La acusación a Bob Menéndez: ¿qué defensas puede tener el senador en el caso de corrupción en su contra?
La imputación del senador Bob Menéndez no tardó en levantar reacciones. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, se unió a otros demócratas del estado para instar a Menéndez a renunciar, diciendo: “Los hechos alegados son tan graves que comprometen la capacidad del senador Menéndez de representar eficazmente a la gente de nuestro estado”.
La fiscalía acusó formalente a Menéndez, su esposa Nadine Menéndez, también conocida como 'Nadine Arslanian', y tres empresarios de Nueva Jersey (Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes) de participar en un plan de sobornos que ha durado años... a cambio del acuerdo de Menéndez de utilizar su posición oficial para protegerlos y enriquecerlos y beneficiar al gobierno de Egipto”.
Menéndez dijo que creía que el caso se “resolvería exitosamente una vez que se presentaran todos los hechos”, pero renunció temporalmente como presidente del influyente comité de Relaciones Exteriores del Senado.
La editora principal de política de The Conversation, Naomi Schalit, entrevistó al veterano abogado y profesor de Derecho de Penn State Dickinson, Stanley M. Brand*, quien se ha desempeñado como asesor general de la Cámara de Representantes y es un destacado abogado, sobre las perspectivas de Menéndez tanto legal como políticamente.
¿Qué pensó inicialmente cuando leyó el escrito de imputación?
Como me dijo una vez un viejo amigo, "incluso un panqueque fino tiene dos caras". Leer la acusación penal de un caso por primera vez a menudo produce una reacción de sorpresa. Pero mis más de 40 años de experiencia defendiendo casos de corrupción pública y enseñando Derecho Penal me han enseñado que casi siempre hay cuestiones presentadas en una acusación que pueden ser impugnadas por la defensa.
Además, como los jueces les suelen insistir a los jurados en estos casos, la acusación no es prueba y el jurado no puede basarse en ella para sacar conclusiones.
Un lector promedio mirará la acusación y dirá: "Estos dos están acabados". ¿Pero hay maneras en que Menéndez pueda defenderse?
Hay una serie de cuestiones complejas planteadas por estos cargos que la defensa podría argumentar ante el tribunal.
Primero, la imputación es por una conspiración para cometer soborno, no cita el delito sustantivo de soborno en sí. Esto puede sugerir que las autoridades carecen de lo que cree que es evidencia directa de un quid pro quo entre Menéndez y los presuntos sobornadores.
Hay evidencia de conversaciones y textos que tímidamente y quizás intencionalmente evitan el reconocimiento explícito de un acuerdo corrupto, por ejemplo: “El 24 de enero de 2022 o alrededor de esa fecha, el conductor del Daibes intercambió dos breves llamadas con Nadine Menéndez quien luego le envió un mensaje de texto a Daibes, escribiendo: 'Gracias. Navidad en enero'”.
La fiscalía argumentará que esto refleja el reconocimiento de una conexión entre la acción oficial y la entrega de efectivo al senador Menéndez, aunque es una declaración poco expresa de la conexión.
Hablar en este tipo de código puede no absolver completamente a los acusados, pero la fiscalía debe probar la intención de los acusados de llevar a cabo un acuerdo corrupto más allá de toda duda razonable y los jurados a veces quieren ver más que insinuaciones antes de condenar.
También se cita un delito llamado “fraude de servicios honestos”, esencialmente un delito que implica que un funcionario público anteponga su propio interés financiero al interés público en el desempeño de sus funciones, que de otro modo sería honesto y fiel.
El supuesto hecho de que Menéndez no haya incluido los obsequios, como se exige, en sus formularios de declaración financiera del Senado será citado por los fiscales como prueba de “conciencia de culpabilidad”: un intento de ocultar las transacciones.
Sin embargo, en un caso reciente de la Corte Suprema que involucró al exgobernador Bob McDonnell de Virginia por delitos similares, la definición de “actos oficiales” según el estatuto sobre soborno se ha definido de manera estricta para referirse únicamente a decisiones o procedimientos formales. Esa definición no incluye acciones menos formales como las realizadas por Menéndez, como reuniones con oficiales militares egipcios.
La Corte Suprema rechazó una interpretación de actos oficiales que incluían organizar reuniones con funcionarios estatales y organizar eventos en la mansión del gobernador, o promover los productos de un empresario privado en dichos eventos.
Cuando llegue el momento de que el juez dé instrucciones al jurado al final del juicio, Menéndez bien podría argumentar que mucho de lo que hizo en realidad no constituyó “actos oficiales” y, por lo tanto, no son ilegales según el estatuto de soborno.
Este caso involucra presuntos favores hechos a un país extranjero a cambio de dinero. ¿Eso cambia este caso de un simple soborno a algo más serio?
La cuestión de las ventas militares extranjeras a Egipto también puede presentar un obstáculo constitucional.
La acusación cita específicamente el papel de Menéndez como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y las acciones que tomó en ese cargo al liberar las suspensiones de ciertas ventas militares a Egipto, así como las cartas a sus colegas sobre ese tema. La cláusula de discurso o debate de la Constitución protege a los miembros de responsabilidad o cuestionamiento cuando realizan acciones dentro de la “esfera legislativa legítima”, que sin duda incluye estas funciones.
Si bien esto probablemente no será una defensa para todos los cargos, podría requerir reducir las acusaciones relacionadas con esta conducta. Eso socavaría un pilar del intento de la fiscalía de demostrar que Menéndez había cometido abuso de poder.
De hecho, cuando fiscales acusan a miembros del Congreso de diversas formas de corrupción, los tribunales han rechazado cualquier referencia a su pertenencia a comités del Congreso como prueba en su contra.
¿Qué posibilidades hay de que Menéndez sea expulsado del Senado?
Generalmente, ni la Cámara ni el Senado suelen tomar medidas para expulsar a un miembro acusado antes de ser condenado.
Ha habido raras excepciones, como cuando el senador Harrison 'Pete' Williams fue acusado de participar en la operación encubierta Abscam del FBI de finales de los años 1970 y principios de los 1980 contra miembros del Congreso.
Williams dimitió en 1982, poco antes de una votación para su expulsión. Con el actual control demócrata del Senado por un margen de solo un escaño, la destitución de Menéndez parece improbable a pesar de que el gobernador demócrata de Nueva Jersey pueda nombrar a un demócrata para llenar la vacante.
"En la historia del Congreso de Estados Unidos, es dudoso que alguna vez haya habido una acusación de corrupción de esta profundidad y gravedad", dijo el exsenador de Nueva Jersey Robert Torricelli. ¿Es cierto?
Eso parece exagerado. El caso Menéndez es solo el más reciente de una larga lista de casos de corrupción que involucran a miembros del Congreso.
En el caso Abscam, siete miembros de la Cámara y un senador fueron condenados por una conspiración para recibir sobornos que involucraba a agentes encubiertos del FBI que se hicieron pasar por árabes ricos que ofrecían dinero en efectivo a miembros del Congreso a cambio de una variedad de favores políticos.
En 1978, cuando yo era abogado de la Cámara, esta y el Departamento de Justicia llevaron a cabo una extensa investigación sobre el tráfico de influencias por parte de Tongsun Park, un ciudadano surcoreano, en la que se enviaron cuestionarios a cada miembro de la Cámara en relación con aceptación de obsequios de Park.
Remontándonos a 1872, tenemos el escándalo Credit Mobilier que involucró a miembros prominentes de la Cámara y al vicepresidente Schuyler Colfax en un plan para recompensar a funcionarios con acciones de la compañía ferroviaria transcontinental a cambio de su apoyo a la financiación del proyecto.
*Stanley M. Brad, Facultad de Derecho Dickinson, Penn State
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
