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Acoso

Lydia Cacho: “No hemos visto ninguna señal de mayor voluntad política” con el gobierno de AMLO

La conocida periodista, que fue torturada en 2005 durante más de 20 horas tras la publicación de su libro 'Los demonios del Edén', está exiliada en Estados Unidos desde hace dos meses. Pese a que a principios de este año, en nombre del Estado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas le ofreció una disculpa pública, sostiene que el fiscal general de México "no ha movido un dedo" en su caso.
4 Oct 2019 – 01:47 PM EDT
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Lydia Cacho. Crédito: Milli Legrain/Univision

WASHINGTON DC.- Todo esto es una “distracción”, denuncia Lydia Cacho, la premiada periodista de investigación mexicana, exiliada desde hace dos meses en Estados Unidos tras el allanamiento de su casa por hombres armados, el robo de su material de trabajo y el envenenamiento de sus dos mascotas en México el 21 de julio.

“Soy una periodista experta en delincuencia organizada. Y a las fiscalías les conviene mantenerme como víctima hasta en redes sociales en lugar de explicar que hay una red enorme que yo he descubierto gracias a mi trabajo periodístico", añade.

En el 2005, Lydia Cacho fue detenida por 10 personas (cinco de ellos policías) y torturada durante más de 20 horas tras la publicación de su libro 'Los demonios del Edén', con el que destapó una red criminal de pornografía infantil que involucraba a políticos y empresarios mexicanos.

El caso de Lydia Cacho

Ahora desde Washington DC, en una entrevista con Univision Noticias, ve con ironía el hecho que lleve 14 años recibiendo ataques, amenazas y atentados contra su vida, mientras que los autores intelectuales de estos crímenes siguen sin estar detenidos, a pesar de la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2018 que exige "procesar, juzgar y castigar [...] a las personas halladas responsables" y de la orden de captura que fue emitida en México en abril de 2019 contra el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, el empresario multimillonario, Kamel Nacif, y el ex jefe de la policía judicial de Puebla, Adolfo Karam, entre otros como "probables responsables en la comisión del delito de tortura".

"Las ordenes de aprehensión siguen vigentes a pesar de los trámites de juicio de amparo", señaló el equipo legal de la ONG Artículo 19 que lleva su caso.

A su pesar, Cacho se ha vuelto protagonista de una historia que debían protagonizar otros. Se trata de "desviar la atención" mientras que existe “una red internacional de trata de niños y niñas que sigue intocada”, recalca la periodista.

Según la fiscalía, tanto Mario Marín como Adolfo Karam, ambos con orden de arresto, siguen fugados, mientras que Kamel Nacif huyó a Líbano.

En una carta publicada el 22 de junio por el diario mexicano El Universal, y firmada por la Fiscalía General de la República, Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, confirmó la solicitud de "extradición" de Kamel Nacif, y la búsqueda infructuosa de Mario Marín debido a que "presuntamente existe una red que le alerta con anticipación para que se evada de la acción de la justicia."

Cacho estuvo la semana pasada en la capital estadounidense para asistir a una reunión privada convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con representantes del gobierno de México en la que denunció, junto a su abogada, la falta de avances en su caso y la poca coordinación entre instituciones estatales para ofrecerle una protección adecuada.

En la reunión, el gobierno se comprometió a reforzar las medidas de protección para Cacho y sus familiares, asumidas ante la CIDH en el 2009. “Yo quiero volver a México” sostiene la periodista, pero mientras los autores intelectuales de su tortura estén sin detener, sabe que su vida corre peligro.

Crimen organizado fortalecido

Al margen de las implicaciones para su vida personal y profesional, al ser un personaje público, el exilio forzado de Cacho tiene un impacto en la libertad de expresión en México por el miedo que infunde en sus colegas y hasta en miembros de la sociedad civil.

Desde julio, más de 20 periodistas le han comunicado personalmente que dejarán de escribir sobre el crimen organizado por los ataques que ha sufrido.

Según datos de la ONG Artículo 19, en los primeros seis meses de 2019 hubo 249 agresiones a periodistas en México, una agresión cada 17 horas. Dicen los expertos que, de seguir así, 2019 podría ser el más letal para periodistas en el país.

Ya en el 2017, la ex presidenta de la Comisión Estatal de la Atención y Protección a Periodistas, Rocío Ojeda Callado, advertía que hasta el interés en estudiar periodismo había bajado en el estado de Veracruz. Este estado tiene el peor registro de asesinatos de periodistas en el país, con 27 muertos desde el año 2000.

Ataques de AMLO a la prensa

En los 10 meses que Andrés Manuel López Obrador lleva en el poder, han sido asesinados 12 periodistas en México.

A pesar de ello, el propio presidente sigue criticando a la prensa en sus ruedas de prensa matutinas. “Hay muchos periodistas que ya no cubren las mañaneras por miedo”, señalan desde el equipo legal de Artículo 19 en México.

Esta misma organización denuncia que la retórica del presidente de México, que estigmatiza a los periodistas, es a menudo adoptada por presidentes municipales de los estados más peligrosos como Sinaloa, Veracruz o Chihuahua y por los propios seguidores del presidente. Todo esto en un país donde, según la organización Reporteros Sin Fronteras, un 90% de los crímenes cometidos contra periodistas permanece en la impunidad.

Para Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este tipo de discurso tiene graves implicaciones: “Puede interpretarse como una señal que el círculo de violencia e impunidad puede perpetuarse”.

Mucho ruido y pocas nueces

En su caso, Cacho no parece tener más fe en este gobierno que en los anteriores: “No hemos visto ninguna señal de mayor voluntad política”.

“El fiscal general no ha movido un dedo en mi caso o estaría detenido el (ex) gobernador y el (ex) jefe de la policía judicial”, agrega en referencia al caso de su tortura.

Aun así, a principios de este año, en nombre del Estado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas le ofreció una disculpa pública. Y el presidente López Obrador aplaudió la orden de arresto emitida en abril de 2019 cuando una periodista le preguntó por ello en una rueda de prensa matinal.

Algunos opinan que una disculpa pública es un paso adelante. “Pero no actuar en consecuencia es un muy mal mensaje para la violencia y un mensaje muy perverso para los perpetradores que siguen vivos”, advierten desde Artículo 19- México.

Mientras tanto, el asedio contra Cacho sigue en redes sociales. “En mi vida había sufrido tanto acoso como en los últimos seis meses”, afirma la periodista.

A menudo le reprochan en Twitter sus críticas al presidente de la nación cuando su gobierno le pidió perdón por los hechos sucedidos bajo el sexenio de Vicente Fox. La pregunta le indigna. “¡Como si fuera un favor!” dice Cacho. “Es su trabajo”.

México no respondió a las peticiones de una entrevista con Univision Noticias.

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