Qué se sabe del estricto plan migratorio que barajan demócratas y republicanos del Senado en los debates sobre el presupuesto de 2024
Conversaciones a puertas cerradas entre demócratas y republicanos en el Senado, en el marco de un nuevo debate sobre el presupuesto de gastos 2024, vuelve a poner sobre la mesa el tema de inmigración, aunque cada vez con más restricciones.
Este miércoles, un grupo de 11 senadores, todos ellos demócratas, emitieron una declaración conjunta denunciado “negociaciones relacionadas con posibles cambios a nuestro sistema de asilo”, un hecho que, aseguran, “establecería un precedente peligroso y arriesgaría la aprobación de asistencia para nuestros aliados”.
El grupo, integrado por los senadores Bob Menéndez (Nueva Jersey), Alex Padilla (California), Dick Durbin (Illinois), Cory Booker (Nueva Jersey), Mazie Hirono (Hawaii), Ben Ray Luján (Nuevo México), Edward J. Markey (Massachuisetts), Jeff Merkley (Oregon), Elizabeth Warren (Massachusetts), Sheldon Whitehouse (Rhode Island) y Ron Wyden (Oregon), dijo que en las conversaciones que lleva a cabo el grupo bipartidista se discuten “posibles cambios al sistema de asilo” y dentro paquete presupuestario 2024.
“Cualquier propuesta que considere cambios permanentes a nuestro sistema de asilo e inmigración debe incluir un camino hacia la legalización para inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo y contribuyendo a nuestro país”, señalaron.
El primer aviso
Las conversaciones secretas que lleva a cabo el grupo bipartidista fueron conocidas el martes y muestran que, en el caso de los dreamers, categoría de inmigrantes indocumentados que llegó a estados Unidos antes de cumplir los 16 años y llevan más de dos décadas esperando que el Congreso legalice sus permanencias, no tendrían ninguna posibilidad de solicitar la ciudadanía estadounidense.
La cadena de noticias NBC dijo que uno de los republicanos de la Cámara Alta que participa en las conversaciones, el senador Thom Tillis (Carolina del Norte), ha afirmado que un posible plan acordado entre ambos partidos no incluiría la ciudadanía para los soñadores.
Tillis, al igual que otros republicanos del Senado y también de la Cámara de Representantes, ha dicho que el tema migratorio que se vive actualmente en la frontera “es un problema de seguridad nacional, pero también es un problema político”. Y agrega que “no creo que los republicanos sean los únicos que reconocen que tenemos que avanzar en materia de seguridad fronteriza y que tenemos que hacerlo. Ahora, en cuanto al momento, lo que me preocupa, o lo que me frustra acerca de Washington, es que cuando fijamos una fecha límite, casi nunca logramos hacer algo temprano”, indicó.
Cabe señalar que unos 600,000 dreamers que se encontraban en Estados Unidos desde antes del 15 de junio de 2007 se encuentran protegidos de la deportación por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de 2012, aprobada durante el gobierno de Barack Obama en 2012 y actualizado a principios de noviembre de 2022 con un nuevo reglamento.
El Noticiero Nacional Univision también confirmó el martes las reuniones bipartidistas a puertas cerradas.
La Casa Blanca se inclina hacia las restricciones
Cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, deshizo la política migratoria de ‘tolerancia cero´ del anterior gobierno con el objetivo de favorecer y proteger el debido proceso autorizado por el Congreso. Pero la llegada de cientos de miles de inmigrantes a la frontera sur reclamando un beneficio legal vigente como el asilo, agotó la capacidad de respuesta y amenaza con colapsar el sistema.
La Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), bajo cuyo mando opera la Patrulla Fronteriza, revela que entre enero de 2021 y octubre de 2023 se han registrado 7.961,063 hallazgos o detenciones de extranjeros en las fronteras norte y sur de Estados Unidos y que la mayoría de ellos fueron deportados o devueltos porque no tenían una causa legal para permanecer en el país.
El resto fueron procesados y sus casos referidos a la Corte de Inmigración (EOIR) donde, de acuerdo con la ley, serán los jueces quienes resolverán sus futuros en el país. El problema es que los tribunales de inmigración tienen entre 2.2 y 2.5 millones de casos acumulados y, en promedio, la resolución de casos demora entre 3 y 4 años. A su vez, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) tiene acumulados más de 9 millones de expedientes, entre ellos asilos peticiones de asilo afirmativo y autorizaciones de empleo (EAD).
La crisis generada por el alto número de casos y la reducida capacidad de respuesta ha llevado a la Casa Blanca a en los últimos meses a modificar el reglamento de asilo para de esa manera controlar el flujo migratorio sobre todo en la frontera con México, y recientemente se conocieron planes del gobierno para enviar oficiales de asilo de USCIS tanto al sur de México como a Panamá.
Para conseguirlo, el gobierno de Biden necesita que el Congreso le otorgue fondos y para ello está dispuesto a endurecer la política migratoria y con ello conseguir votos republicanos necesarios en ambas cámaras del Congreso durante el debate del presupuesto de gastos 2024 y con ello, además, evitar un cierre del gobierno a partir de enero del próximo año.
Qué dicen los republicanos
Los republicanos encabezados por Tillis afirman que los inmigrantes “abusan” del sistema de asilo y exigen que se reformen los reglamentos, postura similar a la utilizada entre 2017 y 2021 por el entonces gobierno de Donald Trump para imponer la política de ‘tolerancia cero’ sin la participación del Congreso.
Los republicanos también aseguran que en Centroamérica se ha generado una especie de “industria” de cómo asesorar a quienes buscan asilo, aunque no califiquen, según el reporte del Noticiero Univision. Este mismo argumento también fue utilizado por el gobierno anterior, quien se vio forzado a dar pie atrás en varias decisiones y reinstalar la política por mandatos judiciales tras demandan entabladas por defensores de los derechos de los inmigrantes y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Los republicanos también reconocen que se han logrado avances en las conversaciones bipartidistas, excepto en el tema de los perdones o parole, que permite al gobierno federal, en uso de su discrecionalidad en la administración y manejo de los recursos, poner en libertad a extranjeros que solicitan asilo.
Mientras los republicanos presionan por mantenerlos privados de libertad, los demócratas alegan que no hay espacio ni instalaciones suficientes, y favorecen la vigencia de las prioridades de deportación avaladas por la corte Suprema de Justicia tras un reciente fallo en el verano. Estas permiten la liberación de todos aquellos extranjeros que no representan una amenaza a la seguridad pública, fronteriza o nacional de Estados Unidos.
Qué busca Biden en el Congreso
En octubre, la Casa Blanca de Biden anunció el envío al Congreso de una solicitud presupuestaria urgente para la aprobación de $100,000 millones para destinados para apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia e Israel en la reciente guerra declarada tras el ataque en territorio israelí por parte de milicianos de Hamas que dejaron más de 1,200 muertos.
De esa partida, $14,300 millones fueron contemplados para gastos en la frontera con México, entre ellos la contratación de nuevos agentes federales, combate al narcotráfico y tráfico de personas, deportaciones y compra de tecnología avanzada en los puertos de entrada.
El gobierno ha dicho que los fondos solicitados se utiliozarán, entre otros rubros, para:
- Aumentar el número de agentes de asilo y jueces de inmigración adicionales para juzgar y resolver casos de asilo;
- Aumentar la inversión en ciudades, estados y comunidades fronterizas para albergar, acomodar e incorporar a nuevos inmigrantes más fácilmente;
- Aumentar el presupuesto de USCIS para procesar solicitudes de permisos de trabajo;
- Ampliar la capacidad en los puertos de entrada para procesar a los solicitantes de asilo de manera segura y al mismo tiempo aumentar la capacidad para detectar e interceptar el contrabando peligroso, incluido drogas como el fentanilo.
- Ampliar las vías legales de entrada con nuevas regulaciones.
A mediados de noviembre el Congreso aprobó un presupuesto temporal de ley de financiamiento que evitó un cierre del gobierno hasta el 19 de enero de 2024àra algunas agencias federales y el 2 de febrero para otras.
Sin embargo, esta semana ambas cámaras vuelven a iniciar conversaciones para discutir el presupuesto para lo que resta del año fiscal 2024, donde podrían incluir una enmienda de inmigración atendiendo la petición urgente de Biden hecha en octubre, pero para ello el gobierno necesita proponer cambios en su política migratoria que lo acerque al planteamiento republicano y con ello conseguir votos en ambas cámaras.
Dreamers reaccionan al plan del Senado
Horas después de conocerse las conversaciones migratorias a puertas cerradas en el Senado, las reacciones no se hicieron esperar.
“Si las negociaciones del Senado se van a centrar en acordar políticas antiinmigrantes que ya fueron intentadas y fracasaron en reducir la presión en la frontera, entonces la pregunta es: ¿Cuáles son las contraofertas de políticas pro-inmigrantes que se están exigiendo?”, dijo Andrea Flores, vicepresidenta de políticas y campañas de inmigración de FWD.us.
“Nunca será aceptable que esfuerzos para arrasar con el sistema de asilo, obstaculizar el acceso a vías de migración legal, restringir el programa de parole humanitario o las prohibiciones unilaterales de tránsito migratorio sirvan como puntos de partida para cualquier negociación seria sobre como mejorar nuestro sistema migratorio”, agregó.
Flores dijo además que “es por eso que es muy alentador ver una creciente ola de nuestros campeones en el Senado empezar a alzar su voz en contra de estas políticas para dejar claro que no están dispuestos a dar un paso atrás en sus prioridades para las comunidades de inmigrantes”.
La organización FWD.us es un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica, entre ellos Facebook, LinkedIn, Google y Dropbox que apoyan una reforma migratoria integral y particularmente un camino a la ciudadanía para los dreamers, ya sea amparados por DACA o fuera del programa.
Los demócratas de la Cámara de Representantes también reaccionaron a las conversaciones bipartidistas en el Senado. "Es profundamente preocupante que informes indiquen que cambios permanentes y perjudiciales en el asilo (y libertad condicional) estén ingresando a las discusiones en el Senado en torno al paquete de gastos único", dijo a Univision Noticias la representante Nanette Barragán (D-California), presidenta del Caucus Hispano del Congreso. Nanette Barragán. "Los republicanos se niegan a respaldar a nuestros aliados y proporcionarles los fondos desesperadamente necesarios solo para imponer cambios permanentes en la inmigración que no pueden lograr a través del procedimiento regular".
Barragán dijo además que "estas políticas perjudiciales solo buscan anotar puntos partidistas y no mejorarán la situación en la frontera. Como se ha dicho antes, cualquier proyecto de ley de financiamiento de emergencia que busque modificar o establecer nuevas políticas de inmigración enfrentará oposición de los miembros del Caucus Hispano del Congreso".
Para aprobar una ley en el Senado se requieren 60 votos. Los demócratas controlan la cámara alta con 51 sufragios, 3 de ellos independientes, mientras que los republicanos tienen 49 votos. En la Cámara de Representantes, por su parte, controlada por los republicanos, se requieren 218 votos y tienen 222. Los demócratas son minoría con 212 escaños.
