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¿Cuál de los casos penales de Trump se juzgará primero? ¿Alguno tiene prioridad sobre otro?

Nada en la Constitución de EEUU dicta que los casos penales federales tengan prioridad sobre los estatales o que los procesamientos procedan en el orden en que se emiten las acusaciones. ¿Cómo se resuelven estos conflictos entre diferentes instancias legales y qué pasará en el caso Trump?
Publicado 17 Ago 2023 – 09:12 AM EDT | Actualizado 25 Ago 2023 – 11:07 AM EDT
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Si una persona es acusada por fiscales federales y estatales, o fiscales de diferentes estados al mismo tiempo, ¿qué caso va primero?

Un gran jurado del condado Fulton, al que pertenece Atlanta, acusó al expresidente Donald Trump y a 18 asociados el 14 de agosto de 2023 de un total de 41 cargos por delitos graves, incluidos crimen organizado y falsificación. Los cargos están vinculados a la supuesta conspiración criminal de Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020.

Estos cargos estatales se suman a otros crecientes problemas legales que Trump enfrenta a nivel estatal y federal.

Luego, en junio de 2023, el Departamento de Justicia acusó a Trump de múltiples cargos penales relacionados con la retención de documentos clasificados del gobierno. Un mes después, el Departamento de Justicia volvió a acusar a Trump de otros delitos graves por sus supuestos intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

El primer juicio de Trump, relacionado con el caso de documentos comerciales de Nueva York, está programado para comenzar en marzo de 2024. Su juicio federal de documentos clasificados está programado para mayo de 2024. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, propuso a la corte en una moción presentada el 16 de agosto de 2023, que el juicio de Georgia comience el 5 de marzo de 2024; aún no se ha fijado una fecha formal.

¿Quién tiene prioridad?

Soy un estudioso del Derecho Penal. Es importante reconocer que no proporciona una respuesta clara sobre cómo resolver esa cuestión.

No hay ley que dicte el camino a seguir

Nada en la Constitución de EEUU o la ley federal dicta que los casos penales federales tengan prioridad sobre los casos estatales o que los procesamientos procedan en el orden en que se emiten las acusaciones.

La solución normalmente es que los diversos fiscales negocien y decidan entre ellos qué caso debe proceder primero.

A menudo, el que involucra los cargos más graves tiene prioridad, aunque la disponibilidad de testigos o pruebas clave podría desempeñar un papel determinante. Pero una vez que un tribunal ha fijado una fecha para el juicio, es probable que los tribunales de otras jurisdicciones programen alrededor de esa fecha.

Hay algunos casos que se pueden considerar como referencia con respecto a la competencia entre cargos federales y estatales.

Después de que el neonazi James Fields condujera su automóvil contra un grupo de contramanifestantes en la manifestación Unite the Right en Charlottesville, Virginia, en 2017, matando a una persona e hiriendo a otras, fue acusado en tribunales federales y estatales.

El juicio estatal por homicidio fue primero. Luego, Fields se declaró culpable de los cargos federales de delitos de odio después de la condena estatal y recibió dos cadenas perpetuas tanto de los cargos estatales como federales.

Por el contrario, el francotirador de Washington DC John Allen Muhammad fue finalmente detenido en una parada de descanso de una carretera en Maryland en 2002, después de una serie mortal de disparos en Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia que mataron a 10 personas e hirieron a tres.

La policía de Maryland arrestó a Muhammad. Luego, los funcionarios federales fueron los primeros en presentar cargos. Pero Muhammad primero fue juzgado y condenado por asesinato en Virginia.

Los casos contra Trump

En el caso de Trump, es probable que todos sus cargos federales impliquen sentencias potenciales más largas que los delitos estatales. Dicho esto, creo que cualquier sentencia real seguramente sería mucho más corta que la pena máxima potencial. Esto es típico, según las pautas federales de establecimiento de la pena para cualquier acusado sin antecedentes penales.

Es difícil especular de manera confiable si una sentencia federal sería más larga que la sentencia mínima obligatoria de cinco años de Georgia para una condena RICO, aunque los presos de Georgia, a diferencia de los reclusos federales, son elegibles para libertad condicional.

Los delitos graves que Trump enfrenta en Nueva York son delitos de cuello blanco y es posible que no resulten en sentencias de prisión, según expertos legales.

Pero la fiscalía de Georgia alega cargos mucho más graves. Si Trump fuera condenado por la mayoría o por todos ellos, evitar una sentencia de prisión sería un avance sin precedentes.


Por supuesto, gran parte del caso de Trump es único. Nunca un expresidente se había enfrentado a un enjuiciamiento federal o estatal. Ese solo hecho probablemente hace que la prioridad para el enjuiciamiento federal sea más probable.

Sin embargo, hubo un candidato presidencial activo que enfrentó cargos criminales en el pasado. Se trata del candidato del Partido Socialista, Eugene Debs, quien fue procesado y condenado en virtud de la Ley de Espionaje por su oposición a la Primera Guerra Mundial en 1918. Hizo campaña desde la prisión para las elecciones de 1920, antes de perder ante el republicano Warren G. Harding.

Las autoridades federales podrían reafirmar la prioridad sobre los funcionarios estatales haciéndose con la custodia del acusado. Pero esto aún no ha sucedido, ya que los jueces determinaron que en el caso de Trump no había riesgo de fuga tras sus breves comparecencias en los juzgados de Washington DC, en junio y julio. Los estados no pueden arrestar a sospechosos que se encuentren fuera de sus fronteras, pero los agentes del orden público federales pueden detener a los sospechosos en cualquier parte del país.

Esta es una versión actualizada de un artículo publicado originalmente el 8 de junio de 2023. Esta versión también se actualizó para indicar que se trataba de un gran jurado del condado en Atlanta, no federal.

*Darryl K. Brown es profesor de Leyes de la Universidad de Virginia.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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