Fiscalía del distrito Sur de Nueva York desmantela fraude migratorio a gran escala
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desmantelaron un fraude orquestado por una firma de abogados de inmigración que utilizaron, a base de informes falsos, un programa para víctimas de violencia doméstica y prometieron a sus clientes la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde).
“El abogado de inmigración Kofi Amankwaa y su hijo Kofi Amankwaa, llevaron a cabo un plan de fraude migratorio a gran escala”, señalaron Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Michael Alfonso, Agente Especial Interino a Cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI-DHS) de Newark en un comunicado.
Los acusados fueron presentados la tarde del lunes ante la jueza federal Sarah Netburn.
“Como se alega, Kofi Amankwaa, un abogado de inmigración, y su hijo, Kofi Amankwaa, Jr., intentaron burlarse del sistema de inmigración de Estados Unidos al conspirar para defraudar a Estados Unidos y cometer fraude de inmigración”, dijo el fiscal federal Damian Williams.
Amankwaa y su hijo supuestamente explotaron la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA), que permite a las víctimas no ciudadanas (indocumentadas) de abuso doméstico un camino hacia el estatus de residencia legal permanente (green card) para su propio beneficio financiero, afirmando falsamente que sus clientes fueron víctimas de abuso doméstico, se lee en la acusación.
“Gracias a las acciones dedicadas de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales de carrera de esta Oficina, los acusados ahora deben responder por estos crímenes”, señaló la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Inmigrantes blanco fácil de estafas
“Kofi Amankwaa está acusado de prácticas engañosas mediante las cuales supuestamente victimizó a clientes que dependieron de su asistencia legal con su proceso de inmigración”, dijo Alfonso.
El funcionario agregó que “el HSI se compromete a proteger a los solicitantes, peticionarios y solicitantes de ciudadanía estadounidense quienes, desafortunadamente, a menudo corren el riesgo de caer en estafas o fraudes”.
Tras agradecer los esfuerzos para desmantelar la red de fraude, tanto el gobierno estatal como el DHS dijeron que seguirá combatiendo el fraude de documentos y beneficios de inmigración.
Los alegatos de la denuncia
De acuerdo con los documentos judiciales, “desde septiembre de 2016 hasta noviembre de 2023, Amankwaa y Amankwaa, Jr., se reunieron con clientes y les ordenaron que firmaran peticiones fraudulentas del Formulario I-360 de la Ley de Violencia contra las Mujeres (“VAWA”)”.
En este formulario “declaraban falsamente que los clientes fueron abusados por sus hijos ciudadanos estadounidenses”, agregan los alegatos. “Amankwaa también firmó las peticiones, bajo pena de perjurio, como abogado preparador” de los documentos enviados al servicio de inmigración.
La fiscalía dijo que los acusados “utilizaron la presentación fraudulenta del Formulario I-360 (Peticiones VAWA), entre otras presentaciones, como base para solicitar documentos de viaje de permiso anticipado para sus clientes, documentos que permiten a personas sin estatus legal en Estados Unidos viajar al extranjero temporalmente y regresar”.
Luego, los acusados ordenaron a sus clientes, al obtener los documentos de viaje de permiso anticipado, “que viajaran al extranjero y regresaran a Estados Unidos. Por último, los acusados utilizaron el permiso anticipado obtenido fraudulentamente como base para que sus clientes solicitaran el estatus de residente legal permanente”.
Peticiones basadas en mentiras
Los alegatos indican además que los acusados llevaron a cabo el plan ilegal “sabiendo que sus clientes, de hecho, no habían sido abusados por sus hijos o sin siquiera preguntar si se había producido tal abuso”.
“Además, los acusados a menudo no lograron obtener el estatus de residente legal permanente (green card) para sus clientes porque las solicitudes de inmigración de los clientes fueron denegadas por fraude, entre otras razones”.
La Fiscalía dijo que los demandados “normalmente cobraban a sus clientes $6,000 dólares por sus servicios, más honorarios administrativos”.
En noviembre de 2023, tras numerosas quejas de clientes sobre acusaciones de abuso fraudulento, se suspendió la licencia de Amankwaa para ejercer la abogacía en el estado de Nueva York.
Los cargos imputados
Tanto Kofi Amankwaa (69) como su hijo, Kofi Amankwaa, Jr. (37), ambos con domicilio en South River, Nueva Jersey, están acusados cada uno de un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos y cometer fraude migratorio. Conllevan una sentencia máxima de cinco años en prisión y un cargo de fraude migratorio, que conlleva una sentencia máxima de 10 años de prisión.
La Fiscalía y el DHS indicaron que las sentencias máximas potenciales “son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí únicamente con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por un juez”.
El caso Amankwaa está a cargo de la Unidad de Delitos Generales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El fiscal federal adjunto Adam Z. Margulies está a cargo de la acusación, dice el comunicado.
Advierte además que, los cargos contenidos en la denuncia son meras acusaciones y se presume que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
De qué se trata la Visa U
La primera visa U se otorgó en 2007 al inmigrante de origen salvadoreño José Suárez, un residente del área de la Bahía de San Francisco, California, quien fue víctima de robo.
Suárez fue severamente golpeado durante un asalto en San Mateo. Su testimonio permitió a las autoridades capturar al agresor, quien fue juzgado y sentenciado. El inmigrante recibió la protección por colaborar con las autoridades y, a cambio, pudo legalizar su permanencia en Estados Unidos.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) señala que las visas U están disponibles para víctimas de crímenes que han sido objeto de abuso físico o mental sustancial y que han accedido a ayudar a las agencias del orden público a investigar o procesar dichos delitos.
La agencia ha dicho que, una vez determina ‘buena fe’ en una petición de visa U a favor del peticionario principal, y este reciba la Acción Diferida U y el permiso de trabajo, “evaluará las peticiones de cualquier familiar calificado que viva en Estados Unidos.
USCIS advierte además que un miembro de la familia calificado que vive en Estados Unidos no tiene garantía de ser un miembro de ‘buena fe’.
Respecto a cómo se establece la buena fe en una petición, el servicio de inmigración explica que se establece cuando un funcionario encuentra que:
- El peticionario principal presentó correctamente el formulario I-918;
- El peticionario principal incluyó una certificación de aplicación de la ley debidamente completada (Formulario I-918B U (certificación de estatus de no inmigrante);
- El peticionario principal incluyó una declaración personal describiendo los hechos de la victimización; y
- USCIS ha recibido los resultados de los controles de seguridad y antecedentes del peticionario principal basados en biometría.
La base de datos de USCIS señala que al 30 de septiembre del 2023 tenía acumuladas 344,600 solicitudes de visa U para una cuota anual de 10,000. Eso significa una espera de más de 30 años para recibir el amparo.
