A oscuras y “enfogonados” en Puerto Rico

Rincón - Tres millones y medio de personas en Puerto Rico hemos tenido un atisbo de lo que probablemente será la temporada de huracanes que se acerca. Días infernales de oscuridad, desabastecimiento, riesgos para la salud y para la vida. Un implacable apagón que, durante tres largos días con sus noches, paralizó a la isla sin que siquiera soplara un bien platanero; y sin más lluvias que las típicas a las que nos hemos acostumbrado los naturales y residentes del trópico. Y sin embargo los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico tienen en sus manos las herramientas para prevenir o por lo menos mitigar el desastre inminente.

El cantinfleo de los funcionarios energéticos y voceros de Luma Energy, el consorcio privado que distribuye electricidad en la isla desde junio del año pasado, ha impedido tener certeza sobre la causa del apagón. Pero todo indica que se rompió un interruptor o “breaker” cuya duración natural es 30 años, pero tenía 45. Sucedió en la unidad número cinco de la planta Costa Sur, en Guayanilla, un idílico paraje del sur de la isla, acaso la zona más afectada por el desaguisado que además provocó un pavoroso incendio cuyas imágenes vieron con desconcierto en las redes millones de puertorriqueños. Son otro indicio ominoso del presente y el futuro como regreso a los meses horripilantes del Huracán María.

Ahora, gobierno y ciudadanos sacamos cuentas. Los que saben dicen que el prolongado apagón causó pérdidas al país de más de $550 millones aparentemente sin contar las que sufrieron la Autoridad de Energía Eléctrica, la entidad estatal que rige el servicio eléctrico, y Luma Energy. La primera ya arrastraba una deuda de $9 mil millones, la mayor de cualquier agencia gubernamental de Estados Unidos. Y Luma necesita hasta el último centavo para consolidarse y cumplir su promesa de mejorar el servicio eléctrico en la isla.

En cuanto a las familias puertorriqueñas, es sencillamente imposible contabilizar las pérdidas que han sufrido en lo material y emocional. Incluyen el colapso temporal de servicios básicos de salud para un número indeterminado de pacientes con padecimientos crónicos. Daños irreparables de alimentos, medicinas y otros productos. Y los inconvenientes inesperados por las cancelaciones de las clases, el cierre de las agencias gubernamentales y la suspensión de la mayoría de las actividades económicas durante los días en las tinieblas. Los apagones son el peor enemigo de los turistas, quienes le dan vida a la económica puertorriqueña.

¿Cómo es posible que, casi cinco años después de la catástrofe que causó María, se sigan produciendo apagones desastrosos en Puerto Rico? La respuesta hay que buscarla en una combinación de factores que van desde las dificultades prácticas para renovar la decrépita infraestructura energética de la isla y la quiebra del gobierno estatal hasta la desconfianza federal en que los puertorriqueños usarán de manera responsable los fondos aprobados hace tiempo para renovar el decadente sistema energético.

Washington ha comprometido $12 mil millones con ese objetivo. Luma asegura que parte de esos fondos se está usando para reemplazar, precisamente, los viejos interruptores como el que falló en Guayanilla. Pero se sospecha que la mayor parte del dinero permanece inutilizado debido a las reservas de autoridades federales sobre su manejo responsable. Una forma de prevenir nuevas y peores calamidades sería invertir cuanto antes el dinero disponible para renovar interruptores, cables y otros equipos y podar los árboles que comprometen el servicio eléctrico en las zonas montañosas de Puerto Rico, donde viven decenas de miles de personas.

En esta ocasión, me sorprendió que apenas centenares de personas protestaran en San Juan por el reciente apagón. Pero en octubre del año pasado, la frustración por este crónico problema sacó a miles a las calles de la capital. El descontento popular podría desbordarse si las autoridades de la isla y de Estados Unidos no buscan soluciones rápidas y duraderas, antes de que nos azote la temporada ciclónica. En el país más alegre de la tierra, el ánimo de la gente se ha vuelto sombrío. Muchos están “enfogonados”. Culparán al gobierno del presidente Biden por la demora en la liberación de fondos, tal y como comprensiblemente culparon al de Donald Trump por vetar la entrega de dinero a la isla.

Dentro de cinco meses se cumplirán cinco años de la embestida de María. Nada justifica que, tanto tiempo después, Puerto Rico siga corriendo los mismos riesgos de apagones catastróficos. Solo una coordinación urgente y eficaz de esfuerzos entre las autoridades federales y estatales podrá evitar que las calamidades de María se repitan si a la isla la visita otra tormenta.

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