Piden a Biden acción ejecutiva para modificar Ley del Castigo y evitar separación de familias mixtas
Congresistas demócratas se unieron a la campaña que lleva a cabo un grupo integrado por al menos 60 familias mixtas -ciudadanos estadounidenses casados con inmigrantes indocumentados- para pedirle al presidente Joe Biden que utilice su poder para liberar condicionalmente a inmigrantes detenidos y, con ello, evite deportaciones bajo el mandato de la denominada Ley del Castigo.
Esta última, promulgada por el Congreso en 1996, sanciona con tres años fuera de Estados Unidos a aquellos extranjeros que acumulan más de 180 días indocumentados en el país. La sanción se eleva a 10 años cuando la presencia pasa de los 365 días.
De acceder al pedido, el presidente permitiría que, en ciertos casos, la también denominada ‘Ley de los 10 años’ no se aplique a indocumentados que tengan aprobado un cupo de visa por medio de un formulario I-130 (petición familiar) presentado por un cónyuge. También que se levante la prohibición para que inmigrantes que hayan sido deportados puedan regresar antes a Estados Unidos para reunificarse con sus familias.
La petición, entregada por medio de una carta, es respaldada por los congresistas demócratas Pramila Jayapal (Washington), Verónica Escobar (Texas), Delia Ramírez (Illinois) y Jesús "Chuy" García (Illonois), junto con al menos 60 familias directamente afectadas y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos la American Families United (AFU), FWD.us y la American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action).
La misiva insta a Biden a usar su autoridad ejecutiva “para mantener unidas a las familias estadounidenses y ayudar a reunir a los ciudadanos estadounidenses con sus cónyuges que han sido separados por las duras y obsoletas políticas de nuestro fallido sistema de inmigración”.
El caso Bellido
Asna Bellido vive en Jacksonville, Florida. Sui esposo fue deportado en junio de 2018 durante el gobierno de Trump. Ella cuenta que tiene una petición I-130 aprobada y un cupo de visa disponible para poder regresar a Estados Unidos con una residencia legal permanente ( green card), “pero en la embajada le dijeron que tiene que esperar que se cumplan los 10 años del castigo para poder regresar a Estados Unidos”.
El matrimonio tiene dos hijos, de 16 y 18 años. Señalan que la visa sin el esposo y el padre es difícil, sobre todo teniendo en cuenta que fue regresado a su país de origen donde no tiene nada. “Todo está aquí, en Florida”, dice Ana.
La mujer cuenta que su esposo entró en 2002 a Estados Unidos con visa y se quedó más allá del tiempo permitido. “Siguiendo el consejo de unos amigos, salió del país y regresó, pero lo detuvieron en Nueva York, porque descubrieron que había permanecido sin autorización”.
El hombre firmó una salida voluntaria y se marchó. Pero, al poco tiempo, viajó a Canadá y desde ahí cruzó a Estados Unidos por la frontera norte. Durante una redada de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en 2010, fue detenido y puesto en proceso de deportación.
“Le hicieron un juicio por haber regresado sin permiso después de una deportación ( re-entry). Estuvo tres meses en una prisión federal. Pero le dieron discreción procesal y salió en libertad porque no representaba una amenaza a la seguridad pública o nacional de Estados Unidos y no era una prioridad de deportación. Cada año renovaba el permiso y la autorización de empleo, pero en 2017, cuando llegó el presidente Trump, un día lo detuvieron y meses después lo deportaron, en junio de 2018”, cuenta la esposa.
“Tenemos la petición familiar I-130 aprobada y no podemos hacer nada. Solo le pido al presidente que use su poder para que en casos como los de mi esposo tenga un perdón y la familia pueda nuevamente estar junta”, clama.
El caso de la esposa de Luis Ventura
Luis Ventura, un ciudadano estadounidense, está casado con una inmigrante de origen mexicano originaria de Nayarit, México. Amos viven junto a sus hijos en California. Llevan más de 20 años juntos y tienen dos hijos nacidos en Estados Unidos. La mayor asiste a la universidad. “Cursa tercer año en UCLA”, cuenta Luis. El más pequeño se encuentra en el último año de secundaria.
Luis cuenta que en varias ocasiones ha estado a punto de presentar una petición familias I-130 para pedir el ajuste a residente legal permanente de su esposa. “Pero tenemos miedo, porque cuando le toque iniciar el trámite consular, aparecerá que ella ya fue deportada una vez y regresó. Es re-entry y además le caerá encima la Ley del Castigo”.
“Castigo por re-entry no es de por vida, si no permanente y tiene perdones que pueden ser gestionados”, explica Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Pero para recibir el perdón tiene que esperar 10 años si tienen padres, hijos o cónyuges estadounidenses. Opciones existen, pero hay que tener mucha paciencia”.
Salir del país para el trámite consular “afectaría a mi esposa de la manera permanente debido a múltiples entradas”, dice Luis. “Por eso no ha podido ajustar para que estemos tranquilos en la familia. Y eso ha impedido ver a su madre, ahora enferma terminal, lo que ha sido devastador para todos. También le ha impedido desarrollar todo su potencial al no permitirle trabajar, viajar y contribuir más a su país de adopción”.
“Pienso que pedirle al presidente que use su poder ejecutivo para que haya discreción procesal en nuestros casos no solo nos ayudará a nosotros, sino a otros miles en la misma situación”, dice en atribulado esposo. “Pensamos que la pena de la ley de los 10 años es demasiado para la ofensa cometida, no es proporcional. Ojalá nos escuche”.
Millones en la misma situación
Para la organización FWD.us, integrado por líderes de la comunidad tecnológica, entre ellos los directores principales de Facebook, Linkedln, Google Y Dropbox, entre otros, aunque a los ciudadanos estadounidenses generalmente se les permite patrocinar a sus cónyuges e hijos para la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde), “millones de familias de estatus mixto no pueden completar el proceso debido a algunas barreras de elegibilidad en las leyes de inmigración que son difíciles de superar, y muchas veces imposible”.
El grupo cuenta la historia de Jason Rochester, ciudadano estadounidense, y su esposa Cecilia, quienes enfrentaron este desgarrador desafío. Después de que a su hijo Ashton le diagnosticaran cáncer, Cecilia, que era indocumentada, siguió el consejo incorrecto de un abogado y abandonó Estados Unidos para regresar a México. Esperaba regresar rápidamente con una tarjeta verde, patrocinada por su esposo. Pero debido a que había reingresado a Estados Unidos sin permiso varias veces, como la esposa de Luis, aunque fue muchos años antes, estaba sujeta a una prohibición permanente de reingreso que solo puede superar después de 10 años fuera del país.
Incluso, es posible que nunca se le permitirá regresar con su familia.
Ya sea por medio de la autoridad del presidente o una Ley aprobada por el Congreso para mantener a las familias unidas, ayudaría a estas familias a reunificarse o evitar la deportación y permanecer juntas, indican las organizaciones.
Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), se lee en la carta enviada a Biden por el grupo de congresistas a nombre de las más de 60 familias, “el scretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está autorizado a otorgar libertad condicional a personas en los Estados Unidos, caso por caso, por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo”.
Esta autoridad de libertad condicional tiene una larga tradición bipartidista. “Ha sido utilizado ampliamente por administraciones demócratas y republicanas desde la administración Eisenhower”, indicaron.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes estiman que poco más de 2 millones de ciudadanos estadounidenses viven con un inmigrante indocumentado, y más de 350,000 tienen un cónyuge indocumentado.
