Académicos urgen al Congreso promulgar cuanto antes reformas específicas sobre inmigración

Tras una revisión del escenario político y el estancamiento del debate migratorio en ambas cámaras del Congreso en las últimas dos décadas, un grupo de académicos de la Universidad de Cornell, Nueva York, urgió al legislativo debatir con urgencia propuestas bipartidistas y dar solución a problemas graves, como la histórica acumulación de casos en los tribunales de inmigración y el servicio de inmigración.

El llamado asoma en momentos que el Congreso considera “cuestiones de seguridad fronteriza en los próximos debates sobre asignaciones” y funcionamiento del gobierno, indican expertos de la Facultad de Derecho de Cornell, quienes ofrecieron tres conjuntos de propuestas sobre inmigración estructuradas para, dijeron, “maximizar el apoyo bipartidista”.

Las propuestas sugeridas apuntan a cubrir el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, aumentar las cuotas de visas de trabajo en industrias con escasez de mano de obra y ofrecer protección contra la deportación a los dreamers, una comunidad integrada por unos 4 millones de jóvenes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos junto a sus padres antes de cumplir los 16 años.

Cerca de 600,000 de ellos actualmente se encuentran amparados de la deportación bajo la Acción Diferida de 2012 luego que en septiembre de este año un juez federal de Texas, por segunda vez, fallara que el programa es ilegal y permitió que solo los titulares originales del amparo renueven sus autorizaciones de empleo por otros dos años.

Qué piden los académicos de Cornell

En un documento publicado el jueves, el grupo de expertos de la Facultad de Leyes de la Universidad de Cornell indicó que, tras evaluar el panorama político, “estimamos que las reformas propuestas deberían (y podrían) implementarse” siempre y cuando exista voluntad política en ambas cámaras del Congreso.

“Diseñamos nuestras propuestas para abordar tres áreas en las que vemos apoyo público y de un Congreso bipartidista. Incluso en un Congreso paralizado, estas reformas migratorias específicas pueden implementarse”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de Práctica de Inmigración y director del Programa de Políticas y Leyes de Inmigración de la Facultad de Derecho de Cornell.

A su vez, Theresa Cardinal Brown, académica visitante en inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell y asesora principal del Centro de Política Bipartidista, defendió un nuevo enfoque para gestionar “tanto la política migratoria como la frontera”.

“La naturaleza descentralizada de la gobernanza de la inmigración en Estados Unidos ha perjudicó nuestra capacidad para coordinar una respuesta unificada al creciente número de migrantes en la frontera, así como a otros problemas crecientes en nuestro sistema de inmigración, como los crecientes retrasos”, indicó.

Cardinal dijo además que “el Congreso debería crear una nueva Oficina de Política Migratoria dentro de la Casa Blanca que pueda crear políticas unificadas, coordinar operaciones y desarrollar presupuestos para satisfacer todas estas necesidades. También recomendamos estrategias para gestionar mejor la migración en nuestra frontera”.

Faltan trabajares inmigrantes

Otro de los puntos de coincidencia en el grupo de académicos se ubica en el reconocimiento de la escasez de trabajadores en la industria y el campo estadounidense que sólo podría ser cubierto con mano de obra extranjera, sobre todo en aquellos puestos de trabajo que los estadounidenses no quieren aceptar.

“Todos están de acuerdo en que tenemos escasez de mano de obra en áreas clave”, precisó Randel K. “Randy” Johnson, distinguido académico visitante de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell y exvicepresidente senior de trabajo e inmigración de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

“Nuestro documento técnico sugiere nuevas formas de ayudar a los empleadores a encontrar los trabajadores necesarios, especialmente en el sector de la atención médica. También sugerimos autorizar a los gobernadores estatales a desarrollar programas estatales de visas para trabajadores. Los nuevos programas de trabajadores regulados también aumentarán la seguridad nacional al eliminar el imán laboral que incentiva la migración ilegal”, apuntó.

Por su parte, Charles Kamasaki, académico visitante de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell y veterano analista y defensor de cuestiones de inmigración, señaló que “aquellos que fueron traídos a este país cuando eran jóvenes (en referencia a los dreamers), que son estadounidenses en todos los sentidos excepto en su estatus legal formal, no deberían ser obligados a soportar penas perpetuas e incertidumbre sobre su futuro”.

“Si bien preferiría que a los soñadores se les concediera un camino especial hacia la ciudadanía, algunos han expresado su preocupación de que esto produciría más votantes demócratas. Nuestra propuesta elimina este obstáculo y debería promulgarse rápidamente”, apuntó.

Cuáles son las propuestas de los expertos

Las sugerencias para el Congreso no son nuevas, fueron elaboradas en un documento publicado en febrero y desde entonces han sido presentadas por diversos caminos y avenidas, pero las recomendaciones han sido desestimadas por legisladores tanto demócratas como republicanos.

Entre las mejoras al sistema migratorio vigente, los académicos de Cornell incluyen revisar y modernizar la gestión de fronteras y reformar el sistema de asilo, revisar y ampliar los programas para trabajadores extranjeros legalizar a los dreamers. Y, además, “reconocemos que otras reformas, como la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola o medidas para atraer y retener más talentos STEM (estudiantes extranjeros), también son necesarias y potencialmente viables”.

Sin embargo, añaden, “hemos optado por destacar las propuestas en las que podemos agregar mejor valor al campo” y que pueden ser incluidas a modo de reformas en los debates sobre presupuesto para los cuales se alistan ambas cámaras del legislativo, batalla que además tratará de evitar un cierre del gobierno.

La tercera semana de octubre la Casa Blanca, anticipándose a estos debates, pidió al Congreso debatir con urgencia la aprobación de $100,000 millones para asistir a Israel y Ucrania en sus respectivas guerras. De esa cantidad $14,000 millones serían destinados a mejorar la seguridad fronteriza y descongestionar los atascos en el servicio de inmigración, que acumula más de 9 millones de casos pendientes, y la Corte de Inmigración con más de 2.2 millones de expedientes pendientes de resolución por parte de los jueces.

Sobre la frontera y el asilo

Las recomendaciones del grupo de académicos mencionan que, a diferencia de años anteriores, en la última década el número de personas que llegan a la frontera sur no son solo mexicanos ni adultos ni hombres y, al menos nominalmente, buscan asilo.

Para detener esta migración los gobiernos han utilizado políticas de disuasión “a través de sanciones migratorias de exclusión de entrada futura y/o detención y procesamiento por reingreso ilegal”, pero en la actualidad las autoridades se enfrentan al surgimiento de “sofisticadas redes de contrabando de personas que están más integradas en organizaciones criminales transnacionales que ya controlan el tráfico de drogas en todo el hemisferio occidental”.

“Además, la magnitud de la migración irregular ha desviado los recursos policiales de abordar las amenazas criminales, de drogas y de otro tipo en la frontera, entre ellos el fentanilo, al mismo tiempo que el fentanilo y otras drogas mortales que está provocando cifras récord de muertes de estadounidenses”, indica.

Si bien la gran mayoría de los migrantes no contrabandean drogas y la mayoría de las drogas se introducen de contrabando a través de los puertos de entrada, no a través o entre puertos de entrada, “estos dos fenómenos (el aumento de la migración en busca de asilo y la creciente integración y sofisticación de los traficantes criminales) han abrumado los recursos y procesos de control fronterizo existentes”, advierte.

Para abordar el contrabando de drogas, “se necesitan recursos adicionales en los puertos de entrada, incluida nueva tecnología de detección sofisticada”, sugiere el documento. Y agrega que, el Congreso “también debería autorizar y financiar personal adicional en los puertos de entrada para aumentar la capacidad de inspeccionar vehículos en busca de escondites de drogas ocultos, que es donde se incauta la mayor parte del fentanilo, para no inhibir los miles de millones de dólares del comercio legítimo y los miles de pasajeros y vehículos que cruzan legalmente todos los días”.

A su vez, recomiendan “crear nuevas soluciones para recibir, procesar y adjudicar solicitudes de asilo”, un paso que sin duda “tiene un mayor potencial para liberar a los agentes de la Patrulla Fronteriza para que se concentren en arrestar a quienes intentan cruzar furtivamente y a los narcotraficantes que aprovechan para cruzar la frontera con sus cargas”.

Aumentar programas de visas

En cuanto a los programas de visas para trabajadores extranjeros tanto profesionales como no profesionales, los expertos recomiendan mejorar y crear nuevos programas para trabajadores inmigrantes, con énfasis en los puestos de trabajos esenciales y altamente calificados en la industria de servicios de salud.

Otra área sugerida autorizaría a los gobernadores estatales a desarrollar programas estatales de visas para trabajadores. “Estas tres propuestas no figuran en la lista de preferencia y ninguna excluye a las demás. De hecho, podrían combinarse o ser independientes, dependiendo de las realidades políticas”, se lee en el documento.

Los cambios obligarían a los trabajadores inmigrantes y a empleadores a cumplir con ciertos criterios de calificación, al tiempo que asegurarían la existencia de un sistema de tr¡¡contratación justo que protegería no solo los derechos de los trabajadores foráneos, sino también a los estadounidenses.

Los cambios también incluyen que los empleados tendrían un camino hacia una tarjeta de residencia bajo el orden normal, “pero sin vías adicionales ni aumentos en las tarjetas de residencia (green card). Y los miembros de la familia “no estarían incluidos en el límite”, precisa.

La legalización de los dreamers

Respecto a los dreamers, los académicos de la Universidad de Cornell estiman, basados en informes del Instituto de Política Migratoria, que hay unos 3.9 millones de soñadores que entran dentro de esta categoría, aunque alrededor de 2.7 millones cumplen con los requisitos educativos y de otro tipo necesarios para adquirir protección según la versión del Congreso.

“Para proteger a los dreamers proponemos un nuevo estatus de residencia condicional indefinido para ellos con protección contra la deportación, autorización de trabajo y el derecho a viajar al extranjero”, señalan.

También recomiendan al Congreso.

• Estar abierto a inmigrantes traídos a este país, o que perdieron su estatus, como menores (18 años o menos) que cumplan con ciertos requisitos educativos o laborales y no hayan sido condenados por delitos graves;
• No crear un “camino especial” hacia la ciudadanía, pero no se prohibiría a los destinatarios adquirir la residencia permanente legal a través de los canales existentes; y
• No permitir que los destinatarios presenten solicitudes para familiares o accedan a ciertos beneficios públicos limitados a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.

“Dado que se trataba de menores de edad cuando ingresaron a Estados Unidos, los dreamers no deberían de ser considerados responsables de ciertas violaciones migratorias, según los estándares legales o éticos tradicionales”, precisan.

Los expertos concluyen que estas recomendaciones de políticas “deberán estar respaldadas por financiación” por parte del Congreso. Y apuntaron que “en particular, una mayor seguridad fronteriza y reformas del sistema de asilo requieren financiamiento para la expansión de la infraestructura física y humana en la frontera (incluido el alivio para las comunidades locales afectadas) y más funcionarios de asilo y jueces de inmigración”, un reclamo urgente que también comparte la Casa Blanca de Biden, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), el Caucus Hispano Congresional, legisladores demócratas y algunos republicanos moderados en ambas cámaras del Congreso,