Armas de EEUU para carteles mexicanos: un sendero de muerte e impunidad
Como suboficial de la policía a Iván Morales se le facilitaba identificar el calibre de los disparos que en esos momentos le sacaban chispas al fuselaje del helicóptero Super Cougar del ejército mexicano en el que iba abordo esa mañana del primero de mayo de 2015.
Los primeros disparos “eran de un calibre chico”, recuerda. Pero cuando vio aterrorizado que algunos proyectiles atravesaban el piso blindado del aparato entendió que estaban disparando los poderosos fusiles calibre punto 50, el arma predilecta de los narcos.
El Super Cougar sobrevolaba una zona rural del municipio de Purificación, estado de Jalisco, a una altura que lo hizo blanco fácil de la artillería del Cartel Jalisco Nueva Generación.
“Veíamos como atravesaban el helicóptero”, comentó. “Pensé que iba a fallecer”.
El helicóptero cayó a tierra. Nueve de los 18 ocupantes, entre policías y militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) murieron.
Morales sobrevivió, pero sufrió quemaduras que afectaron el 70 por ciento de su cuerpo y desfiguraron su rostro.
Fue un ataque con una artillería multinacional: dos fusiles calibre punto 50 de Estados Unidos, uno M2HB Browing y otro Barrett, un lanzador de cohetes ruso y otro de granadas de fabricación iraní, según establecieron en junio de ese año investigadores de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Oficina de control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF).
Han pasado desde entonces más de ocho años y el masivo trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a México continúa en aumento. Según el gobierno mexicano, cada año pasan de contrabando por la frontera 200 mil armas de fuego.Más de un 70 por ciento terminan en escenas de crímenes cometidos principalmente por los carteles de la droga. La cifra de las armas de contrabando fue avalada por el Departamento de Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos en un informe de 2021 de la Oficina de Contabilidad del Congreso (GAO) en Washington.
No solo los reportes forenses de masacres, asesinatos selectivos y disturbios permiten a los fiscales mexicanos enterarse del moderno arsenal de los carteles. Es ya costumbre que los narcotraficantes hagan alarde de su poderío militar en desfiles y conferencias de prensa. En septiembre pasado combatientes del Cartel de Sinaloa desfilaron con armas antiaéreas y automóviles blindados a lo largo de una autopista del estado de Chiapas mientras los pobladores gritaban “!Puro Sinaloa!”.
Al mismo tiempo los narcotraficantes han expandido geográficamente sus puntos de compra más allá de los estados fronterizos.
“Las armas en México vienen de todos los partes de los Estados Unidos”, comentó a Univision Investiga Timothy Sloan, ex agregado de ATF en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. “Yo estaba en México cuatro años encargado de esta oficina y encontramos armas de cada estado de los Estados Unidos, inclusive de Hawai y Alaska”, agregó.
Sloan, quien trabajó en la embajada de 2018 a 2022, se jubiló recientemente frustrado por la falta de apoyo a la agencia por parte del actual embajador Ken Salazar, según lo declaró en una extensa entrevista con Univision Investiga.
“El no jugó un papel en la reducción del tráfico de armas de fuego a México durante mi tiempo allí. Cero”, dijo Sloan.
Salazar no respondió un cuestionario enviado a su oficina de prensa.
El vocero de la embajada escribió en un mensaje que no pasaría el cuestionario al embajador. "No hay nadie que activamente esté tratando de parar esta atrocidad de tráfico de armas", afirmó Belén Olmedo abogada penalista de Arizona.
Olmedo se pregunta cómo se puede explicar que las tiendas de Estados Unidos vendan armas en grandes cantidades a una misma persona sin sospechar de lo que hará con ellas.
“Eso [el armamento] no es para usarlo aquí. No estamos en una guerra civil”, agregó.
En un esfuerzo por correr el velo del funcionamiento del negocio del contrabando de armas, los intereses en juego y los estragos de la impunidad, Univision Investiga reconstruyó pasó a paso la trayectoria de las armas que derribaron el helicóptero, desde las tiendas del apacible estado de Oregón donde fueron compradas hasta el fatídico lugar del atentado en el que Morales perdió su rostro.
La senda pasa por la avaricia de una industria estadounidense dependiente del abrumador poder adquisitivo de los narcos vecinos; pasa por tiendas que desdeñan las señales de alerta de compradores sospechosos; por la utilización y extorsión de intermediarios incautos -incluyendo discapacitados- en la compra del armamento; pasa por una legislación que blinda a los productores y vendedores de armas de cualquier demanda por la utilización ilegal de sus productos gracias al poder de lobby del gremio en Washington, y termina con la inacción y corrupción del gobierno mexicano.
"Los ciudadanos mexicanos se despiertan diariamente ante el horror en el que inclementes carteles de la droga, como parte de su modelo de negocio, usan el mismo tipo de armas [que el de las masacres en Estados Unidos] para mutilar y matar activistas, periodistas, jueces, policías, ciudadanos, niños, cualquiera que se atraviese en su camino”, afirma una demanda del gobierno de México contra cinco armerías de Arizona, Estados Unidos. “Los vendedores de armas acusados sistemáticamente participan en el tráfico de estas armas de guerra de los carteles”, agrega.
Los analistas consultados coinciden en que la necesidad de las organizaciones criminales de mantener su poderío y la ansiedad de la industria armamentista de incrementar sus ventas, ha generado una sinergia perversa e incontenible.
En la demanda de 138 páginas el gobierno mexicano ha dejado en claro que el problema no es de todos los vendedores. De acuerdo con la queja solo un 10 por ciento de las armerías de Estados Unidos suplen el 90 por ciento del mercado ilegal de armas que pasan a México de contrabando y que son halladas en escenas de crimen.
El poder adquisitivo de carteles ha hecho proliferar las armerías en los estados fronterizos, afirma la querella. Arizona cuenta con 1,500 de estas tiendas.
“Lo que quieren es hacer dinero”, señaló Jonathan Lowy, abogado que representa al gobierno mexicano en la demanda en Estados Unidos. “Es la dura verdad. El mercado criminal se ha convertido en un centro de utilidades importante para la industria. No les parece importar de dónde viene el dinero, si viene de la policía, del ejército o de los carteles que están matando policías y militares”, agregó.
En 2010 funcionaban 8,534 negocios de armas y casas de empeño
en California, Texas, Nuevo México y Arizona. Casi una década después se han sumado 1,569. Pero el total nacional se ha reducido a la mitad, según un estudio de Devica Agrawal, profesora de la Universidad de California, Berkeley.
Entre los vendedores de los estados fronterizos de Estados Unidos prevalece la postura de que ellos no son responsables de las armas una vez el comprador sale de sus tiendas.
“Es interesante que cuando hablas con mucha gente en la industria dicen ‘pues no tengo problema. Si yo no estoy violando la ley, no tengo problema respecto a dónde termina el arma de fuego que yo fabrico o yo vendo”, señaló Ioan Grillo autor del libro “Blood Gun Money: how America Arms Gangs and Cartels”.
Veerachart Danger Murphy es dueño de Ammo AZ una armería de Phoenix, Arizona, señalada por el gobierno de México como una de las favoritas de los narcos para comprar armas junto con otras cuatro en el mismo estado.
El señalamiento es parte de una demanda de 138 páginas presentada en ese estado en 2022. Murphy le dijo a Univision que una manera de eliminar el contrabando es que México permita a sus ciudadanos adquirir las armas como en Estados Unidos. En México el comercio de armas está restringido.
Luciendo con orgullo una camiseta en la que aparece el nombre de su armería versus México, (representado en un mapa), Murphy subestimó la demanda del gobierno mexicano.
“Esta camiseta es una especie de desafío hacia lo que está ocurriendo y lo ridícula que es esta demanda”, dijo. “Desde que fue anunciada dije que este era una especie de maniobra política”, agregó en referencia al entonces secretario de relaciones exteriores de México Marcelo Ebrard.
Murphy considera que Ebrard promovió la querella contra las cinco tiendas de Arizona como una estrategia de lanzamiento de su campaña a la presidencia. La camiseta está a la venta en la armería por 30 dólares.
Murphy se quejó de que el gobierno mexicano no ha tenido en cuenta que durante los años que ha estado frente a su negocio el ha mantenido comunicación “a diario” con la ATF para prevenir el contrabando de las armas.
Entre otros argumentos las tiendas respondieron en el proceso civil que México no demostró en su queja que alguna de las lesiones causadas por las armas “se puede en forma justa conectar con alguno de los acusados”. También se acogieron a una ley de 2005 conocida como PLCAA por sus siglas en inglés que protege a las armerías de reclamos legales por el uso criminal de las armas que vende.
Un paraíso letal
La historia del arsenal que usó el cartel para derribar el helicóptero militar mexicano comienza en 2013 con Erik Flores Elórtegui, un comerciante mexicoamericano bilingüe ciudadano de ambos países. Tenía entonces 30 años. El escenario de fondo son los bucólicos paisajes del estado de Oregón y sus tiendas de armas de papá y mamá que generalmente funcionan en garajes de barrios residenciales o en casas rurales.
Los pueblos durmientes por donde se movía Flores en Oregón, rodeados de manzanares y hatos lecheros registran un promedio muy bajo de homicidios, de dos o tres al año.
El caso de Flores no es cosa del pasado. El Cartel Jalisco Nueva Generación continúa haciendo compras en el mismo estado y en volúmenes inusitados. Entre mediados de 2019 y principios de 2020 una banda de 10 hombres al mando de David Acosta Rosales, delegado del cartel, compró 150 armas en los suburbios de Portland, según una acusación federal de la corte de Arizona. Ese arsenal es suficiente para armar a una compañía militar de un ejército regular. Los fusiles FN Herstal modelo SCAR .308 y el Barrett calibre punto cincuenta fueron los más pedidos.
“El [Acosta] recibía el dinero de su jefe y le pasaba el dinero a los prestanombres, […] él supervisaba la transferencia a un correo, […] él borraba los números de serie [de las armas]”, declaró la fiscal Sarah Barr en una audiencia del caso. Acosta continuó la operación pese a que uno de los miembros del grupo había sido arrestado, agregó Barr.
La acusación asegura que todas las tiendas fueron engañadas por los compradores que llenaron formularios declarando falsamente que las armas quedarían en su posesión.
Los reporteros de Univision Investiga visitaron Keith Sporting Goods Inc, uno de los almacenes más visitados por la pandilla. La acusación federal documentó 19 visitas a ese local del poblado de Gresham, Oregón.
Algunas de las transacciones se efectuaron con diferencia de 24 horas. Por ejemplo, el 4 de enero de 2020 Nestor Gabriel Rodríguez, uno de los acusados de pertenecer a la célula, adquirió cinco rifles Smith and Wesson. Al día siguiente se llevó tres rifles Ruger y ese mismo día, en el mismo local, José de Jesús Rodríguez, imputado en la misma causa, compró otros tres rifles Smith and Wesson.
Un empleado que no permitió grabar la entrevista ni el interior del local se mostró familiarizado con la acusación federal contra Acosta y su organización.
El empleado dijo que la ATF no tiene la historia completa y que la agencia “sabía desde antes”. A la petición de que ampliara un poco más la afirmación, respondió que eso solo lo podía explicar el dueño de la armería. El propietario Keith Ward no estaba ese día. Según el dependiente Ward se sometería a una cirugía en una pierna.
El nombre de la tienda estuvo en las noticias locales en abril de 2013 luego de que se supo que María Ward, esposa de Keith y copropietaria del negocio, se negó a venderle una pistola a una mujer que parecía “traumatizada”.
La clienta pidió que le entregaran el arma cargada. La señora Ward llamó a la policía estatal de Oregón, encargada de verificar antecedentes de los compradores, para que alertara a las demás armerías. La policía respondió que la ley no le permitía intervenir. Al día siguiente la mujer compró una pistola en otra tienda con la que se suicidó.
Prestanombres
Los centenares de documentos judiciales consultados por Univision Investiga muestran que los carteles utilizan dos tipos de intermediarios para la adquisición de las armas. Unos que tienen contacto directo con integrantes del cartel de rango medio o alto y otros -la mayoría- que son contratados por terceros a cambio de comisiones de 200 a 300 dólares por arma, pero que desconocen a los destinatarios finales.
Los emisarios de los carteles usan a sus novias o a jóvenes que acaban de cumplir 21 años y tienen un récord limpio.
“Las compran muchas veces no sabiendo por qué las compran, para quién o las consecuencias que pueden tener en comprar armas”, señaló la abogada Olmedo sobre los prestanombes. “Tratan de buscar a gente vulnerable, a personas que son muy jóvenes que no entienden el sistema, a veces los muchachos quieren comprar algo lindo o ayudar a su familia”.
Hay una tercera categoría, según la abogada Olmedo.
“A veces son personas que se acercan y empiezan a amenazar a la familia de alguien. Esto lo he visto con personas más adultas, padres de familia, que se ven en una situación donde le dicen sabemos quién es tu esposa, tus hijos, dónde vives y los empiezan a amenazar”, explicó la abogada.
Olmedo dijo que conoce casos de prestanombres con incapacidades mentales.
Un prestanombre ideal debe tener ciudadanía estadounidense y no presentar antecedentes criminales. En el formulario ATF 4473 que está obligado a responder, el testaferro hace constar que es el verdadero comprador de la mercancía. Si se comprueba que mintió puede afrontar cargos federales por falsa declaración. Las penas por este delito son de un promedio de tres a cinco años.
Si el vendedor del arma sabe que el cliente es un prestanombre, es ilegal que proceda con la venta. Para los vendedores de armas es muy fácil identificar a los intermediarios, señaló el empleado de Keith Sporting Goods.
Generalmente los delata el hecho de que no piden explicaciones de las características de la mercancía. Ordenan, pagan y se van, agregó. Y a menudo no se cuidan de recibir el dinero de la compra y el de la comisión por su intermediación en sitios tan cercanos a las armerías que quedan registrados en las cámaras de seguridad.
Acosta fue condenado a más de seis años de prisión por conspiración para obtener armas y enviarlas de contrabando a México. Ninguna de las armerías afronta cargos.
En el estacionamiento de Keith Sporting Goods hay un aviso contra la medida 114 de Oregón que fue aprobada por votación popular en noviembre pasado. La medida hace obligatoria la verificación completa de antecedentes y la obtención de un permiso para comprar armas. Prohíbe además los magazines de más de 10 rondas.
Los abogados que demandaron la disposición sostienen que es “la amenaza más significativa contra el derecho a portar armas que los oregonenses han enfrentado en 165 años”. Los jueces no han tomado una decisión final.
Pasatiempo armado
Erik Flores no era un prestanombre inocente, según una acusación federal en Oregón. El joven conocía el negocio, sabía para quién trabajaba y los peligros que corría.
Una fuente que pidió no ser identificada recordó que alardeaba de ser propietario de puestos de joyería en los pasillos de varios centros comerciales del estado para inspirar confianza entre los vendedores de armas.
Los récords públicos muestran a Flores como agente registrador de una empresa con sede en un centro comercial de Tigard, al norte del estado, y como socio de un negocio de alimentos en California.
El fusil M2HB habría sido el que más daño causó al helicóptero del ejército mexicano. Irónicamente era parte de un lote vendido por el ejército de Estados Unidos a varias tiendas del país como parte de la renovación de su inventario. El ejército vende las armas “deshuesadas que las tiendas vuelven a ensamblar”, según explicó Jorge Corbato, fabricante de armas.
Sloan, ex agente de la ATF, informó que varios de esos rifles fueron comprados por JNC Manufacturing. El negocio con licencia de ATF funciona en una casa rural del poblado de Rainier, al norte de Oregón. Es propiedad de Nathan Jones, según los registros corporativos.
Una persona que pidió ser identificada solo como vocero de la armería, confirmó a Univision que fue allí donde Flores compró el M2HB y cuatro más de la misma marca. Aseguró que los antecedentes del cliente fueron verificados y la venta autorizada por ATF.
“El gobierno de Estados Unidos dijo que estaba bien venderle armas. Así que le vendimos armas”, dijo el representante de la tienda.
Por esa época, en alguna feria de armas de Oregón, Flores conoció a Robert Allen Cummins, un cazador aficionado a las armas y a los automóviles dueño de empresas de remolque ( tow away). Cummins tenía entonces unos 53 años.
“Los dos compartían el pasatiempo de las armas”, le contó a Univision John Kolego, abogado de Cummins en una entrevista en Eugene, la ciudad donde vive su cliente.
Kolego reconoció que su cliente tiene una mentalidad infantil lo cual facilitó los planes de Flores de usarlo como intermediario. Con ese mismo argumento el abogado pidió a la fiscalía una atenuante de la pena.
“No se dio cuenta de las consecuencias de sus acciones y solo estaba pensando en el momento, ‘ah esto es divertido, decía’, por eso digo que es infantil”, explicó Kolego a Univision.
El infantil Cummins guardaba en su casa 430 mil dólares en efectivo, según documentos de la corte. El abogado dijo que ese dinero era producto de sus negocios personales y que una pequeña parte correspondía a los ingresos por su asociación con Flores en el negocio de las armas.
Cummins ayudó a Flores en una serie de compras de armamento después de que el mexicanoamericano recibió en su cuenta depósitos en efectivo de unos 52 mil dólares a finales de 2013.
En mayo del año siguiente, el cazador ermitaño con un largo historial de deudas con el gobierno y particulares, según récords públicos, pagó a FFL Adaptive Firing Solutions de Eugene, Oregón, unos 38 mil dólares en efectivo por tres rifles Barrett calibre punto 50, múltiples rifles calibre punto 308 y tres pistolas Colt y otras armas. Cummins cobraba una comisión por su servicio.
Ansioso por obtener las armas Flores indagaba con en qué estado se encontraba la entrega.
“Déjame saber el subtotal y el ATA (Tiempo de arribo) de los burritos”, escribió en un intento candoroso por no despertar suspicacias. Cummins se presentó personalmente a recoger las armas y luego las llevó a su casa en un paraje semirrural cercano a la ciudad. Allí intentamos hablar con él, pero no respondió.
La armería Adaptative Firing Solutions es propiedad de Stephen Alexander Riehl, un gerente organizacional de la Universidad de Phoenix con un título en sicología, según su perfil de Linkedin. Riehl se negó a hablar con los reporteros de Univision cuando se presentaron en su negocio que funciona en un garaje de un barrio de clase media de Oregon City. Dijo que estaba muy ocupado.
Las armas del improvisado local están a la vista en medio de electrodomésticos, herramientas y muebles esparcidos sin ningún orden por el lugar lo que da la impresión de un “ garage sale” permanente.
El empresario de 45 años es relativamente conocido en el pueblo. A principios de 2023 se lanzó a la junta escolar de la ciudad con una plataforma criticada por su ambigüedad en la que propugnaba por “reducir las distracciones” en la enseñanza y mantener la política fuera de los salones de clase. No fue elegido. En la casilla del formulario de postulación escribió que era dueño de un “negocio pequeño”. De acuerdo con un informe de ATF, Riehl cooperó con los agentes que lo interrogaron por las compras de Cummins y entregó fotografías de las armas que le vendió el 15 de mayo.
Huellas esmeriladas
Flores condujo su automóvil hasta Oregon City y recogió el arsenal que le entregó su socio. En una tienda Home Depot de Hillsboro, Oregón, compró un esmeril con el que borró los números de serie de varias de las armas y se dirigió hacia la frontera con México.
El 18 de mayo se hospedó en un hotel Quality Inn de Calexico, California. Allí compró un nuevo esmeril para continuar con su tarea de no dejar rastro de las armas. Al día siguiente visitó Mexicali y Tijuana, en México, y regresó.
Menos de un mes después, a unos 50 kilómetros de la frontera, en cercanías de San Luis Río Colorado, estado de Sonora el ejército mexicano detuvo un camión que transportaba alfalfa en fardos. Una inspección más minuciosa culminó con el hallazgo de 26 armas y 2,200 rondas de municiones.
Los números de serie de la mayoría de las armas habían sido eliminados, pero algunos que aún se conservaban se convirtieron en las primeras pistas que llevaron a los agentes de la ATF de Tijuana a la modesta casa de Cummins.
No hay claridad sobre lo que ocurrió durante los 10 meses siguientes. Solo se sabe que hasta marzo de 2015 un agente encubierto de la ATF que se había presentado como un cliente interesado en armas que Cummins ofrecía en avisos publicitarios, logró sonsacarle una información incriminatoria.
En un dispositivo audiovisual que el agente llevaba escondido quedó registrada la voz y la imagen de Cummins reconociendo que un día, un tipo llamado Erik le dio 50 mil dólares para comprar armas a cambio de 12 mil dólares por el favor. Dijo que quizás Erik estaba en México.
Los agentes allanaron la casa de Cummins y lograron documentar las compras de dos rifles calibre punto cincuenta en Adaptive Firing Solutions. Cummins aseguró que no sabía lo que Flores hacía con las armas. Fue allí donde hallaron los 430 mil dólares.
De las 50 armas adquiridas por Flores en Oregón, dos fueron utilizadas por los artilleros del Cartel Jalisco Nueva Generación que participaron en el derribo del helicóptero: un M2HB Browning y otro Barrett, ambos calibres punto 50. El fusil M2HB, intensamente usado en la Segunda Guerra Mundial, las guerras de Corea y de Vietnam, tiene un alcance de 7.4 kilómetros.
“Esto no es una escopeta, esta arma es para dispararle a un coche, a un helicóptero, adentro de los mismos aviones lo utilizan”, señaló Corbato.
El seguimiento de las armas usadas contra el helicóptero se convirtió en una prioridad para la oficina de ATF en México, recuerda Sloan. El 11 de junio de 2015, a un mes del atentado, agentes de la ATF y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional allanaron el apartamento de Flores y lo interrogaron.
Flores admitió que “le pasaba armas” a un “tipo de Lincoln City, Oregon” a quien se negó a identificar, según un documento de ATF conocido por Univision Investiga.
Ante las preguntas de los agentes pidiendo más detalles sobre su conexión en Lincoln City, “Flores parecía asustado y dijo que prefería pudrirse en una cárcel”, afirma el documento.
Flores y Cummins fueron acusados en la corte federal de Oregón de falsedad en declaración y contrabando de armas.
En febrero de 2017 Cummins fue condenado a 40 meses de prisión por su papel en la adquisición de armas que fueron enviadas de contrabando a México. Flores fue declarado fugitivo.
Sloan explicó a Univision Investiga que localizó a Flores en México, pero por la condición de ciudadano de ambos países el proceso de extradición a Estados Unidos es más complicado. Se requiere una orden provisional de arresto emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sloan dijo que no logró la orden.
“Yo no creo que el Departamento de Justicia va a extraditar a gente por mentir en un formulario […] no son cargos sexis”, explicó Sloan. “De manera que la pregunta es por qué México no lo arresta. Erick Flores vive en México, no está escondido. Yo les daría la dirección”.
Tocamos a la puerta del último domicilio registrado por Flores en un conjunto residencial de Beaverton, Oregón, pero allí informaron que, aunque habían escuchado su nombre, ya no vivía en esa casa. Univision Investiga envió un mensaje a uno de los correos electrónicos que aparecen en el perfil de Erik Flores en una base de datos pública pidiéndole una entrevista.
A los pocos días el reportero recibió una llamada de un hombre que dijo haber recibido el mensaje y se identificó como Erik Flores, pero aseguró que no tenía nada que ver con la acusación criminal.
Flores continúa libre. Su foto y sus datos aparecen en el portal de los más
buscados de la ATF. Sloan cree que es algo simbólico. “A mí me parece que están tratando de mostrarle a México de que estamos haciendo algo”, señaló.
Contribuyeron con este reportaje Margarita Rabín, Verónica Guzmán, Fernanda Valdivia y Juan Domingo Chacoff
