De “abominable” y “traición” califican posible reforma de Biden a la política de asilo
Fuertes críticas al gobierno de Joe Biden asomaron luego de la publicación de un reporte de prensa el viernes sobre un supuesto plan que elabora la Casa Blanca para endurecer los requisitos de asilo a cambio de que el Congreso apruebe fondos militares para Ucrania.
El sitio Político reportó, citando a altos funcionarios del gobierno de Biden que no fueron identificados, que la administración estaba “preparando” a los legisladores demócratas y defensores de la política de inmigración “para la probabilidad de que el Ejecutivo tenga que aceptar compromisos sobre la ley de asilo”.
Las eventuales modificaciones, agrega, se harían a cambio de la aprobación en el legislativo de una solicitud de financiamiento de $100,000 millones de dólares de la presidente entregada recientemente y que incluye fondos para apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia, asistencia a Israel en la guerra declarada tras el ataque de Hamás perpetrado el 7 de octubre que dejó más de 1,200 muertos y unos $14,000 millones de dólares para la seguridad de la frontera.
El reporte señala que, en llamadas a esos legisladores y defensores de la actual ley de asilo, “funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) plantearon posibles cambios como una manera de ganarse a los republicanos que se oponen a la ayuda a Ucrania”.
Al menos cuatro funcionarios del gobierno de Biden confirmaron las conversaciones a puertas cerradas, aseguró Político.
Hasta ahora se desconoce qué tipo de cambios estaría dispuesto aceptar el gobierno para que el Congreso modifique la política de asilo a cambio de votos para aprobar ayuda a Ucrania, o si los cambios se harían por medio el uso de la autoridad ejecutiva y bajo las normas estipuladas por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Acciones “abominables”
Las reacciones al reporte no se hicieron esperar. “Las espantosas propuestas que, según se informa, está considerando la Casa Blanca, diezmarían las protecciones de asilo críticas precisamente cuando más se necesitan.”, dijo Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC, or sus siglas en inglés). “Junto con otras acciones abominables que tuvieron lugar en nuestras fronteras durante su mandato, estos cambios radicales traicionarían aún más el compromiso previamente articulado del presidente Biden de traer humanidad y orden a nuestros sistemas para dar la bienvenida a las personas que buscan seguridad”, indicó.
Matos dijo además que “el compromiso de Estados Unidos de ayudar a quienes enfrentan crisis en todo el mundo también debe extenderse a quienes buscan seguridad en nuestras puertas. Instamos a la administración a rechazar vincular la destrucción de nuestro sistema de asilo legal con la prestación de ayuda a Ucrania e Israel”.
Por su parte, Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, dijo ante los informes de que la administración Biden y algunos demócratas estarían dispuestos a negociar restricciones permanentes de asilo a cambio de financiación para Ucrania “son una indicación preocupante de sus prioridades y de su postura más amplia hacia las demandas de los republicanos del MAGA”, movimiento ultraconservador que respalda la candidatura del expresidente Trump.
“Recompensar la política arriesgada a corto plazo y realizar cambios políticos duraderos a través de vehículos de financiación a corto plazo es siempre un enfoque equivocado, en particular teniendo en cuenta los daños reales asociados con la destrucción del asilo, tal como lo conocemos”, precisó.
Cárdenas dijo además que “necesitamos una modernización total de nuestro sistema de inmigración”. Y aseguró que “este proceso debe llevarse a cabo a través de un orden regular e implicar un conjunto de reformas políticas a gran escala, no aquellas centradas únicamente en destripar el acceso al asilo”.
ACLU envía carta a Biden
En el mismo tono de preocupación reaccionó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) “El presidente Biden enfrenta una dinámica difícil al negociar un acuerdo, pero convertir en ley políticas dañinas, incluida cualquier versión de la política como Permanecer en México de la era Trump, no debería estar sobre la mesa”, dijo Anthony Romero, director ejecutivo de la organización
“Eso traicionaría nuestro compromiso de proteger a las personas que huyen de la persecución, la violencia, la guerra y las violaciones de derechos humanos en todo el mundo”, agregó.
Romero precisó además que “estas propuestas no harían nada para mejorar la gestión fronteriza y al mismo tiempo causarían graves daños a personas y familias. Dar la espalda a los solicitantes de asilo es contrario a los ideales que representan lo mejor de nuestro país”.
ACÑU también envió una carta a Biden en la que pide al presidente “proteger nuestro sistema de asilo en las negociaciones con el Congreso” y señalando que los cambios que se avizoran serían “devastadores” para el sistema de asilo.
“Le instamos a que retire estos cambios de la mesa de negociaciones. Amenazarían las vidas y la seguridad de millones de personas que vienen a nuestro país en busca de protección, sin hacer nada para fortalecer la gestión de la frontera o aliviar la escasez de recursos en las comunidades receptoras”, se lee en la misiva.
El grupo de derechos civiles dijo además que, de acuerdo con las filtraciones hasta ahora, entre las negociaciones que se han llevado a cabo se incluye el retorno del MPP, un programa que el mismo Biden prometió que eliminaría de la política de asilo estadounidense.
ACLU también advirtió a Biden que nada de lo que se está conversando “impedirá que la gente venga a Estados Unidos” y le recordó la responsabilidad moral y legal del gobierno “de brindar protección a los solicitantes de asilo y proteger el debido proceso migratorio aprobado por el Congreso.
Cambios al borde del límite
Durante el gobierno de Donald Trump y bajo la Administración Biden, el gobierno federal ha modificado la política de asilo restringiendo en algunos casos con severidad los requisitos para pedir y obtener asilo. Y ambos gobiernos han enfrentado demandas en los tribunales de justicia con resultados mixtos.
Bajo Trump, los Departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS) activaron el Programa Permanecer en México (MPP) que devolvió a ese país a miles de solicitantes de asilo a esperar mie tras sus casos eran resueltos en los tribunales de inmigración estadounidenses, procesos que en algunos casos demoraron más de un año.
Trump también utilizó el Título 42, una vieja herramienta de salud pública activada en marzo de 2020 por la pandemia, para expulsar de manera expedita a más de 2 millones de extranjeros que llegaron a la frontera sur, la mayoría de ellos en busca de asilo tras huir de sus países de origen.
Si bien Biden derogó ambas políticas en resguardo del debido proceso migratorio, ha implementado otras normativas que impiden la libre llegada de extranjeros a la frontera buscando asilo como lo estipula la ley.
Entre octubre del año pasado y abril de este año, el DHS implementó una serie de programas para regular la llegara de extranjeros. Uno de ellos, parole humanitario, enfocado en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, exige un patrocinador autorizado por el DHS donde los titulares solo pueden entrar con un permiso a Estados Unidos vía aérea.
Otro programa similar destinado a Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y recientemente Ecuador, solo permite la entrada de ciudadanos que tengan aprobada una petición familiar I-130.
El resto de los extranjeros que no tengan una visa, deben solicitar una cita a través de la aplicación móvil CBP One. “De lo contrario y quienes no tengan una razón legal para permanecer en Estados Unidos, son deportados de manera acelerada”, advierte en DHS. “Y en algunos casos los deportados son castigados durante un período de cinco años fuera del país”.
