Senador de EEUU pide al Departamento de Justicia que explique por qué no solicitó la extradición desde México del fugitivo más buscado por tráfico de armas
En una extensa carta, el senador republicano por Iowa Charles Grassley pidió al Departamento de Justicia explicaciones sobre el manejo que se le dio al caso de un mexicano estadounidense sospechoso de comprar armas que fueron usadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación para derribar un helicóptero del Ejército mexicano en 2015.
En el ataque murieron nueve de las 18 personas a bordo, la mayoría militares, y una oficial de la policía.
La petición del senador ocurre un día después de que Univisión Investiga revelara en un informe especial algunas inconsistencias del caso que involucra a Erik Flores Elórtegui, quien habría huido a México después de haber sido acusado en una corte federal de Oregón de la compra ilícita de las armas y de contrabando.
Las páginas del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) presenta a Flores como el más buscado; pero, en realidad, el gobierno federal no ha pedido a México su extradición, según lo explicó a Univisión Investiga el exagregado de la ATF ante México Timothy Sloan.
“No puedo explicar por qué la ATF lo tiene en la red (a Flores). Me parece que están solamente tratando de mostrarle a México que están haciendo algo”, señaló Sloan, quien representó a la entidad en México de 2018 a 2022.
Sloan dijo que intentó durante tres años que se adelantara el trámite de por si complicado por cuanto Flores tiene doble ciudadanía.
“Al final (el trámite) fue declinado”, agregó Sloan.
Ahora Grassley, en su carta al fiscal general de EEUU, Merrick Garland, y al director de ATF Steven Dettelbach, quiere saber por qué el Departamento de Justicia no obtuvo una orden provisional de arresto o presentó una solicitud de extradición.
El proceso contra Flores
Grassley, quien tuvo acceso a una fuente anónima protegida legalmente (whistleblower), escribió que, si los alegatos de la fuente se llegan a comprobar, se “evidenciaría un patrón de conducta del DOJ (Departamento de Justicia) y la ATF de fallar en el uso de recursos disponibles”.
El senador agregó que “en lugar de perseguir a ciudadanos cumplidores de la ley que ejercen sus derechos de la Segunda Enmienda, “la ATF y el DOJ deben perseguir, investigar y enjuiciar a criminales que trafican con armas de fuego para los carteles en México, especialmente cuando las pruebas están enfrente de ellos”.
Algunos mensajes electrónicos revelados por la carta reflejan que el DOJ tenía dudas del caso contra Flores en Oregón especialmente por la falta de contundencia del testimonio de un colaborador de la justicia. En uno de los mensajes se refieren a la declaración como “endeble y con falta de especificidad”.
En otro correo, un funcionario de la ATF se pregunta por qué, en lugar de esperar por el paquete de la extradición, no se presenta el caso al gobierno de México para su enjuiciamiento en ese país.
En la comunicación de 34 páginas, el senador formuló 14 preguntas que serían la base para una investigación independiente del Congreso. Una de ellas indaga si el DOJ entregó información sobre Flores al gobierno de México.
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