Las dos Honduras de Juan Orlando Hernández

Por segunda vez en la historia de nuestro hemisferio, Estados Unidos ha extraditado a un expresidente latinoamericano al que acusa de haber convertido a su país en un narcoestado. El anterior fue el dictador panameño Manuel Antonio Noriega en 1990. Si en el juicio se confirmasen las acusaciones contra el hondureño Juan Orlando Hernández, su caso sería, potencialmente, de mayor envergadura que la de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y otros capos de las drogas que han terminado tras las rejas en este país.

Muchos narcojefes han soñado con poder político. Algunos han logrado comprar bastante. Pero solo Noriega llegó a ejercerlo de manera absoluta en su país. Y la justicia estadounidense asegura que lo mismo hizo Hernández, mientras presidía a Honduras entre 2014 y 2022.

La extradición de Hernández la semana pasada, si de veras fuese culpable, sería un triunfo de la justicia global. Pero no deja de ser, también, otra prueba de la fragilidad de los sistemas de justicia latinoamericanos. Significaría que, bien avanzado el siglo XXI, y a pesar de los progresos democráticos en nuestro hemisferio, la justicia regional continúa siendo demasiado frágil para procesar a influyentes o peligrosos sospechosos de haber infringido las leyes.

“Aunque es positivo que podamos conseguir Justicia en el caso de Juan Orlando Hernández y otros”, dice el investigador de derechos humanos Joaquín Mejía Rivera, “el problema es que la justicia se está haciendo a través de un sistema diferente en un país como EEUU; y esto debería resolverse en Honduras”.

Se me dirá que sigue siendo raro que Estados Unidos gestione la extradición de un exgobernante latinoamericano para procesarlo en las cortes norteamericanas. Pero la cantidad de casos va en aumento. En 2013, Washington obtuvo la extradición del expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo para procesarle en Manhattan por lavado de dinero. Allí recibió una condena carcelaria de seis años.

Dos años después, Rafael Callejas, quien gobernara la apacible Costa Rica entre 1990 y 1994, se entregó a las autoridades estadounidenses y posteriormente se declaró culpable en una corte de Brooklyn de conspiración para cometer fraude vinculado a los tejemanejes de la FIFA. Falleció en 2020, antes de recibir sentencia. Y varias naciones latinoamericanas han dependido de la justicia de este país para echarles el guante a exgobernantes encausados por diversos delitos criminales.

El caso de Hernández ha enardecido a sus opositores y a sus partidarios. El resultado es un retrato vívido de dos Honduras muy diferentes bajo su mando. La oposición y numerosos observadores de la realidad hondureña lo consideran responsable de haber fomentado la corrupción y la violencia durante su mandato. Damian Williams, fiscal general del Distrito Sur de Manhattan, donde se le procesará, dice que “Honduras se convirtió en uno de los países más violentos durante la presidencia del acusado”. Es exactamente el cuadro que pintaron distintos testigos en el juicio contra su hermano, Juan Antonio Hernández, quien fuera condenado hace poco más de un año por conspirar para transportar drogas a Estados Unidos.

En cambio, sus defensores, encabezados por su esposa, la abogada Ana García Carías, lo pintan como un incansable luchador contra el narcotráfico que además fue estrecho aliado de los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump no solo en eso, sino también en la campaña contra le inmigración ilegal. Kevin McAkeenan, secretario interino de seguridad nacional de Trump, llegó a tildar a Hernández de “socio fuerte” de Estados Unidos que trabajaba para “combatir la migración irregular y las organizaciones criminales transnacionales”.

Es así como la historia del gobierno de Hernández parece ser, dependiendo de quienes la cuenten, la de dos países diametralmente opuestos y contradictorios. El juicio que se le hará en Nueva York esclarecerá de una vez y por todas cuál fue la Honduras real durante su mandato.

Pero ese proceso podría revelar muchísimo más. Estados Unidos se esforzó por extraditar a Hernández desde que asumió la presidencia en Honduras Xiomara Castro. Incluso envió a la vicepresidenta Kamala Harris a la toma de posesión de Castro con el aparente cometido de tratar con discreción el caso Hernández. Esto se debe a que las autoridades estadounidenses están convencidas de que era un capo de capos, con información valiosa sobre la red de narcotráfico en la que asegura que operaba.

Se especula que esa red aún existe, que comienza en Colombia, pasa por Venezuela y posiblemente también por México antes de traer la droga a territorio estadounidense. Una importante tarea pendiente de la fiscalía federal será demostrarlo, con pruebas contundentes y transparencia, en el juicio contra el exmandatario hondureño.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.