Cada vez más fiscales y jueces son blanco de amenazas en EEUU: por qué preocupa
El jefe de una de las agencias de seguridad más importantes de Estados Unidos levantó la semana pasada una voz de alerta sobre el aumento en el número de amenazas contra jueces y fiscales federales en el país, que suponen un "riesgo sustancial para nuestra democracia".
Durante una comparecencia ante un subpanel del Comité de la Judicatura de la Cámara de Representantes, el director del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Ronald Davis, dijo estar “profundamente preocupado por el alarmante aumento de las amenazas contra nuestro Poder Judicial y la naturaleza violenta de dichas amenazas”.
Según Davis, en los últimos tres años, “el número de amenazas contra jueces federales se ha más que duplicado, al igual que lo han hecho las amenazas contra fiscales y otros funcionarios judiciales". "Debo afirmar en términos claros que el entorno de amenazas actual y en evolución que enfrenta el Poder Judicial constituye un riesgo sustancial para nuestra democracia", añadió.
Davis aclaró que hablaba de amenazas que habían sido consideradas lo suficientemente graves por la agencia como para justificar una investigación. Entre las obligaciones del Servicio de Alguaciles está incluida la protección de jueces federales y el personal de los tribunales que presiden.
Tsunami de amenazas contra jueces federales y otros funcionarios judiciales
Hasta el final de septiembre, cuando cerró el año fiscal 2023, el número de jueces federales que recibieron amenazas graves aumentó a 457, frente a 300 del año anterior y 224 en 2021, mientras que el número de fiscales federales amenazados se duplicó en el mismo periodo, de 68 en el año fiscal 2021 a 155 en el último año fiscal, según datos del Servicio de Alguaciles.
Davis agregó que, a medida que han aumentado el número de amenazas creíbles, más del 70% de los jueces federales de la nación ha aceptado la protección de un sistema de detección de intrusiones domiciliarias ofrecido por el gobierno.
El tono de las amenazas ha empeorado a medida en que se han incrementado las divisiones políticas en Estados Unidos, explicó. Entre los objetivos de estas amenazas se encuentran jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales involucrados en los múltiples casos contra el expresidente Donald Trump.
Entre ellos se destaca el caso de la jueza Tanya Chutkan, quien preside el caso de subversión electoral federal de Trump en un tribunal federal en Washington.
Chutkan ha sido objeto de amenaza racistas y de un incidente de ‘swatting’, como se le conoce a las llamadas falsas reportando emergencias que podrían requerir intervención de una unidad especial táctica o SWAT de la policía local. Esas llamadas ponen en riesgo a las personas que se encuentren el lugar de la supuesta emergencia.
En consecuencia, Chutkan ha sido objeto de un aumento significativo de protección del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos desde que se le asignó el caso de Trump el verano pasado.
Chutkan no ha sido la única receptora de amenazas. Tiffani Shea Gish, de Houston, Texas, fue sentenciada la semana pasada a tres años de prisión después de dejar tres mensajes de voz diciéndole a Aileen Canon, la jueza federal que supervisa el caso penal contra Trump por manejo ilegal de documentos clasificados, que estaba “marcada para ser asesinada” y que "planeaba dispararle delante de su familia".
La representante Sheila Jackson Lee, demócrata por Texas, describió el aumento de las amenazas como un "tsunami de ataques". "Lo que hemos visto es más que un repunte. Hemos visto un tsunami de ataques contra estos funcionarios públicos. Los jueces y el personal de los tribunales están soportando amenazas y ataques personales con mayor regularidad en estados de todo el país, incluido mi estado natal de Texas", dijo Jackson Lee.
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