugías experimentales en pacientes que no dieron su aval para llevar a cabo un procedimiento quirúrgico de ese tipo.
De acuerdo con el periódico mexicano La Jornada, el OCI halló que el médico Julio Everardo Sotelo Morales, quien fue director del INNN entre 1998 y 2006, realizó las cirugías a los pacientes que sufrían hidrocefalia hipertensiva (acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro) para colocar en el cerebro un dispositivo fabricado con un material llamado tygon.
El médico realizó las cirugías entre la década de 1980 y el año 2006 bajó un procedimiento llamado “Sistema de Derivación Ventrículo Peritoneal de Flujo Continuo” que tenía como objetivo tratar la hidrocefalia hipertensiva. La patente de este procedimiento él mismo la obtuvo en 1997 después de cinco años.
“Con el dispositivo que funcionaba por gravedad se pretendía suplir las válvulas convencionales de probada eficacia y calidad para drenar el líquido acumulado en el cerebro”, sostiene La Jornada.
Experimento que médico no informó
El OIC concluyó que el médico, investigador principal de tres protocolos, no informó a los pacientes que participaban “en un experimento ni les advirtió de posibles riesgos y secuelas a las que se exponían. Unicamente les presentó una hoja de consentimiento para cirugía convencional”.
Entre los años 2006 y 2009, un grupo de pacientes que fueron intervenidos y resultaron con secuelas físicas por el procedimiento presentaron denuncias ante las autoridades mexicanas.
Hace un año, en abril de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una petición presentada por tres afectados, apoyados por el médico Rodolfo Ondarza Rovira de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad de México, quien trabajó como neurocirujano en el mismo instituto, en contra del Estado mexicano, por crímenes de lesa humanidad por parte del Estado mexicano.
Ondarza Rovira sostuvo ante la CIDH que “como consecuencia un grupo de los pacientes sufrió daños cerebrales irreversibles, otros fallecieron, y a otros se les retiró el dispositivo, reemplazándolo con sistemas valvulares aprobados”.
Francelia Castañeda Pacheco, titular del órgano interno del INNN, notificó el martes pasado la resolución a Ondarza Rovira. Le informó que el expediente consta de 112 tomos que contienen más de 53,000 hojas en las cuales se integraron los expedientes clínicos de 112 pacientes atendidos en la década de los 90 y hasta los primeros años de este siglo.
El OIC reconoció que los afectados suman 500 porque el mismo procedimiento se realizó en otros hospitales públicos, incluso pediátricos. Los protocolos médicos señalan que para que un paciente pueda formar parte de un procedimiento experimental de investigación debe autorizar con su nombre y firma.
En noviembre de 2006, como resultado de las denuncias, el doctor Ondarza Rovira fue despedido de manera injustificada del instituto. Luego de un juicio laboral, obtuvo un laudo que ordenó su restitución. No obstante, al poco tiempo nuevamente fue despedido y por segunda ocasión le favoreció la resolución de la autoridad laboral.
Aunque la sentencia del 19 de abril de 2018 ordenó que se le reintegre a su puesto de neurocirujano en el módulo de neurocirugía estereotáctica y funcional; no obstante, a la fecha, el especialista sigue sin trabajar porque el área fue desmantelada.
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