Lanzan contraofensiva legal para mantener vivo programa DACA que protege a unos 600,000 'dreamers'
El Fondo Educativo y de Defensa Legal México Estadounidense (MALDEF) demandó ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, en Nueva Orleans, un fallo emitido en septiembre del año pasado por una Corte Federal de Distrito del Sur de Texas que declaró por segunda vez ilegal el Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA).
La apelación, de 75 páginas, fue presentada la noche del jueves por un grupo de abogados encabezados por Nina Perales, vicepresidenta de litigios de MALDEF. Los demandantes citan precedentes dictados por la corte Suprema donde señalan que los tribunales inferiores carecen de competencia para prohibir o restringir en asuntos relacionados con la ley federal de inmigración.
También indican que el Tribunal de Distrito del Sur de Texas asumió erróneamente que el resultado de las mociones contrarias de las partes para un juicio sumario era una conclusión inevitable. Y citaron que el tribunal no tomó en cuenta “las diferencias materiales” entre el reglamento de 2012 y el memorando de 2022 (del nuevo DACA), “como la instrucción explícita de la regla de utilizar la discreción individualizada en adjudicaciones individuales y su aplicación a una población más reducida y de mayor edad, y las decisiones recientes de la Corte Suprema en prioridades de inmigración, (las que) crearon nuevas cuestiones de derecho y de hecho en cuanto a la legitimación activa, el fondo y el recurso adecuado”.
El fallo de septiembre de 2023
El dictamen del 13 de septiembre del año pasado fue emitido por el juez Andrew S. Hanen en respuesta de una demanda entablada por un grupo de nueve estados encabezados por Texas, todos gobernados por republicanos, quienes alegaron que el programa, creado en 2021 por el entonces presidente Barack Obama, era ilegal porque cambió partes de la ley de inmigración sin la autorización del Congreso.
Hanen dijo en la sentencia que el programa, que ampara de la deportación a unos 600,000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años, era “ilegal”, pero permitió que beneficiarios sigan renovando las protecciones de expulsión y permisos de trabajo por otros dos años.
El juez también dijo en la sentencia que un esfuerzo de la Administración de Joe Biden para codificar la política DACA en una regulación federal activada en octubre de 2022 también era “ilegal”. Pero en la apelación los abogados puntualizaron que sobre esta parte del dictamen indicando que el tribunal no tomó en cuenta “las diferencias materiales” entre el reglamento de 2012 y el memorando de 2022.
La apelación precisa al respecto que, “para empezar, el Tribunal de Distrito se equivocó al intentar evitar la cuestión de la legitimación de los demandantes para impugnar la Regla, a pesar de los cambios en la ley y los hechos que requirieron un nuevo análisis y que decididamente favorecen a los demandantes”.
“La Regla se aplica a una población aún más pequeña que el Memorando y es inequívocamente discrecional, lo que convierte el argumento ya especulativo y completamente no probado de Texas (el único demandante que ha intentado siquiera demostrar su legitimación) de que algún beneficiario de DACA, en algún lugar, debe aumentar de alguna manera los servicios sociales de Texas”, agrega el escrito.
En 2021, Hanen, en un fallo, decretó que el beneficio también era ilegal, pero, al igual que en septiembre del 2023, permitió que los beneficiarios de DACA continúen temporalmente renovando sus protecciones.
Qué se espera ahora
Los demandantes del dictamen de Hanen esperan que la Corte de Apelaciones acepte el recurso legal y paute una audiencia para que los abogados de ambas partes del litigio (del gobierno de Biden y las organizaciones demandantes y de los nueve estados que impugnaron el programa) entreguen argumentos orales.
Agotada esta instancia el tribunal analizará las pruebas y emitirá un dictamen. Mientras tanto, el programa, de acuerdo con el fallo de Hanen en septiembre del año pasado, permanece vigente hasta por lo menos septiembre de 2025 mientras continúa la batalla en las cortes.
La organización FWD.US, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica, entre ellos Facebook, LinkedIn, Google y Dropbox, recomienda a los dreamers protegidos por el programa que mantengan al día las renovaciones de sus amparos de deportación y permisos de trabajo.
United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de dreamers del país, reiteró el llamado a los poco más de 600,000 dreamers protegidos por DACA a reinscribirse si sus amparos de deportación o autorizaciones de empleo vencieran en los próximos 150 días.
La organización publicó en su sitio web un enlace con instrucciones sobre cómo pedir la renovación del programa ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
UWD advierte, además, que aquellos dreamers que tienen problemas con sus renovaciones o dudas a causa de errores cometidos que los pueda hacer deportables o no cumplir con los requisitos del programa, que busquen consejo legal antes de entrar en contacto con la USCIS.
El costo de la reinscripción es de $495, que incluye el formulario I-765 ($410 Autorización de Empleo) y toma de huellas biométricas ($85).
“USCIS puede renunciar a la recopilación de ciertos datos biométricos a su discreción”, recordó las organización.
