Informe revela que ‘Quédate en México’ sigue vivo y viola el debido proceso migratorio

Casi tres meses después de que la Corte Suprema fallara a favor para que gobierno de Joe Biden cancelara el Programa Permanecer en México (MPP), un informe revela que la cuestionada política implementada en enero de 2019 “sigue viva” en abierta violación al debido proceso migratorio.

“Quédate en México está bien vivo. El proceso actual de desmantelamiento perjudica a los solicitantes de asilo vulnerables”, señala un informe elaborado por investigadores de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y del Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) esta semana.

Los analistas concluyeron que la permanencia del programa, siendo que el máximo tribunal de justicia dictaminó que el gobierno podía continuar con su desmantelamiento, “eleva las preocupaciones” sobre problemas operativos en la frontera “los que aún no han sido abordados por las agencias gubernamentales que participan en el debido proceso”.

Esta falta de capacidad y de respuesta del gobierno para proceder al desarme de la política ‘Quédate en México’, anunciada por el gobierno de Biden en junio de 2021, pero frenada temporalmente tras una demanda entablada por los Estados de Texas y Missouri (ambos gobernados por republicanos), “resulta en violaciones evitables del debido proceso”, agregaron.

Qué dice el informe

La guía actual del gobierno en la frontera sigue requiriendo que la mayoría de las personas inscritas en el programa MPP esperen en territorio mexicano hasta la fecha de su audiencia en la corte de inmigración (EOIR) "para salir del programa" y seguir su caso de asilo.

Los investigadores señalaron además que tras el fallo de la Corte Suprema y después de que el juez del Tribunal de Distrito Matthew Kacsmaryk “levantara formalmente la orden judicial el pasado 8 de agosto, “el memorando de terminación de ‘Quédate en México’ entró en vigor de inmediato”.

Posteriormente, agrega el informe, la administración de Biden “detuvo las nuevas inscripciones en el MPP”. Si embargo, advierte que el gobierno dará de baja a las personas que permanecen en el programa solo en los siguientes escenarios:

· La fecha de su audiencia en la Corte de Inmigración, que puede ser dentro de semanas o incluso meses. Actualmente la EOIR tiene más de 2 millones de casos acumulados, la mayoría de asilo;
· Individuos con una vulnerabilidad particular o circunstancias significativamente cambiantes, quienes deben hacerlo a través de internet, aprobación que está sujeta a la discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Preguntas sin respuestas

El reporte señala además que el proceso de desarme del MPP del gobierno “plantea importantes preocupaciones de debido proceso” y ha llevado a confusión en la frontera.

Cita el caso de un juez de inmigración que negó una solicitud de continuar su caso en un tribunal de Texas “porque no está claro si los migrantes liberados del programa podrían entrar a Estados Unidos”. Y otro caso en el que un fiscal de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) “le dijo a un abogado de inmigración que su cliente iba a ser deportado ahora que se terminó el MPP”, a pesar de que el caso estaba en curso.

Otras denuncias contenidas en el informe mencionan inmigrantes sin representación que se ven obligados a defenderse solos en las audiencias judiciales, “lo que ha resultado en órdenes de remoción injustas”.

También mencionan que un número considerable de extranjeros referidos al MPP y que esperan sus audiencias en los tribunales de inmigración “experimentan extrema dificultad para
preparar una solicitud de asilo completa mientras están en México”.

En cuanto a los solicitantes de asilo que consiguen representación legal, los investigadores indicaron que tienen mayores probabilidades de obtener con éxito aplazamientos de los jueces de inmigración durante estas audiencias a efecto de preparar de mejor manera sus casos.

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Otros hallazgos

El informe de AILA y NILC también halló:

• Cancelaciones de inscripciones de MPP anticipadas, antes de que se agote el debido proceso;
• Se ordena a muchos inmigrantes a proseguir sus juicios a pesar de que han solicitado prórrogas a los jueces porque no can conseguido ayuda legal;
• Varios inmigrantes a quienes les han negado una solicitud de prórroga han sido enviados a detención de ICE;
• Por lo general a los inmigrantes representados por un abogado han recibido prórrogas o aplazamientos de sus casos;

NILC y AILA señalaron que “se enteraron recientemente de que un individuo sin representación legal que fue obligado a seguir adelante con su audiencia perdió el caso y fue puesto en custodia por ICE y deportado a Colombia el pasado 8 de septiembre, antes del plazo legal de que disponía para apelar el resultado de su caso de asilo.

El debido proceso

“El acceso a un abogado es un derecho de debido proceso disponible para los migrantes en la Corte de Inmigración, y obtener la representación puede ser clave para el éxito de un solicitante de asilo”, precisa el reporte.

Agrega que, si los extranjeros que buscan asilo en la frontera están representados por un abogado, “tienen cinco veces más probabilidades de obtener ayuda legal en comparación con aquellos que no están representados”.

El informe resalta además que la falta de acceso a asesoría legal “ha afectado durante mucho tiempo al MPP, en gran parte debido a las dificultades para obtener asesoría legal estadounidense en territorio mexicano”.

Citando datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York, tanto AILA como NILC indican que los inmigrantes a los que se les permitió esperar en Estados Unidos por sus casos de asilo tuvieron más de siete veces más probabilidades de encontrar un abogado que los defendiera que aquellos que esperan en México.

También reitera que la guía actual, tras el fallo de la Corte Suprema que dio luz verde al gobierno para desmantelar el MPP, “requiere que las personas permanezcan en México hasta la fecha de su audiencia en la corte de inmigración”.

Peligros latentes

Citando informes de Human Rights First (HRF) sobre el estado actual del MPP, AILA y NILC enumeran una serie de peligros que corren los inmigrantes que siguen aguardando sus casos de asilo bajo el MOO y se encuentran en territorio mexicano.

Entre los hallazgos se incluyen:

• Ataques, incluidos secuestros, violaciones, torturas y otros actos violentos”;
• Incidentes de “violencia asombrosa” por parte de cárteles y funcionarios corruptos del gobierno mexicano;
• Condiciones deplorables (incluyendo violencia y abuso) en los albergues.

En vista de los ataques al debido proceso migratorio y los peligros que corren cientos de miles de personas aún bajo el MPP, ambas organizaciones piden al gobierno:

• Que se asegure a desmantelar el MPP y resguarde el debido proceso migratorio;
• Crear un grupo de trabajo interagencias dedicado a abordar los problemas;
• Procesar inquietudes e inmediatamente tomar decisiones;

Entre las decisiones, incluyen:

• Retirar a las personas del MPP antes de la fecha de sus audiencias y que esperen la resolución de sus casos en Estados Unidos;
• Acelerar el desmantelamiento del MPP en los puertos de entrada;
• Que la Corte de Inmigración reabra todos los casos de MPP en los que a una persona se ordenó su remoción después del 8 de agosto y permitirles ingresar a Estados Unidos para una nueva audiencia;
• Desmantelar los “tribunales” de tiendas de campaña erigidos en la frontera durante el gobierno de Donald Trump y que son administrados por el DHS; y
• Que el presidente Biden cancele inmediatamente el MPP y cumpla su promesa de campaña.