Qué puede hacer el juez Juan Merchán si Trump viola la orden mordaza en el caso de los pagos secretos a Stormy Daniels
A menos de dos semanas del inicio del juicio penal en su contra por el pago secreto a la actriz porno Stormy Daniels, el expresidente Donald Trump fue objeto de una ampliación de la orden mordaza emitida en su contra por Juan Merchán, el juez de Nueva York que preside el caso.
Originalmente, la orden había sido emitida para proteger a los fiscales, miembros del jurado y personal de la corte, así como a sus familiares, de los ataques del expresidente, pero ahora incluye también a los familiares de Merchán y a los del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Braggs.
La decisión tuvo lugar a raíz de una serie de ataques de Trump contra la hija del juez.
Cuál es el alcance de la orden y qué recursos tiene el tribunal si Trump la viola
La ampliación de la orden mordaza contra Trump, quien será con certeza el candidato presidencial del Partido Republicano, no solo busca mantener la civilidad en el que será el primero de una serie de juicios criminales que podría enfrentar el expresidente, sino también para proteger la seguridad de las personas a las que ampara.
Los ataques de Trump son más que bravuconadas sin consecuencias. Los jueces que presiden los casos en su contra ya han enfrentado amenazas contra su seguridad personal, incluyendo llamadas de “ swatting” dirigidas a sus hogares. Por ejemplo, la jueza Tanya Chutkan, quien preside el caso federal por interferencia electoral, recibió un mensaje racista amenazándola de muerte.
Pero cualquier medida tomada por el juez no tendría ningún efecto sin estar respaldada por sanciones que hagan posible su efecto disuasorio.
En el caso de la orden mordaza, una violación de sus términos permitiría al juez declarar a Trump en “desacato al tribunal”, dándole el poder de imponerle una multa e incluso encarcelarlo temporalmente, lo cual crearía una situación sin precedentes en la historia de la nación.
Trump ya enfrentó multas nominales de $10,000 y $15,000 por violar una orden mordaza que le fue impuesta en el juicio civil por fraude comercial por el que fue condenado a pagar una multa de $454 millones, y por el que acaba de entregar una fianza de $175 millones para garantizar parte del pago, mientras apela la sentencia dictada en febrero.
Sin embargo, si Merchán está realmente decidido a mantener el orden en el juicio, las multas podrían ser de mayor envergadura, lo que, junto a la amenaza de cárcel, podría hacer pensar dos veces a Trump antes de seguir atacando a las personas protegidas por la orden, dado que tuvo dificultades para conseguir la fianza requerida en el caso de fraude.
Para algunos observadores, sin embargo, los ataques de Trump y los riesgos que el expresidente corre con ellos responden a una estrategia.
“Es claramente estratégico”, dijo a Politico Ty Cobb, exabogado de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump, añadiendo que los ataques “están diseñados en torno a su enfoque tradicional para deslegitimar los juicios".
Hasta ahora, Trump, quien se muestra ante sus seguidores como una víctima del uso del sistema judicial como arma de ataque político, ha logrado atacar impunemente a los miembros de la judicatura involucrados en sus casos.
A diferencia de los juicios civiles, Trump está obligado a asistir a todas y cada una de las audiencias del juicio por los pagos secretos a Stormy Daniels, lo que, en vista de su práctica de hablar con los medios en cada receso, potencia las oportunidades para realizar ataques.
Qué alega el juez Juán Merchán para ampliar la orden mordaza
"El observador medio, después de escuchar los recientes ataques por parte del acusado, debe ahora llegar a la conclusión de que, si se involucra en este proceso, aunque sea tangencialmente, deberá preocuparse no solo por sí mismo, sino también por sus seres queridos", escribió Merchán en la orden.
La ampliación de la orden mordaza se produjo después de que los fiscales pidieron “aclarar” si la orden de silencio anterior emitida la semana pasada incluía comentarios sobre miembros de la propia familia del juez.
“Los familiares de quienes participan en el juicio no deben ser atacados”, dijeron los fiscales en su solicitud. “La insistencia del acusado en lo contrario revela una peligrosa sensación de privilegio para instigar miedo e incluso daño físico a los seres queridos de quienes ve en la sala del tribunal”, continúa el escrito.
Merchán parece haber estado de acuerdo al decir que las preocupaciones de los participantes en el juicio por el bienestar de sus familiares “sin duda interferirán con la justa administración de justicia y constituyen un ataque directo al propio Estado de derecho”.
“Ya no es solo una mera posibilidad o una probabilidad razonable de que exista una amenaza a la integridad del proceso judicial. La amenaza es muy real. Las advertencias no son suficientes, como tampoco lo es el autocontrol”, advirtió Merchán sobre los ataques de Trump.
La ampliación, específicamente, prohíbe a Trump hacer, u ordenar a otras personas que hagan, declaraciones públicas en su nombre contra las personas protegidas por la orden, así como cualquier declaración destinada a interferir en el proceso, acosándolas a ellas o a sus familias.
Los ataques contra Merchán y Braggs están aún excluidos de la orden.
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