Claves de la reforma migratoria republicana: muro fronterizo, quitar el ‘catch and release’ y menos autoridad ejecutiva
El miércoles 10 de mayo, un día antes del fin de la Orden del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC), la Cámara de Representa tes aprobó una dura iniciativa de reforma migratoria basada en la política de tolerancia cero del expresidente Donald Trump.
El plan, presentado por los representantes Mario Díaz-Balart (Florida) y Tom McClintock (California), y el respaldo del presidente del Congreso, Kevin McCarthy california), se basa en un fuerte componente de seguridad nacional y deja fuera cualquier posibilidad de regularización de los 12 millones de indocumentados que viven en el país.
“Ya que la Administración Biden no ha tenido liderazgo para defender nuestra seguridad nacional, me enorgullece haber liderado este esfuerzo en la Cámara y cumplir con el Compromiso con la América de los republicanos de este cuerpo legislativo”, dijo Díaz-Balart tras la aprobación del proyecto de ley H.R. 2, “Ley de Seguridad Fronteriza 2023”.
El proyecto no tiene ninguna posibilidad de convertirse en ley. El Senado, controlado por los demócratas, no lo va a debatir y el presidente Joe Biden dijo que, en el caso que llegue a su escritorio, lo vetará.
La defensa del plan H.R. 2: el plan migratorio republicano
Según el congresista de Florida, que en 2013 respaldó un amplio plan de reforma migratoria aprobado en el Senado y que incluyó un camino a la ciudadanía para la mayoría de los indocumentados que viven en Estados Unidos, el H.R. 2 “brinda soluciones reales para restablecer el orden en la frontera sur, fortalecer nuestra seguridad nacional, mejorar nuestro quebrado sistema de inmigración y proteger a los niños inocentes, todo mientras se defende el Estado de Derecho”.
También aseguró que “ha habido más de 5 millones de cruces ilegales a lo largo de la frontera sur desde que el presidente Biden asumió el cargo”.
McClintock, por su parte, precisó tras la aprobación del plan que “el día de la inauguración (toma de posesión del presidente Joe Biden) nuestra frontera estaba segura”, en alusión al legado dejado por el gobierno de Trump. Y agregó que las políticas migratorias del expresidente “habían reducido la inmigración ilegal a un goteo”. Pero que Biden, por el contrario, “revirtió estas políticas” y aseguró que, en los últimos 27 meses, los demócratas han admitido deliberadamente “a más de 2,1 millones de extranjeros ilegales en nuestro país”.
La diferencia de casi 3 millones de supuestos ingresos ilegales no ha sido aclarada por los representantes autores del plan y tampoco advierten que la política migratoria de tolerancia cero del expresidente Trump se basó en unos 400 memorandos y órdenes ejecutivas que modificaron reglamentos de aplicación de leyes migratorias sin la aprobación del Congreso, provocando serios daños al debido proceso.
Radiografía del proyecto H.R. 2
El plan de reforma migratoria de los congresistas Díaz-Balart y McClintick, incluye y /o recomienda:
- Obligar a la administración Biden a reiniciar la construcción del muro fronterizo en la frontera con México;
- Despliegue de tecnología a la frontera sur y norte;
- Aumentar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y otorgar bonificación salarial;
- Requiere transparencia con respecto a los cruces ilegales del Departamento de Seguridad Nacional;
- Fortalecer la ley actual para proteger a los niños no acompañados de la trata de personas;
- Poner fin a la política del ‘catch and release’;
- Poner fin al abuso de la autoridad ejecutiva de inmigración; y
- Fortalecer y agilizar el proceso de asilo.
La política del ‘catch and release’
La práctica de capturar y liberar (catch and release) data de los años 1990 y permite que un extranjero “sea liberado después de ser aprehendido, por ejemplo, debido a una infracción de tránsito y no tuviera ningún otro crimen”, explica Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “No se trata de un procedimiento estándar, sino del uso de la discreción del agente que la utiliza”, agregó.
En 2017 Trump dijo que esta política, junto con el Acuerdo Judicial Flores de 1997 que prohíbe la deportación de menores y exige que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en Estados Unidos, y la ley de prevención de tráfico humano de 2008 (TVPRA), se trataban de “lagunas” o “vacíos legales” que dificultaban su política migratoria y trató de cancelarlas presionando al Congreso para que lo hiciera. También utilizó su poder ejecutivo, pero los tribunales de justicia se lo impidieron.
Desde que fue aprobada por el legislativo, la herramienta cuestionada por los republicanos ha permitido la liberación de miles de extranjeros indocumentados que han llegado a la frontera en los últimos años en busca de asilo cuyos casos fueron referidos a los tribunales de inmigración mientras prosiguen sus procesos de deportación y un juez decida sus futuros en Estados Unidos.
Los extranjeros que llegan en busca de asilo y demuestran temor creíble si son deportados, sus casos son referidos a la Corte de Inmigración (EOIR) y aquellos que no representan una amenaza a la seguridad pública y/o nacional de Estados Unidos, se benefician del Programa de Alternativas de Detención (ATD) y esperan en libertad la resolución de sus casos de deportación, donde un juez decide sus futuros en el país.
“No hay recursos suficientes y la infraestructura actual no da abasto para mantenerlos detenidos”, señalaron fuentes del DHS consultadas por Univision Noticias. “Se ha utilizado la discrecionalidad en individuos que no representan una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de nuestro país”, agregaron.
El debido proceso migratorio en la frontera
Tanto Díaz-Balart como McClintock, con datos distintos, dan a entender que Biden impuso una política de puertas abiertas en la frontera con México y que esta permitido la llegada y entrada de millones de inmigrantes indocumentados.
Tampoco explican que la crisis migratoria que se vive en la frontera fue advertida la primera vez por un grupo de investigadores de la Universidad de California en 2013, quienes entregaron un informe a las Naciones Unidas (ONU), instancia que a su vez a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lo hizo llegar al entonces gobierno de Barack Obama.
Tampoco refieren que cuando Biden llegó a la Casa Blanca, en enero de 2021, desarmó la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Trump y reinstaló el debido proceso migratorio aprobado por el Congreso y debilitado por el gobierno anterior.
Hasta la medianoche del 11 de mayo, la ley permitía que un extranjero que llega a la frontera sea a través de un puerto fronterizo o entre puertos fronterizos, pida asilo y que sea un juez quien decida si aprueba o rechace una solicitud. Sin embargo, debido a la crisis y la baja capacidad de respuesta del gobierno para atenderla (a través del debido proceso), Biden, en uso del poder Ejecutivo, ha restringido la política de asilo otorgando poderes discrecionales a los agentes fronterizos para tomar decisiones antes que los jueces de inmigración y de esa manera disminuir la presión en la frontera sur.
Las nuevas reglas que entraron en vigor tras la eliminación del Título 42 condicionan la llegada un programa de parole humanitario por medio de un patrocinador, reunificación familiar por medio de un formulario I-130 y y la aplicación móvil CBP One, donde un extranjero indocumentado sin una autorización legal para llegar a la frontera debe pedir una cita para cualquiera de los programas legales vigentes, entre ellos asilo.
A su vez, Biden ha insistido en que la única manera de atender la crisis es ampliando el presupuesto federal, contratando más agentes, mejorando los sistemas de seguridad, acelerando los procesos y descongestionando tanto la Corte de Inmigración como el atasco en la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), que tiene más de 10 millones de casos acumulados. Pero el Congreso se registe a otorgarle fondos.
Los datos de los cruces ilegales de Díaz-Balart y McClintock
Los autores del plan migratorio H.R. 2 dan cifras contrarias al número de indocumentados que, aseguran, el gobierno de Biden los dejo entrar ilegalmente al país. Díaz-Balart habla de más de 5 millones mientras que McClintock señala que son 2.1 millones.
Los más de 5 millones de cruces ilegales mencionado por el congresista de Florida o 2,1 millones de acuerdo con el congresista de California, corresponde a hallazgos o detenciones hechas por la Patrulla Fronteriza y la mayoría, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduana y Control Fronterizo CBP), fueron expulsados bajo el Título 42 de los CDC por razones de seguridad sanitaria o bajo el Título 8 de la Ley de Inmigración (INA) por razones de inadmisibilidad, conforme lo que estipula la Sección 212.
Y quienes demostraron miedo o temor creíble durante las primeras entrevistas en la frontera, fueron referidos a la Corte de Inmigración (EOIR) para que, durante el proceso o juicio de deportación en su contra, puedan pedir asilo. Es decir, todos han sido procesados en el marco del debido proceso.
En cuando al número de cruces ilegales mencionado por ambos legisladores, falta un dato clave: el número de extranjeros que cada año ingresa de manera ilegal exitosamente a Estados Unidos (Undetected Unlawful Entries). Esa cifra ayudaría a definir quién tiene la razón en esta disputa que se agiganta cada día mientras cobra fuerza la campaña presidencial 2024.
Los últimos datos de cruce ilegal exitoso por la frontera
En 2016 el DHS comenzó a utilizar un nuevo sistema más preciso de metodología de medición para calcular los ingresos ilegales exitosos por la frontera con México, dato clave que permite conocer qué tan efectiva es la política migratoria del gobierno en turno.
El departamento comenzó entonces a publicar datos sobre métricas de seguridad fronteriza. En 2018, un reporte publicado en el Informe del Año Fiscal de ese año señaló que el número de cruces no detectados había caído casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur.
De 851,000 en el Año Fiscal 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el Año Fiscal 2016. Tres años más tarde, en el Informe del Año Fiscal 2020 del DHS, el último de la presidencia de Trump, estimó que, de acuerdo con datos disponibles sobre entradas ilegales exitosas entre los años fiscales 2017 y 2018, experimentaron un incremento. Y que la efectividad por encima del 95% en la capacidad de detención registrada entre los años 2006 y 2016 (de más de 1 millón a menos de 56,000 por año al final del gobierno de Obama) se estaba revirtiendo.
De acuerdo con el reporte, la metodología utilizada para estimar el ingreso indocumentado exitoso mostró un aumento entre 2017 y 2018, los dos primeros años del gobierno de Trump, de al menos 11 puntos porcentuales con respecto a 2016. No hay datos en cuanto a las estimaciones de cruces ilegales exitosos durante el Año Fiscal 2020, y tampoco de los datos del Año Fiscal 2021, 2022 y lo que va del 2023.
Si en los últimos cuatro años fiscales no existen datos respecto al cruce indocumentado exitoso (Undetected Unlawful Entries), ¿por qué hay quienes aseguran que la frontera está abierta y se han registrado más de 5 millones de cruces ilegales? ¿Por qué no se habla de una frontera ‘congestionada’ o de la ‘numerosa’ llegada de extranjeros en busca de asilo a Estados Unidos a pesar de que está ‘cerrada’? ¿O de la falta de capacidad de respuesta del gobierno federal y de la negativa por parte del Congreso de aprobar los fondos que la fr0ntera necesita?
El último dato respecto al cruce indocumentado exitoso lo registró el DHS a finales del año fiscal 2018. Después de esa fecha “desafortunadamente no hay cifras”, dijo a Univision Noticias Roger Maier, especialista en Asuntos Públicos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).
