Cómo los obstáculos para conseguir una visa de EEUU también impulsan a los inmigrantes hacia la frontera con México

El aumento de inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos no solo se debe a problemas de corrupción, crimen organizado, narcotráfico, violencia y efectos del cambio climático en los países donde se genera la movilización, sino también a los atascos en los procesos judiciales de inmigrantes y regulaciones que cada vez dificultan la aprobación de una visa.

Estas son las principales conclusiones elaboradas por un panel de expertos de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en un informe sobre una revisión de las actuales políticas migratorias dirigidas por el gobierno del presidente Joe Biden.

El informe “conecta los retrasos en las visas en el Departamento de Estado (DOS) con la presión sobre los migrantes para que crucen la frontera sur sin autorización”, la mayoría de ellos en busca de asilo, un proceso que puede demorar meses, incluso años.

Y en ambos casos, tanto en los procesos donde interviene el DOS como en los otros regulados y supervisados por los departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS), “la mayoría de estos retrasos se deben a la falta de recursos y a la financiación insuficiente, así como a ineficiencias en el procesamiento de las agencias”, precisa.

Problema sistémico y complejo

El informe sobre políticas migratorias de AILA y las barreras para la obtención de visas puntualiza que cuando se trata de recursos y atención a la inmigración, “la frontera sur adquiere una importancia mucho mayor” que la otorgada tanto por las autoridades federales como de los críticos encabezados por aquellos que sugieren muchas veces soluciones que de ser implementadas, en vez de arreglar el sistema lo dañan afectando el debido proceso migratorio.

“La inmigración no se trata solo de la frontera sur”, precisa el reporte. Y agrega que “es un sistema complejo con muchas partes móviles y agencias. Por ejemplo, los retrasos en las visas en el Departamento de Estado que generalmente no se considera una agencia fronteriza, ejerce presión sobre los migrantes para cruzar la frontera sur sin autorización”, en muchos casos desesperados a causa de una prolongada separación familiar.

Los investigadores de AILA coinciden en señalar que “la mayoría de estos retrasos se deben a la falta de recursos y financiación insuficiente tanto para el Departamento de Justicia como para la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), que opera bajo el mando del DHS”.

“La Administración Biden debe garantizar que las vías legales que el Congreso ha autorizado deben funcionar eficientemente y el legislativo debe dotar adecuadamente a esas agencias y
crear vías legales que reflejen las demandas actuales para no empujar inadvertidamente a las personas a intentar cruzar por la frontera sur”, advierten.

Dentro de las “garantías” que el Congreso debe otorgar se incluye la aprobación de presupuestos reales acordes con la emergencia que se vive desde hace más de dos décadas en la frontera sur.

Ejemplos que ilustran el problema

Para ilustrar la severidad de la crisis que se palpa en la frontera, AILA cita algunos ejemplos. “Muchos abogados de inmigración tienen historias de clientes que cruzaron la frontera sur, incluso cuando tenían a su disposición otras vías legales”, explica.

En un caso, “un niño tenía una petición I-730 aprobada como familiar de un solicitante de asilo o refugiado. Después de más de tres años de espera para una entrevista, el niño cruzó la frontera sur solo y fue detenido” por agentes federales de inmigración.

En otro caso, narra que un padre residente legal permanente (LPR o green card) “patrocinó a su hija para que viniera a Estados Unidos. La petición fue aprobada. El DOS tenía todos los documentos necesarios y la hija solo estaba esperando en el consulado para programar la entrevista. Debido a retrasos en el procesamiento, la entrevista se programó para más de dos años después”.

El reporte agrega que “tras esperar tanto y con cambios de política en su país de origen, la inmigrante tomó la decisión de ingresar por la frontera sur y solicitar asilo”.

Otros casos que muestran el caos

• Una madre patrocinó a su hijo adulto para obtener una solicitud I-130 en junio de 2015. En marzo de 2022 ingresó por la frontera sur porque enfrentó persecución y solicitó asilo pocos meses más tarde. El Departamento de Estado programó su entrevista para la visa casi un año después de que ingresó a los Estados Unidos. Es decir, siete años y medio después de que se presentó la petición familiar.
• La esposa extranjera embarazada de un ciudadano estadounidense tenía una petición de inmigrante aprobada. El tiempo de espera para una entrevista con un familiar inmediato en el consulado fue de más de un año, un período de espera excepcionalmente largo dada su situación de salud. Como resultado, la esposa entró por la frontera sur sin inspección. La alternativa era permanecer en su país sola, embarazada y en riesgo.
• Una inmigrante venezolana fue aprobada como beneficiaria de una petición de visa de prometido (formulario I-129F), pero mientras se encontraba a la espera de la entrevista, la embajada de Estados Unidos en Venezuela cerró. También hubo largas esperas en la embajada en Bogotá, que asumió esas funciones. Sin otras opciones, la prometida cruzó la frontera sur y se le emitió un aviso de comparecencia (NTA). Ahora casada, la prometida tiene un caso de deportación en la Corte de Inmigración (EOIR) y necesitará solicitar una exención I-601A. Este paso innecesario, causado por retrasos, sumado a las demoras en los tribunales de inmigración y el procesamiento del formulario I-601A, el último de los cuales actualmente dura 43 meses o más, en comparación con los 4.5 meses que tardaba en 2018.

Soluciones recomendadas por AILA

AILA, que agrupa a unos 17,000 abogados de inmigración a lo largo y ancho de Estados Unidos, dice que estas historias “demuestran los costos humanos muy reales de los retrasos y las ineficiencias de los consulados”. Y que más allá de los costos humanos, “los largos tiempos de espera resultan en una carga adicional para los habitantes de la frontera sur”.

Entre las soluciones recomendadas en el informe, la entidad recomienda:

• Que el Congreso asignar fondos suficientes a USCIS y el DOS para garantizar la dotación de personal suficiente y recursos necesarios para abordar los retrasos existentes;
• Reducir los atrasos causados por la pandemia del COVID-19;
• USCIS debería reducir las demoras en el procesamiento de formularios de carácter familiar y humanitario (formularios I-130, I-360, I-601, I-601A;
• Acelerar los casos acumulados en la frontera con México;
• Eliminar el atasco en la Corte de Inmigración (EOIR) que tiene más de 2.2 millones de expedientes en espera de resolución;
• Eliminar la acumulación de visas de inmigrante basadas en el empleo y en familia (green card). Las tarjetas verdes no utilizadas en ambas categorías se “pierden” en lugar de transferirse adecuadamente de una categoría a otra en el año siguiente, de acuerdo con la intención del Congreso;
• Eliminar barreras e implementar mejoras tecnológicas para agilizar el procesamiento tanto en USCIS como en DOS:
• El DOS debe implementar políticas que reduzcan la presión sobre los recursos de la agencia y resultar en una mayor capacidad y eficiencia, tales como, por ejemplo, autorizar permanentemente al DOS a renunciar al requisito de la entrevista;
• Ampliar el uso de renovaciones de visas en Estados Unidos para ciertos casos;
• Maximizar la dotación de personal en puestos en el extranjero y poner más énfasis en los servicios basados en la familia;
• Implementar entrevistas virtuales;
• El Congreso debería asignar fondos al DOS para que los utilicen las Oficinas de Movilidad Segura (SMO) en el extranjero para ampliar el compromiso con las poblaciones locales en las vías legales disponibles; y
• Proporcionar los recursos necesarios para un reasentamiento eficiente y efectivo de refugiados.

El 21 de octubre, la Casa Blanca anunció el envío al Congreso de una solicitud urgente para la aprobación de $14,000 millones de dólares para la frontera y atender la mayoría de las recomendaciones formuladas por AILA. Tres semanas después, el legislativo no se ha pronunciado sobre el tema.